El uso de las expresiones "menor" y "menores", en los artículos 27, 32, 47, 59, 63 y 127 de la Ley 1098 de 2006 "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" no violar el principio de igualdad y de no discriminación - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, Diana Fajardo Rivera, Paola Andrea Meneses y Cristina Pardo Schlesinger así mismo por los Magistrados, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Alejandro Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente || De conformidad con el debate planteado por los demandantes y los intervinientes en este juicio, corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico: ¿las expresiones “menor” y “menores”, contenidas en los artículos 27, 32, 47, 59, 63 y 127 de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” son inconstitucionales por violar el principio de igualdad y de no discriminación, porque el uso de esos signos lingüísticos en las disposiciones mencionadas puede ser considerado peyorativo y/o discriminatorio en un contexto social determinado para referirse a las personas que tienen menos de 18 años, al infravalorar a esos sujetos y restarle sus derechos?] - [Palabras claves automatizadas: menor, niños, derechos, niñas, adolescentes, expresión, personas, uso, menores, edad, artículos]

Inepta demanda contra los artículos 100 y 108 (parciales) de la Ley 1098 de 2006, por ineptidud sustantiva de la demanda - [Resumen automatizado: Por una parte, cuestiona que, de acuerdo con la expresión demandada inserta en el artículo 100 del Código de la Infancia y de la Adolescencia, únicamente se remitan al juez de familia, para la homologación del fallo, aquellos expedientes en los que alguna de las partes o el Ministerio Público manifiesten su inconformidad con la decisión proferida por la autoridad administrativa en el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de un niño, niña o adolescente. || Por otra parte, cuestiona que, según el aparte demandado del artículo 108 del Código de Infancia y Adolescencia, cuando se declare la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el defensor de familia deba enviar el expediente al juez de familia para su homologación, únicamente en los casos en que haya existido oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa y cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el artículo 100 del mismo compendio normativo.] - [Palabras claves automatizadas: familia, niño, proceso, derechos, judicial, juez, corte, código, demanda, restablecimiento, revisión, superior, adolescente, si, administrativa, separación, menor, ley]

Cosa juzgada en relación con el aparte demandado del artículo 129 de la Ley 1098 de 2006 que establece que mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre él o ella, por el presunto desconocimiento del Art. 44 de la C.P - [Resumen automatizado: En este sentido, concluye que existe cosa juzgada material relativa, por lo que debe seguirse el precedente señalado en el año 2002, donde esta Corte consideró constitucionalmente válido que un familiar, así se trate del progenitor, «sea compelido al cumplimiento de la obligación alimentaria para acceder a la justicia a hacer valer sus derechos en relación con el menor, así para tal acceso lo impulsen sinceros lazos de afecto, porque el legislador no puede supeditar la congrua subsistencia del menor a los intereses del alimentante incumplido, por muy loables que parezcan». || Advierte que en el presente caso existe cosa juzgada material relativa[4], porque mediante sentencia C-011 de 2002 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 150 del Decreto Ley 2737 de 1989 (Código del Menor), norma de contenido similar al inciso 9 del artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia, salvo por la forma en que se refieren al acreedor de la obligación alimentaria, que en la primera es “menor de edad” y en la segunda “niño, niña y adolescente”.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, corte, norma, sentencia, cosa, juzgada, menor, demanda, obligación, respecto, niño]

INEXEQUIBLE requisito para adoptar que exige que la contabilización del plazo de convivencia de los compañeros de hecho con vínculo matrimonial previo se cuente desde la sentencia de divorcio, contenido en el numeral 3o del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia", por vulnerar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia

