La Corte se inhibió de fallar sobre artículo 16 de la Ley 1882 de 2018, que modificó los incisos 6° y 7° del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 -por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones-, por no encontrarse vigente ni estar produciendo efectos jurídicos. La modificación efectuada por el artículo 113 de la Ley 1955 de 2019, produjo la derogatoria de la disposición parcialmente demandada, que establecía un régimen de prohibición de la celebración de contratos para el desarrollo de proyectos APP durante el último año de gobierno de los entes territoriales. En contraste, la norma derogatoria contempla una autorización para este tipo de negocios jurídicos, de modo que se pueden celebrar en cualquier etapa del período de los alcaldes y gobernadores, sin importar la categoría de la entidad territorial - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente || Así mismo, aduce que los apartes demandados desconocen lo dicho en la Sentencia C-346 de 2017 sobre el artículo 27, numeral 6º de la Ley 1508 de 2012, según la cual la prohibición general de suscribir contratos de asociación público privadas durante el último año de gobierno no violaba los principios de autonomía territorial y el voto programático, pues tal prohibición buscaba proteger los mencionados principios constitucionales y la facultad de autogobierno de los mandatarios de las entidades territoriales. || En cualquier caso, cuando las vigencias futuras correspondan a proyectos de Asociación Público Privada a cargo del Distrito Capital, de los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales de departamento y de los departamentos de categoría especial, y/o sus entidades descentralizadas, estas podrán ser aprobadas en el último año de gobierno y hasta por el plazo de duración del proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites y requisitos dispuestos en este artículo, incluyendo lo relacionado con la aprobación previa de riesgos y pasivos contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público".] - [Palabras claves: ley, gobierno, último, vigencias, contratos, norma, demanda, sentencia, normas, disposiciones, año, efectos, voto, territoriales, cargo]

Las restituciones a que haya lugar en los casos en que se declare la nulidad absoluta de un contrato de APP o de concesión de infraestructura para el transporte se regirán bajo la regla de la protección de la buena fe, y por lo tanto, deben dirigirse primordialmente a satisfacer el pago de las deudas que el proyecto haya adquirido con terceros de buena fe. A contrario sensu, cuando esté demostrado que el contratista, así como sus miembros y socios, o terceros aparentes (para lo cual la autoridad competente podrá recurrir al levantamiento del velo corporativo) hayan actuado dolosamente, de mala fe o con conocimiento de la ilicitud que dio lugar a la nulidad absoluta del contrato, ellos no podrán ser objeto de reconocimientos a título de restituciones. \ Ley 1882 de 2018 "por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones"; Art. 20 Pars. 1 y 2 (Mod. Art. 32 Ley 1508 de 2012) : Respecto del numeral 4. del parágrafo 1., la Corte Constitucional consideró que la expresión que establecía el pago de cláusulas penales o sanciones por la terminación anticipada del contrato, que el contratista haya pactado o no con el sector financiero, no tiene ninguna justificación frente a la protección del interés público y por lo tanto debía ser declarada inexequible. \ Condiciona el Inciso 1º. Del Par. 1, en el entendido de que los reconocimientos a título de restituciones estarán dirigidos al pago del pasivo externo del proyecto con terceros de buena fe. Con el remanente, se podrán reconocer restituciones a favor del contratista, o el integrante o socio de la parte contratista, en los casos en que no esté probado que actuó mediante una conducta dolosa en la comisión de un delito o de una infracción administrativa, dando lugar a la nulidad del contrato por objeto o causa ilícitos, o que participó en la celebración del contrato a sabiendas de tal ilicitud.