¿Vulneran la regla de de unidad de materia al incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo las disposiciones establecidas en los artículos 20, 22, 23, 49, 175 y 274? - ¿Viola la reserva de ley orgánica de ordenamiento territorial, una disposición que modifica el artículo 78 de la Ley 715 de 2001 , teniendo en cuenta que la enmienda se realizó a través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014(Art.14)? - ¿Se vulneran los artículos 1, 287, 313 y 338 de la Constitución Política -relativos a la autonomía territorial- al incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo las disposiciones de los Arts. 11, 12, 13, 14, 23 y 24)? - Resguardos indígenas y las entidades territoriales indígenas, no pueden ser confundidas como una misma institución. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014". Arts. 13, 14, 20, 22, 23, 24, 49 y 175 : Exequibles. Arts. 11, 12, 14, y 274 : Inepta demanda (Modifican las leyes 44 de 1990, Art. 4; 715 de 2001, Arts. 78 y 83; 963 de 2005, Art. 3 1150 de 2007, Art. 2 y el E.T Art. 470) - [Resumen automatizado: El artículo 13 de la ley 1450 de 2011, si bien en forma aparente refiere que "los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas serán de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados", en la práctica está condicionando la entrega de los recursos del SGP a la suscripción de un contrato de administración celebrado con el municipio o el departamento donde se encuentre ubicado resguardo, de acuerdo con las reglas establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, constituyéndose en otra injerencia de nivel nacional en la autonomía fiscal de la entidad territorial indígena. || El problema jurídico constitucional específico a tratar se expresa en lo siguiente: ¿Se vulnera el artículo 158 de la Constitución Política -relativo a la regla de unidad de materia- al incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo disposiciones relativas a: (i) monitoreo, seguimiento y control de los recursos del sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico;(ii) inversiones de las corporaciones autónomas regionales en el sector de agua potable y saneamiento básico en el sentido de que las obras de infraestructura del sector de agua potable y saneamiento básico financiadas con recursos de las corporaciones autónomas regionales, podrán ser entregadas como aportes a municipios o a las empresas de servicios públicos que operen estos servicios en el municipio, (iii)el régimen del impuesto predial, (iv) inversiones nuevas en contratos de estabilidad jurídica, (v)financiamiento patrimonio cultural y (vi) contratación de mínima cuantía; lo anterior al, supuestamente, no guardar coherencia con los contenidos temáticos del Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014?] - [Palabras claves: ley, recursos, norma, territoriales, territorial, entidades, autonomía, plan, materia, nacional, constitución]

Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 7º de la Ley 963 de 2005, "por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia". ¿La obligatoriedad de un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por las normas colombianas, en el caso de pactarse cláusula compromisoria en los contratos de estabilidad jurídica, vulnera la Carta Política?. Los mandatos de integración internacional y latinoamericana. Los tratados internacionales en materia económica y de integración comercial en la Constitución Política de 1991. Art. 7 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: f) La referencia que hacen los demandantes al desconocimiento de los tratados internacionales debe revisarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política, según el cual, la “la prevalencia de los tratados sobre las demás leyes solo tiene aplicación cuando aquéllos versen sobre derechos humanos, según la teoría de la Corte Constitucional sobre el bloque de constitucionalidad.” Citan la sentencia C-067 de 1993 y concluyen que “se puede decir que el Convenio de Washington de 1965 que versa sobre 'Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados' no forma parte del bloque de constitucionalidad”. || Considera finalmente que la acusación es errada cuando afirma que se desconoce la convención de Washington sobre diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados (CIADI), “por cuanto esta clase de tratados no constituyen bloque de constitucionalidad en los términos del inciso primero del artículo 93, de modo tal que se erija en un parámetro de constitucionalidad y deba así prevalecer en el orden interno.” Que, en tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado que sólo forman parte del bloque de constitucionalidad: (i) el preámbulo; (ii) el articulado de la Constitución; (iii) algunos tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia (Sentencias C-337 de 1993, C-179 de 1994, C-578 de 1995, C-358 de 1997, C-191 de 1998, C-774 de 2001; C-200 de 2000 y C-148 de 2005); (iv) las leyes orgánicas; y (v) las leyes estatutarias.] - [Palabras claves: internacionales, ley, jurídica, constitución, internacional, derecho, sentencia, contratos, estabilidad, leyes, principio, tratados, partes]

