¿En qué casos el fraccionamiento indebido del objeto contractual configura el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales? Ha dicho la Corte que "cuando la administración de manera artificiosa deshace la unidad natural del objeto contractual, a fin de contratar directamente lo que en principio debió regirse por las formas propias de la licitación, o para sujetarse a un procedimiento menos estricto y riguroso de contratación directa en reemplazo del que se imponía seguir por el factor cuantía, práctica que indudablemente riñe con las normas que gobiernan la contratación estatal, particularmente con los principios de transparencia y selección objetiva. No obstante lo anterior, la valoración de tal conducta en relación con la posible configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, supone realizar un doble ejercicio analítico dirigido a determinar: (i) sí resulta predicable la unidad de objeto respecto de los contratos cuya legalidad se cuestiona, y, en caso cierto, (ii) cuáles fueron las circunstancias que en concreto llevaron a la administración a realizar varios contratos, pues sólo de allí puede extractarse si la actuación se apoyó en criterios razonables de satisfacción del interés público, propósito al que sirve la contratación estatal, o si, en cambio, las razones esgrimidas son sólo artificiosas y dirigidas, por ende, a soslayar las reglas contractuales debidas. De acuerdo con los citados criterios puede afirmarse que hay fraccionamiento de un contrato cuando el ente oficial de manera engañosa disuelve la materia del contrato para darle a los elementos resultantes apariencia de contratos autónomos o independientes, cuando en verdad éstos integran o componen una unidad natural, bien por corresponder tales sub-objetos contratados a una misma especie, o ya porque la no realización de alguno impide la cabal ejecución del otro - [Resumen automatizado: 2. Dado que según auditoría practicada en abril de 2004 por la Contraloría Municipal tales contratos fueron reportados como irregulares por posible fraccionamiento, se remitieron copias a la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación y, tras la vinculación legal de SASTOQUE MEÑACA, el 16 de abril de 2007 calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación contra éste, en calidad de autor de la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (Ley 599 de 2000, artículo 410), al estimar que el procesado dividió el objeto contractual para celebrar los actos de la manera como lo hizo y evitar hacer uno solo mediante "edicto o invitación pública" o "a través de licitación pública", pliego de cargos confirmado el 8 de febrero de 2010[3]. || De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2170 de 2002, en la contratación directa deben seguirse los requisitos señalados en sus numerales 1 a 5[16], mediante los cuales se regula una especie de "convocatoria pública" para obtener varias ofertas; empero, según el parágrafo del mismo precepto "Cuando el valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrarlo tomando como única consideración los precios del mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas".] - [Palabras claves: contratos, contrato, objeto, unidad, misma, obras, mismo, legales, cuantía, cada, según, contratación]

¿En qué hipótesis puede el servidor público vulnerar el bien jurídico en el delito de celebración de contrato sin requisitos legales? El comportamiento señalado en la norma transcrita consiste en el que "tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos". Tal descripción corresponde a un tipo penal de conducta alternativa, que contempla tres hipótesis en las cuales el servidor público a cargo de la función contractual o de parte de ella, puede objetivamente vulnerar el bien jurídico de la administración pública. La primera, consiste en dar trámite al contrato sin la observancia de requisitos legales esenciales para concretarlo, gestión que esta Sala ha precisado comprende "los pasos que la administración debe seguir hasta la fase de 'celebración' del compromiso contractual" (CSJ SP, 20 mayo de 2003. rad.14699); la segunda consiste en celebrar el contrato sin verificar el cumplimiento de sus requisitos legales esenciales, incluidos aquellos que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 constituyen solemnidades ineludibles en la fase precontractual y, finalmente, liquidar el contrato cuando concurran similares falencias. Como ha precisado la Sala, las formas de comisión de éste delito se refieren a comportamientos distintos; así, una es la conducta aludida en la primera modalidad, donde se reprocha el hecho de tramitar el contrato sin observar sus requisitos legales esenciales y, otra, la de quien lo celebra o liquida, pues en estos casos la prohibición se hace consistir en no verificar el cumplimiento de los requisitos legales inherentes a cada fase - [Resumen automatizado: 1. Este proceso tuvo su génesis en la compulsa de copias ordenada, a través de resolución fechada cuatro (04) de septiembre de dos mil seis (2006)[1], por la Fiscalía Seccional 31 de Puerto Carreño, departamento de Vichada, dentro de la actuación adelantada a los señores William Javier Díaz Alvarado, Guillermo Gustavo Díaz Alvarado y José Manuel Rivera Parra, con el fin de que la Unidad de Fiscalías delegadas ante esta Corporación, si así lo estimaba procedente, aperturara investigación en contra del entonces Gobernador de Vichada, doctor ÁLVARO LONDOÑO ARISTIZÁBAL, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de obra No. 113 del 13 de junio de 1997, cuyo objeto era la «Construcción de una cancha múltiple y graderías en el corregimiento de Guérrima, departamento del Vichada». || De conformidad con lo dispuesto en los artículos 235-4 de la Constitución Política y 75-6 de la Ley 600 de 2000, la Corte es competente para emitir el pronunciamiento de fondo pertinente, toda vez que el procesado ÁLVARO LONDOÑO ARISTIZABAL, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en situación concursal, cuando desempeñaba el cargo de Gobernador del departamento de Vichada.] - [Palabras claves: contrato, legales, cumplimiento, requisitos, no, favor, apropiación, en, obra, ley, contratación, procesado, delito, pena, principios, pública]