Fallo inhibitorio respecto de los cargos formulados en contra de la Ley 1098 de 2006 "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia", en relación con la reserva de ley estatutaria, al incumplir los requisitos de especificidad y suficiencia - [Resumen automatizado: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA DEL CARGO GLOBAL DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO CONTRA EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, NO LE PERMITIÓ A LA CORTE ABORDAR UN EXAMEN DE FONDO Y DECIDIR SOBRE LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LA LEY 1098 DE 2006 || A juicio del accionante, la totalidad de la Ley 1098 de 2006 era inconstitucional, por cuanto desconoció la reserva de ley estatutaria que tienen los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la administración de justicia. || Después de revisar en detalle la demanda y la jurisprudencia que analiza los cargos globales contra códigos, la Corte consideró que se incumplían los requisitos de especificidad y suficiencia, razón por la cual no era procedente iniciar un juicio de validez sobre la norma demandada. || Dicho mandato opera ante la formulación de un cargo concreto, específico y directo, condiciones que observó el ciudadano, al presentar una censura global de inconstitucionalidad contra la Ley 1098 de 2006, que permitía a la Corte abordar el siguiente problema jurídico ¿el Código de la Infancia y de la Adolescencia, que tiene normas relacionadas con los derechos de los niños al igual que niñas y con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, debió ser tramitado como ley estatutaria?] - [Palabras claves automatizadas: ley, estatutaria, derechos, corte, reserva, adolescentes, demanda, código, niños, penal, justicia, censura, administración]

La referencia a las garantías "mínimas" de salud, seguridad social y educación como uno de los requisitos de la autorización de trabajo para los adolescentes, en manera alguna puede entenderse en un nudo sentido gramatical, ya que de acuerdo con el conjunto de principios que integran el Estado social de derecho y la ubicación del vocablo no conduce a que el Legislador haya pretendido limitar, reducir, disminuir o minimizar las garantías de las cuales son titulares los adolescentes, a los que se añaden los principios mínimos fundamentales del ejercicio del trabajo consagrados en el artículo 53 la Constitución y los derechos reconocidos en el artículo 44 de la Carta como derechos fundamentales autónomos, entre otros, a la salud, la seguridad social, la educación, cuando su titular sea un menor de edad subrayando su prevalencia sobre los derechos de los demás. Ley 1098 de 2006 "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Art. 113 Par. (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Aunado a ello explicó que la Ley 12 de 1991 aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 24, 25 y 26 reconoce el disfrute del más alto nivel de los derechos a la salud y los servicios para el trato de enfermedades; así mismo, el Código de la Infancia y Adolescencia dispone que "la autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente"[10], de lo que resaltó que "la palabra mínima no deja campo abierto a que no se le brinde el resguardo adecuado y pertinente de las condiciones de trabajo que son necesarias y prioritarias para el adolescente, en la medida en la que buscan salvaguardar los derechos fundamentales de la población adolescente, específicamente el derecho a la salud, seguridad y desarrollo, así como reconoce a esta población como sujetos de derechos, pues de acuerdo a lo establecido en La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y Protección Integral al adolescente trabajador (...), el trabajo infantil repercute en la salud de los y las adolescentes"[11]; y finalmente, aseguró que los trabajos contenidos en la Resolución 1796 de 2018, mediante la cual se determinan las actividades peligrosas, no podrán ser realizados por adolescentes por riesgo a su salud, seguridad y desarrollo.] - [Palabras claves automatizadas: protección, derechos, trabajo, constitución, interpretación, expresión, adolescentes, corte, niños, mínimas, garantías, derecho]; Art. 113 Par. (parcial) : Exequible

El derecho al acceso a la educación de las personas en condiciones de discapacidad debe abordarse desde el concepto de la inclusión como regla y principio general \ La Sala declaró que las disposiciones atacadas, relacionadas con la "educación especial" no eran inconstitucionales siempre y cuando se entendiera que el sistema educativo ordinario debe ser la regla general, y la no admisión o el retiro de él de un estudiante en condiciones de discapacidad, solo puede proceder con el concepto de un comité interdisciplinario independiente conformado por profesionales de la medicina y la psicología, la comunidad académica involucrada, la participación del estudiante y sus padres de familia, en el que se evalúe que, no obstante realizarse los ajustes razonables suficientes y adecuados, lo más conveniente es la educación especial, la cual deberá ser excepcional y preferiblemente temporal, parcial y-o paralela. \ La Sala acogió los cargos formulados por el actor, relacionados con el "modelo de integración educativa". Consideró que para que la integración educativa sea respetuosa con el ordenamiento constitucional, ésta debe ser comprendida como un proceso que busca la inclusión exitosa de los niños y niñas en condiciones de discapacidad a las aulas educativas convencionales. El proceso de integración de un estudiante a un aula convencional exige que la institución y toda la comunidad académica implementen todos los ajustes razonables que sean necesarios para que pueda desempeñarse en igualdad de condiciones como cualquier otro estudiante. En ese sentido, el plantel educativo debe buscar adaptarse a las necesidades académicas del alumno y no al revés, es decir, exigírsele al estudiante adaptarse al aula. \ Ley 14 de 1990, Art. 2 Num. 1.3; Ley 115 de 1994, Art. 46 y 48; Ley 361 de 1997, Art. 12; Ley 1098 de 2006, Art. 36 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: Por otra parte, en relación con el segundo cargo, solicita a la Corte (b) declarar la exequibilidad condicionada de las expresiones "proceso de integración académica" e "integración social y académica" del artículo 46 de la Ley 115 de 1994; la expresión "dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales" del artículo 10 de la Ley 361 de 1997; las expresiones "la integración" e "integrar académica y socialmente" del artículo 11 de la Ley 361 de 1997; y la expresión "el ambiente menos restrictivo para la formación integral de las personas con discapacidad" del artículo 11 de la Ley 361 de 1997, todas ellas "en el entendido que las personas con discapacidad tienen derecho a ser incluidos en el sistema educativo regular, el cual es el ambiente más apropiado y menos restrictivo para garantizar su derecho a la educación, y en donde debe gozar de los apoyos y ajustes razonables que individualmente requieran".[25]] - [Palabras claves automatizadas: educación, sistema, personas, especial, condiciones, educativo, niños, inclusión, derecho, ajustes]

