La administración no puede establecer en los pliegos de condiciones causales de rechazo que no tengan un fundamento legal o constitucional, y que carezcan de razonabilidad y proporcionalidad en relación con el objeto a contratar. Para la Sala, resulta contrario a la buena fe precontractual que al momento de presentar las observaciones al proyecto de pliego condiciones, la empresa demandante solicitara a la entidad que no requiriera el k residual de contratación, supuestamente por encontrarse derogado, cuando era evidente que ese requisito sí estaba vigente, no en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007. Se concluye que 1) la insistencia de la demandante para que no fuera tenido en cuenta un requisito evidentemente legal, 2) la presentación de información incompleta referida a dicho requisito aun cuando la entidad le había señalado su exigencia, y 3) el hecho de que hubiera ocurrido una situación similar en otro procedimiento de selección, son indicios que, "en consideración a su gravedad, concordancia y convergencia" permiten considerar ajustado al ordenamiento jurídico el rechazo de la propuesta de la demandante por resultar su comportamiento contrario al deber de buena fe precontractual. Para la Sala, suministrar información contraria a la realidad en una oferta no puede ser objeto de subsanación dentro de ningún procedimiento de selección

En virtud del principio de planeación de la contratación resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos que permitan y a la vez aseguren con una alta probabilidad que el objeto contratado se podrá ejecutar en el término previsto y acordado y según las condiciones óptimas requeridas. Como lo reconoce la jurisprudencia de esta Colegiatura y de la Corte Suprema- el contratista tiene las cargas correlativas de diligencia, rigor, seriedad, previsión y sagacidad en la estructuración de las ofertas que presenta ante las entidades estatales, estas no pueden llevarlo hasta punto de sustituir a la entidad contratante en la elaboración de estudios previos, en una franca actitud de desconfianza en la seriedad e integridad de la labor de la Administración, la cual resultaría impropia de una relación contractual regida por el principio de buena fe, y acarrearía además una duplicidad de labores, contraria al principio de economía, que según lo manifestado por esta Colegiatura, impone la maximización de los beneficios colectivos, con una correlativa aminoración de los recursos utilizados, así como la realización de estudios previos, por parte de la entidad contratante, que permitan la consecución efectiva de los fines del contrato, teniendo en cuenta la regulación jurídica aplicable

En concordancia con el principio de buena fe contractual ¿en qué casos debe brindarse información precontractual para el efectivo cumplimiento del contrato y hasta qué limite debe obedecer dicha información? - El ordenamiento colombiano consagra un deber general de obrar de buena fe en todas las etapas contractuales y por consiguiente, con fundamento en ese principio, se puede deducir un deber general precontractual de información. Además de los casos enumerados por la ley, hay deber de información cuando: a) Cuando la información es determinante para la expresión del designio negocial de la otra parte, de tal suerte que de haber conocido o sabido no habría contratado o lo hubiera hecho en condiciones diferentes; b) Cuando una parte le pide una determinada información a la otra; c) Cuando una parte se decide a informar y comunica esta decisión; y d) Cuando hay específicas relaciones de confianza entre las partes. El deber de información encuentra sus limitantes en la misma ley y en la carga de la autorresponsabilidad negocial

Contratación estatal. Principio de transparencia. Se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. Obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés. Licitación pública. Contrato estatal. Suscripción. Contratación directa. Fraccionamiento del contrato. Aunque la conducta de fraccionar los contratos no está prohibida expresamente en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está implica. Principio de economía. Exige al administrador público el cumplimiento de procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Principio de responsabilidad. Vigilancia de la ejecución del contrato. Principio de selección objetiva. La oferta que sea seleccionada deberá ser aquella que haya obtenido la más alta calificación. Principio de la buena fe. Se impone a la administración la obligación de actuar de buena fe. Principio de planeación. Necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas y presupuestadas antes de contratar. Principio de publicidad. Poner a disposición de los administrados las actuaciones de la administración. Principio de igualdad. Trato igualitario a todos los oferentes. Principio de la reformatio in pejus

¿Para efectos de poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es requisito indispensable que las partes hayan dejado constancia expresa, en el acta de liquidación del contrato, de las inconformidades que pudieron resultar durante su ejecución? ¿Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella? Contrato estatal - Acta de liquidación. Observaciones en acta de liquidación. Principio de buena fe contractual. Teorías de los actos propios. Acción contractual. Contrato estatal de obra