¿En qué momento se estructura el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales? - Dicho tipo penal se estructura "cuando un servidor público en ejercicio de sus funciones desatiende los requisitos legales atinentes a un contrato, específicamente en tres eventos, a saber: (i) cuando lo tramita sin cumplir los requisitos propios de esa fase contractual, (ii) cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los inherentes a la fase pre-contractual, y (iii) cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto. Consecuente con lo anterior, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene determinado que los requisitos legales esenciales a los cuales se refiere el artículo 410 del estatuto punitivo, según la fase contractual respectiva, son los previos a la celebración del contrato, que el funcionario tenga competencia para contratar, autorización para que el funcionario competente pueda contratar, existencia del rubro y registro presupuestal correspondiente y la a licitación o el concurso previo. También están los requisitos concomitantes a la celebración del contrato cuyo cumplimiento habilita el acuerdo entre la administración y el particular, primero que todo, la elaboración de un contrato escrito que contenga todas las cláusulas atendiendo a su naturaleza, y las obligatorias en casos determinados y para ciertos contratos, segundo, la constitución y otorgamiento de garantías de cumplimiento por el contratista, tercero la firma del contrato por las personas autorizadas. Por último se constituyen los requisitos posteriores a la celebración del contrato, cuyo cumplimiento permite que una vez firmado el mismo la actuación quede en firme y pueda ser ejecutado, que sea aprobado por parte de la entidad competente, el pago del impuesto de timbre y la publicación - [Resumen automatizado: Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por los defensores de los procesados CARLOS ALBERTO TÁMARA AMARIS y ANTONIO ALFONSO CRESPO SILVA, contra la sentencia de segundo grado de 11 de mayo de 2010 mediante la cual el Tribunal Superior de Valledupar revocó la de carácter absolutorio emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial, para en su lugar, condenarlos como autor, el primero, e interviniente, el segundo, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. || Si bien la Fiscalía acusó a los procesados por el delito contemplado en el artículo 409 del Código Penal, para la Sala resulta más adecuado considerar que los comportamientos de Carlos Alberto Támara Amaris y Antonio Alfonso Crespo Silva en materia de contratación pública encajan en el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales que describe y sanciona el artículo 410 ejusdem, en virtud de que esta norma congloba a la primera, tal y como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia (en sentencia del 8 de junio de 1982, M.P. Dr. Gustavo Gómez Velásquez).] - [Palabras claves: contrato, bienes, interés, cesión, predios, fiscales, requisitos, inmuebles, vivienda, contratación, ley, si, cumplimiento, social]

¿Qué bien jurídico se tutela con el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales? - Se tutela el principio de legalidad de la contratación administrativa, es decir, la tramitación, celebración y liquidación de los contratos estatales con apego a los principios y reglas establecidos en la ley, los cuales son desarrollo de los valores constitucionales que gobiernan la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (artículo 209 de la Constitución Política) - [Resumen automatizado: 3. El 20 de junio de 2006, al desatar la alzada la Fiscalía 2 Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Rosa de Viterbo y Yopal, la modificó en los siguientes términos: (i) profirió resolución de acusación en contra de Germán Alberto González Puentes (autor), Jorge Humberto Mojica Triana, Arlady Castro García y Gustavo Manosalva Corredor (cómplices) del delito de peculado por apropiación conforme al artículo 133, inciso 2 del Decreto 100 de 198, y (ii) profirió resolución de acusación en contra de Jairo Humberto Puerto Castro, como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales frente a los contratos de reforestación números 05 de 1996, 005 de 1997 y 009 de 1997, en concurso homogéneo, delito sancionado en el artículo 146 de la Ley 100 de 198. || 4. Posteriormente, aborda el estudio del numeral 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1.993, referido según la demanda, al tema relacionado con los imprevistos, norma que considera perfectamente aplicable pues al haberse encontrado un deterioro en las cañerías se hizo viable acudir a la misma; situación que desde ningún punto de vista se puede asumir como la violación flagrante y sistemática de los principios y presupuestos que regulan la contratación administrativa y menos aún, para “edificar sobre semejante diserto una condena de carácter penal, a un ciudadano como el caso del Ex Alcalde de la localidad de Santa Rosa de VITERBO”.] - [Palabras claves: ley, contrato, principio, cargo, sentencia, tribunal, sala, casación, contratación, pública, legales, principios, recurso, código, instancia, requisitos, penal]

Concurso delictual de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad material de documento público. Violación indirecta de la ley sustancial. Principio de prioridad de obligatorio acatamiento en esta sede casacional. Los vicios in procedendo conducen claramente a cuestionar la validez del proceso y generalmente impiden un fallo de sustitución. Circunstancia de agravación relacionada con la cualificación del agente. Redosificación. Inexistencia del error probatorio. Casación oficiosa. Mecanismos sustitutivos de la pena. No casa la sentencia - [Resumen automatizado: El 17 de junio de 2002, el entonces Alcalde Municipal de Pueblo Bello (Cesar), HUGO ENRIQUE RUDAS VILLAZÓN, suscribió el contrato de obra pública N° 042, con Jeiner Quintana Ardila (quien solo contaba con 18 años de edad), por valor de $9.152.000.oo, cuyo objeto era la construcción de una alcantarilla en la Vereda Costa Rica de esa localidad, denotando las fases del convenio el ánimo de favorecer al contratista, porque se celebró el mismo día en que se había desfijado el aviso al público, no medió la previa resolución de adjudicación (la cual sólo se dio el 20 de junio siguiente), ni la póliza de garantía, constituida y aprobada con posterioridad (10 de julio), en tanto que el certificado de disponibilidad presupuestal N° 302 adiado el 17 de junio de 2002 por el valor del contrato y firmado por la Tesorera Gloria Patricia Martínez Osorio] - [Palabras claves: presupuestal, contrato, disponibilidad, público, documento, mismo, pena, en, delito, certificado]

