Cambios a reglamentación de contratación estatal ha generado inseguridad jurídica - A la fecha se ha procurado para la regulación de los asuntos contractuales del Estado, puede advertirse que el Gobierno Nacional cuenta con un amplio margen para la reglamentación, pues las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 han fijado contenidos normativos generales, al punto que, gran parte de las disposiciones se concentran en la configuración de principios que deben guiar la actividad contractual. Análogamente, la rápida mutación de la normatividad ha impedido la decantación de los preceptos en las prácticas administrativas y truncado los estudios de la doctrina que permitan guiar a los operadores jurídicos en la aplicación de las disposiciones. La falta de planeación de la política pública, además, ha generado reglamentaciones que, en algunos casos, han soslayado la discreción necesaria para estos efectos, lo cual ha llevado a la expedición de normas que no superan el control de legalidad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

Confirma Auto de 12 de diciembre de 2007 que suspende provisionalmente el aparte "así como los contratos de asesoría y consultoría" contenido en el numeral 1 de la Directiva Presidencial 03 de agosto 4 de 2006 y la Directiva Presidencial 02 de febrero 23 de 2007, en su integridad

Perfeccionamiento del contrato estatal. Elementos sustanciales y formales del contrato estatal. Elementos del contrato de consultoría. El contrato estatal constituye un documento público, luego para su valor probatorio no es necesario que se presente copia auténtica. Evolución jurisprudencial de la teoría del enriquecimiento sin causa. La administración y el particular no pueden poner en marcha, a cada momento, relaciones de hecho, para eludir la normatividad sobre contratación administrativa, y con la mira puesta en que posteriormente se impetrará de la justicia el reconocimiento económico correspondiente, gracias al ejercicio de la ACTIO IN REM VERSO.

Admisibilidad de demanda de nulidad. Solicitud de suspensión provisional contra las Directivas Presidenciales 03 de agosto 4 de 2006 y 02 de febrero 23 de 2007. La actividad de contratación con las entidades estatales se encuentra regulada de manera general por las disposiciones legales que integran el Estatuto de Contratación de la Administración Pública -conformado básicamente por las leyes 80 y 1150-, en virtud de la prohibición contenida en el aludido artículo 84 de la Carta le está vedado a toda autoridad -incluido el Presidente de la República-, agregar requisitos, exigencias o trámites para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales, asesoría y consultoría. Suspende provisionalmente el aparte "así como los contratos de asesoría y consultoría" contenido en el numeral 1 de la Directiva Presidencial 03 de agosto 4 de 2006 y la Directiva Presidencial 02 de febrero 23 de 2007, en su integridad.

Intervención del Ministerio Público en relación con el trámite de conciliaciones prejudiciales iniciadas por un particular. El numeral 5 del artículo 127 ibídem, no quiere significar que el agente del Ministerio Público respectivo pueda recurrir, en todos los casos, el auto que aprueba o imprueba una conciliación; es necesario además, que el respectivo Procurador Judicial demuestre el interés previsto en la ley para impugnar o controvertir la providencia que revisa el acuerdo conciliatorio.

La Sala encuentra indispensable resaltar el carácter subsidiario de la acción in rem verso y considera que, para solucionar los problemas que se suscitan cuando se ejecutan prestaciones sin que exista el contrato, o cuando, como en el presente caso el contrato no es ejecutable, existen otras figuras jurídicas que resultan procedentes al efecto. Contrato estatal de consultoría - Incumplimiento. Requisitos de ejecución. Principio de no enriquecimiento sin causa. Acción in rem verso. Principio de confianza legítima. Acción contractual

¿Los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de dineros públicos tienen el deber de velar por la transparencia en la administración y distribución de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas? Acción popular. Contrato estatal de obra. Principio de moralidad administrativa. Patrimonio público. Contrato estatal de consultoría

Determinación de la utilidad del contratista

Contrato de consultoría