¿Procede la acción de tutela para reclamar la presunta afectación de los derechos fundamentales del actor que se genera con la negativa de la administración distrital de llevar a cabo el pago de unos créditos cedidos a su favor? Improcedente - La solicitud del accionante en este caso va encaminada a la satisfacción de una pretensión económica, en particular, el pago de una suma de dinero que le adeuda la administración distrital tal pretensión económica tiene como fundamento varios contratos de cesión de créditos realizados por contratistas de la administración. Ello pone de presente la existencia de una controversia, además de pecuniaria, completamente litigiosa que escapa de la órbita de competencia del juez de tutela. No procede la acción de tutela como mecanismo transitorio ni mucho menos como mecanismo definitivo, pues es claro que el accionante cuenta con los medios idóneos para solicitar sus pretensiones ante la jurisdicción contencioso administrativa y no existe una razón válida para inferir que en este caso sea inminente la ocurrencia de un perjuicio irremediable - [Resumen automatizado: De acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo supletorio o alternativo de los medios judiciales ordinarios o extraordinarios de defensa judicial previstos por la ley, a menos que en el caso concreto se acrediten los requisitos para la procedencia excepcional señalados previamente. || La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Alexei Julio Estrada, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente || El ciudadano Diego Fernando Loaiza Duque, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la libertad de empresa, a la propiedad privada, a la honra, al buen nombre y al mínimo vital, los cuales, en su opinión, han sido vulnerados por las entidades demandadas al negarse al pago de varios créditos cedidos a su favor.] - [Palabras claves: tutela, pago, acción, derechos, administración, sala, actor, créditos, si, fundamentales, protección, defensa, derecho]

¿Se vulnera el derecho al debido proceso de una entidad territorial en el momento en que el juez de instancia aprueba la transacción de carácter laboral entre un docente y el alcalde del municipio, cuando el sentenciador carece de competencia para conocer del proceso? Defecto orgánico en sentencia judicial por carencia de competencia de la autoridad que conoce el caso. La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o por el acto a través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. La controversia planteada le correspondía dirimirla a la jurisdicción contencioso administrativa. Nulidad de todo lo actuado. Concedida - [Resumen automatizado: El Municipio de San Pelayo Córdoba, a través de apoderado especial, instauró acción de tutela contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté, en busca de la protección del derecho fundamental al debido proceso, el que considera vulnerado por la autoridad judicial accionada al incurrir en una vía de hecho con la decisión del 12 de diciembre de 2003, mediante la cual aprobó la transacción realizada entre las partes respecto del juicio ordinario laboral que promovió el señor Eduardo Enrique López Villalba contra dicho Municipio, dando por terminado dicho proceso. || La doctora Yolanda D´Paola De Ferrer, Juez Segundo Civil del Circuito de Cereté, en ejercicio del derecho de defensa, manifiesta que no se incurrió en vía de hecho alguna, pues “efectivamente se adelantó ante éste despacho un proceso ordinario laboral promovido por el señor Eduardo Enrique López Villalba contra el Municipio de San Pelayo, con número de identificación 23-31-03-02-2003-02-01-95, el cual fue admitido mediante auto de fecha mayo 28/03 y notificado el demandado ciertamente contestó demanda oponiéndose a las pretensiones de ésta”.] - [Palabras claves: proceso, acción, civil, transacción, san, tutela, laboral, contrato, juzgado, demanda, circuito, servicios, sala]

¿La Fiscalía General de la Nación incurrió en vía de hecho al sancionar con dos meses de suspensión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, a una funcionaria, tras encontrarla responsable de las faltas disciplinarias, como actos de violencia y organización de disminución en el ritmo de trabajo? El cuestionamiento de la legalidad de un acto administrativo debe promoverse ante la jurisdicción contencioso administrativa, por tanto la controversia planteada no es de relevancia constitucional. Negada - [Resumen automatizado: Estos hechos fueron reportados luego a la Oficina de Veeduría de la Fiscalía General, motivo por el cual se inició y tramitó un proceso disciplinario contra Luz Marina Hache Contreras, miembro de la junta directiva de ASONAL y quien participó en esos hechos impidiendo el acceso de los servidores judiciales y agrediendo verbalmente a aquellos que no se adhirieron a la jornada. || El problema jurídico que debe resolver la Sala es el siguiente: ¿La Fiscalía General de la Nación incurrió en vía de hecho al sancionar con dos meses de suspensión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, a Luz Marina Hache Contreras, tras encontrarla responsable de las faltas disciplinarias tipificadas en los numerales 6 y 32 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002? || El análisis precedente le da fundamento a la Sala para resolver el problema jurídico planteado al inicio de estas consideraciones: La Fiscalía General de la Nación no incurrió en vía de hecho al sancionar con dos meses de suspensión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, a Luz Marina Hache Contreras, tras encontrarla responsable de las faltas disciplinarias tipificadas en los numerales 6 y 32 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.] - [Palabras claves: general, proceso, nación, derechos, fiscalía, hechos, ello, disciplinaria, valoración, hecho, si, prueba, fiscal, oficina, lugar, pues, sala]

