¿Las entidades accionadas comprometieron el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas "La Laguna Siberia" y "Las Mercedes", al no haber certificado su presencia en la zona de influencia del proyecto y, en consecuencia, no desarrollar el proceso de participación étnico, cuando existen elementos que dan cuenta de cierta proximidad de las comunidades al plan de intervención vial y de posibles impactos en el territorio ocupado por ellas? La Sala encontró que el Ministerio del Interior lesionó el debido proceso de estas comunidades, para llegar a esa conclusión, analizó la certificación N°018 de 2017 y encontró que la misma se había dado, en razón de la duda sobre la existencia de un territorio ancestral en el que el proyecto vial podía tener incidencia. No obstante lo anterior, no se buscó la cooperación de las comunidades indígenas de la zona, no se les convocó a participar y el trámite de verificación de la presencia de comunidades indígenas por consultar en el marco de la UF3 del proyecto "Segunda Calzada Popayán-Santander de Quilichao", se llevó a cabo sin el rigor de ese tipo de procedimientos. Además, dicha certificación se expidió sin suficiente motivación, al punto en que la conclusión conforme la cual se descartó la presencia de comunidades indígenas por consultar, no tiene sustento jurídico ni fáctico. En lo que respecta a la existencia de una afectación directa sobre las comunidades accionantes, la Sala enfatizó en que, si bien la Defensoría del Pueblo constató cierta proximidad de los miembros de dichos grupos con la Vía Panamericana, la falta de información sobre el proyecto impide que los miembros de la comunidad y, a través de ellos la Defensoría y esta Corporación, se hagan una idea cierta del impacto del mismo. Como consecuencia de lo anterior, la Sala no encontró elementos de juicio contundentes para identificar una afectación directa en la dinámica de las comunidades accionantes. Por lo tanto, no protegerá el derecho a la consulta previa en forma directa, sino que lo hará a través de la protección al debido proceso, en el sentido ya referido en los fundamentos jurídicos anteriores - [Resumen automatizado: Las comunidades “La Laguna Siberia” y “Las Mercedes” promovieron acción de tutela en contra del Ministerio del Interior, de Transporte, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de Nuevo Cauca S.A.S., a quienes acusan de afectar su derecho a la consulta previa al haber desarrollado el proyecto vial "Segunda Calzada Popayán-Santander de Quilichao" y, concretamente, su Unidad Funcional 3 (en adelante, UF3), sin su participación. || Ambos solicitaron la protección a su derecho a la consulta previa y, para ello, en relación con la Unidad Funcional 3 del proyecto vial "Segunda Calzada Popayán - Santander de Quilichao" le pidieron al juez ordenarle (i) al Ministerio del Interior, certificar la presencia de sus resguardos en ella; (ii) al Ministerio de Transporte, abstenerse de ejecutar cualquier obra hasta tanto se surta el proceso de consulta previa; (iii) a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), adelantar el proceso de consulta previa y abstenerse de ejecutar el contrato N°011 de 2015, hasta que la consulta previa se surta; (iv) a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), no emitir la licencia ambiental en relación con dicha unidad funcional; y (v) a Nuevo Cauca S.A.S., abstenerse de desarrollar la UF3 hasta que las comunidades sean consultadas.] - [Palabras claves: comunidades, proyecto, consulta, previa, ministerio, indígenas, certificación, relación, proceso, derecho, tutela, la, comunidad, interior]

Vulneración del derecho fundamental a la consulta previa. Se precisó que la consulta previa es un derecho fundamental, en tanto garantiza la participación de un colectivo que ha sido históricamente discriminado y, además, asegura la protección de la cultura nacional. Adicionalmente, puntualizó que la consulta debe ser flexible, en tanto resulta preciso que se adecúe a las necesidades y particularidades de cada caso. La Corte enfatizó que ese compromiso se encuentra condicionado por la concurrencia de una afectación directa en el desarrollo de la comunidad. De ahí, que la consulta previa no se encuentre ligada únicamente a la explotación de los recursos naturales en el territorio tribal, sino a la realización de cualquier tipo de medida que pueda perturbar el curso normal de vida de esas comunidades. