Restitución de tenencia por arrendamiento. Inepta demanda en relación con el artículo 384 de la Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones" y el artículo 35 de la Ley 820 de 2003, "por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones", este último por carencia actual del objeto - [Resumen automatizado: Mediante providencia de esta fecha, el Magistrado Sustanciador dispuso: i) admitir la demanda; ii) fijar en lista el asunto y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor; iii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Presidente de la Cámara de Representantes, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo; iv) invitar a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, Santo Tomás de Bogotá, de Antioquia, Externado de Colombia, Libre, Pontificia Universidad Javeriana, del Rosario, de los Andes, Sergio Arboleda, del Norte, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al Centro de Derecho-Justicia y Sociedad -DeJusticia-, a la Confederación Colombiana de Consumidores, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y a la Asociación para el Fomento y Desarrollo Inmobiliario.] - [Palabras claves: demanda, ley, corte, cautelares, norma, medidas, proceso, inconstitucionalidad, contrato, constitucionalidad, juez, si, texto]

¿La inclusión de funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de ciertas entidades territoriales, sobre la actividad inmobiliaria urbana viola el principio de unidad de materia? ¿La facultad sancionatoria sobre las personas que ejercen profesionalmente la actividad inmobiliaria de arrendamiento de bienes raíces según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 820 de 2003, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de administración suscrito con el propietario del inmueble, vulnera el principio de igualdad por la circunstancia de que no sanciona también a los propietarios? Art. 33, Lit. b) Num. 3; Art. 34, Nums. 2 y 6 : Exequibles - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional ha establecido jurisprudencialmente unos requisitos para las demandas de inconstitucionalidad que versan sobre el principio de unidad de materia, y a juicio de la Sala, tales requisitos en principio se cumplen en el presente caso, pues el demandante hace el esfuerzo de demostrar (i) cuál es el contenido material o temático de la ley concernida (los arrendamientos de vivienda urbana), (ii) cuáles son las disposiciones de dicha ley que, al menos en principio, no guardan relación de conexidad con dicha materia (las referidas al contrato de administración), y, finalmente (iii) las razones por las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley (el contrato de administración se celebra entre partes distintas y tiene un objeto diferente al contrato de arrendamiento, que constituye el objeto de regulación de la ley 820)[6].] - [Palabras claves: materia, ley, contrato, administración, principio, vivienda, competencia, constitución, corte, unidad, vicio, control, norma]; Art. 34, Nums. 2 y 6 : Exequibles

¿Vulnera derechos fundamentales la decisión de crear una solidaridad entre arrendadores como una entre arrendatarios, dado que al poderse hacer exigencias a cualquiera de los arrendatarios, supone que arrendatarios solidarios pueden ser condenados a la restitución del inmueble o al pago de obligaciones económicas derivadas del contrato, incluso cuando no han participado en el proceso judicial que para ello se haya adelantado? Ley 820 de 2003, Art. 7 (parcial) - Sentencia inhibitoria por ineptitud de la demanda - [Resumen automatizado: La Facultad de Derecho de la Universidad Libre, mediante escrito allegado a esta Corporación el 19 de mayo de 2006, solicitó la declaratoria de exequibilidad plena de la disposición acusada, aunque llamó la atención sobre que la Corte Constitucional debe aclarar que el alcance del concepto de solidaridad, en los casos del litisconsorcio facultativo o voluntario como es el caso de la norma demandada -, no se altera, en el sentido que los efectos de la sentencia, solamente y siempre, son oponibles al litisconsorte solidario demandado y no a los demás. || 6.- Como se desprende de lo descrito en el aparte pertinente sobre el contenido de la argumentación de la demanda y del anterior recuento respecto de las posiciones frente al cargo, el demandante hace referencia a que la disposición acusada supone la hipótesis en la cual un arrendatario solidario en virtud de la solidaridad - puede ser condenado al pago de las obligaciones económicas derivadas del contrato de arrendamiento y/o a la restitución de la tenencia del bien arrendado, sin siquiera participar en el proceso adelantado para ello.] - [Palabras claves: proceso, solidaridad, obligaciones, corte, disposición, bien, obligación, contrato, puede, demanda, derecho, sentencia, interpretación, norma, si, ello]

