¿Para qué se configure el delito de interés indebido en la celebración de contratos se requiere que exista un perjuicio a la administración pública? No, al detener la mirada en el delito en mientes, esta Corporación ha señalado que la configuración típica de este delito debe reunir tres requisitos esenciales: El delito de interés indebido en la celebración de contratos se caracteriza porque el tipo objetivo exige la presencia de (i) un sujeto calificado que interviene en los hechos en calidad de servidor público, (ii) una operación contractual a nombre de cualquier entidad estatal, y (iii) un interés particular por el agente estatal diferente al de los fines de la función pública; el tipo subjetivo requiere que la acción sea desplegada a título doloso, esto es que el servidor público proceda con conocimiento y voluntad. Se trata entonces, el descrito, de un tipo penal de mera conducta que, por tanto, no exige un perjuicio a la administración pública en grado de consumación. Lo sancionable es la prevalencia del interés particular del servidor público que interviene sobre el general de la comunidad en el proceso de contratación, contraviniendo los principios y fines que rigen la administración pública - [Resumen automatizado: Refiere, así, cómo en el convenio No. 0355, cuyo objeto fue la construcción de la segunda etapa del alcantarillado sanitario del barrio El Estero, en el municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca, «la invitación a ofertar fue publicada en la cartelera de la gobernación entre el 12 y 19 de agosto de 1997, en tanto que las ofertas debían presentarse el 15 de ese mes y año»[20]; además, que los señores Luis Eduardo Niño Martínez y Nelson William Rodríguez Sánchez fueron los únicos que presentaron propuestas garantizando ambos su seriedad con pólizas de la compañía Cóndor S.A., las cuales destaca- tenían número de identificación consecutivos; finalmente, refiere que los formatos del AIU de ambos proponentes tienen el mismo error ortográfico, lo que denota que fueron trabajados sobre idéntica plantilla, modificadas solo en el nombre de quien la presentó. || De conformidad con lo dispuesto en los artículos 235-4 de la Constitución Política y 75-6 de la Ley 600 de 2000, la Corte es competente para emitir el pronunciamiento de fondo pertinente, toda vez que el procesado JOSÉ VICENTE LOZANO FERNÁNDEZ, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito interés indebido en la celebración de contratos en situación concursal, frente a hechos acecidos cuando desempeñaba el cargo de gobernador del departamento de Arauca.] - [Palabras claves: contratos, no, cuaderno, pena, delito, interés, contrato, mismo, grupo, departamento, en, así]

¿Quiénes pueden considerarse sujetos activos del delito de celebración indebida de contratos? Es sujeto activo del delito descrito en el artículo 408 de la Ley 599 de 2000, no solo es el servidor público que como contratante y encargado de tramitar, aprobar o suscribir un contrato, así procede, a pesar de conocer de la existencia alguna causal de inhabilidad o de impedimento que perturba o enturbia el legítimo ejercicio de la función; también será sujeto activo del delito el contratista particular que con plena conciencia de la causal inhibitoria para obrar de conformidad, interviene en la respectiva contratación con la entidad pública, pues el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, señala que para "efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos". Y, por último, igual condición de sujeto activo del comportamiento reprimido en la ley (artículo 408) lo tendrá el servidor oficial que, a pesar de esa condición, funja como contratista ante entidades públicas, o con personas privadas que manejen o administren recursos del fisco, salvo, claro está, las excepciones legales - [Resumen automatizado: Concluye que como en el asunto analizado el contratante y la contratista son personas particulares, respecto de los contratos entre ellos celebrados no se configura la conducta punible de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, descrita en el artículo 408 del Código Penal, pues esa hipótesis delictiva exige la actuación de un sujeto activo calificado, esto es, un servidor público, perteneciente a una entidad Estatal, que en ejercicio de sus funciones desconozca o pretermita el régimen aludido, calidades y cualidades que no reúnen la acusada ni el Director de COMFAORIENTE ARS. || Reconoce que el artículo 127 de la Constitución Política prevé que "Los servidores públicos no podrán celebrar, por si o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales", y que aun cuando esa fue la inhabilidad predicada en la resolución de acusación, de todas maneras no por ello puede predicarse como materializada la conducta punible, pues la Constitución "no tipifica delitos, sólo se constituye en pensamiento fundamental del sistema penal", y la norma imputada exige que el servidor oficial obre en ejercicio de sus funciones, reiterando que en el caso de su asistida ella no tenía facultad de celebrar contratos en representación de la entidad para la cual laboraba.] - [Palabras claves: contratos, públicos, ley, funciones, entidades, conducta, persona, recursos, contratar, público, pública, pues, salud, violación, legal, servidores, sino, régimen]

