Fallo inhibitorio por carencia de objeto contra los artículos 3, 8, 11, 27, 56 y 57 (parciales) del Decreto 1056 de 1953, "[p]or el cual se expide el Código de Petróleos". Las normas sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos de naturaleza técnica, aplicables a los contratos estatales en la materia fueron objeto de derogatoria orgánica por el Decreto 1818 de 1998 (Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos). Esta normatividad contempló el dictamen técnico a voluntad de las partes (Art. 231) y se ocupó integralmente del arbitraje (Arts. 115 a 222), incluido el de carácter técnico (Art. 170). Las anteriores disposiciones del Decreto 1818 de 1998 fueron expresamente derogadas por la Ley 1563 de 2012 (Art. 118), Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el cual, desde entonces, regula orgánicamente todas las clases de arbitraje, comprendido el de índole técnica (Art. 1) - [Resumen automatizado: Luego, el 9 de julio del año en curso, admitió el cargo contra las mismas disposiciones legales, por violación del principio de habilitación voluntaria del arbitraje (Art. 116 de la C.P.) Además, en esta última providencia se dispuso la fijación en lista de las normas acusadas, se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación y se comunicó el inicio del proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, así como a los ministros de Minas y Energía, Interior, Justicia y del Derecho y Hacienda y Crédito Público, para los fines del artículo 244 de la Constitución. || Argumenta que en el marco de las competencia de la ANH, respecto de asuntos como la administración de los recursos hidrocarburíferos del país, la supervisión de la gestión productiva de hidrocarburos y la fijación tanto de volúmenes de producción, así como de tarifas de la misma, no opera el mecanismo de resolución de conflictos contenido en los artículos demandados, sino que se aplican las disposiciones de la Ley 1563 de 2012, mediante la cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e internacional.] - [Palabras claves: disposiciones, decreto, normas, ley, técnico, partes, contratos, mecanismo, código, materia, corte, manera]

La improcedencia de la conciliación en el proceso de restitución, no vulnera los derechos de las víctimas del conflicto armado interno al debido proceso, acceso a la administración de justicia y la garantía de eficacia de estos derechos. Al estar involucrados derechos fundamentales, prima facie, la inadmisibilidad de la conciliación dentro del proceso de restitución cuenta con un fundamento constitucional sólido.- La Corte precisó el alcance del aparte demandado, y concluyó que la expresión demandada cobija tanto la conciliación como etapa del proceso, como la conciliación extra proceso. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 94 (parcial) - [Resumen automatizado: Lo anterior, por cuanto (i) la posibilidad de conciliar no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso, (ii) la inclusión de la conciliación como una garantía constitucional del debido proceso no se desprende de una interpretación sistemática o teleológica de la Constitución, (iii) no existen en el ordenamiento jurídico procesos judiciales o tipos de conflictos respecto de los cuales el Congreso tenga el deber constitucional de permitir la conciliación, sea ésta un presupuesto procesal de la acción, una actuación dentro del proceso, o por fuera de él, (iv) la inadmisibilidad de un mecanismo que de por sí es excepcional y complementario no puede entenderse como una limitación del derecho de acceso a la administración de justicia y (v) la inadmisibilidad de la conciliación judicial o extra judicial se constituye en un mecanismo diseñado por el Congreso para proteger los derechos fundamentales de los solicitantes de restitución, de sus familias, y el derecho a la verdad que también están en cabeza de toda la sociedad, en contextos en los cuales existen riesgos de presiones externas que tienen la potencialidad de afectar la autonomía de la voluntad.] - [Palabras claves: derechos, proceso, derecho, víctimas, justicia, corte, judicial, constitucional, sentencia, partes, disposición, parte, tierras]; Art. 94 (parcial)

La exigencia de asistir a una audiencia de conciliación como requisito para la concesión del recurso de apelación en lo contencioso administrativo, so pena de declararlo desierto, en criterio de la Corte no vulnera los derechos al debido proceso, a la doble instancia y al acceso a la administración de justicia de los apelantes. Sin hacer distinción respecto de quien tiene la carga procesal y puede ser sancionado por inasistencia a la audiencia de conciliación, al referirse genéricamente a la "parte apelante". Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 192 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Según el demandante el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, al condicionar la concesión del recurso de apelación de la sentencia condenatoria a una entidad pública a la asistencia a la audiencia de conciliación que debe celebrarse con anterioridad a la resolución de dicha concesión, vulnera los artículos 1, 2, 29, 31 y 229 de la Constitución Política, sobre los derechos al debido proceso, a apelar toda sentencia y a acceder a la administración de Justicia, así como el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre el deber de los Estados Parte de desarrollar las posibilidades de un recurso judicial efectivo y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre el derecho de toda persona a que el fallo condenatorio sea sometido a un tribunal superior. || Señala el Ministerio Público que el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula el procedimiento para el cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas, indicando en su inciso cuarto que cuando el fallo condenatorio de primera instancia sea apelado, el juez o magistrado correspondiente deberá citar a audiencia de conciliación, la cual debe celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso.] - [Palabras claves: recurso, derecho, instancia, corte, audiencia, sentencia, procesal, constitucional, norma, proceso, judicial, primera, justicia, parte]; Art. 192 (parcial) : Exequible

La realización de la audiencia de conciliación cuando se soliciten medidas cautelares de carácter patrimonial, no constituye un obstáculo que desconozca el acceso inmediato a la administración de justicia. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia, su realización se ha constituido en una de las formas en que puede concretarse los contenidos iusfundamentales que esta garantía incorpora. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico carece de fundamento entender que existe un bloqueo al derecho de acceso a la administración de justicia por la mera exigencia de realizar audiencia de conciliación, incluso si se toma en consideración el tiempo que implica llevarla a cabo, ya que la ley prevé un tiempo máximo. Ley 1564 de 2012, por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones; Art. 613 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Comienza por explicar el ciudadano Burbano Villamarín que en materia contencioso administrativo existe constitucionalmente la figura de la suspensión provisional del acto administrativo (Art. 238 C.P.); que, según el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, será obligatorio agotar el requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación extrajudicial para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y contractuales; que el artículo 590 del Código General del Proceso establece que en cualquier jurisdicción siempre que se soliciten medidas cautelares no se deberá agotar el requisito de procedibilidad; y que, por último, el artículo 613 de ese mismo Código, sin derogar ni modificar ni reemplazar el artículo 238 Superior ni el artículo 590 del Código, adiciona un caso especial consistente en que cuando la medida cautelar sea de carácter patrimonial no debe agotarse el requisito de procedibilidad. || De manera que el problema jurídico planteado consiste en determinar si hacer obligatoria la realización de audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad ante la jurisdicción contencioso administrativa cuando el demandante solicita medidas cautelares de carácter no patrimonial desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia artículo 229 de la Constitución-, por cuanto:] - [Palabras claves: medidas, cautelares, justicia, requisito, derecho, carácter, contencioso, proceso, audiencia, medida, corte, procedibilidad, acceso, ley, parte]; Art. 613 (parcial) : Exequible

(i) ¿El establecimiento en la Ley 1551 de 2012, de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos que se promuevan contra municipios, vulnera el principio de unidad de materia? No. (ii) ¿La expresión demandada del primer inciso del parágrafo transitorio del artículo 47, al prever que los procesos ejecutivos contra municipios, en curso en cualquier jurisdicción al momento de entrar en vigencia la ley, deberán suspenderse con el objeto de convocar a una audiencia de conciliación para promover un acuerdo de pago que de fin al proceso, vulnera los derechos laborales de los trabajadores y el derecho a acceder a la justicia? Si bien en la Sentencia C-533 de 2013 este tribunal no se pronuncia sobre la exequibilidad del inciso primero del parágrafo transitorio del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, su decisión sí tiene efecto, merced a la mencionada relación entre esta norma y las ya examinadas, en el caso sub judic. El condicionamiento de la decisión de la Sentencia C-533 de 2012 implica que no procede la conciliación en materia de procesos ejecutivos laborales. Ley 1551 de 2012, "por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"; Art. 47 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: A partir de estas necesidades, al interpretar los artículos 158 y 169 de la Constitución[9], este tribunal ha destacado dos condiciones específicas para el ejercicio de la función legislativa, a saber: (i) debe definir de manera precisa, desde el mismo título del proyecto, cuáles son las materias de las que se va a ocupar; (ii) debe mantener una relación de conexidad interna entre las normas que conforman la ley, de manera tal que haya entre ellas una coherencia temática y una correspondencia lógica con su materia general.] - [Palabras claves: ley, materia, norma, municipios, procesos, unidad, relación, proceso, municipio, constitución, manera, contenido]; Art. 47 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

