¿La entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de la comunidad demandante porque no se respetaron las dimensiones de la justicia ambiental (distributiva y participativa) en el trámite de licenciamiento de la ampliación de la estación compresora de gas de Hatonuevo, pues no se establecieron medidas de compensación sociales adecuadas y no se efectuó la consulta previa respectiva? Principio constitucional de diversidad étnica y cultural y justicia ambiental. La Sala estima que el Ministerio del Interior desconoció la dimensión participativa de la justicia ambiental en relación con la comunidad indígena actora, ya que a pesar de que en ocasiones pasadas había determinado que era necesaria la consulta previa para garantizar los intereses de dicho grupo étnico y había dispuesto que se realizaran los procedimientos correspondientes, para la ampliación del año 2009, sin mayores elementos de juicio más allá del hecho de que no se traslapaba el predio donde se remodelaría la estación y el territorio indígena , estimó que no era necesario consultar al resguardo, lo cual desconoce la protección especial constitucional que tienen la población indígena - [Resumen automatizado: El 30 de marzo de 2016[12], a través de apoderado[13], José Agustín Pushaina, en su calidad de autoridad tradicional de la comunidad Guamachito del Resguardo Indígena Wayuu Lomamato, interpuso acción de tutela contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. TGI-, al considerar vulnerados los derechos fundamentales de su grupo étnico a la consulta previa, al debido proceso administrativo, al medio ambiente y a la igualdad con ocasión de la ampliación de la estación compresora de gas de Hatonuevo[14]. || Por lo anterior, el actor solicitó que: (i) se protejan los derechos fundamentales de su grupo étnico a la consulta previa, al debido proceso administrativo, al medio ambiente y a la igualdad; (ii) se ordene al Ministerio del Interior que coordine el procedimiento de consulta previa con la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. TGI- con ocasión de la ampliación de la estación compresora de gas de Hatonuevo; y (iii) se disponga que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspenda la licencia otorgada mientras se garantiza la prerrogativa de su comunidad a la participación y se superan las irregularidades en la operación del proyecto.] - [Palabras claves: ambiental, ampliación, comunidad, previa, proyecto, gas, participación, derecho, comunidades, consulta, ministerio, indígenas, obra, licencia, ambientales]

¿La entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso administrativo y de petición del grupo étnico accionante al no responder oportunamente la solicitud de verificación de la posible afectación del territorio raizal con ocasión de la construcción del proyecto "Oleoducto al Pacífico", y negándola, posteriormente, argumentando que la visita ya se efectuó? La Corte considera que el Ministerio del Interior vulneró el derecho de petición de la comunidad Guatavita Tua y de contera sus prerrogativas a la consulta previa y al debido proceso administrativo, pues al no dar una respuesta completa a las pretensiones agotó la vía administrativa con la que contaba el grupo étnico para procurar sus intereses colectivos, impidiendo un dialogo entre el Estado y el resguardo, así como dejando en suspenso una verificación necesaria que puede originar una futura controversia que no sólo afecte las prerrogativas de los comuneros sino también la confianza legítima de la sociedad Oleoducto al Pacífico en caso de que la jurisdicción encuentre que el proyecto, una vez licenciado por la autoridad ambiental respectiva, se traslapa con los linderos del territorio indígena - [Resumen automatizado: El 9 de abril de 2014, con el objetivo de determinar si hay lugar a efectuar procesos de consulta previa con comunidades, la empresa Oleoducto al Pacífico S.A.S. le solicitó al Ministerio del Interior que certificara la presencia de grupos étnicos en el área de influencia del tramo PK295+114-PK536+928 del proyecto “Oleoducto al Pacífico”[1], cuyo objeto, una vez aprobada la licencia ambiental respectiva, será la construcción de un ducto con una longitud aproximada de 805 kilómetros de largo, que permitirá trasportar crudo pesado desde los llanos orientales (Departamento del Meta) hasta el puerto de Buenaventura (Departamento del Valle del Cauca), pasando, entre otros, por los municipios de Saldaña, Coyaima, Ortega, Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Purificación (Departamento del Tolima). || A través de Sentencia del 15 de octubre de 2015[23], la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué denegó por improcedente la protección deprecada, argumentando que ya se le dio respuesta a la petición presentada por el actor y que si no está de acuerdo con el sentido de la misma puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar su suspensión, así como la nulidad de los demás actos expedidos con ocasión del proceso de consulta previa adelantado para la construcción del oleoducto, y de paso obtener el resarcimiento de los presuntos daños causados, máxime cuando no probó la configuración de un perjuicio irremediable en relación con los derechos de la comunidad.] - [Palabras claves: derecho, consulta, interior, tutela, previa, corte, comunidades, indígenas, proceso, ministerio, comunidad, derechos, petición]

