El registro presupuestal no implica el perfeccionamiento del contrato sino de sus actos previos. Toda obligación de pago emanada de un contrato en la que se comprometan recursos del presupuesto nacional o de los presupuestos de las entidades territoriales en su caso, requiere para su ejecución, primero, de la previa disponibilidad presupuestal, la cual debe existir desde el momento en que se abre la convocatoria para la contratación, se aprueba la modificación al contrato respectivo o se realiza la contratación directa en que se afectan los recursos. La Corte Constitucional ha detallado que, por su naturaleza, las disponibilidades presupuestales deben ser entendidas como un requisito para la ejecución del gasto público. Con posterioridad a la celebración del contrato se requiere un registro presupuestal (RP) que se efectúa por la propia entidad contratante, por el monto de los compromisos asumidos en el contrato, con cargo a la referida disponibilidad presupuestal. El artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto no contiene una referencia al perfeccionamiento del contrato, sino a los actos de registro y control del presupuesto, que se exigen respecto de todo gasto, independientemente de que se origine en un contrato, un acto unilateral o una afectación de las cuentas de funcionamiento. El Consejo de Estado ha reiterado que la disponibilidad y el RP son requisitos de legalidad del gasto y no de validez del contrato y, con mayor razón, lo ha previsto de esa manera tratándose de contratos que se rigen por el derecho privado. Los contratos que se rigen por la Ley 80 de 1993, con apoyo en los artículos 25 y 41, se ha advertido que el gasto no puede ejecutarse por parte de la entidad pública en el supuesto de la ausencia de disponibilidades presupuestales y que la conducta omisiva en la observancia de los requisitos presupuestales configura el incumplimiento del contrato

Aunque, de conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito, no puede pasarse por alto que esta Corporación, en providencias proferidas a partir del auto del 27 de enero de 2000, afirmó que el registro presupuestal comportaba un requisito de "perfeccionamiento" del contrato estatal, de conformidad con la reforma introducida a la Ley 80 por el artículo 49 de la Ley 179 de 1994, compilado en el artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto ley 111 de 1996. Es dable concluir que en la actualidad el registro presupuestal no comporta un requisito para la existencia y perfeccionamiento del contrato, sino para su ejecución. Con todo, ello significa que la iniciación del contrato no podrá anteceder al registro presupuestal, en cuanto sin este nada se puede ejecutar.\ La Sala precisó que el procedimiento de cobro coactivo, según las previsiones del artículo 823 del Estatuto Tributario y 5 de la Ley 1066 de 2006, no es nada distinto al ejercicio de una facultad soberana de la administración, al tiempo sujeto a su control y vigilancia. la Sala consideró que es dable convenir con particulares el ejercicio de funciones administrativas relacionadas con el cobro coactivo, específicamente, de aquellas que atañen a la instrumentación del proceso y la proyección de documentos, siempre y cuando la administración conserve en todo momento la regulación, control, vigilancia y orientación de la función, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 110 de la Ley 489 de 1998 y cumpla con el procedimiento dispuesto en la misma ley para la atribución. La concesión o autorización a favor de los particulares para participar en el recaudo de cartera debe estar precedida de la expedición de un acto administrativo que así lo disponga y, además, de un convenio en los términos permitidos, todo de conformidad con la Ley 489 de 1998

Pretensiones de la acción contractual. Diferencias entre la acción in rem verso y la acción contractual. Noción del principio iura no vit curia. Formalidades, perfeccionamiento, ejecución y existencia del contrato estatal. Finalidad del registro presupuestal. Principio del no enriquecimiento sin causa, evolución jurisprudencial.

La Sala encuentra indispensable resaltar el carácter subsidiario de la acción in rem verso y considera que, para solucionar los problemas que se suscitan cuando se ejecutan prestaciones sin que exista el contrato, o cuando, como en el presente caso el contrato no es ejecutable, existen otras figuras jurídicas que resultan procedentes al efecto. Contrato estatal de consultoría - Incumplimiento. Requisitos de ejecución. Principio de no enriquecimiento sin causa. Acción in rem verso. Principio de confianza legítima. Acción contractual