¿Exigir que la persona adoptada llegue a la mayoría de edad para solicitar directamente todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propias del proceso de adopción, resulta desproporcionado e irrazonable frente al ejercicio del derecho de información del menor, en lo relacionado con su origen familiar y los detalles de ese proceso, aunado al hecho de que la ley faculta directamente a los padres a juzgar el momento y las condiciones para que su menor hijo conozca dicha información? La restricción resulta idónea para la efectiva protección del menor, toda vez que la experiencia demuestra que a esa edad, además de alcanzar la capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, la persona adoptada debe haber desarrollado un grado de madurez para solicitar directamente dicha información. El derecho a la información, tanto en su dimensión activa como receptiva, no es un derecho absoluto y lleva consigo una alta carga de responsabilidad, cuando su ejercicio pone en tensión o peligro derechos como la intimidad, integridad moral y formación de los menores de edad, como receptores de dicha información. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Arts. 75 y 76 (parciales) : Exequibles - [Resumen automatizado: La Directora de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico defendió la constitucionalidad de las expresiones demandadas, al considerar que si bien existe una prohibición legal para que el menor de edad solicite directamente dicha documentación, el artículo 32 numeral 4 del Código General del Proceso contempla el proceso de levantamiento de la reserva de las diligencias administrativas o judiciales de adopción, por lo que en su concepto, el niño o adolescente asistido por el defensor de familia podría solicitar información cierta y veraz sobre sus padres biológicos o su familia cercana. || Se deberán determinar las condiciones bajo las cuales se otorgarán al niño las informaciones relativas a sus orígenes biológicos así como las condiciones necesarias para proteger al niño de la divulgación de dichas informaciones por terceros” (subraya fuera de texto); esta norma europea recoge en parte el fundamento de los artículos 75 y 76 del Código de la Infancia y la Adolescencia, es decir: es legítimo establecer restricciones -reserva legal- en razón de la edad para acceder a la información del proceso de adopción en aras de salvaguardar los derechos de la infancia y la adolescencia, y es aún más necesario, establecer condiciones óptimas que no lesionen ni vulneren el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes para permitir su acceso a la información relacionada con su origen biológico.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, familia, adopción, derechos, información, niño, menor, niños, padres, edad, protección]; Arts. 75 y 76 (parciales) : Exequibles

