Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 785 de 2002 por la cual "se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996" Inhibición por ineptitud de los cargos, según los cuales la Ley 785 de 2002 vulnera el principio de unidad de materia, no cumple con el requisito que el título de la ley corresponda con su contenido y no siguió el trámite de ley estatutaria. Inhibición por ineptitud del cargo, según el cual, el inciso 1 del artículo 5 de la Ley 785 de 2002 vulnera el derecho a la personalidad jurídica (Art. 14 de la CP) - [Resumen automatizado: La administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos o a una acción de extinción del dominio, conforme a la ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o deroguen, se llevará a cabo aplicando en forma individual o concurrente los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación provisional y depósito provisional".] - [Palabras claves automatizadas: ley, derecho, bienes, constitución, administración, nacional, proceso, dirección, corte, art, sentencia]

¿Es inexequible en su integridad la Ley 785 de 2002 por haberse tramitado y aprobado como ley ordinaria y no como ley estatutaria? ¿ Resulta contraria dicha ley al principio de unidad de materia? Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 785 de 2002, "por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996". Fallo inhibitorio por vicios de forma; Art. 5 (parcial) - Estarse a lo resuelto C-1025-04 - [Resumen automatizado: La administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos o a una acción de extinción del dominio, conforme a la ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o deroguen, se llevará a cabo aplicando en forma individual o concurrente los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación provisional y depósito provisional. || Con todo, no hay lugar a un pronunciamiento en el que se consideren esas situaciones pues, en primer lugar, el cargo por no habérsele dado al proyecto el trámite de ley estatutaria ha sido formulado de manera indebida; en segundo lugar, los otros cargos por vicios de fondo contra toda la Ley 785, como bien lo afirma el Procurador General de la Nación, han sido planteados por el actor sin cumplir las exigencias que la ley impone a quien ejerce la acción pública de inconstitucionalidad y, por último, respecto del artículo 5º existe cosa juzgada constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: ley, corte, demanda, nacional, bienes, administración, dirección, inconstitucionalidad, derecho, normas]; Art. 5 (parcial) - Estarse a lo resuelto C-1025-04

Principio de reserva de ley en la regulación de los derechos y libertades - [Resumen automatizado: Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la simple omisión del propietario en reclamar un bien aprehendido por las autoridades no es una causal constitucionalmente legítima para despojarlo de su derecho, máxime cuando ha sido separado de la posesión material por una decisión adoptada por una autoridad judicial o administrativa, pues en estos casos el titular del dominio en forma voluntaria no ha omitido el deber de cumplir con la función social asignada a la propiedad. || Alega el actor que la disposición demandada (el artículo 128 del Código Nacional de Transporte Terrestre) vulnera el derecho de propiedad privada porque faculta a una autoridad administrativa (los organismos de tránsito) para disponer de los vehículos inmovilizados en los parqueaderos autorizados, pasado un año a partir de la fecha de la inmovilización, mediante el mecanismo de la pública subasta. || No obstante, como ha señalado esta Corporación, nuestro ordenamiento constitucional no autoriza al legislador para establecer a su arbitrio la extinción del derecho de dominio, pues esta figura sólo puede ser regulada dentro del marco constitucional que aparece trazado por los artículos 34 y 58 de la Constitución Política[25], por lo tanto la segunda de sus modalidades en todo caso ha de cumplir con una serie de requisitos para que no se configure una vulneración del derecho de propiedad privada.] - [Palabras claves automatizadas: propiedad, derecho, dominio, social, bienes, constitucional, tránsito, propietario, bien, disposición, extinción]