¿La conciliación extrajudicial en materia civil contraviene la facultad transitoria delegada a los particulares para administrar justicia? El actor confunde el ejercicio permanente de la actividad jurisdiccional por los particulares, prohibida por el artículo 116 superior, con la posibilidad de acudir en cualquier tiempo, ante particulares que ejerzan como conciliadores. Señaló que la disponibilidad de conciliadores no tiene que ver con el ejercicio permanente de la función jurisdiccional por particulares, sino que es una respuesta operativa y de efectividad del sistema para asegurar que sea posible acceder a la administración de justicia en todo tiempo. Aunque es posible que en un determinado asunto, una de las partes en conflicto se encuentre en situaciones de extrema pobreza o desigualdad manifiesta, la presente demanda no plantea cargo alguno al respecto, que pueda dar margen para que la Corte avoque esta problemática. Ley 640 de 2001, "por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones"; Art. 27 : Exequible - [Resumen automatizado: La conciliación extrajudicial en materia civil plantea un debate entre partes que están en igualdad de condiciones, siendo los derechos en juego, en su mayoría, de naturaleza patrimonial, respecto de los cuales, los particulares ejercen su autonomía para disponer de ellos y, en esa medida, pueden también escoger el camino a través del cual pretenden alcanzar una solución, ya sea acudiendo a la justicia formal o escogiendo un conciliador para otorgarle competencia temporal para resolver el conflicto existente. || [9] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, SU-067 de 1993, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz, T-275 de 1994, MP: Alejandro Martínez Caballero, T-416 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell, T-502 de 1997, MP: Hernando Herrera Vergara, C-652 de 1997, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, C-742 de 1999, MP: José Gregorio Hernández.] - [Palabras claves: justicia, corte, particulares, función, acceso, administración, derecho, conflictos, conciliadores, partes, conflicto, ley, permanente]; Art. 27 : Exequible

Actas de conciliación. Decreto 019 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Art. 90 : Inepta demanda - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el 1° de diciembre de 2011, los ciudadanos Adelaida Portilla Lizarazo, Vilma Soledad Buitrago Alarcón, Magda Eduvina Gómez Robayo, Clemencia Afanador Soto, Miryam González Hernández, Adriana Rojas Barrera, Nubia Eunice Barrera, María del Pilar González Sánchez, Laura Teresa Zapata Jiménez, Juan José Torres Díaz, Eduardo Muñoz Orejarena, Carlos Alberto Rojas Barrera, Franklin Segundo García Rodríguez y Lilia Quiceno Forero, presentaron acción Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Decreto Ley 019 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública". || Adelaida Portilla Lizarazo y trece ciudadanos más presentaron acción de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Decreto Ley 019 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", por las razones que se exponen a continuación.] - [Palabras claves: pública, partes, corte, público, norma, constitucional, justicia, acta, ley, documento, demanda, acuerdo, cumplimiento]; Art. 90 : Inepta demanda

Conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Se cuestiona la constitucionalidad de los parágrafos 2 y 3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, por los mismos cargos formulados y analizados en relación con estas disposiciones en la sentencia C-598 de 2011, razones por las cuales, se impone estar a lo resuelto en esa ocasión - [Resumen automatizado: 5.- En primer lugar la propuesta del actual demandante sobre el parágrafo 2 de la Ley 1395 de 2010[1], como se explicó, consiste en que la consecuencia jurídica según la cual de fracasar la conciliación no se admitirán en el subsiguiente proceso judicial las pruebas no presentadas en la solicitud de conciliación, resulta contraria a los principios de razonabilidad y eficacia en el acceso a la administración de justicia (art 228). || 13.- De este modo, la Corte responde a los cuestionamientos de si se vulneraría el principio de acceso a la administración de justicia (art 228 CN) con la medida consistente en la posibilidad de que por incumplimiento de los requisitos legales se inadmitan las solicitudes conciliatorias por parte del procurador judicial y que de ello se siga la presunción de que la solicitud no se presentó, mediante la elaboración de un test de proporcionalidad al cabo de cual concluyó, tal como lo atisbó el Ministerio Público, que la medida no solo no es desproporcionada sino que cumple el cometido que la misma legislación relativa a la conciliación se había trazado.] - [Palabras claves: juzgada, sentencia, cosa, corte, parte, solicitud, proceso, constitucional, judicial, pruebas, si, norma, decisión]

Obligación de aportar las pruebas que las partes tengan en su poder so pena de no poderlas presentar en el proceso judicial, en el evento de que fracase la etapa conciliatoria, vulnera los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso. En la medida en que la conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos en donde prima la libre voluntad de las partes, resulta desproporcionado crear una sanción por inobservar la carga que impone el precepto acusado. Tampoco vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia la inadmisión de la solicitud de conciliación en materia contencioso administrativa por incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y el reglamento ya que esto contribuye a darle seriedad en el acceso a este mecanismo y permite tanto a la parte convocada como al conciliador tener los elementos suficientes para determinar si la parte que cita realmente le asiste una pretensión legítima a partir de la cual se puedan proponer fórmulas de arreglo que permitan arribar a una conciliación que haga innecesaria la activación de la justicia formal. Advirtió que ninguno de los requerimientos establecidos en el Decreto 1716 de 2009 para la petición de conciliación extrajudicial, se convierte en una exigencia excesiva para quienes pretenden acudir ante la jurisdicción contenciosa. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 52, Par. 2o. : Exequible, salvo aparte INEXEQUIBLE, Par. 3o. : Exequible (Mod el Art. 35 de la ley 640 de 2001) - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, Juan Carlos Henao Pérez -quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla, Maria Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio González Cuervo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,  || Se ha entendido, entonces, que el legislador en materia de procedimientos tiene una libertad de configuración en los términos del artículo 150 constitucional, numeral 1 y 2, en concordancia con los artículos 29,86,87,228 y 229 constitucionales, entre otros, que lo facultan para establecer requisitos, tiempos, procedimientos, recursos, etc., que pueden limitar el derecho de acceso a la administración de justicia pero no hacerlo nugatorio, razón por la que se exige que las restricciones que en virtud de esa potestad legislativa se lleguen a imponer, deben ser proporcionales frente a este derecho fundamental y al principio constitucional consagrado en el artículo 238, según el cual lo sustancial debe primar sobre lo formal[17].] - [Palabras claves: partes, proceso, justicia, derecho, pruebas, legislador, debe, requisitos, administración, solicitud, si, en, requisito, ley]; Art. 52, Par. 2o. : Exequible, salvo aparte INEXEQUIBLE, Par. 3o. : Exequible (Mod el Art. 35 de la ley 640 de 2001)

¿La conciliación contencioso administrativa en materia de impuestos territoriales regulada en el texto demandado, vulnera los principios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible y la infracción al artículo 294 constitucional que prohíbe el otorgamiento a través de ley de exenciones sobre impuestos territoriales, así como el derecho de aquéllas a administrar sus recursos (Art. 287)? Ley 1328 de 2009, "por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones"; Art. 77 (parcial) : INEXEQUIBLE desde su promulgación - [Resumen automatizado: Teniendo en cuenta que los preceptos cuestionados, que forman parte del artículo 77 de la Ley 1328 de 2009, tenían una vigencia temporal y que de la regla aplicable no habría, ni para el 15 de enero de 2010, fecha hasta la que rigió, ni para la fecha presente, actuaciones judiciales iniciadas que se encuentren en curso o pendientes de resolución, y por lo mismo, no estarían tampoco produciendo efectos jurídicos a la fecha, que conduciría a una resolución inhibitoria habida cuenta de la inocuidad de una decisión de fondo, pues si en efecto la norma ha dejado de regir por mandato del propio legislador, resulta indiferente que este tribunal se pronuncie sobre su conformidad o no con la Constitución, y consecuentemente sobre su posibilidad de ser aplicada, resultando como única opción para superar esta sin salida, la de un fallo con efecto retroactivo, dando la Corte aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis, conforme al cual la pérdida de vigencia de la norma acusada no priva al juez constitucional de la posibilidad de emitir un fallo de fondo, máxime frente a situaciones de manifiesta inconstitucionalidad en que un pronunciamiento de fondo puede resultar procedente e incluso necesario, ya que se enfoca de manera particular al rechazo de las actuaciones notoriamente contrarias al orden superior, así como a la prevención de su repetición.] - [Palabras claves: normas, materia, ley, territoriales, corte, disposiciones, vigencia, principio, norma, entidades, tales, parte]; Art. 77 (parcial) : INEXEQUIBLE desde su promulgación