Delito de peculado por apropiación en concurso con el punible de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Variación de la calificación jurídica provisional. La Sala precisó que las variaciones de agravación, diferentes a la errónea calificación que hacen relación al nomen iuris, sólo son procedentes en la medida en que se dé el presupuesto fáctico de prueba sobreviniente surtida en la fase del juicio. Puede ocurrir que un contrato se celebre sin que se infrinja el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, taxativamente fijado en la Constitución y en la Ley, cumpliendo igualmente los requisitos legales esenciales determinados específicamente para el tipo de contrato de que se trate, sin que esto impida que se vulnere el bien jurídico - [Resumen automatizado: Denuncia que en el fallo fueron desconocidas las garantías fundamentales de su asistido al haber sido condenado como autor del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cuando en la resolución de acusación le fue imputado el interés indebido en la celebración de contratos, punible al cual la defensa en el juicio apuntó a refutar, resultando sorprendida cuando el ad quem emitió sentencia por otro delito. || Lo anterior cobra vigencia, porque PADILLA GARCÍA fue acusado como autor del delito de interés indebido en la celebración de contratos, pero en últimas condenado por el punible de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, pese a que tales comportamientos se ubican en el mismo título y capítulo del Código Penal y tienen la misma penalidad (4 a 12 años de prisión; 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y 5 a 12 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas), yerro que además de afectar sus garantías fundamentales al ser sorprendido con una imputación jurídica que no tuvo oportunidad de controvertir, socava la estructura del proceso al asumir el juez el rol de acusador a fin de ajustar la calificación jurídica a su criterio.] - [Palabras claves: contrato, calificación, conducta, celebración, juez, acusación, si, jurídica, legales, imputación, interés, puede, delito, requisitos]

Se declara penalmente responsable al ciudadano que se desempeñó como Alcalde del Municipio de María La Baja, por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Del principio de transparencia y del deber de selección objetiva. Mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. La sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, registrada como pena principal para los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, representa detrimento patrimonial para el Estado, y por tanto se encuentra sujeto a la sanción constitucional establecida en el inciso 5° del artículo 122 de la Constitución Política Colombiana, sanción que opera a perpetuidad - [Resumen automatizado: En su concepto está probado el vínculo entre Fernando Villadiego y el Alcalde SILFREDO MORALES ALTAMAR, dado que fue el primero quien le informó al segundo que existían unos recursos en ECOPETROL para el Municipio de María la Baja, actuación que le conllevó elaborar el proyecto presentado a dicha empresa, cuando quien debía realizarlo era un funcionario de la Alcaldía, pues en caso de necesitarse la intervención de un tercero, debía suscribirse un contrato. || 1- No obstante los hechos materia de esta actuación hacer relación a situaciones acaecidas cuando el doctor SILFREDO MORALES ALTAMAR fungió como Alcalde del municipio de María la Baja durante el período 2000 - 200, la Sala es competente para emitir el presente pronunciamiento a tenor de lo dispuesto en los artículos 235-4 y parágrafo de la Carta Política y 75-6 de la Ley 600 de 2000, por cuanto en la actualidad ejerce el cargo de Representante a la Cámara. || Las precedentes consideraciones llevan a la Sala a concluir que se encuentran acreditadas suficientemente, en grado de certeza, tanto la materialidad de la conducta por la cual fue convocado a juicio SILFREDO MORALES ALTAMAR, como su responsabilidad en calidad de autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.] - [Palabras claves: morales, contrato, legales, en, ley, municipio, si, pues, pena, cumplimiento, alcalde, meses, parte, años, prisión, requisitos, sala]

No casa sentencia a través de la cual se condenó por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La contratista y la condición de interviniente. Para efectos penales se considera al contratista, interventor, consultor y asesor como particulares que cumplen funciones públicas, y que, por tanto, sujetos a las consecuencias penales de los servidores públicos, sin embargo la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamientos posteriores, ha condicionado la asimilación de particulares contratistas a la categoría de servidores públicos, siempre que en virtud del objeto del contrato se les traslade una función que por su naturaleza sería exclusiva y excluyente del servidor público. Formas en la contratación directa. Sobre la inexistencia de interpretación errónea de la norma que tipifica la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. - [Resumen automatizado: La Sala de Casación Penal considera necesario detenerse en la propuesta hecha por los recurrentes respecto de que la situación de la señora Ruth Esther Álvarez Pérez, en su condición de contratista particular en quien no se reunían las calidades de sujeto activo calificado, esto es, de servidor público exigido por el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ha debido, y debe, ser valorada en los términos de la novedosa figura del “interviniente”, reglada en el inciso final del artículo 30 de la Ley 599 del 2000. || Ese es el contexto que deriva de la valoración objetiva de la prueba, de donde surge como única conclusión que Ruth Esther Álvarez Pérez es coautora del delito por el que se la juzgó, en tanto de común acuerdo con el Alcalde Luis Carlos López Pérez, éste le trasladó, a través de sucesivos contratos mensuales de prestación de servicios, que cobijaron todo el periodo del burgomaestre, concretas y específicas funciones públicas, como la de asesorar en el manejo presupuestal y contable del municipio, además de ejercer control sobre todas las actividades de la administración, circunstancias que habilitan la asimilación de que trata el artículo 56 de la Ley 80 de 1993.] - [Palabras claves: contrato, contratación, contratos, ley, servicios, pues, funciones, responsabilidad, en, públicas, públicos, servicio, manera, prestación, penal, público, órdenes]