La limitación de los derechos de asociación y reunión de los niños, niñas y adolescentes por las buenas costumbres, debe entenderse referida a la moral social. La expresión "las buenas costumbres", prevista en el inciso 1o del artículo 32 de la Ley 1098 de 2006 "por la cual se expide el Código de la infancia y de la Adolescencia", está dotada de una indeterminación constitucionalmente admisible como criterio de restricción al ejercicio de los niños, niñas y adolescentes del derecho a la asociación y reunión, así como a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, en un marco de protección integral, fundado en la dignidad y en la garantía del interés superior del menor de 18 años. Se concluyó que la restricción cumplía una finalidad legítima e imperiosa, consistente en garantizar el interés superior del menor, y que era adecuada o idónea con tal objeto. También precisó que era necesaria, dado que abarcaba conductas con relevancia para el derecho en un marco específico de aplicación; y proporcional en sentido estricto, teniendo en cuenta el alcance de los principios de dignidad humana e interés superior del menor de 18 años, concluyéndose, en consecuencia, que bajo el entendimiento de que por "las buenas costumbres" se hace referencia a "moral social", la indeterminación es constitucionalmente admisible o aceptable - [Resumen automatizado: En este escenario, el término de buenas costumbres, traducible al contenido que esta Corporación ha asignado a la "moral social" o "moral pública", es válido en el marco de restricción de los derechos de asociación y reunión del menor, porque persigue una finalidad legítima e imperiosa, como aquella destinada a garantizar el interés superior del niño en un escenario de protección integral, y es idónea para alcanzarlo con tal objeto. || Y, la restricción supera el test de proporcionalidad en sentido estricto, teniendo en cuenta como criterios principales el principio de dignidad humana y el del interés superior del menor, concluyéndose que en este caso la prevalencia prima facie de derechos como el de libertad de expresión es derrotada, y que la indeterminación relativa del enunciado "buenas costumbres" no conduce a la arbitrariedad, por un lado, por la vinculación de todos quienes están llamado a aplicar la norma a la consideración del interés superior del niño, y por el otro, al grado de determinación que puede alcanzarse acudiendo a criterios que esta Corporación ha acuñado para el concepto de "moral social".] - [Palabras claves automatizadas: moral, derechos, protección, costumbres, derecho, corte, buenas, principio, social, expresión, parte, concepto, menores, libertad, constitucional, tal]

La prelación en la adopción que el artículo 71 de la Ley 1098 de 2006 otorga a los nacionales, en igualdad de condiciones frente a extranjeros, no implica un desconocimiento del principio y del derecho a la igualdad, toda vez que la diferencia de trato no corresponde a una hipótesis de discriminación por razones de origen nacional, sino a una medida adecuada, con una finalidad constitucionalmente legítima y acorde con el principio de subsidiaridad de la adopción internacional incorporado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Art. 71 y 73 (parciales) : Exequibles - [Resumen automatizado: En el asunto bajo examen, luego de proceder a la integración normativa, esta Corporación concluyó que la prelación que se otorga a las solicitudes de adopción presentadas por los colombianos sobre los extranjeros, en los apartes cuestionados de los artículos 71 y 73 de la Ley 1098 de 2006, no implican un desconocimiento del principio y del derecho a la igualdad, pues la diferencia de trato no corresponde a una hipótesis de discriminación por razones de origen nacional, sino a una medida legítima y constitucionalmente importante, que guarda coherencia con el principio de subsidiaridad de la adopción internacional incorporado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al mismo tiempo que permite preservar, a partir de un examen de idoneidad y conducencia, la identidad cultural de los niños colombianos, sus valores nacionales y su componente étnico, en un contexto en el que no se sacrifican derechos, principios o valores constitucionales y, por el contrario, se disminuyen los riesgos asociados con factores de seguridad, se aumenta las posibilidades de control post-adopción y se brinda una mejor alternativa para realizar el derecho al reencuentro con la familia de origen.] - [Palabras claves automatizadas: familia, adopción, igualdad, derecho, niño, si, trato, extranjeros, derechos, niños, origen, medida, ley]; Art. 71 y 73 (parciales) : Exequibles

La Corte CONDICIONÓ la legalidad de negar la posibilidad de otorgar consentimiento frente a la adopción a toda persona que padezca una enfermedad mental o grave anomalía psíquica, en el entendido que solo se tendrá por establecida la falta del padre o la madre, o de quienes detenten la patria potestad, cuando la valoración realizada por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluya la imposibilidad para otorgar su consentimiento válido e idóneo legal y constitucionalmente. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Art. 66 (parcial) - [Resumen automatizado: 3.1 El problema jurídico al que se enfrenta la Corte en esta oportunidad, y una vez realizada la integración de unidad normativa entre las expresiónes "sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental" y "o grave anomalía psíquica certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses" contenidas en el inciso 3 (parcial) del artículo 66 de la Ley 1098 de 2006, es si este enunciado normativo es inconstitucional por desconocer los artículos 5º, 13, 42 y 44 CP, en razón a que el Legislador frente a los efectos del consentimiento hace equivaler a la falta del padre o de la madre, el que a uno de éstos lo aqueje una enfermedad mental o una grave anomalía psíquica, sin tener en cuenta aspectos constitucionales trascendentales como el derecho fundamental a la familia y a no ser separado de ella, los derechos de los niños, la prevalencia del interés superior del menor, los requisitos del consentimiento para dar en adopción, y los derechos de las personas en estado de discapacidad.] - [Palabras claves automatizadas: consentimiento, derechos, adopción, mental, debe, personas, familia, derecho, menor, enfermedad, padres, superior]; Art. 66 (parcial)

