La existencia de una cláusula compromisaria o un compromiso arbitral en relación a las posibles controversias que surjan frente a una situación determinada por las partes genera una falta de jurisdicción que impide el conocimiento de dichos asuntos por parte del juez administrativo, y que pese a que las partes radiquen la demanda de la controversia ante la jurisdicción administrativa, lo adecuado es declarar la nulidad procesal por falta de jurisdicción. Se debe resaltar que esta Corporación ha sostenido que en virtud del principio de la libre autonomía de la voluntad, las partes pueden definir los aspectos del contrato que desean remitir al conocimiento de la justicia arbitral y aquellos que quedan sometidos al conocimiento del juez administrativo. Las partes pueden convenir que: i) todas las controversias que surjan con ocasión de un contrato sean conocidas por la justicia arbitral o ii) solamente determinados asuntos sean del resorte de los tribunales de arbitramento. Puede concluirse que: i) las controversias deben ser conocidas por la justicia arbitral cuando las partes hayan pactado una cláusula compromisoria o compromiso y ii) las partes pueden pactar cuáles controversias específicas puedan ser conocidas por la justicia arbitral, restricción que es plenamente válida en virtud del principio de autonomía de la voluntad

Cláusula compromisoria, providencia de unificación sobre renuncia tácita. Esta Corporación acogió la tesis jurisprudencial de conformidad con la cual la justicia arbitral cuenta con la facultad para decidir sobre la validez de todos aquellos actos administrativos contractuales diferentes a los previstos en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en tanto ellos no comportan el ejercicio de las potestades previstas en el aludido artículo del Estatuto de Contratación Estatal. Finalmente se tiene presente que para los procesos iniciados en vigencia del CPACA., a partir del 2 de julio de 2012, y que se tramitan bajo la Ley 1563 de 2012, actual estatuto de arbitraje, cabe invocar la renuncia tácita por la conducta de las partes, la cual se desprende, por ejemplo, de que, aun advirtiendo la presencia de la cláusula compromisoria, con posterioridad a la sentencia de unificación del Consejo de Estado y a la entrada en vigencia del nuevo estatuto de arbitraje, la parte demandada no invoque la excepción y, por el contrario, en sus actuaciones subsiguientes recabe en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelva la controversia

¿Puede renunciarse tácitamente a la cláusula compromisoria solemnemente pactada entre las partes de un contrato estatal en asuntos gobernados por normas anteriores a la Ley 1563 de 2012? - No, así como las partes deciden, de común acuerdo, someter sus diferencias al conocimiento de la justicia arbitral, empleando para ello la celebración de un pacto cuyas principales características son que sea expreso y solemne, de la misma manera aquéllas deben observar de consuno tales condiciones (forma expresa y solmene) si su voluntad es deshacerlo o dejarlo sin efectos, de suerte que, si optan libremente por la justicia arbitral y no proceden como acaba de indicarse para cambiar lo previamente convenido, no tienen la posibilidad de escoger entre acudir a ésta o a los jueces institucionales del Estado, teniendo en cuenta que su voluntad inequívoca fue someterse a la decisión de árbitros - UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL

Recurso extraordinario de anulación interpuesto por Salinas Marítimas de Manaure Limitada-Sama Ltda, contra un laudo arbitral. Procede por errores in procedendo. No procede por errores in iudicando. No es una segunda instancia Cláusula compromisoria. Finalidad del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral. Contrato o compromiso. Administración de justicia por particulares. Árbitros. Conciliadores. Fallo en conciencia en laudos arbitrales

Efectos y noción de la cláusula penal. Finalidad de la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria produce falta de jurisdicción de justicia ordinaria para decidir un conflicto, pues el efecto natural de dicho pacto es excluir a las partes de la justicia que la ley asignó anticipadamente para resolver las diferencias que surjan entre los contratantes. Cuando las partes de un contrato con cláusula arbitral acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se entiende que tácitamente renuncian a la jurisdicción extraordinaria, pues el demandante expresa dicha intención al presentar la demanda y el demandado al no proponer oportunamente la excepción de falta de jurisdicción. Requisito de perfeccionamiento del contrato estatal. Con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, el legislador ratificó que el requisito presupuestal se necesita para la ejecución del contrato, no para el perfeccionamiento. Esta disposición (artículo 23 de la Ley 1150 de 2007), mantiene intacto el primer inciso del artículo 41 de la Ley 80, de allí que el perfeccionamiento del contrato estatal sigue tal como estuvo regulado desde la vigencia de la norma inicial. Pero también conserva la idea de que el registro presupuestal es un requisito de ejecución del contrato, luego hoy no puede sostenerse que lo sea de perfeccionamiento, so pena de desatender el sentido del artículo citado. Si un cheque se presenta por fuera de los términos indicados en el artículo 718 del Código de Comercio, según sea el caso, no aplica la sanción por falta de pago del mismo. No siempre la falta de pago del cheque se debe a razones imputables al librador, pues bien pueden presentarse situaciones imputables al beneficiario del cheque, o incluso al banco mismo. Es posible reducir el monto de la cláusula penal, al momento de su aplicación, cuando la obligación contractual se ha cumplido en parte, según lo disponen tanto el Código Civil como el de Comercio. Considerando que la cláusula penal pecuniaria es una tasación anticipada de perjuicios, y que la entidad está exenta -para imponerla y cobrarla- de demostrar los daños sufridos a raíz del incumplimiento del contratista; se debe tener en cuenta que el juez tiene la competencia, previo juicio de proporcionalidad, para fijar su reducción, pues los postulados de dicho principio, así como el de equidad-este último como criterio auxiliar de la actividad judicial-, así se lo exigen.