\ Inexequible la expresión "salvo que se trate de aquellos asociados a los contratos de crédito, leasing financiero o a la terminación de los contratos de derivados de cobertura financiera del proyecto" contenida en el Num. 4 del Inc. 2º. \Inexequibles los incisos 2, 3 y 4 del Par. 2 - [Resumen automatizado: Con fundamento en lo expuesto, llegó a varias conclusiones dentro de las cuales es preciso destacar que: (i) No deberían poderse pagar obligaciones dinerarias derivadas de contratos declarados nulos absolutamente y/o terminados unilateralmente por causa u objeto ilícito, pues ello afectaría al tesoro público y se violaría el Artículo 34 de la Constitución, “en el valor y principio ético constitucional de los bienes jurídicos tutelados de la moral social y del patrimonio del Estado”; (ii) La norma tiene como efecto trasladar el pago de compensaciones ilícitas a los particulares, por vía de tributación, lo que sería contrario al derecho de los ciudadanos contribuyentes a cargas públicas justas; (iii) “Las personas jurídicas o naturales involucradas en actividades ilícitas por dolo, culpa o indebida diligencia, que no puedan probar su buena fe exenta de culpa o que se establezca judicialmente, este tipo de conductas, no tienen un derecho civil con título jurídico protegido como lo exige el Artículo 58 de la Constitución”; (iv) Así como el Estado tiene la facultad de extinguir el dominio de bienes relacionados con la figura del enriquecimiento ilícito en asuntos penales, civiles o comerciales, también lo tiene para lograr el pago de los dineros que no han perdido su carácter de públicos; (v) La Corte Constitucional debería conminar al Congreso de la República a realizar un estudio más “serio” de los proyectos de ley que tramita, en virtud de lo consagrado en el Artículo 150 párrafo final del numeral 25; y (vi) Se debe revisar el procedimiento formal de aprobación del artículo demandado, pues en el último debate fue que se incluyó dicha norma acusada, configurándose un vicio de procedimiento de formación del referido artículo.] - [Palabras claves: contrato, corte, nulidad, ley, público, contratos, norma, interés, objeto, parte, parágrafo, fe, general]; Art. 20 Pars. 1 y 2 (Mod. Art. 32 Ley 1508 de 2012) : Respecto del numeral 4. del parágrafo 1., la Corte Constitucional consideró que la expresión que establecía el pago de cláusulas penales o sanciones por la terminación anticipada del contrato, que el contratista haya pactado o no con el sector financiero, no tiene ninguna justificación frente a la protección del interés público y por lo tanto debía ser declarada inexequible. \ Condiciona el Inciso 1º. Del Par. 1, en el entendido de que los reconocimientos a título de restituciones estarán dirigidos al pago del pasivo externo del proyecto con terceros de buena fe. Con el remanente, se podrán reconocer restituciones a favor del contratista, o el integrante o socio de la parte contratista, en los casos en que no esté probado que actuó mediante una conducta dolosa en la comisión de un delito o de una infracción administrativa, dando lugar a la nulidad del contrato por objeto o causa ilícitos, o que participó en la celebración del contrato a sabiendas de tal ilicitud.\ Inexequible la expresión "salvo que se trate de aquellos asociados a los contratos de crédito, leasing financiero o a la terminación de los contratos de derivados de cobertura financiera del proyecto" contenida en el Num. 4 del Inc. 2º. \Inexequibles los incisos 2, 3 y 4 del Par. 2

INEXEQUIBLE la expresión demandada "del orden nacional", contenida en el parágrafo 4º del artículo 37 de la Ley 1753 de 2015, donde se considera que sólo las entidades del orden nacional pueden reconocer derechos reales sobre inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto, como componente de la retribución al inversionista privado, por desconocer la autonomía que tienen las entidades territoriales para administrar sus recursos fiscales \ Prohibir a los mandatarios locales la celebración de contratos de Asociación Público Privadas durante el último año de gobierno no atenta con la capacidad de autogestión de la que son titulares los alcaldes y gobernadores. Ley 1508 de 2012, "por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones"; Art. 27 Num. 6 : Exequible. Art. 5 la expresión "del orden nacional" (Mod por el artículo 37 de la Ley 1753 de 2015) : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: PREVISION