¿Viola los derechos invocados por los actores la expedición de actos administrativos relacionados con la concesión para el suministro de agua potable y de riego, por estar basados en estudios deficientes? ¿Es la acción de tutela el mecanismo para resolverlo? Negada: La Corte considera que la controversia acerca de si las actuaciones administrativas de la Alcaldía fueron arbitrarias, violaron uno o varios derechos, estuvieron fundamentadas en estudios técnicos deficientes y si produjeron a los accionantes daños y perjuicios, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, y no pueden ser resueltas en sede de tutela - [Resumen automatizado: Sustentó dicha solicitud en que (i) la entidad accionante ya había interpuesto una acción de tutela contra las decisiones de la CAR, fundamentándose en las mismas razones, (ii) que existen otros mecanismos judiciales de acuerdo a los cuales puede ser resuelto el conflicto planteado por el demandante y (iii) que la prestación del servicio de acueducto por el LSP, mejoraría la calidad del agua potable del conjunto CCP. || Mediante sentencia fechada el día 16 de enero de 2003, el Juzgado Primero Civil del Circuito, decidió (i) negar el amparo respecto de las resoluciones proferidas por la CAR, pues contra éstas la misma sociedad ya había interpuesto una acción de tutela con las mismas pretensiones, y (ii) conceder la acción de tutela frente a los actos administrativos de la Alcaldía de Girardot, ordenando “dejar sin efectos de ninguna naturaleza la Resolución 049 de 2001, al igual que los actos emitidos como consecuencia de dicha Resolución.” El Juzgado consideró que la emergencia sanitaria no podía ser ilimitada en el tiempo y que ésta ya había cesado.] - [Palabras claves: expediente, servicio, acción, tutela, agua, cuaderno, sociedad, prestación, acueducto, alcalde, mediante, ii]

No obstante que las funciones naturales de las superintendencia son administrativas, excepcionalmente puede ejercer funciones jurisdiccionales - [Resumen automatizado: 5. El 10 de agosto de 2000, el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, "en uso de sus facultades legales, en especial las que se le confirieron en los decretos 2153 de 1992, 3466 de 1982, 266 de 2000 y artículo 145 de la ley 446 de 1998" profirió la Resolución 19187 por medio de la cual se impuso a Mobil de Colombia S.A. una sanción de cien salarios mínimos, se suspendió la publicidad y se ordenó una publicación. || 7. El 1° de noviembre de 2000 la Superintendencia le comunicó al representante legal de Mobil de Colombia S.A. que "Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-1316/2000 declaró inexequible en su integridad el decreto 266 del 22 de febrero de 2000 a partir de su promulgación, y que esta entidad inició investigación administrativa contra esa sociedad, en virtud de las facultades otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio establecidas en el numeral 5° del artículo 2° del decreto 2153 de 1992, en concordancia con las normas que regulan la publicidad señaladas en los artículos 14 y ss.] - [Palabras claves: ley, funciones, superintendencia, industria, administrativas, superintendencias, tutela, comercio, parte, administrativa, jurisdiccionales, sentencia]

Debido proceso policivo, ejercio de función jurisdiccional; querella de lanzamiento - [Resumen automatizado: Como en la practica de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho pueden verse afectados no solo los adultos que durante algún tiempo considerable allí se encuentren, sino también sus familias entre los cuales puede ocurrir que existan ancianos o niños de grupos que ordinariamente constituyen sectores marginados de la sociedad, ha de reiterarse por la Corte que ellos, aún en esas circunstancias, merecen la protección del Estado. || La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || en el proceso de revisión del fallo adoptado el treinta (30) de marzo de dos mil uno (2001), por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Cartagena, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Pablo Enrique Macías Correa contra la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.] - [Palabras claves: cartagena, derecho, tutela, actor, derechos, lanzamiento, propiedad, proceso, si, corte]