Adopción por parejas del mismo sexo que conforman una familia sin restricciones. Para la Corte las expresiones impugnadas de los artículos 64, 66 y 68 (numerales 3º y 5º) de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia", así como del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, 'por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes', son exequibles bajo el entendido que, en virtud del interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación están comprendidas también las parejas del mismo sexo que conforman una familia - [Resumen automatizado: En forma significativamente mayoritaria la evidencia científica coincide en señalar que: (i) la adopción por parte de parejas del mismo sexo no afecta el desarrollo, el bienestar, ni la salud física o mental de los menores; (ii) en caso de existir alguna afectación, la misma proviene de otros factores como la situación económica, las relaciones dentro del grupo familiar, el inadecuado rol parental, la violencia intrafamiliar, los estereotipos discriminatorios, los prejuicios sociales, las restricciones normativas, entre otros, que nada tienen que ver con la orientación sexual de los padres; (iii) el ajuste en el desarrollo de los menores criados en familias homoparentales, su comportamiento y adaptación social son similares a los de aquellos que crecen en familias heterosexuales; incluso en algunas ocasiones aquellas tienden a promover mayores valores de tolerancia y una representación real de la diferencia sexual; y (iv) los procesos de adopción deben basarse en asegurar la adecuada estabilidad socioeconómica de los solicitantes y en el cumplimiento de requisitos que garanticen el cuidado del menor en cada caso concreto, sin que para ello deba ser evaluada la orientación sexual de los padres.] - [Palabras claves automatizadas: adopción, mismo, sexo, niños, familia, niño, desarrollo, menor, sexual, corte, interés, padres, derecho, derechos]

Adopción por parejas del mismo sexo cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. La Corte declaró exequibles las expresiones impugnadas de los artículos 64 numerales 1 y 5, 66 y 68 numerales 3 y 5 de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia", así como del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, "por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes", al resolver los dos problemas jurídicos: en primer lugar, si las reglas sobre la adopción conjunta, ejercida por compañeros permanentes con una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años, violaban el derecho de las parejas conformadas por personas del mismo sexo a la no discriminación y a constituir una familia (arts. 13 y 42 CP). En segundo lugar, si las normas sobre adopción complementaria o por consentimiento, que tiene lugar en aquellos casos en los cuales se adopta el hijo o hija biológica del compañero o compañera permanente, con la anuencia de éste, desconocían el derecho de las parejas constituidas por personas del mismo sexo a la no discriminación y a conformar una familia (arts. 13 y 42 CP). La Corte aclara que cuando la solicitud de adopción recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente, también están comprendidas las parejas del mismo sexo - [Resumen automatizado: Añade que la interpretación que de la Ley 1098 de 2006 han adoptado el ICBF y la Procuraduría General, para impedir la adopción conjunta por parejas del mismo sexo, “no solo va en contravía del sentido fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-577 de 20011, sino que infringe importantísimos derechos fundamentales como la igualdad y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia”; lo cual hace necesaria la intervención de la Corte a través del control abstracto de constitucionalidad para corregir esos yerros hermenéuticos. || Mediante auto proferido el 7 de octubre de 2014, el Magistrado Sustanciador solicitó a las facultades, departamentos y programas de sociología, sicología, salud pública, ciencias de la salud y medicina de diferentes universidades, así como al Ministerio de Salud y Protección Social y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, allegar un concepto científico en relación con los efectos que para el desarrollo integral de un menor podría tener el hecho de ser adoptado por parejas del mismo sexo.] - [Palabras claves automatizadas: familia, adopción, sexo, mismo, corte, derecho, derechos, niños, protección, padres, sexual, menor]