¿Siempre que el Estado contrata con un particular este se hace sujeto de responsabilidad penal y disciplinaria? No, en materia de responsabilidad penal derivada de la contratación estatal es importante en cada caso concreto observar si el hecho o inacción constitutivo de la conducta penal se materializó durante las distintas fases del contrato, o a raíz de los deberes contractuales impuestos, pues "lo que coloca al particular en la situación de servidor público, no es concretamente el vínculo que surge de la relación, importante o no, con el Estado, sino la naturaleza de la función que se le atribuye por ministerio de la ley, la cual fija la índole y alcance de la relación jurídica." En conclusión, sólo en la medida en que el Estado a través de un contrato asigne a un particular el cumplimiento de una función pública en estricto sentido, reiterase, entendiendo por ésta toda actividad dirigida a cumplir unos de los fines propios o inherentes al Estado, ese particular se transforma en servidor público y asume correlativamente las responsabilidades públicas inherentes, con todas las consecuencias que ella conlleva, en los aspectos civiles y penales, e incluso disciplinarios, según lo disponga el legislador. En los demás casos, al particular que contrata con el Estado para el agotamiento de un fin o prestación diversos, de manera general, su responsabilidad civil y penal se rige por los postulados Constitucionales sobre los que descansa una y otra (Preámbulo, artículos 6º y 95, entre otros), y de manera específica, desde el punto de vista penal, de acuerdo con lo normado en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, su actuar irregular en el trámite contractual -celebración, ejecución y liquidación de un contrato estatal-, da lugar a que se le atribuyan las conductas punibles de Celebración Indebida de Contratos - [Resumen automatizado: 1.

Delito de celebración indebida de contratos presuntamente cometido en calidad de gobernador. El tipo penal prohíbe una conducta alternativa, pues consagra tres hipótesis a saber: i) La "tramitación" del contrato sin la observancia de requisitos legales esenciales para su formación, etapa dentro de la cual se incluyen las fases anteriores a la celebración del compromiso contractual; ii) La celebración del contrato sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales; y iii) la liquidación en las mismas condiciones que la celebración. Naturaleza jurídica del convenio interadministrativo. Si contrario al planteamiento defensivo, los dineros ingresaron al presupuesto departamental, la adjudicación de los contratos a través de los cuales se ejecutó la obra debía someterse a las normas que regulan la contratación administrativa y especialmente a los principios de transparencia, moralidad, eficiencia y responsabilidad. Principio de planeación. - [Resumen automatizado: En ese orden de ideas, el Gobernador no actuó de manera caprichosa, sino acogiendo la ley contractual para los convenios interadministrativos y en consonancia con la política contractual de INVÍAS, entidad que tenía una visión real sobre las circunstancias particulares del Departamento, en razón de lo cual consintió en dar empleo y mejoramiento económico a los pobladores de la región, sin objetar el cumplimiento de la obra por fragmentos, y a través de varias personas, a pesar de tener el control y vigilancia en la ejecución del contrato. || El procesado se desempeñaba como Gobernador del Departamento del Amazonas y en calidad de representante legal del ente territorial suscribió el convenio interadministrativo No. 0139 con INVÍAS, para el mejoramiento de la carretera Leticia-Tarapacá, en cuya ejecución decidió posteriormente realizar múltiples contratos que adjudicó de manera directa; en consecuencia, se cumple el primer presupuesto de la conducta punible objeto de análisis, esto es que ostentaba la calidad de servidor público y era el titular de la competencia funcional, tal como lo reclama el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.] - [Palabras claves: contratos, contratación, contrato, concreto, construcción, obra, central, ley, pública, legales, ejecución]