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales tienen un derecho fundamental a la consulta previa. A partir de él se derivan una serie de obligaciones y etapas que aseguran la efectividad real de la garantía y, por lo tanto, resultan de obligatorio acatamiento. En tal sentido, la infracción de alguno de los parámetros o compromisos que reglamentan esta facultad, supone el desconocimiento del derecho en sí mismo. A partir de lo anterior, esta Corte puede concluir que (i) el cumplimiento de los acuerdos del proceso de consulta previa forma parte esencial del derecho fundamental, y, además, que (ii) al juez de tutela le corresponde la responsabilidad de verificar la inobservancia de las obligaciones pactadas y adoptar las medidas necesarias para atender esa situación. - [Resumen automatizado: A partir de lo anterior, esta Corte puede concluir que (i) el cumplimiento de los acuerdos del proceso de consulta previa forma parte esencial del derecho fundamental, y, además, que (ii) al juez de tutela le corresponde la responsabilidad de verificar la inobservancia de las obligaciones pactadas y adoptar las medidas necesarias para atender esa situación. || Ahora bien, en el caso objeto de revisión se persigue la protección de los derechos fundamentales del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Tafetanes, puesto que, al parecer, con ocasión de los efectos de la Resolución 9328 de 2007 de Corantioquia se incumplieron las obligaciones contenidas en el proceso de consulta previa celebrado entre esa organización y la Sociedad Desarrollo Vial al Mar S.A.S. || Es decir, la imposibilidad de introducir el cambio normativo pretendido con el proyecto de acuerdo 007 de 2018 no comporta una vulneración del derecho fundamental a la consulta previa del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Tafetanes y, por lo tanto, la Resolución 9328 de 2007 no resulta, en este caso concreto y respecto de ese grupo étnico, contraria a la Constitución.] - [Palabras claves: consulta, previa, tutela, proceso, derechos, comunidades, acción, cumplimiento, acuerdo, número, derecho, comunidad, proyecto, corte]

Derecho fundamental a la consulta previa. Esta Sala debe reiterar la jurisprudencia de esta Corte que ha señalado que no puede escindirse del derecho a la consulta previa el cumplimiento y la implementación de los acuerdos que en ellas se alcancen, así es "obligatorio que con posterioridad al acuerdo de consulta previa se garantice por parte del Estado y del Ejecutor del proyecto, obra o actividad, el cumplimiento de todas las medidas de mitigación, compensación e indemnización concertadas en el acuerdo de consulta previa por los daños causados". A esto no ha sido indiferente el ordenamiento jurídico, en efecto la Directiva Presidencial 10 de 2013, puso en conocimiento del gobierno nacional las fases que debe seguir un proceso de consulta previa, éstas, en términos generales, reproducen lo señalado por la jurisprudencia constitucional en el sentido que la consulta previa consta de varias fases, siendo estas (i) certificación y presencia de comunidades; (ii) coordinación y preparación; (iii) preconsulta; (iv) consulta previa; y (v) seguimiento de los acuerdos, una vez agotadas estas etapas se podrá entonces proceder al "cierre de la consulta previa", así pues, la consulta previa es un proceso complejo, que no sólo se concreta con alcanzar o protocolizar unos acuerdos, sino con el logro de su cabal cumplimiento por parte de las entidades o personas responsables - [Resumen automatizado: Como consecuencia de la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato de Concesión, el 4 de febrero de 2015 en el Cabildo Parcialidad Indígena la Laguna de Pejendino se adelantó una reunión de cierre y seguimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de consulta previa, en el cual participaron la Comunidad representada por el accionante, los responsables del proyecto, así como el Ministerio del Interior Dirección de Consulta Previa, en la cual se señalaron que se encontraban pendientes de cumplir por parte de DEVINAR los siguientes acuerdos: || Finalmente, la ANI manifestó que "el procedimiento de consulta previa se encuentra suspendido", en razón a dos circunstancias : " 1) los compromisos pendientes por cumplir fueron incluidos en el proyecto de estructuración del contrato de concesión de cuarta generación del tramo Pasto