¿Existe vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Media Luna Dos, por la ampliación del proyecto Puerto Bolívar que se llevará a cabo por la empresa del Cerrejón, quien argumenta que, conforme a certificación emitida por la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en el área de influencia directa no existe presencia de comunidades étnicas? (i) La consulta previa es obligatoria cuando se pretendan implementar medidas que sean susceptibles de afectar directamente a las comunidades. Esta afectación (ii) se puede dar por muchas razones, de manera que la lesión al territorio entendido como espacio físico en el que se asientan las comunidades, es tan solo una de las hipótesis definidas por la Corte. Entre otras razones, (iii) porque el concepto del territorio no es geográfico sino cultural. Por tanto y a partir de lo anterior, (iv) el certificado que emite la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior es un documento que ayuda, pero no define cuándo debe hacerse la consulta pues el análisis se debe hacer conforme al Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de esta Corte - [Resumen automatizado: En ese orden de ideas, la Sala Novena de Revisión debe resolver la siguiente cuestión: como primera medida, debe determinar si existe afectación directa de los derechos étnicos y culturales de la comunidad Media Luna Dos por las actuaciones que la empresa el Cerrejón ha desarrollado en la explotación de carbón en la guajira y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, debe resolver si existe vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Media Luna Dos, por la ampliación del proyecto Puerto Bolívar que se llevará a cabo por la empresa del Cerrejón, quien argumenta que, conforme a certificación emitida por la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en el área de influencia directa no existe presencia de comunidades étnicas. || Los accionantes, integrantes de la comunidad indígena Venado, perteneciente al pueblo Zenú, interpusieron acción de tutela por considerar que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, la participación y la consulta previa, la propiedad colectiva y el derecho a no ser desplazados de sus territorios, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, la salud y el ambiente sano, todos ellos en conexidad con el derecho a la vida, como consecuencia de la omisión de consultarlos antes de iniciar la construcción del relleno sanitario de Cantagallo y de los impactos ambientales y sociales que se han generado a raíz de la ejecución de dicho proyecto.] - [Palabras claves: comunidades, consulta, pueblos, derecho, comunidad, proyecto, derechos, indígenas, corte, ministerio, directa, territorio]

¿El Ministerio del Interior quebrantó el derecho a la consulta previa de las parcialidades indígenas al certificar que no había presencia de comunidades tribales en el área de influencia de la construcción de la segunda calzada de una carretera porque no tuvo en cuenta parámetros que evaluaran el impacto espiritual y ritual del proyecto en los cerros de Sierra Flor, una visión amplia del territorio de las comunidades étnicas diferenciadas y los diversos informes de otras autoridades sobre las denuncias de la comunidad en relación con los efectos negativos que causaría la obra? una medida debe ser sometida a consulta cuando afecta de manera directa a una comunidad indígena o tribal. Ello ocurre en el evento en que el programa, meta o plan: i) interfiere cualquier derecho de la colectividad; ii) establece una diferencia del grupo étnicamente diverso frente a la demás población; iii) desarrolla el Convenio 169, iv) atribuye una carga o beneficio a la parcialidad; y v) modifica la situación de la comunidad o su posición jurídica - [Resumen automatizado: El 16 de junio de 2015, los señores Félix Paternina Romero, Luis Rafael Martínez Martínez, Arelis del Carmen Álvarez Camargo, Jorge Eliécer López Bettín, José del Tránsito Bettín Ozuna, Rafael Antonio Álvarez Arroyo y Luis Francisco Atencia Parra en calidad de representantes de las parcialidades indígenas Maisheshe La Chivera, Flores de Chinchelejo, Tatachio Mirabel, Mateo Pérez, Sabanalarga Palito y Lomas de Palito formularon acción de tutela contra la ANLA, el Ministerio del Interior, la ANI y la A.S S.A.S, porque vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso y de la consulta previa, al iniciar la construcción de la doble calzada Sincelejo-Toluviejo sin que se hubiese concertado con la comunidad.] - [Palabras claves: consulta, comunidades, indígenas, derecho, comunidad, construcción, previa, ministerio, proyecto, derechos, tutela]

¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de una comunidad indígena debido a que omitieron su obligación de adelantar el proceso de consulta previa, a pesar de que se interpusieron derechos de petición para que fueran incluidos en el mismo, por encontrarse su territorio dentro del área de influencia de un proyecto para transporte de hidrocarburos por ductos? Para la Corte las autoridades accionadas no vulneraron el derecho de consulta previa de la comunidad indígena demandante, por no existir traslape entre el área de ese resguardo y el área de influencia directa del oleoducto del Pacífico. Igualmente considera, que la entidad gubernamental si trasgredió el derecho de petición, porque dio respuesta a la solicitud formulada por el actor, más de tres meses después de que fuera presentada. No obstante lo anterior, concluye que en este aspecto se presentó una carencia actual de objeto, en tanto la entidad dio respuesta durante el trámite de revisión de la tutela - [Resumen automatizado: Por medio de oficio OFI-15-000012526 del 24 de abril de 2015, el Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior dio respuesta a la petición de Oleoducto al Pacífico S.A.S. La entidad afirmó que resultaba inocua la expedición de un nuevo acto administrativo de certificación, por cuanto los resultados de la visita al área de influencia del Proyecto OAP, incorporados al informe técnico del 13 de junio de 2014, arrojaron como resultado la presencia de las 8 comunidades étnicas antes mencionadas, dentro de las cuales no se encontraba el resguardo indígena Santa Marta Palmar. || En caso de ser procedente, la Sala abordará los siguientes asuntos: (i) el contenido y alcance del derecho fundamental a la consulta previa; (ii) la relación entre afectación directa y área de influencia directa; (iii) derechos territoriales de las comunidades étnicas frente a la afectación directa y deberes correlativos del Estado; (iv) reiteración de jurisprudencia sobre el derecho de petición; y (v) la carencia actual de objeto por hecho superado en la jurisprudencia de la Corte.] - [Palabras claves: influencia, comunidades, proyecto, área, directa, consulta, comunidad, tutela, derecho, previa, presencia, indígena]

¿Las autoridades vulneraron los derechos fundamentales de una comunidad, con ocasión de la afectación directa que padecen por la construcción y operación de un gasoducto sin adelantar el proceso de consulta con los miembros del Consejo Comunitario de las comunidades negras afectadas? Al adoptar la construcción y operación del Gasoducto sin previamente adelantar el proceso de consulta previa con el Consejo Comunitario de Pasacaballo, se desconocieron los intereses de una comunidad que posee una cultura construida en torno a la pesca y la agricultura, y que viene utilizando tradicionalmente varios espacios afectados por la tubería en actividades asociadas a sus tradiciones ancestrales, como grupo afrocolombiano. Además, esa decisión limita el acceso a recursos necesarios para la subsistencia de la comunidad e implica una limitación material sobre el ejercicio de los derechos al trabajo y a la libertad de ejercer profesión u oficio - [Resumen automatizado: Es claro que los procesos consultivos son un escenario esencial para asegurar la pervivencia física y la protección de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas y tribales, por lo cual la Corte desde sus primeras sentencias, ha reconocido la competencia del juez de tutela para proteger sus derechos fundamentales e impartir las órdenes que aseguren que estas sean informadas oportunamente sobre los proyectos que impacten sobre sus territorios o sus formas de vida y para que cuenten con la oportunidad de evaluar y de incidir en la reformulación de la decisión de que se trate. || Los miembros del Consejo Comunitario de Ma-Majari del Níspero, el Consejo Comunitario de Flamenco y la Asociación de Pescadores y Agricultores Artesanales de Pasacaballo (Agropez) interpusieron acción de tutela en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique); las alcaldías de Cartagena, María la Baja, Arjona, San Onofre, San Pedro Sucre, San Juan de Betulia, Corozal, Morroa, Sincelejo, Tolú Viejo, Turbana y Ovejas, las Gobernaciones de Bolívar y Sucre, la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) y Promigas S.A. E.S.P. por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la integridad social, cultural y económica, a la participación democrática, a la consulta previa, a la existencia y al debido proceso, según los siguientes: ] - [Palabras claves: comunidades, comunidad, derechos, consulta, consejo, proyecto, indígenas, previa, pueblos, proceso, en, territorio, derecho, tutela]

¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de las comunidades indígenas cercanas a una represa al haber omitido la realización de una consulta previa antes de la ejecución del proyecto Central Hidroeléctrica? Concede - conforme el Decreto 1320 de 1998 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el caso de un proyecto de exploración o explotación de recursos naturales que generan una afectación directa o indirecta, como requisito sine qua non, se debe consultar a las comunidades indígenas y afrodescendientes antes de expedirse una licencia ambiental . Por ende, en estos casos, la consulta previa resulta ser un requisito previo sin el cual no puede la autoridad estatal competente emitir autorización alguna para la realización del proyecto. La razón de ello es la protección especial a la diversidad cultural e identidad de las comunidades dispuesta en la Constitución Política. la consulta previa debe realizarse, ya no sobre la ejecución del proyecto, pues la represa ya está en funcionamiento hace más de 25 años, sino respecto del Plan de Manejo Ambiental, decisión que afecta directamente los intereses de las comunidades indígenas actoras asentadas en la zona de influencia del proyecto. La necesidad de realizar esta consulta se fundamenta en que sirve de escenario para formular diagnósticos de impacto, identificar aquellas afectaciones que fueron imprevisibles a la hora de ejecutar la obra y establecer las medidas de compensación, corrección y mitigación más acordes con los intereses de las comunidades - [Resumen automatizado: La Sala debe establecer si la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Sociedad Celsia S.A., la Empresa de Energía del Pacífico EPSA- y las demás entidades demandadas y vinculadas, vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la diversidad cultural y étnica (artículo 7 C.P.), a la educación (artículos 10, 67 y 68 C.P.), y a la protección especial de los menores de edad (artículo 44 C.P), de las comunidades indígenas cercanas a la represa la Salvajina, específicamente los resguardos de Honduras y Cerro Tijeras, a) al haber omitido la realización de una consulta previa antes de la ejecución del proyecto "Central Hidroeléctrica Salvajina" y b) dado el presunto incumplimiento de los acuerdos celebrados y consignados en el "Acta 86", suscrita en el momento de la construcción de la represa por el Gobierno Nacional, incumplimiento que se alega ha sido agravado por el abandono estatal en el que se encuentran las comunidades indígenas.] - [Palabras claves: comunidades, indígenas, derecho, derechos, recursos, participación, proyecto, consulta, ambiental, corte, construcción, previa, ministerio]

¿Se vulneran los derechos fundamentales de los accionantes cuando el ejecutor de un proyecto no convoca específicamente a todas las comunidades potencialmente afectadas sino que informa de manera genérica a las comunidades presentes en un determinado corregimiento y porque las comunidades afectadas no cuentan con el servicio de alcantarillado? Las comunidades demandantes no participaron en la decisión de construir "El Emisario", ni en ninguna otras de las decisiones relacionadas con la distribución de riesgos y cargas ambientales que han tenido que soportar en virtud de dicha obra. La falta de alcantarillado no sólo afecta el derecho a la salud de los miembros de la comunidad, sino que también impide el goce efectivo de su derecho fundamental al territorio, en la media en que la disposición de aguas residuales desde las residencias suscita conflictos entre sus miembros, afecta el tejido social y, desde esta perspectiva, desconoce las comunidades negras como sujetos colectivos - [Resumen automatizado: Según el informe “En el contenido de éstas se expresa una alta demanda de parte de los miembros de las familias visitadas, frente a la urgente resolución del problema que tienen con las aguas servidas, por lo tanto solicitan de las autoridades competentes la adecuación prioritaria de la red de alcantarillado, en orden a superar las afectaciones que padecen por su carencia.” Así mismo, el informe se refiere a las repercusiones que tiene la falta de alcantarillado para la salud de las personas de las comunidades de la siguiente manera: “De acuerdo con los testimonios rendidos ante los profesionales de la Defensoría (ver videos anexos) es innegable para esta Institución que, el derecho a la salud se encuentra significativamente vulnerado, en particular en la población infantil y los jóvenes de la comunidad.” Y posteriormente agrega: “resulta de primer orden la atención a la delicada situación de salud de los niños, niñas, jóvenes que están afectados no sólo por la afectación de este derecho (la salud), sino también en el de educación”. || Por otra parte, el gerente general de la empresa demandada alega que la tutela no es procedente para proteger su derecho a la consulta previa, entre otras razones, porque los demandantes alegan su vulneración más de diez años después de ocurrida la consulta con las demás comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto.] - [Palabras claves: comunidades, consulta, previa, proyecto, derecho, parte, comunidad, derechos, cartagena, empresa, demandantes, corte, negras, obra]