Decreto 75 de 2010 "por el cual se expiden disposiciones para agilizar la solución de controversias entre las diferentes entidades y organismos del Sistema General de Seguridad Social en Salud" declarado inexequible por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social - [Resumen automatizado: Que teniendo en cuenta lo anterior, así como lo que se ha señalado por parte de diversos actores del sector salud, las medidas extraordinarias a adoptar, resultan necesarias para generar mecanismos legales que permitan soluciones expeditas a los conflictos que se presentan entre estos, permitiendo acuerdos ágiles que generen recursos que puedan incorporarse con celeridad al flujo del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS para que las entidades beneficiarias puedan destinarlos a la atención de los servicios de salud, garantizando de esa manera una mejor y más pronta prestación de servicios y por ende garantizando el goce efectivo del derecho a la salud. || Los comités de conciliación de las entidades y organismos, para efectos de las transacciones o conciliaciones por mutuo acuerdo a que se refiere este decreto podrán aprobar criterios generales, métodos de aplicación y revisión de documentos, garantías, plazos, condiciones, modalidades, pagos iniciales y cuotas o cualquier otra medida que contribuya a garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de las personas y el ágil y óptimo flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.] - [Palabras claves: salud, recursos, social, decreto, sistema, general, corte, seguridad, efectos, entidades, medidas]

¿El que la norma demandada establezca que la Superintendencia Nacional de Salud podrá actuar como conciliadora "de oficio o" implica desconocimiento del carácter voluntario de la conciliación y contraría el acceso a la administración de justicia y la independencia e imparcialidad de quien actúa como conciliador en los conflictos que surjan entre las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud y\o entre éstas y los usuarios generados en los asuntos a que se refiere la norma? La remisión que hace la norma a la Ley 640 de 2001, de ninguna manera significa que se establezca como requisito de procedibilidad. Ley 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 38 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: El artículo 38 de la Ley 1122 de 2007 faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para actuar como conciliadora “de oficio o” a solicitud de parte, específicamente en los conflictos que surjan entre sus vigilados y/o entre éstos y los usuarios, generados en problemas que no les permitan atender sus obligaciones dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, afectando el acceso efectivo de los usuarios al servicio de salud, disposición que autoriza a la Superintendencia Nacional de Salud, como entidad especializada, para actuar dentro de una conciliación extrajudicial y servir de intermediaria, orientadora y colaboradora para la resolución de conflictos entre sus vigilados y ante los usuarios del servicio de salud, y a pesar de la remisión que hace a la Ley 640 de 2001, ello no significa que se establezca como un requisito de procedibilidad, pero dada la nueva estructura de la Superintendencia que separó el ámbito del ejercicio de las funciones jurisdiccionales del correspondiente a las funciones de inspección, vigilancia y control, no hay vulneración del principio de independencia e imparcialidad para el desempeño de las funciones judiciales y de conciliación que ejerce la Superintendencia Nacional de Salud. || Sin embargo, considera que esa facultad de actuar como conciliadora, que hace parte de las facultades jurisdiccionales de las que puede ser investida una autoridad administrativa, “se torna constitucional o no cuando a la Superintendencia Nacional de Salud se le permite convocar de oficio” a audiencia de conciliación, para solucionar los conflictos que surjan entre “sus vigilados y/o entre estos y los (usuarios) generados en problemas que no les permitan atender sus obligaciones dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, afectando el acceso efectivo de los usuarios al servicio de salud” (f.] - [Palabras claves: superintendencia, nacional, funciones, partes, conflictos, ley, parte, social, justicia, usuarios, oficio, general, seguridad, mismo, puede, mecanismo]; Art. 38 (parcial) : Exequible

¿Vulnera los principios rectores del Estado Social de Derecho, el derecho a la igualdad y el debido proceso, el que la norma demandada establece que una vez que una de las partes de un proceso laboral, ha solicitado el aplazamiento de la audiencia de conciliación, no puede existir un segundo aplazamiento? La ocurrencia de una causa extraña, como la fuerza mayor o el caso fortuito, es causal de justificación del incumplimiento de los deberes procesales. Ley 1149 de 2007, "por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos. Art. 11 (parcial) (Modifica el art. 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social) : Exequible - [Resumen automatizado: La expresión cuestionada es el resultado legítimo de la potestad de configuración del legislador, en la ponderación de los distintos valores, principios y derechos que se ven comprometidos en el diseño del procedimiento judicial, optando por dar una sola oportunidad a las partes del proceso laboral para aplazar la audiencia de conciliación y señaló la causa que justifica este aplazamiento y las consecuencias del incumplimiento. || Al respecto indica que según la Corte Constitucional, "El artículo 150 numerales 1° y 2° de la Constitución Política autoriza al legislador para instituir las formas, con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas, consideradas tales formas como"(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del juicio, determinan los procedimientos o trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas."[1] De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de legalidad que gobierna el debido proceso, el cual "(...) se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem".] - [Palabras claves: audiencia, partes, derecho, proceso, norma, procesal, mayor, corte, consecuencias, parte, fuerza, ley, si]

Principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños. Principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Arts. 174 y 175 (parciales) : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Así, el planteamiento de las demandantes sobre una presunta vulneración del principio de igualdad, parte de una lectura que desconoce el artículo 174 de la Ley 1098 de 2006, norma que confiere a la Fiscalía la facultad de aplicar el principio de oportunidad en los casos que involucran la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes, por vía general, es decir, a favor de aquellos que no hacen parte de los mencionados grupos armados ilegales, así como medidas especiales de protección cuando de la aplicación del principio “se pudieren derivar riesgos para la vida e integridad física del adolescente”. || Por las razones expuestas, la Corte se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda formulada contra las expresiones “estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes”, y cuando de “la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente” contenidas en el artículo 174 de la Ley 1098 de 2006; así como respecto de la expresión “renunciar” del inciso 1°, y los numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 175 de la misma ley.] - [Palabras claves: principio, ley, demanda, grupos, oportunidad, aplicación, corte, armados, margen, inconstitucionalidad, cargo, razones]; Arts. 174 y 175 (parciales) : Fallo inhibitorio

Cargos por vicios de forma: Violación al principio de consecutivita, violación al principio de identidad, iniciativa legislativa? ¿La referencia en los artículos 3, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 26, 28, 54, 55 y 76 a años anteriores, viola el principio de irretroactividad tributaria? ¿Violan los artículos 16, 71, 76 y 77, el principio de unidad de materia? ¿La tasa por inspección no intrusita de mercancías, el sistema y el método para establecer los costos y los beneficios, al que se refiere el Art. 71, fue definido por el legislador, en los términos del artículo 338 de la Carta? ¿El Art. 73 al acortar el término para recibir el beneficio tributario correspondiente a la reducción del IVA por la compra de maquinaria industrial, vulnera el principio de la buena fe y de confianza legítima? ¿El Art. 69, al autorizar a los municipios y distritos para establecer sistemas de facturación que constituyan la determinación oficial de los tributos sobre la propiedad y presten mérito ejecutivo, vulnera la autonomía de las entidades territoriales? ¿Al fijar en los Arts. 54 y 55 un límite temporal para acceder a la conciliación administrativa y la terminación por mutuo acuerdo de litigios tributarios, vulnera el derecho a la igualdad, el debido proceso, el derecho a acceder a la justicia y el derecho a la libertad?. ¿Forma parte la Decisión Andina 578 del bloque de constitucionalidad? Ley 1111 de 2006, "por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales". Arts. 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 : Fallo inhibitorio. Art. 53 : Estarse a lo resuelto. Arts. 3, 6 10, 11, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 54, 55, 69, 71, 73, 76, 77 (parciales) : Exequibles - [Resumen automatizado: Para la Corte, es claro que las normas acusadas, tienen que ver con elementos determinantes en la estructura de la base gravable de tributos del orden nacional, con la creación de tributos tasas - establecidas por servicios de inspección no intrusiva de mercancías en favor de la Nación, y con impuestos al consumo cuya renta también es nacional, disposiciones que guardan una relación temática clara con el objeto central de la Ley 1111 de 2006 atinente a la expedición de medidas tributarias de ese orden. || En el caso bajo examen, la Corte encuentra que no se vulnera el artículo 363 del Estatuto Superior ni el principio de buena fe o confianza legítima en materia tributaria, pues no se trata de una alteración de la ley que implique un cambio súbito de las disposiciones tributarias, en la medida en que lo que se limitó no fue el derecho al descuento al IVA de quienes adquirieron la maquinaria para los años gravables anteriores, sino la posibilidad de entrar a formar parte del grupo específico de beneficiarios de la norma hacia el futuro.] - [Palabras claves: ley, año, materia, artículos, impuesto, normas, corte, en, proyecto, principio, estatuto]