Popayán (el cual está en etapa de evaluación) para que a través del concesionario adjudicatario de dicho proyecto, se pueda dar cumplimiento a dichos acuerdos; 2) de conformidad con la naturaleza de la ANI y el objeto para el cual fue creada, debe decirse que al momento de producirse la terminación de mutuo acuerdo del contrato de concesión No. 003 de 2006 con el concesionario DEVINAR, el proyecto vial, esto es, las vías que integraban el corredor vial fueron entregados por parte del concesionario a la ANI y ésta a su vez las entregó al INVIAS, por cuanto al terminar el contrato de concesión, concluye igualmente la competencia que la ANI pudiera tener sobre el contrato y el objeto mismo de este, siendo entonces responsabilidad de INVIAS lo que ocurra en dicho tramo hasta tanto se estructure el contrato de cuarta generación y pueda así, ser reactivado el procedimiento de consulta previa con dicha comunidad"[19].] - [Palabras claves: consulta, acuerdos, previa, cumplimiento, acción, derecho, comunidad, tutela, proyecto, proceso, interior, pendientes, ministerio, sala]

¿Se vulneró el derecho a la consulta previa de las comunidades que integran la Asociación Wayúu Shipia Wayúu, al no ser incorporadas en el proceso adelantado con ocasión del proyecto de exploración marina ejecutado por Ecopetrol? Derecho a la consulta previa. El amparo del derecho fundamental a la consulta previa "no procede de modo genérico, sino ante la comprobación de una afectación negativa directa frente a los sujetos (supuestamente) beneficiarios del Convenio 169 de la OIT", carga que no se acreditó en el asunto bajo examen. Por último, y sin perjuicio del incumplimiento del deber de aportar los elementos de juicio en los términos anteriormente expuestos, es claro que, en este caso, tampoco se está en presencia de un tópico que, por expresa disposición constitucional, deba someterse de forma obligatoria a consulta, como se establece en el parágrafo del artículo 330 de la Constitución - [Resumen automatizado: Oficio del 1º de julio de 2011 de la coordinadora del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia a Ecopetrol, en el que indica, tras una visita al área del proyecto, se registran las siguientes comunidades pertenecientes al Resguardo de la Alta y Media Guajira del pueblo Wayúu: “Oloskot, Calabacito, Atunarai, Churupa, Tapuaja, Alapalen, Casure, Katnillamara, Pasha, Herirapo, Hujulecat 1, Quinewamana, Santana, Neima, Urraichirrapa, Warralakatshi, Otculecat, Montaquer, Poncherramana, Bolombolo, Jetsa, Alesapoule, Huejulecat 2, Girrain, Walikle, Nanashitau, Tapua [y] Pactachon”. || En este documento se indica que, tras una visita de verificación realizada en 2010 por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio Interior en el municipio de Manaure, se constató que en el área del proyecto “Área de perforación exploratoria marina RC9”, se encuentran las siguientes comunidades indígenas Wayúu: “Cangrejito, La Raya, Errapu, Kousepo, Sarrarapa, Nau Nau, Yotojoroin, Simalunachon, Kululatamana, Alitachon, Punta La Vela, Manzana, Ravera, Walitsirra, Mixto Patillal, Popoya Loma, Popoya Playa, Jawapia, Kuskat, Garciamana, Sirruwashi, Mapasirra, Sabanalarga, Pondore, Hurrachikat, Uriakat, Uriakat 2, Waii, Walermana, Warepo, Koushimana, Americas, Riohachamana, Parruluwain, Ampuita, Anuatakat, Chuchupa, Loma Verde, Pajaro Centro, Perrakisimana, San Tropel, Wayakasirra, Kuliruri, Kolonotsirra, Juyatira, Juluwaipa, Atchetkat, Panchomana, Tawaya, Musichi, Jamchekat, y Maracari”, pertenecientes al Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira.] - [Palabras claves: comunidades, consulta, previa, área, proyecto, indígenas, proceso, ministerio, interior, pueblos, derecho]

¿A Los Consejos Comunitarios accionantes les fueron vulnerados los derechos al haberse construido una línea férrea, en cercanía a sus lugares de residencia, para el transporte de carbón, e iniciado construcción de una segunda vía sin que se hubiera llevado a cabo consulta previa por parte de los accionados, supuestamente requerida en este caso? cada vez que se vaya a realizar la ejecución de una obra que implica la intervención de recursos naturales, los agentes responsables deben determinar qué espacios de participación garantizar según los sujetos que vayan a verse afectados; si se trata de comunidades indígenas o afrodescendientes, o si se trata de una comunidad, que a pesar de que no entra