La figura del consorcio hace referencia a una agrupación de personas, jurídicas o naturales, que se vinculan con el fin de participar, de forma conjunta, en una tarea económica particular. Dicho convenio de asociación encuentra su justificación en la unión de esfuerzos y recursos, y en la distribución del riesgo; sin embargo, no da nacimiento a una nueva sociedad o ente jurídico, por lo que cada consorciado conserva su independencia jurídica, aunque se obligue de manera solidaria frente a los compromisos contractuales adquiridos por el consorcio. En sentencia de unificación de septiembre de 2013, se estudió el alcance del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y explicó que los consorcios y las uniones temporales cuentan con facultad legal para comparecer al proceso, a través de sus representantes legales, en los casos en los que se debaten aspectos relacionados con los derechos o intereses de los que son titulares o que les conciernen en su condición de contratistas de las entidades estatales, o de interesados o partícipes en los procedimientos de selección contractual. Lo anterior, sin perjuicio de que sus integrantes, individualmente considerados, puedan comparecer al litigio en calidad de demandantes o demandados, eventos en los cuales deberán atenderse las exigencias relacionadas con la debida integración del contradictorio

Los consorcios y uniones temporales están contempladas en la Ley 80 de 1993, que según la jurisprudencia los ha definido como convenios de asociación que facilitan a sus miembros la organización para efectos de celebrar y ejecutar contratos con el Estado. Con su creación no nace a la vida jurídica una persona diferente a quienes los componen, pues conservan su individualidad jurídica. A pesar de que los consorcios y uniones temporales comparten dichas características se diferencian así: El consorcio tiene responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones y todos los miembros responden en caso de presentarse faltas o incumplimientos. En el caso de las uniones temporales, la responsabilidad limitada respecto del alcance y contenido de la participación en el objeto contratado y solo el miembro incumplido responde ante faltas o actos sancionatorios. Así, estas figuras jurídicas disciernen respecto del alcance de la responsabilidad de cada uno de los integrantes por las obligaciones del contrato celebrado, siendo un elemento esencial para elegir entre una u otra

¿La falta de notificación del auto admisorio de la demanda a todos los integrantes de la Unión Temporal constituye causal de nulidad? ¿Las uniones temporales, figuras admitidas en el artículo séptimo de la ley 80 de 1993 para efectos de contratación estatal, no configuran una persona jurídica nueva e independiente de los miembros que conforman dichas asociaciones. Al no poseer tal naturaleza jurídica, carecen de capacidad para comparecer en proceso ante autoridades judiciales? Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Notificación de la demanda. Licitación pública - Adjudicación de contrato. Nulidad de acto de adjudicación. Unión temporal - Proponente en licitación pública. Consorcio - Proponente en licitación pública. Documento de constitución. Proceso contencioso administrativo - Litisconsorcio necesario