¿La no exoneración de los deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual a cargo de los jefes y representantes legales de las entidades estatales, no obstante haber delegado en servidores públicos del nivel directivo o ejecutivo la facultad de celebrar contratos, desconoce el artículo 211 de la C.P que exime de responsabilidad al delegante y la hace recaer exclusivamente en el delegatario? En cuanto al alcance del artículo 211 de la C.P, la Corporación señaló que no puede ser interpretado en el sentido de que la delegación exime absolutamente de responsabilidad al delegante. Tampoco se deriva de su texto que el delegante responde siempre por las actuaciones del delegatario, pues esta interpretación desconocería el principio de responsabilidad subjetiva de los servidores públicos. Además del artículo 211 existen en el texto de la Carta otras normas constitucionales que imponen deberes de dirección, orientación, seguimiento y control de la actuación administrativa, en general y del ejercicio de la delegación, en particular, contenidas especialmente en los artículos 1º, 2º, 6º, 123, 124 y 209 superiores. Un lectura sistemática de estas normas constitucionales, junto con lo prescrito en el artículo 211 de la Carta, lleva a concluir que la delegación implica la permanencia de un vínculo entre el delegante y el delegatario, que se manifiesta en las atribuciones de orientación, vigilancia y control que el primero mantiene sobre el segundo. El delegante sólo responderá del recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de dichas funciones. Ley 1150 de 2007, "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos"; Art. 21 (adiciona el artículo 12 de la Ley 80 de 1993) : CONDICIONALMENTE exequible. SV - [Resumen automatizado: Lo anterior por cuanto "al artículo demandado le son aplicables las consideraciones que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-372 de 2002, que analizó la constitucionalidad del parágrafo 4° del artículo 2° de la Ley 678 de 2001, "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición." Agrega que "(l)a norma demandada en esa oportunidad tiene una proposición normativa idéntica a la del inciso objeto de estudio en este caso y regulan la misma materia, toda vez que ambas hacen referencia a la no exención de responsabilidad del delegante por el hecho del acto de delegación en materia contractual." Para demostrar el anterior aserto, transcribe el mencionado parágrafo 4° del artículo 2° de la Ley 678 de 2001[1], y las consideraciones vertidas por esta Corporación judicial cuando examinó su constitucionalidad; oportunidad en la que afirmó que "la expresión del artículo 211 dice que el delegante no responde por las actuaciones del delegatario, lo cual no significa que aquél no responda por sus propias acciones u omisiones en relación con los deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento, las cuales serán fuente de responsabilidad cuando impliquen infracción a la Constitución y a la ley, la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones o el incumplimiento de los principios de la función administrativa ..."] - [Palabras claves: delegante, responsabilidad, delegación, cosa, juzgada, delegatario, corte, norma, ejercicio, constitución, sentencia]; Art. 21 (adiciona el artículo 12 de la Ley 80 de 1993) : CONDICIONALMENTE exequible. SV

¿Facultar al Gobierno Nacional para que establezca los mecanismos e instrumentos a través de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad en el marco de contratación pública electrónica, vulnera el principio de publicidad de la función administrativa? ¿La asignación a las cámaras de comercio de la administración del registro único de proponentes, constituye una delegación de funciones administrativas a particulares contraria a la Constitución? ¿Excluir a algunas entidades vinculadas al sector defensa, de la aplicación de las disposiciones del estatuto de contratación estatal, afecta los principios de imparcialidad y publicidad de la función administrativa? ¿La no procedencia de recursos en contra de las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa, vulnera el derecho fundamental al debido proceso? Inexequibilidad de la facultar otorgada al Gobierno Nacional para que compile las normas de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por ser contraria a la reserva de ley para la promulgación de códigos. Ley 1150 de 2007, "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos"; Arts. 3, 6, 21 (Adiciona el artículo 12 de la Ley 80 de 1993) (parciales) : Exequibles. Art. 30 : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Para soportar esta conclusión y luego de hacer algunas consideraciones sobre la naturaleza constitucional de los instrumentos de descentralización, delegación y desconcentración, el actor considera que la violación de la Carta se concreta en el hecho que "se entiende como la cesión de competencias y/o recursos de la Nación a las entidades territoriales y éstas últimas asumen plenamente y de manera permanente la función, de allí que haber eliminado todo recurso (reposición y apelación), contradice la norma superior, al mismo tiempo también se opone a los principios del debido proceso y el de la doble instancia, que como ya fue señalado, si bien no es absoluto, cuando se establece la única instancia, el legislador debe garantizar plenamente el debido proceso y el derecho de defensa que, en el caso en mención no aparece por ninguna parte". || Así las cosas, lo que el legislador le ha señalado al Gobierno Nacional en el aparte final del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, no puede entenderse como la atribución de determinar los mecanismos de publicidad de los actos contractuales por medios electrónicos, puesto que ello ya es materia de regulación legal, sino que ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar los instrumentos, mecanismos y demás asuntos que las entidades públicas deben tener para poder utilizar los medios electrónicos como forma de publicidad de su actividad administrativa en asuntos de contratación pública, lo cual es propio del desarrollo de la función constitucional del ejercicio de la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes.] - [Palabras claves: corte, ley, funciones, registro, normas, norma, constitucional, sentencia, nacional, administrativa, gobierno, entidades, particulares]; Arts. 3, 6, 21 (Adiciona el artículo 12 de la Ley 80 de 1993) (parciales) : Exequibles. Art. 30 : INEXEQUIBLE