No casa fallo condenatorio como coautora de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Diferencias entre emergencia sanitaria y urgencia manifiesta. La juridicidad distintiva de un Estado Social de Derecho exige, a tiempo de confrontar dos instituciones, realizarla de manera integral, en forma objetiva, atendiendo el significado natural y obvio que cada una de ellas enuncie. Subcontratación. Dolo manifiesto en el delito de peculado por apropiación. - [Resumen automatizado: La Corte resuelve el recurso de casación propuesto por el apoderado de la señora Claudia Edilma Hernández Velásquez, contra la sentencia del 9 de agosto de 2005, por medio de la cual el Tribunal Superior de Cundinamarca revocó parcialmente la dictada el 29 de octubre de 2004 por el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá y la condenó, como coautora de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, le impuso una pena de 100 meses de prisión. || Destacó puntuales aspectos: i) el municipio de Zipaquirá sufrió un detrimento económico derivado del contrato de obra que dio cuenta el proceso; ii) Jesús Antonio Ruiz Espinel fue negligente en su condición de interventor, por lo tanto está incurso en el delito de peculado culposo; iii) el fraccionamiento del contrato –como bien tuvo en sostenerlo el Tribunal Superior- constituye uno de los mecanismos utilizados para evadir el cumplimiento de la licitación pública; iv) la Cooperativa, a través de su representante legal, subcontrató sin tener facultades para ello y además celebró contratos sin acatar los principios y normas aplicables; v) la urgencia manifiesta, no fue declarada, por tanto no existió; vi) Claudia Edilma Hernández y Gilberto Sánchez Castellanos son responsables de las conductas por las que se les condenó.] - [Palabras claves: contrato, dolo, manifiesta, urgencia, legales, tribunal, conducta, delito, contratación, penal, emergencia, ello, peculado, requisitos, instancia, ley, sanitaria, licitación, apropiación]

La objeción constituye un mecanismo de contradicción al dictamen pericial, que le permite a los sujetos procesales cuestionar su contenido y conclusiones, a condición de demostrar la existencia de un error, que en todo caso debe ser determinante, o si se quiere grave. Proceso penal - Incidente de objeción a dictamen pericial. Prueba pericial. Tasación de perjuicios. Delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Delito de peculado por apropiación - [Resumen automatizado: 1. Para la apoderada de la parte civil, el perito incurrió en error por no considerar que los procesos contractuales celebrados por LUCAS GENECCO CERCHIARO, como gobernador del Cesar, tenían el propósito de favorecer a la firma B&B Ingenieros y apoderarse de dineros del Estado, como que “en los contratos de pavimentación de la vía Astrea Arjona, no solo existieron menores cantidades de obra, sino también sobrecostos. || 2. A la anterior petición se le dio trámite de objeción, descorriéndose traslado a los sujetos procesales como lo manda el artículo 139 de la Ley 600 de 2000, término dentro del cual el defensor del acusado expuso que la pretensión de la apoderada de la parte civil no señala la circunstancia constitutiva de error grave, ni los argumentos que expone apuntan a una demostración semejante, máxime que en este evento el perito cumplió con el objeto de la misión encomendada al haberse elaborado “de acuerdo con la documentación obrante en el proceso”, a partir de la cual concluyó en la imposibilidad de establecer un detrimento patrimonial porque los contratos “fueron cumplidos a cabalidad y se pudo verificar el cumplimiento de las obras, hecho que no permite establecer una cuantía derivada del incumplimiento de los mismos”.] - [Palabras claves: contratos, perito, obra, objeción, parte, especificaciones, civil, dictamen, técnicas, vía, no, error, establecer, contraloría, general, precios, acusación]

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, no es necesaria la designación de reemplazo del Magistrado impedido, pues se cuenta con la mayoría de miembros de la Sala para deliberar y decidir.Delito de interés ilícito en la celebración de contratos. Delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Proceso penal - Impedimentos y recusaciones - [Resumen automatizado: Corresponde a la Sala pronunciarse sobre el impedimento presentado por el Magistrado doctor Sigifredo Espinosa Pérez, para conocer de la demanda de casación interpuesta por el defensor del procesado JAIR DE JESÚS CASTILLO contra el fallo de segundo grado proferido por el Tribunal de Antioquia el 13 de diciembre de 2004. || El Magistrado mencionado en precedencia fundamenta su manifestación de impedimento en la causal establecida en el numeral 4º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, en atención a que expresó su opinión sobre el asunto materia del proceso al conocer de la impugnación interpuesta contra el fallo de primer grado, ocasión en la cual el Tribunal de Antioquia decidió declarar la nulidad de dicha providencia, temática que corresponde a la que ahora pretende debatir el recurrente. || Con el propósito de mantener el reparto equilibrado de los expedientes entre los diferentes miembros de la Sala, se dispone remitir al despacho del Magistrado doctor Sigifredo Espinosa Pérez, en compensación por este asunto, un diligenciamiento del despacho de la Magistrada Ponente, de similar complejidad.] - [Palabras claves: magistrado, sala, despacho, tribunal, impedimento, antioquia, fallo, vez, delito, proferido, conformidad, grado, hecho, asunto]

¿No puede atribuirse un incumplimiento contractual por la ausencia de unos documentos que no hacían parte del objeto mismo de una orden de prestación de servicios, máxime cuando la realidad fáctica demuestra que finalmente la ejecución del mismo no se vio afectada? Poco importa que la administración no se haya visto perjudicada económicamente, o que sus objetivos se hayan cumplido, pues lo que el tipo penal protege no son los bienes materiales de la administración, sino los principios y fundamentos de la administración pública. Delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Proceso penal - Preclusión de la investigación. Contrato estatal - Selección objetiva del contratista. Contratación estatal directa - [Resumen automatizado: Luego de recordar lo que la doctrina y la jurisprudencia han venido decantando acerca del cumplimiento de los requisitos y principios esenciales de la contratación estatal, el recurrente sostiene en primer término que su asistido verdaderamente realizó una selección objetiva, puesto que, de una parte, en la Asamblea Departamental de Santander no existía el personal suficiente y calificado para llevar a cabo el estudio de las diversas situaciones laborales en que se hallaban los Diputados para el reconocimiento y pago de sus cesantías; y, de la otra, el contratista escogido para desarrollar el objeto contractual del convenio que para tal efecto celebró el Presidente de la Duma, era el profesional idóneo por su vasta experiencia en el ramo. || Ello, se erigía en una necesidad sentida para la Duma -deja entrever el recurrente-, pues amén de que su presidente no era abogado, y que dentro de la planta de personal, en especial en la oficina jurídica, no se contaba con un profesional experto en derecho laboral para desempeñar la tarea de liquidar prestaciones sociales, actividad esta que, por lo demás, se halla por fuera de las funciones administrativa y legislativa propias de quien en su momento rige los destinos de la Asamblea Departamental, por esas razones se tornaba indispensable acudir a la prestación de servicios profesionales de una persona que tuviera experiencia, capacitación y formación para ejecutar dicha labor como lo era el Dr. Tabares Correa.] - [Palabras claves: departamental, profesionales, contrato, objeto, servicios, contratación, manera, cumplimiento, profesional, procesado, contractual, bien, administración, pública, pues]