LEGAL CONTENIDA EN REGIMEN JURIDICO DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS QUE PROHIBE CELEBRACION DE CONTRATOS DE APP EN ULTIMO AÑO DE GOBIERNO DEL MANDATARIO LOCAL-No vulnera las normas constitucionales que establecen la autonomía de las entidades territoriales para gobernarse por sus autoridades propias, ejercer las competencias y gestionar sus propios asuntos/AUTORIZACION A LAS ENTIDADES DEL “ORDEN NACIONAL” PARA TRANSFERIR EL DERECHO REAL DE DOMINIO SOBRE RECURSOS PROPIOS COMO RETRIBUCION AL CONTRATISTA-Excluye sin justificación válida a las entidades territoriales de la posibilidad de decidir sobre la enajenación de bienes que les son propios, para efectos de la retribución a favor del inversionista privado en las APP || La Corte considera que conforme a la demanda, las intervenciones y el concepto del Ministerio Público, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿La previsión legal que prohíbe la celebración de contratos de APP en el último año de gobierno del mandatario local, vulnera las normas constitucionales que establecen la autonomía de las entidades territoriales para gobernarse por sus autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan y gestionar sus propios asuntos?] - [Palabras claves: entidades, territoriales, recursos, ley, autonomía, año, gobierno, contratos, último, normas, en]; Art. 27 Num. 6 : Exequible. Art. 5 la expresión "del orden nacional" (Mod por el artículo 37 de la Ley 1753 de 2015) : INEXEQUIBLE

¿La posibilidad otorgada al originador de una iniciativa privada de APP que no demanda desembolso de recursos públicos de mejorar la oferta cuando aquella no obtuvo la mejor calificación, constituye una violación al derecho a la igualdad? Teniendo en cuenta el contenido y finalidades del inciso, se observó que el originador no se halla en la misma situación de los terceros que manifiestan su interés en ejecutar el proyecto que el primero ha contribuido a estructurar y que se pretende desarrollar mediante la modalidad de APP de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos. Asume los costos y riesgos, y realiza las labores necesarias para la estructuración del proyecto en las etapas de prefactibilidad y factibilidad. Esto supone actividades tales como: identificación y descripción de la necesidad que se debe satisfacer, definición de la población que resultará beneficiada, realización de estudios de demanda, estructuración del plan de inversiones, cálculo de los costos estimados, señalamiento de las posibles fuentes de financiación, elaboración de diseños y estudios previos -en materia de suelos, títulos de propiedad, etc.-, identificación de actores financieros, operativos y administrativos involucrados, establecimiento de factores que pueden afectar la normal ejecución del proyecto, proposición de esquemas de distribución de riesgos, entre muchas otras. En vista de que en este caso los grupos a los que se dispensa un trato diferenciado no son efectivamente comparables, se concluyó que la medida demandada no lesiona el principio de igualdad. Ley 1508 de 2012, "por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones"; Art. 20 Inciso 3º. : Exequible - [Resumen automatizado: Ciertamente, de la demanda se deducen los elementos para configurar un cargo claro, cierto, específico, pertinente y suficiente de violación de este principio[2]; las premisas de este cargo son: (i) todos los proponentes que participan en la selección abreviada para adjudicar un contrato de APP de iniciativa privada deben recibir el mismo tratamiento, teniendo como criterio de comparación el ser proponentes de un proceso de selección de contratistas de una entidad estatal; (ii) el inciso acusado no otorga un tratamiento igual a todos los proponentes, sino que crea una ventaja a favor del proponente originador del proyecto; (iii) ese tratamiento diferenciado no tiene justificación, con mayor razón si se tiene en cuenta que el originador tiene de hecho una mejor posición debido al conocimiento previo que ha adquirido sobre el proyecto que se busca ejecutar.] - [Palabras claves: proyecto, igualdad, infraestructura, inciso, selección, debe, ley, proyectos, proceso, contrato, principio, iniciativa, entidad, si, estatal]; Art. 20 Inciso 3º. : Exequible