¿Se desconoce el debido proceso o el acceso a la administración de justicia al establecer el legislador un término para resolver las nulidades propuestas dentro del proceso de extinción de dominio? Demanda de constitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 793 de 2002 "por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen reglas que gobiernan la extinción de dominio" - [Resumen automatizado: Al señalar el legislador que cualquier nulidad que se pretenda alegar durante la fase inicial y la investigación de la acción de extinción de dominio, será resuelta en la resolución de procedencia o improcedencia, no desconoce ningún derecho fundamental, menos aún el acceso a la administración de justicia, en los términos de los artículos 228 y 229 de la Constitución, por cuanto en esta etapa del proceso no se restringe a las partes su derecho de advertir la existencia de alguna nulidad. || Ante a la naturaleza pública de la acción de extinción de dominio, una razonable interpretación del principio de celeridad a la luz de la justicia como valor, principio, derecho fundamental y fin constitucional, y al reforzamiento de los derechos al debido proceso y de defensa que les asiste a los afectados dentro de tales procesos, no resulta admisible que los únicos momentos para efectuar los pronunciamientos sobre nulidades sean los de resolución de procedencia o improcedencia de la acción o de sentencia de primera o segunda instancia.] - [Palabras claves automatizadas: debido, proceso, extinción, derecho, ley, dominio, acción, sentencia, partes, nulidad, norma, legislador]

¿El destinarse los bienes y los rendimientos y los frutos que generen los mismos localizados en la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y cuya extinción de dominio se haya decretado conforme a la presente ley a la financiación de programas sociales en el Archipiélago, establecería diferencia de trato injusta frente a otros departamentos? Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 23 de la Ley 793 de 2002, "por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio". Exequible - [Resumen automatizado: Hacen énfasis en que i) el principio de igualdad no puede aplicarse de manera mecánica; ii) debe tomarse en cuenta que el artículo 13 superior señala claramente que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados; iii) que la construcción de un orden social y económico justo implica el respeto a la diferencia y la protección especial de las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad como sucede con los habitantes del archipiélago; iv) que no solo el artículo 302 superior señala la posibilidad de establecer para uno o varios Departamentos diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal, sino que la propia Constitución en el artículo 310 autorizó la existencia de un régimen especial para el Archipiélago de San Andrés en consideración a su particular situación geográfica, social, cultural y a la fragilidad de las poblaciones que allí habitan; v) que la norma acusada hace parte de una ley que regula la extinción de dominio materia sobre la que el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración y en relación con la cual no resultan aplicables las normas sobre el sistema general de participaciones pues los bienes a que la norma alude no pueden calificarse como ingresos corrientes de la Nación; vi) que además de no ser aplicables dichas normas ha de tenerse en cuenta que en los artículos 356 y 357 superiores el criterio de equidad no es el único que se toma en cuenta, lo que comporta que bien pueden existir tratamientos diferentes entre los departamentos a partir de los demás criterios allí señalados; y vii) que la norma no solo tiene claro sustento superior (art.] - [Palabras claves automatizadas: bienes, andrés, archipiélago, extinción, dominio, recursos, san, norma, providencia, constitución, ley, catalina, igualdad]

¿Al establecer el legislador que la Dirección Nacional de Estupefacientes, administre los bienes y recursos de las sociedades y unidades de explotación económica que sean objeto de medida cautelar dentro de los procesos por narcotráfico y extinción de dominio, se vulnera el derecho de propiedad por cuanto impone una medida confiscatoria; y si se viola el derecho de asociación, al no permitir al resto de los socios, libres de la medida cautelar seguir en la administración de tales bienes y recursos? Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 5º. de la ley 785 de 2002, "Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996" - [Resumen automatizado: En nada se afecta tampoco el derecho de propiedad sobre las acciones, cuotas o partes de interés social que hayan sido objeto de medidas cautelares en procesos de extinción de dominio, cuando el artículo 5 de la ley 785 de 2002, preceptúa que en tales casos y a partir de la medida cautelar correspondiente, las facultades de los órganos de administración y dirección de la sociedad, incluso para la disposición definitiva de las mismas, se sujeten a “la forma y términos establecidos en el Código de Comercio y demás normas concordantes,” como quiera que esa remisión legislativa no quebranta norma constitucional alguna, sino que al contrario constituye un límite, un cauce al actuar de la administración en este caso, que pone dique efectivo a la arbitrariedad.] - [Palabras claves automatizadas: dirección, derecho, bienes, proceso, administración, dominio, nacional, medidas, medida, disposición, acciones, cautelares, extinción, partes]