Las vicisitudes que puedan presentarse con ocasión del dictamen pericial tienen su propia tutela al interior del trámite incidental. Delito de peculado por apropiación. Delito de falsedad ideológica en documento público. Delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Proceso penal - Medidas de aseguramiento. Prueba pericial. Contrato estatal de suministro - [Resumen automatizado: Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de OSCAR ANTONIO RINCÓN ALBARRACÍN, quien fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja el 5 de octubre de 2005, sentencia modificada parcialmente por el Tribunal del Distrito Judicial de Tunja el 28 de abril de 2006, al encontrarlo responsable de las conductas de peculado por apropiación (Art. 133 inc. || El 14 de mayo de 1999 se decretó el cierre de la instrucción (Fol. 275 / 8); el 23 de Julio de 1999 la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Tunja acusó a OSCAR ANTONIO RINCÓN ALBARRACÍN por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en concurso heterogéneo y sucesivo. || Ello porque –en últimas- el Tribunal no fundamentó la determinación de la cuantía en una prueba específica (dictamen pericial) sino caso por caso y en referido detalle probatorio cuantificó el monto de la apropiación de manera individualizada, en cada uno de los negocios jurídicos que celebró OSCAR ANTONIO RINCÓN ALBARRACÍN, tal como lo refleja el cuadro comparativo de contratos, órdenes de compra y órdenes de publicidad.] - [Palabras claves: tribunal, el, meses, pena, juicio, decreto, sentenciado, total, reintegro, contratos, peculado, ello, fallo, monto, orden, parte, apropiación, compra, sentencia]

¿En los procesos licitatorios no siempre se debe optar por la propuesta más económica, sino por aquella que, además de un buen precio, ofrezca mejores condiciones de calidad en materiales, trabajo y cumplimiento oportuno del contrato? Delito de peculado por apropiación. Delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Delito de prevaricato por omisión. Complicidad. Concurso de delitos. Coautoría de delito - [Resumen automatizado: Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por los defensores de los procesados MANUEL DE JESÚS NÚÑEZ VENGOECHEA, LUIS IGNACIO TOURIÑO ABASOLO, y HERNÁN JAVIER PULIDO CARDOZO contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá de fecha mayo 7 de 2004, mediante el cual confirmó en lo esencial la sentencia dictada por el Juzgado 44 Penal del Circuito de la misma ciudad el 8 de noviembre de 2002, por cuyo medio condenó a los dos primeros como cómplices del delito de peculado por apropiación y al último en la misma calidad por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. || La fase del juicio correspondió tramitarla al Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá despacho que, un vez acumuló las causas que se adelantaron con fundamento en las investigaciones anteriores y surtió el trámite legal pertinente, dictó sentencia de primera instancia el 8 de noviembre de 2002, por cuyo medio condenó al procesado Hernán José Mogollón Bacca a las penas principales de treinta (30) años de prisión, multa por valor de $ 880.166.691, correspondientes al valor de lo apropiado, y 660 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de diez (10) años, tras encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso, en concurso homogéneo y heterogéneo.] - [Palabras claves: legales, delito, peculado, contrato, conducta, apropiación, penal, años, cómplice, valor, ley, procesado, relación, meses]

El principio de preclusión que indica que el proceso penal está integrado por un conjunto de etapas procesales con propósitos definidos y progresivos cuyo sobrepaso implica la clausura de la etapa precedente, sin que haya posibilidad de reabrirla; el agotamiento de una de dichas fases impide a los sujetos procesales efectuar peticiones pertenecientes a ellas, por haber expirado el término legal. Delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Delito de falsedad ideológica en documento público. Concurso de delitos. Proceso penal - Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Prisión domiciliaria. Principio de preclusión - [Resumen automatizado: 3. El defensor de FUERBRINGUER BERMEO, solicita a la Corte, decrete la nulidad de la actuación desde que un fiscal delegado ante esta Sala instruyó y calificó el proceso, fundado en el criterio aplicado en el caso del ex Director del D.A.S., JORGE NOGUERA COTES, consistente en que las investigaciones y acusaciones contra altos funcionarios del gobierno sólo pueden ser cumplidas por el Fiscal General de la Nación, y en la aplicación de los principios de favorabilidad, debido proceso y derecho de defensa previstos en la Carta. || 1. Pese a que las copias del proceso fueron remitidas a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad, esta Sala de la Corte es la competente para conocer de la solicitud de nulidad de la sentencia y parte del trámite. || En ese orden, los artículos 235-4, 251-1 superiores y 75-6 del Código Procesal Penal de 2000, atribuye como función especial al Fiscal General de la Nación investigar y acusar, a entre otros altos dignatarios del Estado, a los Gobernadores y el juzgamiento a esta Sala de Casación Penal.] - [Palabras claves: ejecución, ley, penas, sala, general, medidas, nulidad, penal, sentencia, seguridad, proceso, nación, traslado, solicitud, jueces]