Acto Legislativo 03 de 2002 y las modificaciones que introdujo en el sistema procesal penal. Características esenciales y propias del nuevo sistema procesal penal colombiano. Parangón entre los modelos acusatorios americano y continental europeo. La práctica de pruebas anticipadas, en circunstancias excepcionales no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio. Líneas jurisprudenciales sentadas por la Corte en materia de límites a la competencia del superior jerárquico - reformatio in pejus. Funciones constitucionales que ejerce el juez de control de garantías - La función de juez de control de garantías, en los procesos que adelante la Corte Suprema de Justicia, puede ser desempeñada por un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La solicitud de preclusión deberá ser siempre presentarla por el fiscal ante el juez de conocimiento en cualquier momento. Líneas jurisprudenciales en materia de juicios en ausencia. Cláusula de exclusión. Captura en flagrancia - Condiciones objetivas para la imposición de la medida de aseguramiento. Medidas de seguridad para indígenas. Delitos querellables - Conciliación preprocesal - Funciones de la Fiscalía. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 20, 30, 39, 58, 78, 80, 154, 242, 291, 302, 522 ( parciales ) y 127, 232, 267, 284, 455 y 470 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" - [Resumen automatizado: En efecto, por regla general, no se puede adelantar proceso penal alguno contra una persona ausente; tan sólo en los casos excepcionales de ( i ) declaratoria de persona ausente, siempre y cuando el Estado, por medio de la Fiscalía General de la Nación, haya agotado todos los recursos efectivos disponibles a su alcance y no haya sido posible dar con el paradero del sindicado, el juez de control de garantías procederá a realizar tal declaración, procediéndose a nombrar un abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, lo cual no obsta para que durante la etapa de juicio oral el juez de conocimiento verifique si el órgano de investigación ha continuado empleando mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado, so pena de decretar la nulidad de lo actuado; ( ii ) cuando la persona se declara en rebeldía o contumacia; y ( iii ) cuando el imputado renuncia a su derecho a encontrarse presente durante la audiencia de formulación de la imputación.] - [Palabras claves: corte, penal, juez, garantías, prueba, control, proceso, si, fiscalía, derecho, principio, constitucional, fiscal, juicio]

¿Al imponer el legislador en la norma demandada, como agentes retenedores del impuesto de timbre a los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento respecto de los documentos sujetos a dicho impuesto, que obren sin el pago correspondiente en los respectivos procesos y conciliaciones judiciales y extrajudiciales, desconoce los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad en la adopción de los mecanismos de recaudo para garantizar la eficiencia tributaria? Generalidades acerca del impuesto de timbre. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 109 de la Ley 633 de 2000 (E.T Art. 518, Num. 5). Inexequible - [Resumen automatizado: Sin lugar a dudas la decisión del legislador de establecer como responsables solidarios del impuesto de timbre a los citados administradores de justicia, también pone en entredicho el principio de razonabilidad, ya que no existe un hecho ni argumento jurídico que legitime el traslado de dicha obligación tributaria a los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento, pues su función constitucional reconocida en el artículo 116 de la Constitución Política, se limita a administrar justicia y no a servir de agentes de recaudación. || 2. Con fundamento en los argumentos esgrimidos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la Vista Fiscal, corresponde a esta Corporación establecer, si el legislador al imponer en el precepto legal demandado como agentes retenedores del impuesto de timbre a los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento respecto de los documentos sujetos a dicho impuesto, que obren sin el pago correspondiente en los respectivos procesos y conciliaciones judiciales y extrajudiciales, desconoce o no los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad en la adopción de los mecanismos de recaudo para garantizar la eficiencia tributaria.] - [Palabras claves: impuesto, jueces, justicia, tribunales, principio, recaudo, conciliadores, legislador, norma, pago, obligación, resulta, eficiencia, constitucional, principios]

¿Estan los jueces de paz y los conciliadores en equidad habilitados constitucionalmente para conocer de la violencia intrafamiliar? Demanda de inconstitucionalidad contra el Parágrafo 1o. del Artículo 1o. y el Artículo 5o. (parcial) de la Ley 575 de 2000, "por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996" - [Resumen automatizado: Los mecanismos alternativos de solución de conflictos de violencia intrafamiliar, fueron implementados por el legislador como complementarios, por cuanto puede acudirse a ellos de manera voluntaria por las víctimas de violencia intrafamiliar, para solicitar que con la mediación de un tercero particular, cese la violencia, maltrato o agresión, o se evite si fuere inminente, pero sin desplazar la competencia asignada a la justicia estatal formal, pues claramente se indica en el Parágrafo acusado que puede acudirse al Juez de Paz y al Conciliador en Equidad, no obstante las denuncias penales a que hubiere lugar, y de la solicitud que pudiere hacerse al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al juez Civil Municipal o promiscuo municipal en relación con la toma de una medida de protección inmediata. || No es cierto que al asignarle competencia a los jueces de paz y a los conciliadores en equidad para que conozcan casos de violencia intrafamiliar la norma acusada viole la Carta Política; por el contrario, lo que se hace es efectivizar los mandatos superiores relacionados con la garantía de protección integral a la familia, y aquellos atinentes a la pronta y efectiva administración de justicia, dándole para ello desarrollo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos y propendiendo por el cumplimiento de los fines del Estado social de derecho.] - [Palabras claves: violencia, protección, ley, justicia, paz, familia, jueces, conflictos, medidas, derechos, si, corte, equidad]

Conciliación contencioso-administrativa. Exclusión de la conciliación en los procesos que se encuentran en súplica o revisión ante el Consejo de Estado. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 38 (parcial) de la Ley 863 de 2003, "por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas" - [Resumen automatizado: Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso- administrativa antes de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, respecto de la cual no se haya proferido sentencia definitiva dentro de las instancias del proceso, podrán solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la conciliación hasta el día 30 de junio del año 2004, así: || El Procurador General de la Nación, en concepto No. 3632, recibido el 26 de julio de 2004, solicita que la Corte declare la exequibilidad de la expresión “los procesos que se encuentren en recurso de súplica o de revisión ante el Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación prevista en este artículo” contenida en el artículo 38 de la ley 863 de 2003, por los aspectos aquí analizados. || Según su parecer, la naturaleza jurídica de los recursos extraordinarios de súplica y revisión, torna razonable la medida del legislador de no permitir la conciliación en asuntos tributarios cuando en los procesos se encuentren tramitándose dichos recursos pues el derecho ya no está en litigio por cuanto existe una sentencia.] - [Palabras claves: igualdad, corte, sentencia, recursos, consejo, revisión, procesos, disposición, demanda, norma, cosa, si, juzgada]

Conciliación contencioso-administrativa. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 de la Ley 863 de 2003 "Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas". Estarse a lo resuelto - [Resumen automatizado: Respecto de esta solicitud, hay que señalar que es potestativo de los Magistrados de la Corte solicitar, cuando lo consideren pertinente, una deliberación preliminar, lo cual no ocurrió en este caso, ni en las demandas correspondientes a los expedientes D-5117 y D-5123, sobre la misma norma objeto de la acusación en este proceso, y las cuales ya fueron decididas por la Corporación. || Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso- administrativa antes de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, respecto de la cual no se haya proferido sentencia definitiva dentro de las instancias del proceso, podrán solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la conciliación hasta el día 30 de junio del año 2004, así: || Cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en segunda instancia ante el Consejo de Estado, se podrá solicitar la conciliación por el veinte por ciento (20%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre que el demandante pague el ochenta por ciento (80%) del mayor impuesto en discusión.] - [Palabras claves: impuesto, corte, proceso, contribuyentes, mayor, ley, norma, tributarias, materia, constitución, sentencia, en, sanciones, ciento, administrativa, legislador]

