Exequible el Decreto 1773 de 2015, "por el cual se autoriza la celebración de convenios administrativos para la ejecución de recursos públicos por parte de algunas entidades territoriales", al existir una conexidad entre los hechos y las motivaciones que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica efectuada mediante el Decreto 1770 de 2015 y las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 1773 de 2015 - [Resumen automatizado: A pesar de que el artículo 1º del Decreto Legislativo 1773 de 2015 autoriza a un conjunto de municipios fronterizos, ubicados en los Departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía para que "durante el período comprendido entre el 7 de septiembre y el 25 de octubre de 2015 celebren convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, con el objeto de adelantar tareas para conjurar la crisis humanitaria e impedir la extensión de sus efectos", no existe vulneración alguna de la Constitución, por el hecho de sobrepasar el ámbito de vigencia del Decreto 1770 de 2015, por doce (12) días. || En efecto, mientras que en el primero se describe la existencia de una crisis humanitaria, generada por el cierre de la frontera con Venezuela y la realización de deportaciones, repatriaciones, expulsiones y retornos masivos de connacionales, y se anuncian unas medidas para conjurarla; en el segundo, se autoriza a las entidades territoriales afectadas con aquélla, a celebrar transitoriamente convenios interadministrativos con las entidades del orden nacional y determinados Departamentos, durante el período comprendido entre el 7 de septiembre y el 25 de octubre de 2015, que hace parte de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones (Parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005), con miras a canalizar recursos y garantizar la atención humanitaria de quienes regresaron al país.] - [Palabras claves: decreto, convenios, humanitaria, recursos, entidades, legislativo, ley, el, emergencia, crisis, septiembre, públicos, medidas, municipios]

¿Al prever la posibilidad de que la Comisión Nacional del Servicio Civil delegue el conocimiento y decisión de las reclamaciones que se presenten en los procesos de selección de personal (Art. 2), y contrate la realización de los concursos a través de contratos o convenios interadministrativos (Art. 3), se desconocen los artículos 6, 29, 113, 121 y 130 de la Constitución y en especial, la función que le compete a dicha Comisión y su autonomía en la administración y vigilancia de la carrera administrativa? ¿El que las consultas en materia de carrera administrativa sólo puedan ser formuladas a la CNSC por ciertos grupos desconoce el derecho de petición que el artículo 23 de la Carta Política reconoce a todas las personas (Art. 11)? Autorización de encargos en empleos de carrera, sin previa convocatoria a concurso (Art. 44). Decreto 760 de 2005; Arts. 2 y 44 - CONDICIONALMENTE exequibles. Arts. 3 y 11 - apartes INEXEQUIBLES - [Resumen automatizado: La delegación para el conocimiento y decisión de las reclamaciones especificas e individuales que se presenten en desarrollo de los procesos de selección de personal que mediante concurso aspire a vincularse a cargos en la administración pública o a ascender dentro de ella, deberá expresarse de manera concreta en el acto de delegación, a fin de evitar equívocos posteriores, sin perjuicio de la posibilidad de reasumir la función delegada por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. || Cuando la reclamación o queja adquiere una entidad superior, por contener denuncias de irregularidades, en las que se ponen en entredicho no situaciones individuales o particulares, sino el proceso en sí mismo, el conocimiento y la decisión correspondiente no sólo no pueden ser delegados, sino que únicamente la Comisión Nacional del Servicio Civil es la competente para conocer y decidir al respecto, adoptando las medidas pertinentes que la situación amerite, como suspender el proceso, iniciar investigaciones, denunciar ante las autoridades penales o de control los hechos correspondientes, etc. || La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá delegar el conocimiento y decisión de las reclamaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de selección, para lo cual, la entidad en la cual delegue esta función tendrá que observar el procedimiento establecido en el presente decreto ley.] - [Palabras claves: comisión, decreto, servicio, carrera, procesos, nacional, civil, selección, administrativa, ley]; Arts. 2 y 44 - CONDICIONALMENTE exequibles. Arts. 3 y 11 - apartes INEXEQUIBLES

Asociación entre entidades públicas; constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares; Ley 489 de 1998, Arts. 95 y 96 - [Resumen automatizado: Si el legislador autoriza la asociación de entidades estatales con personas jurídicas particulares con las finalidades ya mencionadas, estableció, en defensa de la transparencia del manejo de los dineros públicos, que los convenios de asociación a que se hace referencia serán celebrados "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política", lo que significa que no podrá, en ningún caso pretextarse la celebración de los mismos para otorgar o decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, de una parte; y, de otra, el acatamiento a la disposición constitucional mencionada, impone la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, pero "con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo", tal cual lo ordena el citado artículo 355 de la Carta Política.] - [Palabras claves: entidades, constitución, personas, artículos, ley, jurídicas, política, normas, carta, derecho, públicas, creación]

Contrato interadministrativo - [Resumen automatizado: La situación regulada constitucionalmente en ese texto se refiere, solamente, a la venta de la propiedad accionaria del Estado, dentro de un proceso de privatización de las empresas estatales, es decir, cuando el Estado decide transferir su participación accionaria en una empresa con destino a los particulares con el objeto de mejorar la productividad de la inversión económica, viabilizar el ingreso del sector privado a la explotación de actividades económicas que tradicionalmente eran prestadas por éste, concentrándose él mismo, en aquellas que le son inherentes a sus fines y con las cuales cumple con sus funciones esenciales. || La disposición del patrimonio y del derecho de dominio sobre el mismo que allí se produce, no traspasa el marco de la universalidad jurídico-patrimonial estatal, simplemente, se desplaza dentro de su interior, se mantiene dentro del patrimonio estatal, lo cual significa que la situación jurídica regulada en la norma censurada no se subsume en la hipótesis del inciso segundo del artículo 60 de la Carta, por cuanto no versa acerca de la transmisión de la propiedad accionaria del Estado con destino a los particulares, dentro de un proceso de privatización que deba seguir las reglas constitucionales asignadas para ese fin.] - [Palabras claves: propiedad, nación, inciso, norma, acciones, dentro, estado, banco, estatal, inversión, decreto, reservas, pago, enajenación, política, accionaria]

Contrato interadministrativo - [Resumen automatizado: La Corte considera que tiene perfecto sustento constitucional la primera parte del artículo acusado, según la cual la enajenación accionaria que se realice entre órganos estatales está excluida del régimen especial de derecho preferencial en favor de trabajadores y organizaciones solidarias y se rige por las reglas de contratación administrativa vigente. || La exequibilidad del artículo acusado no significa que la ley no pueda establecer, en esos otros eventos de venta de activos estatales, mecanismos especiales para favorecer el acceso a la propiedad de parte de grupos sociales débiles o marginados, pues tales desarrollos legales tienen claro sustento constitucional en el carácter social del Estado colombiano, en la búsqueda de una igualdad real y efectiva y en el propio principio contenido en el inciso primero del artículo 60, según el cual el Estado debe promover el acceso a la propiedad. || La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa] - [Palabras claves: propiedad, estatales, acciones, corte, inciso, estatal, enajenación, venta, activos, segundo, empresa, constitución, carta]