El fuero es una prerrogativa que la Constitución reconoce a los altos funcionarios del Estado dada su jerarquía, la importancia de la institución a la cual pertenecen. Delito de falsedad ideológica en documento público. Delito de cohecho propio. Delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Delito de peculado por aplicación oficial diferente. Proceso penal - Libertad condicional. Juez de penas y Medidas de Seguridad - Competencia. Gobernadores - Fuero de juzgamiento. Corte Suprema de Justicia - Competencia en juzgamiento a gobernadores - [Resumen automatizado: Resuelve la Corte el memorial suscrito por la abogada del sentenciado HERACLIO VEGA GOYENECHE, a través del cual solicita el envío del expediente al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. || Es decir, el trámite propio de la ejecución de la sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada que ha hecho tránsito a cosa juzgada no radica en la Corte Suprema de Justicia, toda vez que el juicio concluyó con el fallo y, en consecuencia, el trámite subsiguiente de la ejecución y verificación de las penas, para lo cual su conocimiento no fue atribuido ni por la Constitución ni por la ley a esta Corporación, recae exclusivamente en los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, según así lo contempla el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 906 de 2004. || 2. En consecuencia, la Sala dispondrá la remisión del expediente al reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para lo de su competencia, conforme lo solicita la abogada defensora del condenado. || Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,] - [Palabras claves: corte, sala, ejecución, penas, medidas, expediente, constitución, competencia, bogotá, constitucional, mayo, auto, seguridad, solicita, suprema, sentenciado, copia]

¿El impugnante en casación debe demostrar la incidencia que el error pudo haber tenido en el sentido de la sentencia? Delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Delito de falsedad material de servidor público en documento público. Delito de falsedad en documento privado. Concurso de delitos. Principio de investigación integral. Debido proceso. Derecho de defensa - [Resumen automatizado: 3. Confirmar el fallo en cuanto "condena a Jaime Alberto Arenas Reyes por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales y falsedad en documento privado en lo que se relaciona con la propuesta presentada a nombre de Yolanda Carvajal, con la modificación de fijar la pena en seis (6) años de prisión. || Mediante sentencia del 18 de julio del 2003, el Juzgado 6° Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró a los señores Édgar Rodríguez Rodríguez, Martín Velasco Galvis y Francisco Alberto Marulanda Ramírez penalmente responsables de las conductas punibles de terrorismo y paramilitarismo (realmente concierto para delinquir en la modalidad de pertenecer a grupos armados ilegales), previstas en los artículos 343 y 340, inciso 2°, del Código Penal del 2000. || Como la decisión afecta las penas impuestas a Martín Velasco Galvis, respecto de quien el Ad quem confirmó la condena por las dos conductas –terrorismo y concierto-, y en atención a que los criterios de dosificación para los tres procesados fueron los mismos, se dejarán las fijadas por el Tribunal a Édgar Rodríguez Rodríguez, esto es, 7 años de prisión y de interdicción de derechos y funciones públicas, y 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa.] - [Palabras claves: el, años, tribunal, falso, condena, demanda, juicio, penal, sala, fallo, legales, casación, prisión, segunda, dos]

¿Qué pasa si el casacionista presentó un primer cargo, con base en la causal primera, cuerpo segundo, violación indirecta de la ley sustantiva, pero no señaló las disposiciones materiales infringidas? Debido proceso. Proceso penal - Audiencia pública. Delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Delito de falsedad material de servidor público en documento público. Delito de falsedad en documento privado - [Resumen automatizado: 3. Confirmar el fallo en cuanto "condena a Jaime Alberto Arenas Reyes por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales y falsedad en documento privado en lo que se relaciona con la propuesta presentada a nombre de Yolanda Carvajal, con la modificación de fijar la pena en seis (6) años de prisión. || El Alcalde de la localidad, Rodolfo Moreno Silva, expidió el Decreto Municipal número 86 del 15 de octubre de ese año creó un rubro con esa finalidad, al que le asignó $67.200.000, hizo una invitación pública a presentar propuestas, pero, para eludir la licitación obligatoria, fraccionó la obra en tres partes y por contratación directa la adjudicó así: || Éstas, por estructurar dos motivos de nulidad, han debido ser formuladas al amparo de la causal tercera de casación, en forma separada y subsidiaria, pues apuntarían a la invalidación del trámite, en tanto que la solución para el falso juicio de existencia, propio del motivo primero parte segunda –violación indirecta de la ley sustancial-, sería un fallo de sustitución. || La proposición comporta un contrasentido, por cuanto sobre los mismos elementos de juicio el Tribunal sólo pudo incurrir en una de las dos irregularidades, pero no en ambas simultáneamente porque son excluyentes: o no valoró pruebas obrantes en el expediente, o lo hizo así fuera falseando su contenido.] - [Palabras claves: juicio, tribunal, demanda, falso, casación, penal, sala, dos, derecho, cargo, el, pues, sentencia, identidad, error, fallo]

¿El legislador distinguió las conductas realizadas por los encargados de impulsar el trámite de la contratación, y las cumplidas por el ordenador del gasto en relación con las etapas de celebración y liquidación del mismo? ¿Al representante legal de la entidad no le compete solamente "firmar" los contratos en un acto mecánico, pues, en cualquier caso, es su responsabilidad que todo el trámite se haya adelantado conforme a la ley y de allí que se le exija ejercer los controles debidos? Delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Aplicación ultractiva de la ley penal. Contratación estatal - Selección objetiva de contratista. Contratación estatal directa. Licitación pública. Contratación estatal de urgencia - [Resumen automatizado: Concluye que el procesado al contratar conscientemente incumplió el principio de transparencia por no hacerlo a través de licitación pública, como lo evidencia, agrega, que en el contrato 06 solo exista la propuesta de JAIRO EVELIO GARCES GIRALDO, y que FABIO ALBERTO CRUZ presentara 2 antagónicas ofertas, una para la construcción del laboratorio de ciencias en la comunidad de San Felipe favorecida con el contrato 005/99, y otra en la invitación a cotizar la remodelación de la unidad sanitaria del mismo establecimiento, en las que dio diferentes precios unitarios para una misma clase de obra, lo que determinó el mayor valor de la propuesta; y por lo tanto, su exclusión frente a la escogida, develándose el propósito de que este obtuviera el referido contrato. || Que para ejecutar el proyecto el Gobernador ROJAS TOMEDES suscribió un contrato interadministrativo con CODETER para obtener la mano de obra para instalar las redes eléctricas, y el suministro de una unidad de generación de energía; y, celebró 11 contratos con la firma “Poder Eléctrico de la Doce Ltda.” el primero el 28 de enero y 10 el 23 de abril de 1.999, adquiriendo el material necesario para ampliar el sistema eléctrico del casco urbano de INIRIDA, por el valor global de $518.616.049, fraccionando el objeto del contrato a fin de evitar la selección del contratista mediante licitación pública, como atañía por razón de la cuantía, violando los principios de transparencia y selección objetiva regulados por los artículos 24 y 29 de la ley 80 de 1.993.] - [Palabras claves: contratos, contrato, objeto, procesado, ley, contratación, legales, pública, mismo, objetiva, cuantía, no, selección, valor]