No causación de intereses remuneratorios ni moratorios de los impuestos sobre los bienes que se encuentran bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes, durante el proceso de extinción de dominio. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 9 de la ley 785 de 2002, "Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996" - [Resumen automatizado: 2.1 Para el demandante el artículo 9 de la Ley 785 de 2002, vulnera los artículos 294 y 363 de la Constitución, por cuanto según su concepto, la no causación de intereses por impuestos sobre bienes en el proceso de extinción de dominio administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes y la suspensión del término para iniciar o proseguir procesos coactivos, viola la propiedad tributaria de las entidades territoriales al establecer un tratamiento preferencial. || Tampoco puede considerarse que la norma acusada establezca una exención en relación con los tributos de propiedad de los entes territoriales, ya que dentro de los actos de administración, le corresponderá a la Dirección Nacional de Estupefacientes ejercer las actuaciones necesarias para el mantenimiento y conservación del bien, así como garantizar el pago oportuno de los impuestos (decreto 1461 de 2000), pago que se realiza a favor de la entidad donde se encuentre inscrito el bien incautado. || Tampoco puede considerarse que la norma acusada establezca una exención en relación con los tributos de propiedad de los entes territoriales, ya que dentro de los actos de administración, le corresponderá a la Dirección Nacional de Estupefacientes ejercer las actuaciones necesarias para el mantenimiento y conservación del bien, así como garantizar el pago oportuno de los impuestos (decreto 1461 de 2000), pago que se realiza a favor de la entidad donde se encuentre inscrito el bien incautado.] - [Palabras claves automatizadas: extinción, bienes, dominio, proceso, nacional, dirección, impuestos, procesos, intereses, administración, artículo, norma]

Sociedades y unidades de explotación económica objeto de medida cautelar - Imposibilidad de los miembros de los órganos sociales y demás órganos de administración, representante legal o revisor fiscal, para ejercer acto de disposición, administración o gestión en relación con aquellas. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 785 de 2002 "por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la Administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996". Trámite legislativo - [Resumen automatizado: Lo anterior por cuanto, según el demandante, la expresión "partes", las expresiones "miembros de los órganos sociales y demás órganos de administración, representante legal o revisor fiscal" y "a menos que sean autorizados expresamente y por escrito por la Dirección Nacional de Estupefacientes", consagradas en el inciso primero del artículo acusado, así como el inciso 2º y el parágrafo del mismo, fueron introducidas durante el segundo debate en la Cámara de Representantes. || En relación con las expresiones "partes", "miembros de los órganos sociales y demás órganos de administración, representante legal o revisor fiscal" y "a menos que sean autorizados expresamente y por escrito por la Dirección Nacional de Estupefacientes", del primer inciso del artículo 5° de la Ley 785 de 2002; así como contra el segundo inciso y el parágrafo del mismo artículo, plantea un cargo de inconstitucionalidad señalando que todas las anteriores disposiciones normativas fueron aprobadas en la Plenaria de la Cámara de Representantes, sin que hayan surtido trámite alguno en la Comisión Primera Constitucional de la misma. || En efecto, el artículo 160 de la Constitución[8] consagra la facultad a las Plenarias de introducir modificaciones y adiciones a lo aprobado en Comisiones en cada cámara.[9] En relación con tal potestad, la Corte, en sentencia C-1108 de 2001, con ponencia de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, precisó: "...] - [Palabras claves automatizadas: cámara, proyecto, debate, texto, dirección, ley, nacional, representantes, constitución, aprobado, comisión, modificaciones]

Plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas - Competencia. Alcance de la responsabilidad de las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo (parcial) del artículo 2° y el artículo 12 de la Ley 785 de 2002, "Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996" - [Resumen automatizado: Sostiene que el artículo 12 del citado ordenamiento legal es igualmente inconstitucional, porque i) al encargar a la autoridad ambiental competente la elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, impone una carga que le impide ejercer de manera imparcial la protección y defensa de los recursos naturales, infringiendo de esta forma el artículo 79 Superior; ii) viola el artículo 80 ibidem, por cuanto la asignación de dicha competencia impide el ejercicio de la función de planificación y aprovechamiento de los recursos naturales, obligando a las autoridades ambientales a deteriorar el medio ambiente; y iii) desconoce el principio superior de la unidad de materia, por cuanto su contenido normativo no guarda relación alguna con la temática de la Ley 785 de 2002.] - [Palabras claves automatizadas: ambiente, sustancias, autoridades, autoridad, ambiental, medio, materia, manejo, ambientales, control, ley]

Extinción de dominio; protección de derechos de los afectados - Fallo sobre Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 9o. de la Ley 793 de 2002. Estarse a lo resuelto - [Resumen automatizado: Por el contrario, la presunción de inocencia se constituye en una regla básica sobre la carga de la prueba, en tanto el afectado puede demostrar el derecho legítimo que le asiste sobre unos bienes, al igual que oponer el principio de cosa juzgada en el caso de que los mismos bienes sean objeto de otro proceso de extinción de dominio, habiendo ya probado su licitud. || - En este sentido, este Despacho en concepto No. 3185 de 31 de marzo de 2003 respecto del cargo contra el artículo 9 de la ley 793 de 2002, dentro de la demanda D-4449, cuya argumentación es similar al escrito del ciudadano Rivera Loaiza, manifestó que no se violaba la presunción de inocencia, máxime cuando se trata de una acción real, en la cual no se requiere probar responsabilidades, sino de establecer el origen lícito de los bienes objeto del proceso, prueba que interesa y está en el ámbito de quien alega la propiedad del bien o en general de quien se afectará con la acción, siendo por tanto, ejercicio del derecho de defensa.] - [Palabras claves automatizadas: bienes, acción, ley, proceso, corte, sentencia, dominio, extinción, respecto, prueba, debe]

Aspectos fundamentales del derecho de propiedad y de la acción de extinción de dominio. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 793 de 2002 - [Resumen automatizado: En este sentido, afirma que la acción procede contra particulares y contra servidores públicos; que la propiedad no sólo puede limitarse con la expropiación, pues ello equivaldría a reconocerle el carácter de derecho absoluto; que las causales para la procedencia de la acción pueden o no estar relacionadas con conductas punibles; que el legislador es competente para determinar el régimen de nulidades y excepciones, aunque las causales de nulidad no deben asumirse como taxativas; que el grado de consulta previsto para algunas determinaciones es legítimo por tratarse del ejercicio de una competencia legislativa; que el sistema de recompensas y competencias no vulnera la Carta; que la Dirección Nacional de Estupefacientes está habilitada para intervenir en el proceso y que el único régimen vigente es el establecido por la Ley 793 de 2002. || La Corte hará una breve reseña del régimen del derecho de propiedad y de la acción de extinción de dominio en el constitucionalismo colombiano y analizará la naturaleza jurídica que le asiste a esta institución, pues si bien se trata de un tema que hasta cierto punto ya ha sido definido por su jurisprudencia, principalmente en las sentencias que se ocuparon del examen de constitucionalidad de la Ley 333 de 1996, en este caso se trata de resolver cargos contra normas constitutivas de un nuevo régimen y respecto de las cuales no existe cosa juzgada constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: extinción, dominio, bienes, derecho, acción, ley, proceso, constitucional, propiedad, penal]