en dichas categorías, su subsistencia depende del recurso natural que se pretende intervenir, y en esa medida, también será obligatoria la realización de espacios de participación, información y concertación, que implican el consentimiento libre e informado - [Resumen automatizado: Los accionantes, quienes afirman ser los representantes legales de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal[15], SUTO GENDE ASE NGANDE[16] de Guacamayal, de Prado[17] Sevilla, 16 de Julio[18] de Sevilla, Tucurinca[19], jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación[20] y Algarrobo[21], todos ubicados en el departamento del Magdalena, instauraron acción de tutela en contra de los Ministerios del Interior, Medio Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio y Transporte; de las Agencias Nacionales de Licencias Ambientales e Infraestructura, y de los Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. Fenoco S.A.- y sus socios explotadores del carbón, Drummond, Prodeco (Glencore Xstrata) y Vale, por considerar que están vulnerando sus derechos fundamentales a la consulta previa, a la participación en beneficios de explotación, a la integridad territorial, a la autonomía, a un medio ambiente sano, a la protección especial como grupos vulnerables y a la diversidad étnica y cultural, todo ello, con fundamento en los siguientes:] - [Palabras claves: comunidades, proyecto, derecho, participación, consulta, previa, corte, ministerio, comunidad, respecto, en, derechos, medidas, tal, accionantes]

¿Vulneró la entidad accionada los derechos fundamentales de los accionantes al no haberlos inscrito en el censo de la población afectada por causa de la construcción de la hidroeléctrica cuando alegan que su medio de subsistencia ha desaparecido por culpa de la obra? Concede - Desarrollo y necesidad de protección de los derechos fundamentales de las personas - participación y concertación en el diseño y desarrollo de megaproyectos - construcción de represas- consecuencias en los derechos fundamentales de las personas- No se constata en el presente caso la existencia de un verdadero proceso de participación que diera lugar a que se protegiera tal derecho de los aquí actores ni de un número indeterminado de personas. No puede hablarse de un censo cerrado, concluido y llevado a escritura pública sin violar la participación de las personas impactadas, ya que parte del proceso de participación- dinámico- conlleva la necesidad de poder plantear estas nuevas afectaciones que van surgiendo con el discurrir del tiempo. En lo referente a la elaboración del censo mismo, no considera la Sala que se hayan empleado los medios razonables para que la participación pueda considerarse efectiva. Elaborar unos listados y hacer unas convocatorias por medios, que fue esencialmente lo que se hizo, resulta insuficiente cuando hay muchos intereses de tantas personas de por medio, en especial en sitios rurales donde las comunicaciones muchas veces son precarias. Las reglas que deben observarse al realizar los censos son: solo se podrá requerir de quien solicite ser incluido en dicho censo el cumplimiento de los trámites y requisitos expresamente previstos en la ley o en la licencia ambiental y, en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, a menos que se demuestre lo contrario, las declaraciones y pruebas aportadas por quien considera que deriva afectación de la construcción del proyecto. En este sentido, si la empresa considera que la declaración o la prueba falta a la verdad, debe demostrar que ello es así. Finalmente, exigir que una persona alegue la condición dentro de un término definido en las normas vigentes puede resultar irrazonable o desproporcionado, en atención a las razones que, como se vio en otro pasaje de esta sentencia, la afectación por causa del proyecto puede surgir paulatinamente - [Resumen automatizado: En los siete procesos acumulados por las Salas de Selección de Tutelas de esta Corte, mediante autos de catorce (14), veintiocho (28) de junio, diez (10) y veinticuatro (24) de octubre de 2012, personas dedicadas a diferentes actividades pescadores artesanales, paleros, transportadores de carga y maestros de construcción- en la zona donde se construye por parte de EMGESA S.A. E.S.P. el proyecto de la hidroeléctrica de “El Quimbo”, reclaman la violación de sus derechos fundamentales, en especial al mínimo vital y a la vida digna, por causa