¿Procede la nulidad cuando un funcionario obligado a declararse impedido no lo hace? El valor del presupuesto de la Nación o de una entidad territorial es el que se establezca en la ley, ordenanza o acuerdo que lo dicta, más las adiciones que la autoridad legislativa respectiva ordene a través de normas de igual naturaleza. ¿Eso no incluye las reservas del presupuesto del año anterior que se comprometen en su vigencia y se apropian para el pago de las obligaciones correspondientes, ni los créditos que se adquieran durante el ejercicio fiscal para cubrir los gastos determinados en el presupuesto? Delito de intervención en política. Delito de peculado por aplicación oficial diferente. Delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Juez penal - Impedimentos y recusaciones. Competencia subjetiva. Presupuesto nacional. Contratación estatal directa - Presupuesto determinante - [Resumen automatizado: 1. La sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad porque dos de los Magistrados que conformaron la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Pasto se encontraban impedidos para conocer del asunto, por encontrarse inmersos en la hipótesis 6ª del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal de 2000 debido a que decidieron una acción de tutela vinculada al trámite procesal, promovida por el sindicado ORTIZ SANTACRUZ a través de apoderado y dirigida contra las Procuradurías Provincial de Pasto y Regional de Nariño. || "El silencio del funcionario a declararse impedido estando en la obligación de hacerlo, no vicia de nulidad la actuación a pesar de que pueda eventualmente constituir falta disciplinaria y en algunos casos conducta punible, ya que, como lo recuerda el Delegado, el correctivo apropiado para ellos está a disposición de las partes por medio de la recusación y en la sanción prevista en el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal"–. || 3. Y tampoco la relacionada con la conducta punible de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la cual fundamenta el recurrente en la circunstancia de que a su juicio el valor del presupuesto del municipio de Consacá para 1995 fue de $840.802.232.oo –no $701.636.493, como concluyeron las instancias– y el mismo le permitía contratar al Alcalde directamente hasta por la suma de $11.893.200.oo, equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales.] - [Palabras claves: sentencia, presupuesto, ley, tribunal, si, cargo, delito, alcalde, intervención, valor, actuación, política, el, funcionario, proceso, legales, conducta]

¿Uno de los componentes del debido proceso es la garantía del principio de favorabilidad según el cual, en materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable? Delito de peculado por apropiación. Delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Principio de favorabilidad. Proceso penal - Circunstancias de agravación punitiva. Individualización de la pena. Casación oficiosa - [Resumen automatizado: 4. Correspondió conocer del asunto al Juzgado 34 Penal del Circuito de esta ciudad que el 17 de agosto de ese mismo año condenó al acusado a la pena de noventa y tres (93) meses de prisión y multa equivalente a quinientos cuarenta y siete (547) salarios mínimos mensuales legales vigente, a las accesorias de inhabilidad para el ejercicio de la actividad de comerciante y similares actividades y la interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la sanción privativa de la libertad, declaró que no había lugar al pago de indemnización de perjuicios y revocó la detención domiciliaria que venía disfrutando, como cómplice penalmente responsable de los cargos formulados en el acta de imputación para sentencia anticipada. || 9. Bajo estos parámetros, aunque el cargo que contiene la demanda está adecuadamente perfilado por los senderos de la causal primera de casación, como no se trata de un yerro hermenéutico sobre el principio de favorabilidad, sino sobre los criterios legales establecidos para uno de los factores reales modificadores de la sanción, el libelo ha de desestimarse, pero deberá la Corte hacer uso de la facultad que le concede el artículo 216 del estatuto procesal penal y casar en forma parcial el fallo para que la sanción de prisión se individualice en concreto a partir del cuarto mínimo en relación con el ámbito de punibilidad previsto para los aludidos delitos con la correspondiente ponderación de los fundamentos para la individualización de la pena que establece el artículo 61 de la ley 599 de 2000.] - [Palabras claves: meses, pena, ley, cuarto, legales, sanción, juez, anterior, sistema, punitiva, sentencia, conducta, procesado]

