Silencio administrativo negativo en materia de licencias de construcción. La regulación especial en materia del silencio administrativo negativo en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y en el artículo 36 del Decreto 564 de 2006, modificado por el artículo 6 del D. 1272 de 2009. El silencio administrativo es una figura que pretende asegurar la efectividad de los derechos constitucionales de petición y de acceso a la administración de justicia (artículos 23 y 229 de la C. Pol.) y que opera como una garantía a favor de los administrados ante la omisión de la autoridad administrativa de dar respuesta oportuna a las peticiones o recursos. De esta manera, si transcurrido el término previsto en la ley, sin que la administración se hubiere pronunciado o resuelto el fondo de la petición, surge una ficción legal creada por el ordenamiento jurídico en virtud de la cual se entiende que la respuesta ha sido ya en sentido negativo, ora de manera positiva, según sea el caso. Por regla general, el silencio administrativo negativo no libera a la administración del deber constitucional y legal de dar respuesta al recurso interpuesto, siempre que el solicitante no haya demandado el acto ficto o presunto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, se haya admitido la demanda y se haya notificado el auto admisorio, la realidad es que dicha consecuencia jurídica no fue prevista por el legislador en materia de licencias de urbanismo, pues con el solo vencimiento del plazo de dos (2) meses la administración pierde competencia. Se colige que, en relación a los efectos del silencio administrativo negativo, la regulación prevista en esta norma especial Ley 9 de 1989 constituye una excepción a la regla general del Decreto 01 de 1984, que debe ser aplicada con preferencia en el trámite de las licencias

Al disponer el apartado final del numeral 3 de la circular censurada que en el caso específico de las actuaciones de reconocimiento de las CTAs y PTAs y de registro de sus actos "no opera el silencio administrativo", el acto acusado no solo desconoce lo previsto de manera general por la legislación procesal administrativa general, que a falta de una regulación legal especial impone el sometimiento a sus disposiciones (artículo 1 del CCA y artículo 2 del CPACA), sino que además supone una vulneración al derecho fundamental de petición. Fallo: DECLARAR LA NULIDAD del literal f) del numeral 1; del literal g) del numeral 2; y de la frase "por lo que no opera el silencio administrativo" del apartado final demandado del numeral 3 de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria

Ley de servicios públicos. Silencio administrativo positivo. Prevalencia frente al Reglamento de Suscriptores y al contrato de condiciones uniformes de las empresas. Sanción a empresa de servicios públicos por violación de los artículos 153 y 158 de la Ley 142 de 1994

Inepta demanda a fortiori. Ocurrencia por no adicionar o reformar la demanda contra acto definitivo expedido con posterioridad al silencio administrativo negativo

Infracción urbanística - Derecho al debido proceso - Invulneración en procedimiento sancionatorio por infracción urbanística - Silencio administrativo positivo - Naturaleza exceptiva

Silencio administrativo positivo. Servicios públicos domiciliarios. Finalidad. Efectos. Diferencias entre el consagrado en la Ley 142 de 1994 y el del Código Contencioso Administrativo

Revocatoria directa, procedencia, silencio administrativo