Base gravable del impuesto al patrimonio, ¿Se desconoció el artículo 317 superior por cuanto no se excluyó de la base gravable del impuesto al patrimonio la totalidad de los bienes inmuebles del contribuyente?. Conciliación Contencioso administrativa. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativo. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 17 (parcial), 38 y 39 de la Ley 863 de 2003 - [Resumen automatizado: La Corte hace énfasis en que siendo el patrimonio una universalidad jurídica perfectamente diferenciable de los bienes que la componen y siendo el hecho generador del impuesto que se analiza en este caso el patrimonio líquido que posean los sujetos pasivos a 1° de enero de cada año gravable, determinado conforme lo previsto en el Título II del Libro I del Estatuto Tributario, y no los bienes inmuebles que puedan eventualmente haber sido tomados en cuenta por el contribuyente como componentes de su patrimonio bruto, no cabe afirmar que el impuesto creado por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003 recaiga directamente sobre la propiedad inmueble y por tanto se vulnere el artículo 317 superior. || Ahora bien, concretamente sobre la acusación según la cual el hecho de no excluir la propiedad inmueble de la base gravable de un impuesto que grave el patrimonio de las personas desconoce la prohibición que establece el artículo 317 constitucional de gravar dicha propiedad por entidades diferentes de los municipios, cabe recordar lo dicho por la Corte al respecto en la referida sentencia C-876 de 2002.] - [Palabras claves: patrimonio, impuesto, corte, inmueble, propiedad, valor, puede, base, ley, constitucional, artículos, bienes, sentencia, contribuyentes, respecto]

Conciliación contencioso-administrativa. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 38 y 39 de la Ley 863 de 2003, "por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas". Estarse a lo resuelto - [Resumen automatizado: Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso- administrativa antes de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, respecto de la cual no se haya proferido sentencia definitiva dentro de las instancias del proceso, podrán solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la conciliación hasta el día 30 de junio del año 2004, así: || Cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en segunda instancia ante el Consejo de Estado, se podrá solicitar la conciliación por el veinte por ciento (20%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre que el demandante pague el ochenta por ciento (80%) del mayor impuesto en discusión. || Para el Representante del Ministerio Público, el problema jurídico que debe resolver la Corte es si las medidas adoptadas en los artículos 38 y 39 de la Ley 863 de 2003, relacionadas con la conciliación de procesos judiciales de carácter tributario y la transacción en sede administrativa en esa materia, constituyen amnistías tributarias que vulneran los principios de igualdad y equidad tributaria consagrados en la Constitución Política.] - [Palabras claves: normas, impuesto, proceso, contribuyentes, artículos, valor, en, ley, mayor, principio, ciento, corte, igualdad, liquidación, si, acuerdo]

Conciliación contencioso-administrativa. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1° (parcial) de la Ley 788 de 2002 y 3°(parcial), 5°(parcial), 6°, 9° (parcial), 17°, 24°, 26°, 28°(parcial), 30°(parcial), 32°, 37°(parcial), 38°, 39°, 47°, 48°, 49°, 50°, 51°, 54°, 55°, 59° y 63° (parcial) de la Ley 863 de 2003 - [Resumen automatizado: Y encontró que resultaba razonable, en principio, “… que el legislador remita a la Administración para el señalamiento de las jurisdicciones que deban considerarse como paraísos fiscales para los efectos contemplados en la ley, confiriéndole, incluso, un cierto margen de discrecionalidad.” Precisó la Corte que, sin embargo, “… en la medida en que tal remisión afecte de manera directa los elementos de un tributo, materia que es objeto de estricta reserva de ley, el examen acerca de la imposibilidad legislativa para hacer la correspondiente determinación debe ser también estricto y lo mismo se predica del margen de discrecionalidad que resulta constitucionalmente tolerable.” Agregó la Corte, en desarrollo que es así mismo aplicable al caso que ahora es objeto de consideración, que “… las disposiciones acusadas producen una directa afectación de los elementos del tributo, porque de la calificación de paraísos fiscales que el Gobierno haga de determinadas jurisdicciones, se deriva una afectación inmediata, o bien de la base gravable, en las operaciones que se realicen con entidades que se encuentren constituidas, localizadas o en funcionamiento en tales jurisdicciones, por efecto de la exclusión de los costos y las deducciones, o bien de la tarifa, en la medida en que la misma cambia para efectos de la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional y de impuesto de remesas.” Concluyó la Corte, que las anteriores consideraciones, sumadas al hecho de que el concepto de paraísos fiscales no tiene una significación unívoca en la ciencia económica, hacían imperativo que la habilitación al gobierno para elaborar los listados de paraísos fiscales para efectos tributarios estuviese precedida de una fijación legal de los criterios que debería aplicar el gobierno para la elaboración de los mismos.] - [Palabras claves: impuesto, corte, sanción, ley, renta, norma, artículos, estatuto, relación, fiscales, materia, proceso, legislador]

Inhabilidad especial del conciliador. Demanda contra el artículo 17 de la Ley 640 de 2001 - [Resumen automatizado: Precisamente, sostiene, para preservar la pulcritud e imparcialidad y con el propósito de evitar colisiones entre la prestación de ese servicio de administrar justicia e intereses particulares, la inhabilidad permanente impuesta por el legislador en la norma acusada es razonable, a efectos de que los conciliadores no actúen posteriormente como apoderados, asesores o árbitros de las partes en el caso en que ellos hayan intervenido. || El otro cargo en que se funda la demanda para alegar la inconstitucionalidad de la norma acusada sostiene que el legislador desconoció la prohibición constitucional de imponer penas perpetuas (art. || Teniendo en cuenta lo anterior y analizando la demanda, concluye la Corte que el segundo cargo tampoco es susceptible de análisis, puesto que no cumple con el requisito de ser una razón cierta y pertinente.[3] La demanda sostiene que la inhabilidad objeto de este proceso es una sanción a los abogados que actúan como conciliadores, como se dijo, presupuesto necesario para afirmar posteriormente que se viola la prohibición constitucional de imponer penas perpetuas (art. || (En este caso la Corte resolvió declararse inhibida parar para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 51 de la Ley 617 de 2000, por considerar que la demanda no tenía argumentos específicos, pertinentes y suficientes.] - [Palabras claves: corte, norma, demanda, acusada, inhabilidad, constitucional, magistrado, cargo, prohibición, constitución, la, derecho, proceso]

Efectos de la inasistencia a la audiencia de conciliación en asuntos laborales. El alcance de la sentencia C-893 de 2001 que declaró la inexequibilidad de las normas que establecían la conciliación judicial como requisito de procedibilidad en materia laboral. Audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio. El alcance de la potestad de configuración del Legislador en materia de procedimientos, y en particular para establecer deberes, obligaciones y cargas en los procesos ante la jurisdicción del Estado. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 29 de la Ley 640 de 2001 y 39 (parcial) de la Ley 712 de 2001 - [Resumen automatizado: Y ello en cuanto dichas normas establecen severas consecuencias y sanciones para las partes y sus apoderados por la inasistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial y a la que con carácter obligatorio se establece dentro del proceso judicial, con lo que (i) se desconoce el carácter voluntario de la conciliación, (ii) así como el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos a favor de los trabajadores, (iii) al tiempo que se coarta el derecho a acceder a la jurisdicción, en cuanto estas consecuencias y sanciones alejan a los ciudadanos de aparato judicial que reprime el incumplimiento de meras formalidades. || Frente a los cargos planteados por el actor en contra del artículo 29 de la ley 640 de 2001, la Corte considera necesario hacer algunas precisiones en relación con (i) el alcance de la Sentencia C-893 de 2001 que declaró la inexequibilidad de las normas que establecían la conciliación judicial como requisito de procedibilidad en materia laboral, y sobre (ii) el contenido y alcance de la norma acusada. || En este sentido, la norma guarda plena concordancia con el supuesto contenido en los apartes del artículo 35 y en el artículo 39 de la Ley 640 de 2001 declarados inexequibles por la Corte en la Sentencia C-893/01[9] que regulaban la asistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial como un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral.] - [Palabras claves: audiencia, proceso, partes, justicia, laboral, ley, sentencia, derecho, consecuencias, inasistencia, corte, si, requisito, materia, procesales]

Cobro de servicios de conciliación ante notarios; tarifas para conciliadores - Demanda de inconstitucionalidad contra los Arts. 4º (parcial) y 9º de la Ley 640 de 2001 - [Resumen automatizado: Manifiesta que las disposiciones acusadas establecen como norma general aplicable a la conciliación el principio de gratuidad en el trámite de las conciliaciones celebradas ante funcionarios públicos, centros de conciliación de consultorios jurídicos y de entidades públicas y, de otra, parte, que el Gobierno Nacional establecerá el marco dentro del cual los centros de conciliación remunerados, los abogados inscritos en éstos y los notarios fijarán las tarifas para la prestación del servicio de conciliación. || Por otra parte, la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa sólo podrá ser adelantada ante los agentes del Ministerio Público, en forma gratuita, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-893 de 2001. || Corresponde a la Corte establecer si al disponer las normas acusadas que los centros de conciliación remunerados, los abogados inscritos en éstos y los notarios podrán cobrar por los servicios de conciliación, de conformidad con el marco tarifario que establezca el Gobierno Nacional, se quebrantan el derecho de acceso a la justicia (Art. 229 de la Constitución Política) y el principio de igualdad (Art. 13 ibídem), considerando que las personas carentes de recursos económicos no pueden hacer uso de dichos servicios.] - [Palabras claves: justicia, derecho, corte, acceso, art, administración, constitucional, personas, conflictos, parte, ley]