Contrato de arrendamiento. Notificación en caso de haberse omitido dirección para el efecto. ¿Debe respetar el legislador el principio de proporcionalidad cuando en desarrollo de su facultad de realizar los preceptos constitucionales - en un ámbito como el del contrato de arrendamiento de vivienda urbana - crea una presunción que puede implicar una seria restricción frente a derechos constitucionales fundamentales, como lo son la garantía del derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución), la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución) y al derecho a acceder a la justicia (artículo 229 de la Constitución)? Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso final del artículo 12 de la ley 820 de julio 10 de 2003 (por la cual se expide el Régimen de Arrendamiento de Vivienda Urbana y se dictan otras disposiciones); Inexequible - [Resumen automatizado: De la mera comparación entre las dos normas, se pone en evidencia que la primera de ellas determina la forma o el medio procesal para notificar el auto admisorio de la demanda en los procesos de restitución de inmueble arrendado y la segunda establece una presunción de derecho sobre el sitio en donde deben ser notificados el arrendador, el arrendatario, los codeudores y fiadores cuando no se reporte ninguna dirección en el contrato de arrendamiento, sin determinar el tipo de notificación. || ¿Vulnera la presunción contenida en la disposición acusada, el derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución), la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución) y el derecho a acceder a la justicia (artículo 229 de la Constitución) así como el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando niega de plano la posibilidad a unos y a otros - arrendadores, arrendatarios, codeudores y fiadores - de acudir a prueba alguna que demuestre la imposibilidad de recibir o haber recibido la notificación en los lugares presumidos por el legislador?] - [Palabras claves: derecho, proceso, debido, corte, presunción, inciso, contrato, ley, constitución, hecho, derechos, legislador]

Potestad del arrendador para exigir al arrendatario garantías sobre el pago de servicios públicos domiciliarios. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003. Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Aduce que la norma acusada desconoce los artículos 1° y 2° de la Carta, toda vez que su alcance va en detrimento de la economía doméstica, pues restringe los derechos de los usuarios, suscriptores, propietarios, arrendatarios e incluso de los poseedores, al obligarlos a cumplir con el pago de unas garantías, además de tener que presentar ante las entidades prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios copia del contrato de arrendamiento, lo cual, a juicio del demandante, vulnera el concepto de dignidad humana. || En cuanto el actor sustenta sus acusaciones sobre la base de que tal artículo favorece los intereses de las empresas de servicios públicos y le reconoce carácter impositivo a la constitución de fianzas o garantías, y en realidad ninguna de esas dos premisas se cumplen, no le es posible a la Corte adelantar la confrontación objetiva del precepto con la Constitución, por el hecho de habérsele atribuido al primero una consecuencia inconstitucional falsa. || En cuanto el actor sustenta sus acusaciones sobre la base de que tal artículo favorece los intereses de las empresas de servicios públicos y le reconoce carácter impositivo a la constitución de fianzas o garantías, y en realidad ninguna de esas dos premisas se cumplen, no le es posible a la Corte adelantar la confrontación objetiva del precepto con la Constitución, por el hecho de habérsele atribuido al primero una consecuencia inconstitucional falsa.] - [Palabras claves: servicios, públicos, pago, ley, contrato, domiciliarios, garantías, norma, demanda, inconstitucionalidad]

