¿Desconoce el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política la disposición acusada, al disponer que la celebración de los contratos estatales haga cesar la posibilidad de demandar los actos precontractuales por vía del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho? El sentido y la justificación de la disposición que se acusa, de conformidad con la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 32 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del Art. 87 del C.C.A - Exequible por el cargo analizado; estarse a lo resuelto en C-1048-01 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional ya se pronunció sobre la acción y la oportunidad para demandar la ilegalidad de los actos precontractuales, en la sentencia C-1048 de 2001; las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte en tal oportunidad resultan plenamente aplicables al caso de la referencia, “toda vez que las mismas expresiones se encuentran contenidas en el aparte ahora demandado y que los cargos formulados también se relacionan con la limitación de acceso a la administración de justicia por la supuesta imposibilidad de demandar mediante las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho los actos administrativos previos a la celebración del contrato y de saber con certeza cuándo vencerá el plazo para instaurar las demandas correspondientes”. || Luego de este recuento, indica que no asiste razón al demandante cuando afirma que la disposición acusada otorga efectos trascendentales a la firma del contrato en tanto acto privado, puesto que “la firma hace parte de la etapa de perfeccionamiento del contrato, y en el pliego de condiciones se debe establecer con claridad cuál debe ser el término para que esto se lleve a cabo, luego todos los licitantes conocen en qué tiempo se surtirá el perfeccionamiento.” Agrega, así mismo, que “la fijación de esta etapa de la firma, no viola los derechos de los interesados, ni de la sociedad en general, pues esta última se ve salvaguardada por el ejercicio de la acción de nulidad simple, que puede ejercer cualquier ciudadano contra los actos separables, pero con la particularidad de tener una caducidad de treinta días.] - [Palabras claves: nulidad, contrato, actos, previos, acciones, derecho, corte, proceso, término, celebración, acción, norma, restablecimiento, ley]

Controversias contractuales, ilegalidad de los actos previos a la celebración del contrato, acción aplicable - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 87 (parcial) del Código Contencioso Administrativo (modificado por el Artículo 32 de la Ley 446 de 1998) - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados doctores Alfredo Beltrán Sierra -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Gálvis y Clara Inés Várgas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || No obstante lo anterior, el Procurador hace la precisión según la cual lo que prevé la disposición acusada de la Ley 446 de 1998, es que los actos separables del contrato estatal, es decir, aquellos que se producen antes de la celebración del mismo, pueden ser controvertidos mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los treinta días siguientes a su proferimiento, pero que transcurrido ese término, sólo podrán serlo mediante la acción de nulidad absoluta.] - [Palabras claves: contrato, nulidad, actos, previos, acción, absoluta, derecho, interés, acciones, celebración, directo]

Caducidad de la acción contractual, fecha a partir de la cual se cuenta cuando se producen modificaciones o adiciones al contrato - [Resumen automatizado: El Congreso al desarrollar su competencia y establecer la titularidad para incoar la acción contractual y los términos de caducidad en la ley cuestionada, tendientes a obtener la declaratoria de nulidad absoluta, no ha negado el imperio de la legalidad ni de la supremacía de las disposiciones constitucionales, sino por el contrario, ha tenido como presupuestos esenciales en ese evento, su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados en el marco del Estado de Derecho, por cuanto, el agotamiento de la vía jurídico-procesal que permite la materialización y la protección de un derecho o interés jurídicamente tutelado, pretende asegurar la estabilidad y seguridad jurídica a que todos los asociados tienen derecho. || De ahí, que la ley al desarrollar dicha competencia, determinando quiénes, como y cuando deben ejercer la acción contractual para obtener la declaratoria de nulidad absoluta de un contrato de la administración, no implica negar el imperio de la legalidad y de la supremacía de la Constitución, sino que por el contrario, busca materializar el Estado de Derecho, que se traduce en el gobierno de las leyes, esto es, en el sometimiento tanto de los particulares como de los servidores públicos a la Constitución y las leyes; en ese orden de ideas, la figura de la caducidad de la acción pretende asegurar la vigencia plena del Estado Social de Derecho.] - [Palabras claves: acción, nulidad, absoluta, derecho, término, ley, contrato, interés, normas, si, constitución, ejercicio, legalidad]

Controversias contractuales, personas que pueden solicitar que se declare la nulidad absoluta de un contrato; Ley 446 de 1998, Art. 32 - [Resumen automatizado: Bien puede el Legislador, en ejercicio de sus competencias constitucionales, restringir esta acción a las partes, sus causahabientes, al ministerio público y al tercero que acredite un interés directo en el contrato, pues, si bien es cierto que la Constitución Política concede a todo ciudadano el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley (art. || En primer término la Corte debe analizar si al consagrar la exigencia según la cual los terceros deben demostrar un "interés directo" para que puedan demandar la nulidad absoluta de un contrato estatal, el Legislador rebasó o nó sus competencias constitucionales (i); si el derecho constitucional de participación política mediante la interposición de acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley, le impide al Legislador restringir la titularidad de esta acción (ii); si la misma desconoce o nó el derecho de participación en la vigilancia y control de la actividad contractual de la administración que la Constitución Política garantiza a los ciudadanos (iii) y, si a causa de ello la disposición objeto del proceso contraría o nó el Estatuto Superior.] - [Palabras claves: contrato, interés, derecho, acción, nulidad, absoluta, directo, estatales, constitución, contratos, participación]