El que los Comités de Adopción, y los equipos interdisciplinarios de las Defensorías y Comisarías de Familia, deban estar integrados, entre otros profesionales por un "trabajador social", no debe entenderse de manera taxativa, ante los efectos discriminatorios que ello conlleva, sino que debe entenderse en el sentido de que los desarrollistas familiares también pueden postularse para estos cargos, en razón a la relación directa, clara e inequívoca que guarda su perfil profesional con las funciones a desempeñar en las instancias a las que se viene haciendo referencia en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de La Infancia y la Adolescencia"; Arts. 73, 79 y 84 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || Al respecto, la Sala considera que los cargos formulados por los actores con base en la omisión legislativa relativa alegada por desconocimiento de los derechos a la igualdad, la prohibición de discriminación, al trabajo, a la libertad de elegir profesión y oficio, y al acceso a cargos públicos, cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para formular un cargo de esta naturaleza, pues (i) la omisión del legislador se predica frente a contenidos normativos concretos: artículos 73, 79 y 84 de la Ley 1098 de 2006; y (ii) existen suficientes argumentos que explican la manera en que, al parecer, la normativa cuestionada excluyó de sus consecuencias jurídicas a un grupo de profesionales, cuyos estudios superiores guardan afinidad con el del programa académico de trabajo social, específicamente, en temas de familia, criterio que establece una conexión directa con las funciones que deben desarrollar los profesionales que integran los Comités de Adopción, los equipos técnicos de las Defensorías, y el personal de las Comisarías de Familia, en cuanto propenden por el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.] - [Palabras claves automatizadas: profesionales, desarrollo, social, legislador, profesión, ejercicio, trabajador, profesional, familiar, derechos, cargos, trabajo, normas, puede, corte]; Arts. 73, 79 y 84 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles

Inepta demanda contra el artículo 66 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, "por el cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" - [Resumen automatizado: La Corte debe inhibirse para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la disposición impugnada, por las siguientes razones: (i) Aunque el actor demandó el Artículo 66.4 del Código de la Infancia y la Adolescencia, ninguna de las acusaciones se dirige a cuestionar la regla general allí prevista, sino a controvertir la solución quede ésta se deriva para una hipótesis específica: la de la mujer embarazada que según pronóstico médico morirá inexorablemente al término del embarazo, y que desea dar en adopción e individualizar al adoptante antes de su fallecimiento; (ii) aunque podría entenderse que implícitamente la demanda plantea la existencia de una omisión legislativa relativa, que conduce a una sentencia de constitucionalidad condicionada, y no a una declaratoria de inexequibilidad, en cualquier caso los cargos formulados por el actor no permiten un fallo de fondo; (iii) Las acusaciones contenidas en la demanda parten de un falso supuesto sobre el contenido y alcance de la legislación relativa a la adopción, pues en todos ellos se supone erróneamente que en la hipótesis puesta a consideración de la Corte, el Código de la Infancia y la Adolescencia prohíbe dar al hijo huérfano en adopción, y determinar e individualizar al adoptante, cuando en realidad, el derecho positivo ofrece una solución distinta: por un lado, el menor sí puede ser dado en adopción cuando su madre fallece, ya que si el niño tiene un vínculo filial con el padre biológico, conforma con éste una familia, y este último tiene la potestad para ejercer de manera exclusiva la paternidad, o para darlo en adopción; por otro lado, si el menor carece de padre conocido, debe ser declarado en situación de adoptabilidad por las instancias administrativas, y dado en adopción.] - [Palabras claves automatizadas: adopción, consentimiento, madre, artículo, ley, demanda, constitucional, constitucionalidad, corte, puede, niño, padre, familia, menor, sino]

Inepta demanda contra la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia; Art. 175 Par - [Resumen automatizado: Para el representante del Ministerio existe cosa juzgada material, por una parte, porque (i) a pesar de que en la Sentencia C-203 de 2005 no se abordó el examen de la prohibición de aplicar el principio de oportunidad por los crímenes prescritos en el Estado de Roma, la consecuencia que se infiere de ambas disposiciones es la misma, a saber: “que los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley y por tanto víctimas de reclutamiento ilícito [pueden ser] procesados penalmente por la comisión de crímenes durante su vinculación con tales organizaciones, con la diferencia de que la norma acusada en el caso sub examine sólo permite el procesamiento penal de los niños, niñas y adolescentes por su eventual participación en la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional: los contemplados en el Estatuto de Roma (salvo el crimen de agresión)”.] - [Palabras claves automatizadas: menores, ley, principio, grupos, armados, derechos, corte, edad, penal, sentencia, oportunidad, margen, víctimas, internacional, adolescentes]; Art. 175 Par

