Fraccionamiento de títulos para cobro de cartera ¿Cómo se determina el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos de contrato de prestación de servicios profesionales? La demanda aportó comunicaciones de fraccionamiento de títulos en las que consta que el contratista realizó actividades para el cobro de cartera de deudores distintos a la Fundación San Juan de Dios-FSJD y que algunos de ellos eran sociedades que se encontraban en estado de liquidación, sin que exista constancia de la finalización o estado de los procesos de liquidación de esos deudores. Como la prueba documental aportada hasta este momento procesal no permite establecer que la Fundación San Juan de Dios-FSJD era la única cartera asignada al contratista como tampoco que los procesos de liquidación de deudores distintos al de esa fundación finalizaron, en este momento procesal no se puede establecer con certeza la fecha de terminación del contrato a partir de la cual se debe empezar a contar el término para formular en tiempo la demanda

La prórroga de un contrato supone la continuación del acuerdo de voluntades existente; comporta la prolongación del mismo vínculo negocial, lo que necesariamente supone la existencia de un negocio jurídico con base en el cual se opta por continuarlo o por finalizarlo, por el vencimiento del plazo de ejecución. Cuando la prolongación de ese vínculo negocial se somete a la verificación de unos requisitos en punto al cabal cumplimiento del contrato, como ocurrió en este caso, según se explicará más adelante en detalle, la constatación de aquellos no entraña la existencia de un nuevo procedimiento de selección para la escogencia del contratista, en aras de suscribir el contrato correspondiente. Ocurre que la posibilidad de prorrogar la relación preexistente se encuentra sometida al acuerdo de las partes y procede siempre que la evaluación de los resultados sobre la ejecución a punto de vencerse sea satisfactoria, evaluación que en todo caso se realizaría en el marco temporal y material del negocio jurídico existente y no en relación con un nuevo procedimiento de escogencia al que podrían acudir varios oferentes que no hubieran sostenido previamente una relación contractual con la entidad

Nulidad de contrato de prestación de servicios para cobro coactivo de carteta tributaria. No resulta procedente la imposición de una multa cuando lo que se busca es la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato estatal, toda vez que el propósito de las mismas es simplemente conminatorio, esto es para intimar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; y en la demanda lo que se persigue es la indemnización de los perjuicios derivados de ese incumplimiento; así las cosas, forzoso es concluir que tales multas tampoco pueden constituir un factor para calcular el monto de la indemnización, razón por la cual este aspecto de la sentencia será modificado \Contrato de prestación de servicios- Liquidación judicial \Llamamiento de atención a las autoridades municipales y alcaldes, para que se abstengan de delegar funciones administrativas a través de contrato de prestación de servicios

Confirma Auto de 12 de diciembre de 2007 que suspende provisionalmente el aparte "así como los contratos de asesoría y consultoría" contenido en el numeral 1 de la Directiva Presidencial 03 de agosto 4 de 2006 y la Directiva Presidencial 02 de febrero 23 de 2007, en su integridad

Admisibilidad de demanda de nulidad. Solicitud de suspensión provisional contra las Directivas Presidenciales 03 de agosto 4 de 2006 y 02 de febrero 23 de 2007. La actividad de contratación con las entidades estatales se encuentra regulada de manera general por las disposiciones legales que integran el Estatuto de Contratación de la Administración Pública -conformado básicamente por las leyes 80 y 1150-, en virtud de la prohibición contenida en el aludido artículo 84 de la Carta le está vedado a toda autoridad -incluido el Presidente de la República-, agregar requisitos, exigencias o trámites para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales, asesoría y consultoría. Suspende provisionalmente el aparte "así como los contratos de asesoría y consultoría" contenido en el numeral 1 de la Directiva Presidencial 03 de agosto 4 de 2006 y la Directiva Presidencial 02 de febrero 23 de 2007, en su integridad.