¿En el marco de Ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, establecer un tribunal de arbitramento nacional regido por leyes colombianas para dirimir las controversias surgidas a raíz de los contratos de estabilidad jurídica, desconoce la voluntad de las partes? Ley 963 de 2005, Art. 7 (parcial) - Declarado exequible - [Resumen automatizado: Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la doctrina, el interviniente argumenta que, a fin de proteger los intereses nacionales, "el legislador eliminó toda posibilidad de que los tribunales de arbitramento constituidos para dirimir conflictos derivados del contrato de estabilidad jurídica pudieran ser internacionales" y, al hacerlo así, impuso a las partes un tribunal de arbitramento nacional y regido por las leyes colombianas, lo cual quebranta los principios de voluntariedad y de debido acceso a la administración de justicia, pues obliga a las partes a someter sus diferencias "exclusivamente a un tribunal nacional" e impide al inversionista extranjero acudir al arbitraje internacional. || A continuación el interviniente indica que la Ley 963 de 2005 pretende promover inversiones nuevas, así como la ampliación de las existentes y para ello busca fomentar la confianza de los inversionistas nacionales o extranjeros y esos propósitos pueden verse frustrados, ya que los principios de voluntariedad del arbitramento y de debido acceso a la administración de justicia les son vulnerados a los inversionistas extranjeros, porque "la norma acusada, les impide acudir a tribunales de arbitramento internacionales, y se les obliga a acudir, en un acto de falsa libertad de elección, únicamente al arbitraje nacional, regido exclusivamente por las leyes colombianas".] - [Palabras claves: tribunal, jurídica, ley, corte, estabilidad, nacional, leyes, partes, contratos, inversión, colombia, internacional, legislador]

¿La autorización al Estado para que suscriba contratos de estabilidad jurídica con unos determinados inversionistas, en las condiciones previstas en esta ley, desconoce los deberes constitucionales de sometimiento de todas las personas a la Constitución y a las leyes, las facultades de dirección e intervención del Estado en la economía y de las competencias normativas del Congreso de la República y demás órganos del poder público, atribuidas en los artículos 95, 150, numeral 1 y 189, numeral 11 de la Constitución Política? Los contratos de estabilidad jurídica en el derecho comparado. Ley 963 de 2005; Art. 1 - CONDICIONALMENTE exequible; Arts. 2, 3, 4 (parciales) y 6 - Exequibles por el cargo analizado. Estarse a lo resuelto en C-242-06 - [Resumen automatizado: La Corte considera que el artículo legal demandado debe ser entendido en el sentido de que mediante los contratos de estabilidad jurídica no se les garantiza a los inversionistas la inmodificabilidad de la ley, sino que se les asegura la permanencia, dentro los términos del acuerdo celebrado con el Estado, las mismas condiciones legales existentes al momento de la celebración de aquél, de tal manera que en caso de modificación de dicha normatividad, y el surgimiento de alguna controversia sobre este aspecto, se prevé la posibilidad de acudir a mecanismos resarcitorios dirigidos a evitar que se afecte el equilibrio económico que originalmente se pactó o en últimas a una decisión judicial. || Pues bien, tal y como lo sostiene el demandante, la norma acusada podría ser entendida en el sentido de que el Congreso de la República, mediante la expedición de aquélla, vulneró los artículos 1º (Principio democrático) y 3 constitucionales ( principio de soberanía popular ), puesto que estaría autolimitando su competencia constitucional para legislar; que otro tanto sucedería con la potestad reglamentaria del Presidente de la República, y que igualmente la aplicación de la norma legal conduciría a que determinados inversionistas nacionales o extranjeros que suscriban los contratos de estabilidad jurídica terminen "escapando a la aplicación de las nuevas leyes por un período de 3 a 20 años", vulnerándose de esta manera el deber ciudadano de cumplir la Constitución y las leyes (art.] - [Palabras claves: estabilidad, jurídica, ley, normas, inversión, contratos, constitución, contrato, república]; Art. 1 - CONDICIONALMENTE exequible; Arts. 2, 3, 4 (parciales) y 6 - Exequibles por el cargo analizado. Estarse a lo resuelto en C-242-06

¿La delimitación que hace la Ley 963 de 2005 de las personas que pueden beneficiarse con la celebración de contratos de estabilidad jurídica, las materias sobre las cuales pueden versar estos contratos y los términos de duración, vulneran el derecho de igualdad? Características del contrato de estabilidad jurídica. Ley 963 de 2005; Art. 1, y 3 (parciales) y 2 - Exequibles por el cargo analizado. Art. 4 (parcial) y 11 - Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Podrán ser parte en los contratos de estabilidad jurídica los inversionistas nacionales y extranjeros, sean ellos personas naturales o jurídicas, así como los consorcios, que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el territorio nacional, por un monto igual o superior a la suma de siete mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (7.500 smlmv), para desarrollar las siguientes actividades: turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe el Comité de que trata el artículo 4o literal b). || Sin embargo, la Vista Fiscal adelanta el estudio de constitucionalidad de la ley frente a los cargos formulados por el demandante, en particular los relacionados con la presunta violación al derecho a la igualdad, explicando que tales contratos tienen como finalidad promover inversiones nuevas y ampliar las existentes, dentro de un marco jurídico de condiciones estrictas; es decir, el trato legal diferente frente a los beneficios para el contratista es razonable legal y constitucionalmente, porque atiende a la finalidad de promover inversiones destinadas a generar empleo, conforme con lo establecido en los artículos 25, 226, 227, 333, 334 y 339 de la Constitución Política.] - [Palabras claves: ley, estabilidad, normas, inversión, contrato, contratos, igualdad, jurídica, si, norma, constitución]; Art. 1, y 3 (parciales) y 2 - Exequibles por el cargo analizado. Art. 4 (parcial) y 11 - Fallo inhibitorio