Requisito de procedibilidad. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35 (parcial) y 37 de la Ley 640 de 2001 - [Resumen automatizado: El ciudadano José Camilo Guzmán Santos intervino en este proceso en nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho para solicitar a la Corte estar a lo resuelto en la sentencia C-1195 de 2001, toda vez que existe cosa juzgada material en relación con las normas acusadas. || Aduciendo que al respecto, en la citada sentencia la Corte encontró ajustados a la Constitución los artículos 35 a 38 de la ley 640 de 2001, luego de considerar que el requisito de procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil y contencioso administrativa no conculca el derecho fundamental a acceder a la justicia. || En primer lugar, si bien en la sentencia C-893 de 2001 la Corte consideró que la celebración de la conciliación como requisito de procedibilidad no era aplicable respecto de las acciones laborales, en sentencia C-1195 del mismo año señaló que dicho requisito se ajustaba a la Carta en materia contencioso administrativa, criterio reiterado en la sentencia C-417/02, por lo cual existe cosa juzgada material frente a los cargos de la demanda referidos a la supuesta violación de los artículos 53 y 229 superiores. || [2] Mediante esta sentencia la Corte Constitucional declaró inexequibles las normas de la ley 640 de 2001, por las cuales se disponía la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en materia laboral.] - [Palabras claves: ley, derecho, procedibilidad, requisito, laboral, corte, sentencia, social, artículos, jurisdicción, contencioso, materia, seguridad, magistrado]

Competencias del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre control, inspección y vigilancia de los conciliadores - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 (parcial) de la Ley 640 de 2001 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Marco Gerardo Monroy Cabra -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido la presente sentencia de acuerdo con los siguientes || En este debate se pretende dilucidar si la potestad conferida por la Ley al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en ejercicio de sus funciones de control, inspección y vigilancia, esta dependencia instruya a los conciliadores y a los centros de conciliación sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulen su actividad, así como para fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, implica una vulneración del principio de reserva legal en materia de administración de justicia o si la misma es apenas un reconocimiento a la potestad normativa de que son titulares los ministerios.] - [Palabras claves: ley, ministerio, justicia, norma, regulación, funciones, potestad, control, función, derecho, vigilancia, normas, corte, presidente]

Conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo; requisito de procedibilidad - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23, 35 y 37 (parciales) de la Ley 640 de 2001 - [Resumen automatizado: Finalmente, para el ciudadano no es entendible que habiendo sido declarada constitucional la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, se cuestione ahora el ejercicio de la misma función por parte de los agentes del Ministerio Público. || 4. Las acusaciones centrales de la presenta demanda son básicamente tres: según el actor, el establecimiento de la conciliación como requisito de procedibilidad en materia contencioso administrativa (i) viola el derecho a acceder a la justicia, (ii) no es viable pues no existen suficiente funcionarios del Ministerio Público para atender esas conciliaciones y, finalmente (iii), implica un traslado permanente de la función de administrar justicia a autoridades distintas a la judicial, lo cual vulnera el carácter excepcional y transitorio que el artículo 116 establece en esta materia. || Sin embargo, la Corte constata que el actor formula residualmente otro cargo que no fue explícitamente analizado por la sentencia citada, y es el siguiente: el demandante considera que la consagración de la conciliación prejudicial obligatoria desconoce su carácter consensual y una suerte de principio de habilitación establecido en el artículo 116 superior, según el cual son las partes quienes deben espontáneamente escoger al conciliador.] - [Palabras claves: procedibilidad, sentencia, justicia, corte, derecho, requisito, partes, si, contencioso, artículos, acudir, ley, conciliadores, acuerdo, materia, puede]

Requisito de procedibilidad, no se exigirá para el ejercicio de la acción de repetición - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 640 de 2001 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Marco Gerardo Monroy Cabra -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido la presente sentencia de acuerdo con los siguientes, || En efecto, lo que el demandante pone en entredicho en esta ocasión no es el texto del artículo 37 ni sus efectos en el libre ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, sino la circunstancia de que, por virtud del parágrafo 1º de la norma, la conciliación como requisito de procedibilidad no se exija en las acciones de repetición. || En efecto, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la mencionada Sentencia C-1195 de 2001 en donde la corporación analizó la conciliación prejudicial obligatoria a la luz del ordenamiento superior-, aquel dispositivo de mediación constituye una vía real y efectiva de acceso a la administración de justicia que, como tal, goza de las garantías y soporta las mismas imposiciones que otros mecanismos de mayor tradición jurídica a los que comúnmente acuden los particulares para resolver sus desavenencias.] - [Palabras claves: ley, acción, repetición, corte, acciones, legislador, requisito, justicia, en, demanda, constitucional]

Requisito de procedibilidad en asuntos de lo contencioso administrativo; Ley 640 de 2001, Art. 37, Parágrafo 2o. - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional ha entendido que también se incurre en omisión legislativa relativa cuando el legislador "al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. || El ciudadano Edgar Cruces Medina, actuando en nombre propio y haciendo uso del derecho consagrado los artículos 40, 241 y 242 de la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 37 parágrafo 2º de la Ley 640 de 2001, por virtud de la cual "se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones". || La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la demanda objeto de revisión, toda vez que las normas acusadas hacen parte de una ley de la República. || Esto, por cuanto el impugnante hace residir la inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley 640 en que el legislador omitió señalar en dicha norma, con qué termino cuenta el funcionario judicial para aprobar o improbar el acuerdo de conciliación a que llegan las partes, en asuntos de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.] - [Palabras claves: corte, norma, omisión, demanda, constitucional, constitución, normas, sentencia, legislativa, acuerdo, inconstitucionalidad, si, legislador]

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640 de 2001. Requisito de procedibilidad - [Resumen automatizado: En cuanto al cuarto y último requisito en materia administrativa, sobre determinación precisa del tiempo durante el cual se debe intentar la conciliación, éste se cumple de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 640 de 2001, "toda vez que la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud, salvo que las partes por mutuo acuerdo prolonguen este término." || En segundo lugar, en cuanto a la conciliación como requisito de procedibilidad en materia civil, el representante del Ministerio Público afirma que el artículo 27 de la Ley 640 de 2001 establece un amplio espectro de personal idóneo para atender estas solicitudes, que satisface la primera condición de constitucionalidad señalada por la Corte. || Segundo.- Estarse a lo resuelto en la sentencia C-1195 de 2001, que declaró EXEQUIBLE la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil y contencioso administrativa, regulada por los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley 640 de 2001, por los cargos relativos al derecho a acceder a la justicia.] - [Palabras claves: requisito, procedibilidad, ley, artículos, materia, corte, derecho, asuntos, ministerio, en, cuanto]

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 de la Ley 640 de 2001. Control, inspección y vigilancia sobre los conciliadores - [Resumen automatizado: Cuando el artículo 18 de la Ley 640 cita a los jueces para excluirlos de los conciliadores que están sujetos a la inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia, se refiere a los jueces que administran justicia en los ámbitos jurídicos regulados por la ley, ámbitos de los que no hace parte la justicia penal. || Se concluye que en aplicación de los principios de Estado democrático y de Derecho y del postulado de la separación de poderes, la inspección, vigilancia y control asignada al Ministerio de Justicia y del Derecho, no se ejerce sobre los jueces civiles, laborales, de familia ni de lo contencioso administrativo, por disposición taxativa de la propia norma, ni sobre los fiscales ni jueces penales, por pertenecer a un campo de regulación legislativa especial. || Por lo anterior, al permitir la norma demandada que el Ministerio de Justicia y del Derecho ejerza funciones de inspección, vigilancia y control sobre los fiscales, vulnera la autonomía e independencia de la Fiscalía, además de desconocer el principio de separación de poderes. || 1. Los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: ¿El artículo 18 de la Ley 640 de 2001 permite al Ministerio de Justicia y del Derecho ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre los fiscales, cuando éstos actúen como conciliadores dentro de un proceso penal?] - [Palabras claves: jueces, control, norma, ley, justicia, conciliadores, vigilancia, inspección, ministerio, derecho, penal, proceso]