¿No puede atribuirse un incumplimiento contractual por la ausencia de unos documentos que no hacían parte del objeto mismo de una orden de prestación de servicios, máxime cuando la realidad fáctica demuestra que finalmente la ejecución del mismo no se vio afectada? Poco importa que la administración no se haya visto perjudicada económicamente, o que sus objetivos se hayan cumplido, pues lo que el tipo penal protege no son los bienes materiales de la administración, sino los principios y fundamentos de la administración pública. Delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Proceso penal - Preclusión de la investigación. Contrato estatal - Selección objetiva del contratista. Contratación estatal directa - [Resumen automatizado: Luego de recordar lo que la doctrina y la jurisprudencia han venido decantando acerca del cumplimiento de los requisitos y principios esenciales de la contratación estatal, el recurrente sostiene en primer término que su asistido verdaderamente realizó una selección objetiva, puesto que, de una parte, en la Asamblea Departamental de Santander no existía el personal suficiente y calificado para llevar a cabo el estudio de las diversas situaciones laborales en que se hallaban los Diputados para el reconocimiento y pago de sus cesantías; y, de la otra, el contratista escogido para desarrollar el objeto contractual del convenio que para tal efecto celebró el Presidente de la Duma, era el profesional idóneo por su vasta experiencia en el ramo. || Ello, se erigía en una necesidad sentida para la Duma -deja entrever el recurrente-, pues amén de que su presidente no era abogado, y que dentro de la planta de personal, en especial en la oficina jurídica, no se contaba con un profesional experto en derecho laboral para desempeñar la tarea de liquidar prestaciones sociales, actividad esta que, por lo demás, se halla por fuera de las funciones administrativa y legislativa propias de quien en su momento rige los destinos de la Asamblea Departamental, por esas razones se tornaba indispensable acudir a la prestación de servicios profesionales de una persona que tuviera experiencia, capacitación y formación para ejecutar dicha labor como lo era el Dr. Tabares Correa.] - [Palabras claves: departamental, profesionales, contrato, objeto, servicios, contratación, manera, cumplimiento, profesional, procesado, contractual, bien, administración, pública, pues]

¿El error de hecho consiste en la incongruencia entre la prueba que existe y no existe y la idea contraria del juez? Delito de celebración indebida de contratos. Contrato sin cumplimiento de los requisitos - [Resumen automatizado: Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de JOSÉ REINEL CERQUERA PERDOMO y CARLOS GENTÍL POLANÍA FIERRO contra la sentencia del Tribunal de Distrito Judicial de Neiva, proferida el 18 de enero de 2002, mediante la cual confirmó la dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad, fechada el ocho (8) de octubre de 2001, en la que los condenó, al primero a las penas principales de cincuenta y cuatro (54) meses de prisión y multa de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales vigentes y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas e inhabilitación para el desempeño de funciones públicas como autor responsable del delito de celebración indebida de contratos, en la modalidad de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y, al segundo, a las penas principales de tres (3) años de prisión y multa de dieciséis punto sesenta y seis (16.66) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas e inhabilitación para el desempeño de funciones públicas como cómplice responsable del delito de celebración indebida de contratos, en la modalidad de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.] - [Palabras claves: manera, contratos, acueducto, legales, tribunal, públicas, construcción, contratación, principio, obras, directa, procesados, cargo, contrato, funciones]