¿La asignación a la Superintendencia de Sociedades para que cumpla la función de conocer la impugnaciones de actos o decisiones de Asambleas de Accionistas o Juntas de Socios y de Juntas Directivas de sociedades vigiladas por la misma entidad, sin exigir su funcionamiento desconcentrado, configura una omisión legislativa que vulnera el acceso de los habitantes del país a la administración de justicia en condiciones de igualdad? La descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Ley 446 de 1998, Art. 137 - Exequible por los cargos analizados - [Resumen automatizado: 2. Corresponde a la Corte determinar si la asignación a la Superintendencia de Sociedades de la función de conocer de la impugnación de actos o decisiones de Asambleas de Accionistas o Juntas de Socios y de Juntas Directivas de sociedades vigiladas por la misma entidad, sin exigir su funcionamiento desconcentrado, configura una omisión legislativa que vulnera el acceso de los habitantes del país a la administración de justicia en condiciones de igualdad (Art. 229 C. || Por lo anterior, la competencia atribuida por la norma demandada a la Superintendencia de Sociedades en relación con los referidos asuntos es adicional a la que tienen los jueces civiles, y no sustitutiva de esta última, lo cual significa que dicha disposición amplía las posibilidades de acceso a la jurisdicción para la solución de los mismos, esto es, expande el campo de la desconcentración judicial del Estado para ese efecto, en vez de excluirla como se afirma en la demanda. || Por lo anterior, la competencia atribuida por la norma demandada a la Superintendencia de Sociedades en relación con los referidos asuntos es adicional a la que tienen los jueces civiles, y no sustitutiva de esta última, lo cual significa que dicha disposición amplía las posibilidades de acceso a la jurisdicción para la solución de los mismos, esto es, expande el campo de la desconcentración judicial del Estado para ese efecto, en vez de excluirla como se afirma en la demanda.] - [Palabras claves: funciones, corte, ley, superintendencia, función, constitución, art, justicia, omisión, norma, administración, dicha]

En materia contractual el acto de la delegación no exime de responsabilidad legal en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante, el cual podrá ser llamado a responder de conformidad con lo dispuesto en esta ley, solidariamente junto con el delegatario. Ley 678 de 2001, Art. 2, Par. 4 - [Resumen automatizado: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición" || En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Manuel Adolfo Rincón Barreiro presentó demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición". || El ciudadano Carlos Enrique Uribe Lozada, obrando en representación de la Contraloría General de la República, presentó ante la Corte Constitucional un escrito mediante el que coadyuva la demanda presentada contra el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 678 de 2001, pues "la Constitución ha establecido en forma clara en su artículo 211, que en ningún momento el delegante es responsable por los actos del delegatario en virtud de la transferencia de la delegación"[4].] - [Palabras claves: responsabilidad, delegante, delegatario, delegación, acción, repetición, magistrado, corte, norma, materia, parágrafo, exime, ley, constitución]

En materia contractual el acto de la delegación no exime de responsabilidad legal en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante; el delegante puede ser llamado cuando haya incurrido en dolo o culpa grave - Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 y el parágrafo del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 - [Resumen automatizado: La expresión del artículo 211 dice que el delegante no responde por las actuaciones del delegatario, lo cual no significa que aquél no responda por sus propias acciones u omisiones en relación con los deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento, las cuales serán fuente de responsabilidad cuando impliquen infracción a la Constitución y a la ley, la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones o el incumplimiento de los principios de la función administrativa. || En estas circunstancias, corresponde a la Corte determinar si la norma demandada desconoce los principios de culpabilidad y presunción de inocencia al delegante, si quebranta los parámetros fijados por el artículo 90 de la Carta en relación con la acción de repetición y si contraría la fórmula consagrada en el artículo 211 de la Constitución, en el sentido que "la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario". || Prescribe el parágrafo 4 del artículo 2º de la ley 678 de 2001 que en materia contractual el acto de delegación no exime de responsabilidad legal en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante, el cual podrá ser llamado a responder de conformidad con la ley 678, solidariamente con el delegatario.] - [Palabras claves: delegación, responsabilidad, delegante, delegatario, funciones, ley, constitución, acción, ejercicio]

Acción popular, personas responsables solidariamente por irregularidades en contratación - [Resumen automatizado: Constituye cabal desarrollo de la Carta Política, pues la prevalencia del interés general; la proclamación de un orden justo y la vigencia de los principios axiológicos que en el Estado Social de Derecho guían la contratación pública, como modalidad de gestión que compromete el patrimonio y los recursos públicos, cuya intangibilidad las autoridades están obligadas a preservar hacen, a todas luces, necesario que el legislador adopte mecanismos idóneos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los responsables de la contratación estatal, con miras a la recuperación de la totalidad de las sumas que se desvían del patrimonio público, a causa de la corrupción administrativa, en materia de contratación pública. || Expresan que el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 472 de 1998, en cuanto dispone que el representante legal de la entidad contratante y el contratista responden solidariamente con los funcionarios responsables de las irregularidades en la contratación, viola el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta, pues, en su criterio, está tácitamente estableciendo una presunción de mala fe en contra de los primeros, sin tener en cuenta que es posible que estos no hayan intervenido en la celebración del contrato del que se deriva el detrimento patrimonial de la entidad pública, o no hayan tenido parte en su ejecución, pese a lo cual, son obligados a responder con su patrimonio, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso.] - [Palabras claves: responsabilidad, contratación, entidad, constitución, públicos, patrimonial, política, legal, patrimonio, pública, representante, público, administrativa, corte]