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 28, 29, 30, 35 (parcial), 39 de la Ley 640 de 2001. Conciliación en asuntos laborales. Requisito de procedibilidad - [Resumen automatizado: Considera que no ha hay violación de la cosa juzgada constitucional, pues en la sentencia C-160 de 1999, la Corte declaró la inexequibilidad de las disposiciones de la Ley 446 de 1998 por dificultades de orden operativo y la ausencia de elementos que señalaran los requisitos mínimos para hacer uso de la conciliación extrajudicial en materia laboral, omisiones que repercutían en el derecho de acceso a la administración de justicia. || 1- El eje de la sentencia C-893 es el siguiente: la Corte considera que el establecimiento de la tentativa de conciliación, como requisito de procedibilidad, es inconstitucional porque al hacer obligatoria la conciliación (i) desvirtúa su naturaleza estrictamente consensual, (ii) obstaculiza el acceso a la justicia, y (iii) vulnera el mandato del artículo 116 de la Carta, según el cual los particulares pueden ejercer funciones como conciliadores únicamente en forma "transitoria", pero nunca de manera permanente y obligatoria. || Sin embargo, otra cosa muy distinta es que la ley exija el intento de la conciliación como requisito permanente de procedibilidad, pues las partes conservan siempre la posibilidad de rechazar el acuerdo para acudir a los jueces.] - [Palabras claves: sentencia, partes, requisito, procedibilidad, justicia, acuerdo, corte, ley, si, derecho, voto, mecanismo, acudir]

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640 de 2001. Requisito de procedibilidad - [Resumen automatizado: En la Ley 640 de 2001 se amplía la cobertura del requisito de procedibilidad de la conciliación, no sólo para asuntos de familia, sino también para asuntos laborales, civiles y administrativos, buscando que las personas acudan a otros medios alternativos de solución de conflictos diferentes del proceso judicial y sin olvidar que a través de ese mecanismo se accede a la administración de justicia, puesto que el conciliador está investido de la función jurisdiccional. || En esta oportunidad le corresponde a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema: ¿Constituyen las normas de la Ley 640 de 2001 que establecen la conciliación como requisito de procedibilidad para acceder a las jurisdicciones de familia, civil, laboral y contencioso administrativa una restricción inconstitucional del derecho a acceder a la justicia? || No obstante, teniendo en cuenta la parte motiva de la sentencia C-893 de 2001, los cargos analizados en esa oportunidad y el sentido de la decisión de la Corte en dicho fallo, se concluye que no existe cosa juzgada en relación con el sentido normativo "requisito de procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de familia", contenido en el artículo 35, el cual será objeto de estudio en el presente proceso.] - [Palabras claves: partes, justicia, corte, derecho, requisito, si, procedibilidad, puede, ley, sentencia, acuerdo, conflictos, solución]

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35 (parcial), 47 y 50 (parcial) de la Ley 640 de 2001. Requisito de procedibilidad. Defensor del cliente en entidades financieras - [Resumen automatizado: Cuando la conciliación extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad y se instaure la demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia. || Lo impugnado del artículo 35 de la Ley 600 de 2001, es inconstitucional, porque al erigir la conciliación como fundamento del proceso judicial en materia laboral, vulnera el artículo 229 de la Constitución que establece el derecho de acceder a la administración de justicia. || La expresión "laboral" del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, que se demanda en esta oportunidad, fue declarada inexequible por la Corte a través de la Sentencia C-893 de 2001, con ponencia de la suscrita Magistrada Sustanciadora. || Igualmente, los artículos 47 y 50 de la Ley 640 de 2001, objeto de acusación, ya fueron objeto de estudio y pronunciamiento por parte de esta Corporación la cual mediante sentencia C- 500 de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Alvaro Tafur Galvis, resolvió declarar inexequibles el artículo 47 de la Ley 640 de 2001, a partir de su promulgación y la expresión "salvo el artículo 47, que regirá inmediatamente" del artículo 50 de la Ley 640 de 2001, también a partir de su promulgación.] - [Palabras claves: ley, artículos, magistrado, corte, materia, procedibilidad, justicia, laboral, inconstitucionalidad, normas]

Centros de conciliación, requisitos; conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo; conciliación extrajudicial en materia laboral; mecanismo conciliatorio especial para resolver controversias laborales; requisito de procedibilidad en asuntos laborales; Ley 640 de 2001, Arts. 12, 23, 28, 30, 35 y 39 (parciales) - [Resumen automatizado: Finalmente, en relación con el artículo 30 de la Ley 640/01, la vista fiscal pide la inhibición por parte de la Corte Constitucional por falta de nexo entre el contenido normativo de la norma y el cargo formulado en su contra, visto que la disposición en comento no impone la conciliación como mecanismo obligatorio para resolver los conflictos laborales que involucren a más de 300 trabajadores, cual es el reproche del demandante, sino que ordena, en las convenciones colectivas o laudos arbitrales que beneficien a dicha cantidad, se incluya un mecanismo para escoger uno o varios conciliadores a los cuales se puede acudir en caso de controversia. || Conforme a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 116 de la Constitución Política, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, "en los términos que determine la ley", lo cual significa que para la regulación de estas materias el Constituyente instituyó una reserva legal dada la trascendencia social que implica el traslado a los particulares de la función pública de impartir justicia.] - [Palabras claves: justicia, ley, corte, conflictos, materia, derecho, conciliadores, requisito, solución, función, procedibilidad, administración, laboral, sentencia]

Defensores del cliente de las instituciones financieras; Ley 640 de 2001, Art. 47, parágrafos 1o y 3o. - [Resumen automatizado: De otra parte, indica el trámite surtido en el Congreso de la República para la aprobación del artículo 47 de la Ley 640 de 2001, y concluye que: i.) solo dentro del texto del articulado que presentó la Comisión Accidental de Conciliación, el 12 de diciembre de 2000 ante la plenaria del Senado, es que aparece por primera vez el artículo 47, demandado, al igual que sucede con el artículo 50 de la misma ley, referido a la fecha de entrada en vigencia de la misma, esto es, dentro del año siguiente a su publicación, salvo para el artículo 47 que entraría a regir inmediatamente, ii.) la segunda referencia al artículo 47 se hace en el texto definitivo del proyecto de ley, "aprobado en sesiones plenarias de Senado y Cámara de Representantes el 12 de diciembre de 2000" y iii.) dentro del expediente del proceso de la referencia constan las "proposiciones sustitutivas" relativas a esos dos artículos, pero sin referencia de fecha de presentación y sin argumento que los justifique.] - [Palabras claves: ley, corte, proyecto, cámara, constitución, normas, texto, congreso, comisiones, mismo, referencia, república, decreto, parágrafo, competencia]

Indemnización a empleados de carrera por supresión del cargo - Norma Acusada: Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 - [Resumen automatizado: Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios del proceso a que da lugar la acción pública de inconstitucionalidad, procede la Corte a proferir la sentencia correspondiente en relación con la demanda presentada por el ciudadano Antonio Eduardo Bohórquez Collazos, contra algunos apartes del parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, afirmando su competencia con fundamento en el artículo 241-5 de la Constitución Política. || De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 39 de la ley 443, la indemnización "no impide que el empleado de carrera ejercite una acción judicial contra el acto administrativo por medio del cual se ha suprimido el cargo, como parece entenderlo el demandante". || 39 de la ley 443/98 consagra como derechos del empleado de carrera administrativa, en caso de supresión del cargo, el de optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir una indemnización en los términos y condiciones que haya establecido el Gobierno Nacional. || La Corte interpreta el sentido de la expresión "en el evento en que el empleado opte por la indemnización o la reciba, el acto administrativo en que ésta conste prestará mérito ejecutivo y tendrá los mismos efectos jurídicos de una conciliación", contenida en el parágrafo del art.] - [Palabras claves: indemnización, acto, conflicto, empleado, judicial, administración, partes, carrera, puede, derecho, solución, constitución, administrativo, acción, cargo]