de la ejecución de tal obra. || “En consecuencia, en virtud de la obligación constitucional en cabeza del Estado de otorgar especial protección a la población vulnerable, este Ministerio, al momento de determinar las medidas de compensación por el impacto ambiental en el medio social, promoverá la adopción de mecanismos tendientes a mejorar en forma sustancial la calidad de vida de aquellos grupos poblacionales que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad en atención a su condición física o económica. || De acuerdo con los antecedentes descritos la Sala considera que el universo de casos acumulados para decidir mediante la presente sentencia debe ser abordado desde el aspecto relacionado con los derechos fundamentales de las personas afectadas por la construcción del proyecto.] - [Palabras claves: personas, participación, derechos, ambiental, construcción, tutela, proyecto, ministerio, población, actor, proceso, derecho, vida, afectadas, afectados]

¿Son vulnerados los derechos fundamentales de los accionantes por parte de la entidad accionada, la cual esta realizando construcciones en el sitio de trabajo de los accionantes, pescadores por mas de 50 anos han sostenido a su familia con los frutos del mar recogidos en el lugar donde se esta realizando la construcción, al no tenerlos en cuenta para que se de su participación en la concertación previa a la construcción y al no ofrecerles ninguna medida de reparación? Concedida. Derecho a la participación y su protección constitucional. El derecho a la participación de la comunidad en el diseño y ejecución de megaproyectos, es un derecho autónomo que se encuentra reconocido por la Constitución Política y la jurisprudencia de esta Corporación, y adquiere un carácter instrumental en el marco de la ejecución de megaproyectos que implican la intervención del medio ambiente, en la medida en que sirven para realizar diagnósticos de impacto adecuados y diseñar medidas de compensación acordes con las calidades de las comunidades locales que se verán afectadas. En estos casos, la consulta previa resulta ser un requisito previo sin el cual no puede, la autoridad estatal competente, emitir autorización alguna para la realización del proyecto. La razón de ello, es la protección especial a la diversidad cultural e identidad de las comunidades dispuesta en la Constitución Política. Las comunidades de pescadores y todas aquellas que dependen de los recursos del medio ambiente, merecen una especial atención por parte de los Estados, toda vez que son grupos de personas, en su mayoría de bajos ingresos, que con su oficio artesanal garantizan su derecho a la alimentación y a su mínimo vital. De hecho, es evidente la relación íntima que adquieren estas comunidades con los ecosistemas, que junto con el ejercicio de su oficio tradicional, crean una identidad cultural - [Resumen automatizado: La Asociación de Pescadores de las Playas de Comfenalco -ASOPESCOMFE solicita que se amparen los derechos fundamentales de sus integrantes al trabajo, a la paz, a la salud mental, a la vida digna, a la libre escogencia de profesión u oficio, a la protección especial de la tercera edad, de las minorías étnicas y de la diversidad cultural y a la dignidad humana, y en consecuencia, que se ordene al Consorcio Vía al Mar que se abstenga de encerrar el sitio donde los pescadores parquean sus botes de madera y realizan su labor de pesca, hasta tanto no se llegue a un acuerdo sobre el resarcimiento de los perjuicios que se están causando con la realización del proyecto Anillo Vial Malecón de Crespo. || ASOPESCOMFE interpuso acción de tutela contra el Distrito Turístico de Cartagena, el Consorcio Vía al Mar, el INCO, la DIMAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por considerar que estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, a la paz, a la salud mental, a la vida digna, a la libre escogencia de profesión u oficio, los derechos de los adultos mayores y de las minorías étnicas, a la protección de la diversidad cultural y a la dignidad humana, al no garantizarles una “consulta previa” en la realización del proyecto de infraestructura “Anillo Vial Malecón de Crespo”, y no reparar a la comunidad los daños que les han sido causados de forma concertada.] - [Palabras claves: participación, proyecto, comunidades, derecho, derechos, comunidad, oficio, medidas, pesca, sala, desarrollo, trabajo, corte, cartagena]