Proceso de restitución de inmueble arrendado. Acreditación de pago de servicios, cosas o usos conexos y adicionales por parte del demandado. Trámite preferente y en única instancia para los procesos de restitución de inmueble arrendado. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 820 de 2003, "por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones" - [Resumen automatizado: Dentro de este marco, se tiene que la disposición demandada establece una limitación al derecho de defensa de los arrendatarios demandados en procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, en la medida en que sujeta la posibilidad de que éstos sean oídos al cumplimiento de una carga procesal de tipo probatorio: presentar ante el juez de conocimiento la prueba de que se efectuó el pago de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales que hayan asumido en virtud del contrato, dentro de los treinta días calendario siguientes a “la fecha en que éste debía efectuarse oportunamente”, y cualquiera que haya sido la causal invocada por el arrendador para promover el proceso. || El análisis de la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Legislador en la norma acusada debe efectuarse prestando atención a los distintos elementos que conforman la carga procesal impuesta en dicha disposición, a saber, que para poder ser oídos dentro del proceso, los demandados dentro de los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento deberán (i) presentar la prueba de que se encuentran al día en el pago de servicios, cosas o usos conexos y adicionales, siempre que en virtud del contrato hayan asumido la obligación de pagarlos, (ii) cualquiera que sea la causal invocada por el arrendador para promover el proceso, y (iii) presentando los documentos que acrediten el pago dentro de los treinta días calendario contados a partir de “la fecha en que éste debía efectuarse oportunamente”.] - [Palabras claves: pago, proceso, inmueble, contrato, servicios, adicionales, corte, procesos, derecho, ley, dentro, causal, usos, conexos]

Reglas sobre los servicios públicos en los contratos de arrendamiento. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 820 de 2003 - [Resumen automatizado: La Sala encuentra que entre el título y el artículo demandado existe conexidad temática en virtud de que al regular lo atinente a los servicios públicos domiciliarios no lo hace descontextualizadamente, sino dentro del marco fijado por el título, a saber, el régimen de arrendamiento de vivienda urbana. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Jaime Araujo Rentería - quien la preside -, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Uprimny Yepes, Álvaro Tafur Galvis, y Clara Inés Vargas Hernández en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes, || En la presente ocasión la Corte debe determinar (i) si incluir una norma referente a las obligaciones de arrendador y arrendatario en relación con los servicios públicos domiciliarios en una ley que regula el contrato de arrendamiento contraría el principio constitucional de unidad de materia y (ii) si regular un tema de reserva de ley en diferentes leyes contraría tal reserva.] - [Palabras claves: servicios, públicos, ley, contrato, norma, domiciliarios, materia, inmueble, pago, corte]

Procedimiento de pago por consignación extrajudicial del cánon de arrendamiento. Lugar para notificaciones : Inexequibilidad a la no posibilidad por parte de las partes incluidas en el contrato de arrendamiento de alegar ineficacia o indebida notificación sustancial o procesal. Medidas cautelares en procesos de restitución de tenencia. Inconsultabilidad de la sentencia en los procesos de restitución de inmueble arrendado. Trámite en única instancia cuando la causal de restitución sea exclusivamente mora en el pago del canon de arrendamiento. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10, 12, 35, 43 (parciales) y 38 y 39 de la Ley 820 de 2003 - [Resumen automatizado: En efecto, la medida legislativa persigue un fin constitucionalmente legítimo, cual es, imprimirle una mayor celeridad a los procesos judiciales de restitución de tenencia del inmueble arrendado; es idónea por cuanto la misma contribuye efectivamente a la obtención del objetivo constitucional, por cuanto evita que el proceso judicial padezca un retraso injustificado; es necesaria ya que no se vislumbra la existencia de otros medios igualmente eficaces que resultaran ser más benévolos con el derecho fundamental intervenido, en este caso, el debido proceso, y además, su justificación y razonabilidad se soportan en el clásico principio del derecho privado según el cual “nemo propriam turpitudinem allegans potest”, en el sentido de no resultaría admisible que la ley permitiera a una de las partes invocar en su beneficio su propia culpa, evidenciada en su falta de diligencia para informarle oportunamente a la contraparte el cambio de la dirección que fue señalada en su momento en el texto del contrato de arrendamiento, so pretexto de que aquélla tenía conocimiento de otra dirección de habitación o trabajo.] - [Palabras claves: ley, decreto, contrato, derecho, proceso, pago, corte, cuanto, vivienda, disposiciones, norma, procesos, en, dirección]