Conciliación laboral prejudicial; Ley 446 de 1998, Arts. 68 y 88 - [Resumen automatizado: De acuerdo con la interpretación del demandante, en ambos casos, esto es para los asuntos laborales y los de familia, el legislador impuso la conciliación administrativa como requisito de procedibilidad, es decir, que obliga a las partes en todos los casos, a recurrir a dicho procedimiento antes de acceder a la jurisdicción ordinaria correspondiente para proponer sus litigios, lo que a su entender no sólo desconoce el derecho a la defensa de las personas, que consagra el artículo 29 superior, sino que viola el derecho fundamental de libre acceso a la justicia, consagrado en el artículo 229 de la Carta Política, al condicionarlo y supeditarlo al cumplimiento de ese requisito. || Anota, que la conciliación previa, como requisito de procedibilidad de la acción, encuentra fundamento constitucional en el artículo 116 superior, que establece que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o equidad, en los términos que determine la ley, lo que desvirtúa la acusación del actor, en el sentido de que los artículos impugnados atentan "...] - [Palabras claves: artículos, ley, asuntos, familia, jurisdicción, normas, procedibilidad, requisito, partes, justicia, administrativa, derecho]

Conciliación laboral prejudicial; sentencias, orden para proferirlas; cláusula compromisoria, carácter autónomo; Ley 446 de 1998, Arts. 18 (parcial), 30 (parcial), 68, 82 y 116 (parcial) - [Resumen automatizado: Considera, por lo tanto, que la norma acusada está en armonía con los mandatos citados, pues ella persigue "racionalizar y ordenar el ingreso de los expedientes al despacho del juez, de tal forma que se fallen los asuntos respetando estrictamente los turnos de acceso de cada uno de ellos, salvo los casos de sentencia anticipada o de prelación legal (tutelas, acciones de cumplimiento, y populares, habeas corpus , etc.) pues de lo contrario se atentaría gravemente contra el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin dilaciones injustificadas." || Para analizar el cargo contra el artículo 30 expone que debe entenderse que la norma demandada se enmarca dentro de la regulación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que su única finalidad "es excluir el control jurisdiccional, por parte de dicha jurisdicción, a las decisiones del mismo carácter proferidas por las salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales." Además, sostiene que sobre este punto ya se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-417 de 1993. || Afirma también que la norma acusada vulnera el último inciso del artículo 116 de la Constitución, que señala que "los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.] - [Palabras claves: norma, contrato, justicia, procesos, manera, derecho, parte, personas, ley, constitucionalidad, si, jurisdicción, orden, puede, decisiones, judicatura, pueden, corte]

Conciliación laboral; conciliación en familia; servicio legal popular; Ley 446 de 1998, Arts. 68, 82, 88 (parcial), 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 y 167 (parcial) - [Resumen automatizado: La conciliación previa obligatoria en materia de familia, resulta exequible sólo si corresponde a los asuntos establecidos en el inciso segundo del artículo 88, y si dentro de las autoridades ante las que puede llevarse a cabo, está incluido el Juez Promiscuo Municipal, cuando no exista en el sitio, alguno de los otros funcionarios que la norma señala: Juez de Familia, Comisario de Familia, pues el Juez Promiscuo Municipal, también tiene competencia en asuntos de familia señalados por la ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, del decreto 2272 de 1989. || La norma acusada se circunscribe a establecer como uno de los requisitos previos a la obtención del título de abogado, la prestación del servicio legal popular, sin que, en esta norma, se regulen los aspectos de orden académico de que tratan las disposiciones legales, asuntos estos a los cuales, simplemente se hace alusión, pues no se crean ni se reglamentan por el artículo 149 de la ley 446 de 1998. || En relación con la presunta violación de la unidad de materia de la ley, establecida en el artículo 158 de la Constitución, por introducir en una ley de descongestión de la justicia, requisitos para acceder al título de abogado, hay que señalar no le asiste razón al demandante, pues, precisamente, si se cumplen los propósitos del servicio legal popular, éste puede convertirse en una valiosa herramienta en la descongestión, eficacia y acceso a la administración de justicia.] - [Palabras claves: ley, servicio, legal, popular, corte, si, legislador, derecho, requisito, requisitos, justicia, abogado, artículos, título, debe]

Intereses cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: El Procurador General de la Nación afirma, por su parte, que el artículo 72 de la Ley 446 de 1998, parcialmente acusado, no desconoce lo dispuesto por el 13 de la Carta Política, ya que la prerrogativa concedida a la Administración para que las cantidades líquidas reconocidas en los acuerdos conciliatorios generen intereses moratorios después de transcurridos seis (6) meses del plazo acordado para su pago, tiene una justificación razonable, pues las personas jurídicas de Derecho Público administran sus recursos con base en el correspondiente presupuesto anual de ingresos y gastos, orientado en los principios de legalidad, anualidad y universalidad del gasto público, plasmados en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política. || Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados.] - [Palabras claves: pago, intereses, ley, particulares, meses, igualdad, acuerdo, obligaciones, seis, administración, constitución, partir, término, cargo]

Conciliación - Procedibilidad - Inasistencia - [Resumen automatizado: No habría ningún problema en admitir la posibilidad de establecer la conciliación prejudicial en materia laboral, como requisito de procedibilidad, con miras a realizar los fines constitucionales antes mencionados, siempre que se den las siguientes condiciones: I) que se cuente con los medios materiales y personales suficientes para atender las peticiones de conciliación que se presentan por quienes están interesados en poner fin a un conflicto laboral; II) que se especifique concretamente cuáles son los conflictos susceptibles de ser conciliados, y cuáles por exclusión naturalmente no admiten el trámite de la conciliación; III) que se defina, tratándose de conflictos que involucran a la Nación o a entidades públicas descentralizadas o instituciones o entidades de derecho social sí, además, del agotamiento de la via gubernativa se requiere agotar la conciliación, o si ésta sustituye el procedimiento no relativo a dicho agotamiento; IV) que se establezca que la petición de conciliación, interrumpe la prescripción de la acción; V) que se determine un tiempo preciso durante el cual se debe intentar la conciliación expirado el cual las partes tienen libertad para acceder a la jurisdicción laboral.] - [Palabras claves: ley, derecho, justicia, laboral, corte, conflictos, normas, acceso, materia, proceso, judicial, requisito, si, solución, derechos, constitución, puede]

Atribuciones Ministerio Público - Conciliación judicial - [Resumen automatizado: Una vez sometida el acta de conciliación prejudicial al control judicial, para que pueda ser aprobada o improbada por el juez administrativo competente, si el agente del Ministerio Público está inconforme con el arreglo que ante él como conciliador, llegaron las partes, tiene el deber constitucional de promover ante el juez administrativo, todos los recursos pertinentes, encaminados a explicar las razones por las que el acuerdo prejudicial no debe ser aprobado. || En el caso de los arreglos logrados en las conciliaciones extrajudiciales adelantadas ante los centros de conciliación, acuerdos que, por regla general, no tienen el control judicial, cuando se trata de asuntos contencioso administrativos, el control judicial se da, si el Ministerio Público está inconforme con el arreglo al que llegaron las partes, acudiendo a "solicitud de homologación judicial". || Además, por la dinámica de la conciliación extrajudicial, en asuntos contencioso administrativos, ante el agente del Ministerio Público, hay que tener en cuenta que una vez logrado el acuerdo entre las partes, el agente firma y envía el acta y sus anexos al juez competente, para su calificación y aprobación definitiva.] - [Palabras claves: público, ministerio, ley, acuerdo, judicial, agente, si, partes, procurador, recursos, extrajudicial, contencioso]

Conciliación - [Resumen automatizado: En los procesos en que no se haya proferido sentencia de primera o única instancia, que versen total o parcialmente sobre cuestiones susceptibles de transacción, distintos de los laborales, penales y contencioso administrativos y de aquellos en los cuales alguna de las partes estuviere representada por curador ad litem, las partes, de común acuerdo, pueden pedir al juez que aquellas se sometan a trámite de conciliación, y que si ésta fracasa o fuere parcial, a posterior arbitramento salvo que acuerden acudir a amigable composición. || de este decreto y en lo contencioso administrativo, en los que se controvierta la responsabilidad contractual o extracontractual del Estado, en primera instancia, habrá por lo menos una oportunidad de conciliación que tendrá lugar, a más tardar, al concluir la etapa probatoria del respectivo proceso. || del Decreto permite someter al trámite de conciliación o posterior arbitramento los asuntos susceptibles de transacción, en los procesos que no se haya dictado sentencia de primera o única instancia", salvo "en los laborales, penales o contencioso administrativos y en aquellos en los cuales alguna de las partes estuviere representada por curador ad litem.] - [Palabras claves: procesos, decreto, ley, artículos, primera, contencioso, normas, administrativos, instancia, término, facultades, disposiciones, sentencia]