¿Existe descuento punitivo por confesión? Delito de peculado por apropiación. Delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Proceso penal - Dosificación de la pena - [Resumen automatizado: Al aplicarse a señalar el procedimiento correcto para la dosificación punitiva, el censor sostiene que el anterior mínimo debió aumentarse por la cuantía de la apropiación "hasta en la mitad", siguiendo los lineamientos del inciso 3º del artículo 397 del código penal, que fue también mal interpretado por el Tribunal, en tanto esa proporción estaba indicando un máximo imponible "solo en ocasiones extraordinarias" que no se presentan en este caso, con lo cual el incremento justo y equitativo sería en su sentir de una cuarta parte, lo que daría un total de 90 meses y no 121 como erradamente consideró el fallador. || En este evento, el Tribunal, que no el juzgador de primera instancia, desconoció esta primera regla en la tarea de fijar los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables, como quiera que luego de señalar el ámbito punitivo previsto para los dos delitos, en lugar de descender al marco de movilidad que por la imputación de los delitos a título de complicidad le fijaba el artículo 30, inciso 3º, del código penal –anterior artículo 24-, en armonía con el numeral 5º del artículo 60 ejusdem, de una vez escogió dentro de dicho ámbito las penas a partir de las cuales deduciría el quantum de la sanción: 121 meses de prisión para el peculado por apropiación y 72 meses (ó 6 años) para la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.] - [Palabras claves: meses, pena, prisión, procesado, parte, código, penal, delito, tribunal, anterior, peculado, legales, sentencia, circunstancias, mínimos]

¿Cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos vinculados con el bien jurídico de la administración? Delito de celebración indebida de contrato - Bien jurídico tutelado. Delito de peculado culposo - Bien jurídico tutelado. Proceso penal - Dosificación de pena - [Resumen automatizado: La Señora Gladis Zarate Cárdenas presentó denuncia penal en contra del para ese entonces Gobernador de San Andrés y Providencia, doctor Antonio Manuel Stephens, con el objeto de que la Fiscalía determinara las posibles conductas delictivas cometidas en el trámite, celebración y ejecución de diversos contratos, entre ellos el número 119, suscrito el 12 de junio de 1995 con la firma Rodríguez Vásquez Cía. || Diligencia de indagatoria de Antonio Manuel Stephens (fs., 277 cuaderno 1 Fiscalía ), en la cual indica la razón de ser de la contratación, vinculada con el apremio de contar con una bodega en donde almacenar los diferentes elementos que se habían adquirido para la construcción del acueducto de la Isla, que podían perderse de no tomar una urgente decisión, como fue la de construir una bodega prefabricada, cuya contratación se realizó con apoyo en la urgencia manifiesta que antes de había decretado, tal y como se lo aconsejaron sus asesores inmediatos, entre otros el jefe de la unidad jurídica del departamento, luego de lo cual y después de analizada la propuesta económica por el quipo técnico, suscribió el contrato.] - [Palabras claves: contrato, contratación, pues, celebración, conducta, legales, decreto, proceso, contratos, requisitos, manifiesta, urgencia, obra, administración, sino]

¿La pretensión de alterar la comprensión probatoria, y con ello variar la adecuación típica, la dosificación punitiva y la tasación de los perjuicios, puede intentarse argumentando error aritmético en la sentencia? Delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Delito de peculado por apropiación. Proceso penal - Prisión domiciliaria. Medidas de aseguramiento. Detención preventiva sin excarcelación. Error aritmético en la sentencia. Congresistas - Fuero de juzgamiento. Comisión de delitos. Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad - Competencia - [Resumen automatizado: 4. Adelantadas a cabalidad las fases de instrucción y de la causa, mediante sentencia del 23 septiembre de 2003, la Sala de Casación Penal condenó a DARÍO SARAVIA GÓMEZ como determinador de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a la pena principal de siete (7) años más ocho (8) meses de prisión, a multa por valor de veinte millones seiscientos tres mil cuarenta pesos ($20.603.040), a interdicción de derechos y funciones públicas; y a pagar indemnización de perjuicios a favor de la Cámara de Representantes por valor de dieciocho millones de pesos ($18.000.000). || 5. Posteriormente, el ex parlamentario DARÍO SARAVIA GÓMEZ solicitó a la Sala, entre otras cosas, se corrigiera el error aritmético de la sentencia condenatoria, consistente en que a él se le condenó a indemnizar perjuicios por valor de $ 18.000.000, a razón del peculado cometido con ocasión del Contrato No. 1998 para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de la Cámara de Representantes, pese a que la misma Corte admitió que de esa cantidad él envió $ 8.800.000 al ex Presidente de esa Corporación, ARMANDO DE JESÚS POMÁRICO RAMOS.] - [Palabras claves: gómez, penal, error, sentencia, auto, perjuicios, sala, cámara, aritmético, pesos, peculado, condenatoria]

¿La veracidad e intangibilidad de los documentos públicos debían ser respetados con independencia de la nocividad o inocuidad de sus efectos en el tráfico jurídico? Delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Delito de falsedad ideológica en documento público. Proceso penal - Preclusión de la investigación - [Resumen automatizado: Una vez vinculado al proceso mediante injurada, el Despacho del Fiscal General de la Nación le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en concurso homogéneo, y falsedad ideológica en documento público de que tratan los artículos 146 y 219 del Código Penal anterior. || Además, la Contraloría antes de la celebración del contrato con COINCO ya había llamado a declarar a varios funcionarios de la administración acerca del irregular ingreso de los repuestos, entre ellos a FRANCISCO CORREA YEPES, ARGEMIRO JAIMES y a FABIO LIZ, los días 14 y 15 de septiembre de 1.995, de donde colige que era un hecho suficientemente conocido por la administración las irregularidades advertidas por la Contraloría, del cual no podía ser ajeno el Gobernador. || En relación con el acta de liquidación final del contrato, asevera, se demostró que no fue signada el 8 de enero de 1.995 sino en fecha posterior no sólo porque ese día por ser domingo era inhábil sino porque, además, ADOLFO MORA FORERO quien firma como Secretario de Obras Públicas para esa fecha no había sido nombrado en ese cargo y, JAIME FIERRO MORALES, Supervisor del Corpes, estuvo en San José del Guaviare en comisión otorgada para esos efectos, los días 27 y 28 de enero de ese año.] - [Palabras claves: contrato, público, legales, requisitos, falsedad, obras, documento, contratos, fecha, contratación, procesado, enero, pública, delito, mismo, penal, código, elementos, cumplimiento]