¿Se amenaza el derecho a la consulta previa de una comunidad afro descendiente, que se encuentra en el área de influencia de una carretera que se construirá, cuando pese a que el trazado ya ha sido definido, no se le ha consultado previamente? Concede - Cuando el diseño y construcción de una carretera se encuentren en el área de influencia de un pueblo indígena o de una comunidad afrodescendiente, se debe realizar el proceso de consulta previa y suspender su construcción hasta tanto que ésta se realice. A diferencia de lo que sostiene el consorcio, no es necesario que existan territorios colectivos afectados por una obra de infraestructura, para que surja el deber de consultar. De conformidad con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, los Estados como Colombia deben "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente". Una de las medidas que los pueden afectar es la construcción de obras de infraestructura en su ámbito territorial. La selección de empresas para que presenten sus ofertas para la construcción del proyecto de concesión vial demuestra que el proyecto de construcción de la vía continúa su curso. La finalidad del derecho a la consulta previa, es entrar en un proceso de diálogo y concertación, que permita llegar a acuerdos antes de que se realice, en este caso, la obra, porque de lo contrario se impediría que se lleguen a fórmulas de concertación entre los afectados y las entidades involucradas. Para garantizar el carácter previo de la consulta ésta debe realizarse antes de que se inicie la construcción de la carretera - [Resumen automatizado: Los miembros directivos del Consejo Comunitario de Mulaló, ubicado en el corregimiento de Mulaló del municipio de Yumbo, Valle, interpusieron acción de tutela contra el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Consorcio D.I.S. S.A- EDL LTDA, por violación de los derechos al debido proceso administrativo, a la libre determinación, a la consulta previa, a la participación y a la integridad cultural. || En el presente caso no se puede considerar que el Consejo Comunitario de Mulaló interpuso la acción de tutela luego de cuatro (4) años, desde que se inició el proyecto, porque la comunidad ha presentado múltiples solicitudes a las autoridades nacionales para que se respete su derecho a la consulta, incluso presentó una acción popular, el dieciocho (18) de diciembre de 2009.[40] Esta acción fue decidida el veintiuno (21) de octubre de 2011, por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, así que una vez conoció la decisión de la justicia contenciosa procedió a presentar la tutela.] - [Palabras claves: consulta, ministerio, proyecto, previa, consejo, derecho, tutela, pueblos, interior, acción, área]

¿Las entidades demandadas vulneraron el derecho fundamental a la consulta previa de una comunidad indígena al no realizarla y otorgar licencia para construir una carretera en territorios habitados por esta comunidad ancestral argumentando que en dichos predios no se evidenciaba la presencia de comunidades indígenas?Concede. La obligación de realizar consulta previa se predica tanto de comunidades étnicas ubicadas en zonas tituladas como no tituladas pero habitadas de manera permanente por las mismas; que es la presencia física de las comunidades étnicas en la zona de influencia, y no su constitución formal como resguardo o consejo comunitario o su inscripción mediante resolución, la que determina la obligación de la consulta previa; y que aún en el evento en que no se haya certificado la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia de un proyecto, si durante la realización del estudio se constata la presencia de las mismas, debe garantizarse su derecho a ser consultadas. En lo concerniente al ámbito temático de la consulta previa ha precisado la Corte que ésta se debe llevar a cabo respecto de cualquier aspecto que afecte directamente a la comunidad étnica, como quiera que el Convenio 169 de OIT amplió el espectro de la consulta previa a toda medida susceptible de afectar directamente a las comunidades étnicas. La jurisprudencia constitucional también ha sido enfática en afirmar que la obligación de adelantar la consulta previa no surge frente a toda medida administrativa o legislativa que sea susceptible de afectar a las comunidades étnicas, sino sólo frente a aquellas que puedan afectarlas directamente - [Resumen automatizado: La Coordinadora del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia, dio respuesta al derecho de petición mediante escrito del 24 de septiembre de 2010, indicando que había solicitado al INCO información sobre el proyecto de construcción de la variante el Guamo de la vía Panamericana en la vereda La Luisa, sector La Guaca, municipio del Guamo, departamento del Tolima, y que una vez reciba la información requerida, procedería a adelantar las acciones a que haya lugar en cumplimiento de los artículos 6, 7, 93, 94 y 330 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991 que aprueba el Convenio 169 de la OIT, “en donde se establece realizar consulta previa a los grupos étnicos cuando se pretende realizar obras o actividades en sus territorios, con el fin de buscar una concertación que permita el desarrollo del proyecto sin menoscabar la integridad y cultura de las comunidades étnicas.”[7]] - [Palabras claves: comunidades, ambiental, ministerio, consulta, previa, proyecto, indígenas, derecho, licencia, indígena, comunidad]