Acción de extinción del dominio - Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 7°, 8°, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30 y 33, de la Ley 333 de 1996 y contra la Ley 365 de 1997 - [Resumen automatizado: 1°, 150 N° 1 y 2, 228, 229, 230, 249, 250, 251, 252 y 253 de la Constitución Política; el numeral 7° del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (Ley 74 de 1968) y el numeral 4° del artículo 8°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) por cuanto: i) asignan a la Fiscalía General de la Nación el conocimiento de la acción de extinción del dominio, sin reparar en que su competencia está circunscrita a la investigación de delitos y que como no le compete proferir sentencias no puede conocer del trámite o procedimiento previo, ii) quebrantan el núcleo esencial del debido proceso y el derecho a la igualdad, iii) limitan el monto de la reparación del daño causado, por la actuación judicial a que da lugar la acción de extinción del dominio, al valor de los bienes y exigen la demostración del dolo o de la culpa grave del funcionario, iv) imponen una sanción de "aplicación prospectiva, restrictiva y específica y v) debido a que la demanda que da inicio al trámite de la acción de extinción del dominio no requiere relacionar los fundamentos de derecho.] - [Palabras claves automatizadas: extinción, acción, ley, proceso, derecho, dominio, bienes, política, penal, constitución, artículos, respecto, derechos]

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 504 de 1999, "Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los Decretos-Leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones". - [Resumen automatizado: En cuanto al artículo 7 de la Ley 504 de 1999, que autoriza al Ministro de Justicia para que, oficiosamente o a petición de parte procesal ordene el cambio de radicación del proceso de que conozcan los Jueces Penales del Circuito Especializados cuando existan motivos serios para temer sobre la integridad personal del juez o cuando se presenten circunstancias de excepción que puedan afectar el orden público o la administración de justicia, manifiesta el demandante que la norma en cuestión inicialmente formó parte del Decreto 2790 de 1990, expedido en ese entonces por el Presidente de la República haciendo uso de las facultades propias del Estado de Sitio a que se refería el artículo 121 de la Constitución anterior, y, agrega, que en un estado de derecho esa facultad de que ahora se inviste de manera permanente al ejecutivo por conducto del Ministerio de Justicia, resulta violatoria de los artículos 116, 152, 153 y 201 de la Constitución Nacional vigente, pues al Gobierno, en relación con la rama judicial, sólo le compete prestar a los funcionarios judiciales los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias, sin que pueda inmiscuirse en asuntos internos de la administración de justicia, como el cambio de radicación de un proceso penal.] - [Palabras claves automatizadas: ley, justicia, proceso, competencia, jueces, constitución, procesos, tribunal, corte, delitos, si]

Extinción de domicio y confiscación; características - Incompatibilidad con indemnización y reintegro del valor del bien - Acción pública de inconstitucionalidad en contra de los Artículos 6o. (parcial), 9o. (parcial), 19 y 38 de la Ley 228 de 1995, "Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones" - [Resumen automatizado: Ha sido abundante la jurisprudencia en que la Corte Constitucional ha examinado las diferencias existentes entre la confiscación y el comiso o decomiso penal, al tiempo que ha caracterizado a este último como una modalidad de la extinción del dominio que el Constituyente de 1991 autoriza en forma expresa en el artículo 34 de la Carta, respecto de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, y a la cual, de acuerdo a la Norma Superior también hay lugar tratándose de los obtenidos "en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social." || Ha sido también abundante la jurisprudencia en que la Corte Constitucional[9] ha examinado las diferencias existentes entre la confiscación y el comiso o decomiso penal, al tiempo que ha caracterizado a este último como una modalidad de la extinción del dominio que el Constituyente de 1991 autoriza en forma expresa en el artículo 34 de la Carta, respecto de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, y a la cual, de acuerdo a la Norma Superior también hay lugar tratándose de los obtenidos "en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social."] - [Palabras claves automatizadas: bienes, bien, ley, corte, dominio, propiedad, constitución, extinción, derecho, valor, constitucional, nacional]

Demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 333 del 19 de diciembre de 1996, "Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita". TERCERO DE BUENA FE EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO - [Resumen automatizado: No se desvirtúa la autonomía de la acción Penal ni quebranta las reglas del debido proceso, ni atropella los derechos del titular de los bienes, sino que apenas busca prever con claridad la regla aplicable a los eventos en los cuales, iniciado ya un proceso penal, estando en manos de la autoridad judicial competente los elementos de juicio relativos a la comisión de uno o varios de los delitos señalados en la Ley de extinción del dominio, y contando el Estado con un material probatorio suficiente para que allí mismo se defina lo relativo a la aplicación del artículo 34 de la Carta Política, ha de resolverse acerca de bienes que ya están judicialmente vinculados a los hechos punibles objeto de verificación. || Claro está, la norma legal examinada atribuye el carácter de prueba de la ilícita procedencia de los bienes a las providencias allí enunciadas, sin que ello signifique que éstas sean las únicas encaminadas a demostrar los elementos que hagan posible proseguir la actuación judicial por el aspecto patrimonial (extinción del dominio), pues hay eventos en los cuales debe el juez buscar otra forma probatoria, de acuerdo con las normas generales, para establecer la ilícita adquisición de los bienes, como cuando el sindicado de haber incurrido en el delito o delitos respectivos ha muerto sin que haya culminado, o inclusive sin que se haya iniciado proceso penal en su contra.] - [Palabras claves automatizadas: dominio, extinción, bienes, ley, penal, acción, proceso, constitución, sentencia, derechos, corte]

Aplicación en el tiempo de la acción de extinción de dominio - Demanda de inconstitucionalidad contra los Incisos Segundo y Tercero del Artículo 33 de la Ley 333 de 1996 - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos CARLOS EDUARDO MARTINEZ MERIZALDE, JUAN PABLO FERREIRA ORTIZ y MARIO ALEJANDRO DELGADILLO OTERO, presentan demanda contra los incisos segundo y tercero del artículo 33 de la ley 333 de 1996 "Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita", por infringir los artículos 29 y 58 de la Carta. || Estarse a lo resuelto en la sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, mediante la cual se declaró EXEQUIBLE el artículo 33 de la ley 333 de 1996, con excepción del aparte del inciso segundo que dice: "siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9o.] - [Palabras claves automatizadas: ley, ilícita, magistrado, bienes, extinción, derechos, corte, adquisición, término, destinación, dominio]

Proceso de extinción de dominio - Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 333 del 19 de diciembre de 1996 - [Resumen automatizado: La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. || En consecuencia, las entidades estatales legitimadas, en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte. || En consecuencia, las entidades estatales legitimadas, en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte.] - [Palabras claves automatizadas: dominio, bienes, extinción, ley, constitución, acción, proceso, constitucional, derechos, corte, penal, sentencia, derecho]

El desarrollo de la extinción de dominio no requiere trámite de Ley Estatutaria - Demanda de inconstitucionalidad instaurada contra la Ley 333 de 1996 - [Resumen automatizado: La extinción del dominio es una institución autónoma, de estirpe constitucional, de carácter patrimonial, en cuya virtud, previo juicio independiente del penal, con previa observancia de todas las garantías procesales, se desvirtúa, mediante sentencia, que quien aparece como dueño de bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias previstas por la norma lo sea en realidad, pues el origen de su adquisición, ilegítimo y espurio, en cuanto contrario al orden jurídico, o a la moral colectiva, excluye a la propiedad que se alegaba de la protección otorgada por el artículo 58 de la Carta Política. || Sin embargo, el segundo inciso advierte que la extinción del dominio habrá de declararse con independencia de la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de la Ley. Esta previsión no implica que se autorice a los jueces para desconocer derechos adquiridos con arreglo al orden jurídico precedente, pues si ello fuese así se tendría sin duda una flagrante inconstitucionalidad, dada la garantía que contempla el artículo 58 de la Carta Política, el cual asegura que los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles "no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores".] - [Palabras claves automatizadas: extinción, dominio, bienes, ley, constitución, acción, derechos, derecho, penal, puede, sentencia]