Inepta demanda contra el vocablo "moral" que hace parte del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia". A juicio de los demandantes, la idoneidad moral que exige el precepto demandado para adoptar de la mano de la sentencia C-874 de 2001, no es compatible con el "modelo de vida homosexual" de modo que por esta razón, las parejas del mismo sexo no cumplen el requisito de idoneidad moral y no pueden adoptar un hijo. Los cargos carecen de certeza. Se estructuran a partir de una interpretación subjetiva del precepto demandado - [Resumen automatizado: A juicio de los demandantes, no existe cosa juzgada constitucional respecto de la sentencia C-814 de 2001, sino solamente una cosa juzgada material relativa, ya que aunque es cierto que en la sentencia C-814 de 2001 también se analizó la expresión “moral”, (i) han pasado más de 10 años desde que se profirió dicha providencia, tiempo durante el cual se han presentado cambios sociales y culturales que “(…) exigen una revisión de la moral social que debe ser tenida en cuenta en un nuevo control constitucional”; (ii) en la sentencia C-814 de 2001 “(…) no se realizó una interpretación de la norma acusada a la luz de TODAS las normas del ordenamiento jurídico, principalmente, las del bloque de constitucionalidad”; (iii) dicha providencia solamente se basó en los métodos de interpretación histórico y gramatical “(…) pero el uso de otras directivas de interpretación como son la teleológica y sistemática, arrojan un sentido no sólo muy distinto al adoptado en su momento por esa Honorable Corporación, sino más acorde con el deseo de hacer efectivo el derecho fundamental de los niños a tener una familia”; y (iv) el test de proporcionalidad estricto que aplicó la Corporación en ese fallo se centró en la afectación del derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar como manifestación del libre desarrollo de la personalidad, y no en el derecho de los niños a tener una familia.] - [Palabras claves automatizadas: moral, sentencia, corte, adopción, constitucional, adoptar, expresión, sexual, idoneidad, mismo, demanda, social, familia, sexo]

¿Al establecerse como una de las obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud, la de garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida, se desconoce la autonomía personal (art. 16 C.P.), la libertad de conciencia (art. 18 C.P.) y el debido proceso (art. 29 C.P.). Lo anterior, cuando no sea posible obtener autorización del representante legal, ya sea por imposibilidad fáctica de obtenerlo o cuando éste no autorice por razones personales, culturales, de credo o sea negligente? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, en principio, corresponde a quienes ejercen la patria potestad prestar su consentimiento para la práctica de las distintas intervenciones quirúrgicas o tratamientos terapéuticos indispensables para la recuperación o rehabilitación de un estado patológico, a través del denominado consentimiento sustituto. No obstante, esta facultad no es absoluta y por el contrario debe garantizar (i) que la opinión del niño sea consultada, de acuerdo a su edad y madurez y (ii) bajo ciertas circunstancias resulta indispensable el consentimiento informado del menor de 18 años, en aras de salvaguardar su derecho al libre desarrollo de la personalidad, la proyección de su identidad y en últimas, la vida digna, especialmente en aquellos procedimientos invasivos y definitivos. Es decir, que las reglas sobre capacidad consagradas en la legislación civil no son trasladables para determinar la plausibilidad del consentimiento en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en relación con las intervenciones médicas. El numeral 6 del artículo 46 de la Ley 1098 de 2006 excepciona esa necesidad de consentimiento informado del paciente o de su representante legal en los casos en que se encuentre en peligro inminente la vida de un niño, niña o adolescente, restricción que a juicio de la Corte se encuentra plenamente justificada. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" Art. 46, Num. 6 : exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Juan Carlos Henao Pérez quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || Por razón a lo anterior, aunque se arguye que la expresión demandada vulnera los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y el debido proceso del representante legal del niño, niña o el adolescente, lo cierto es que ésta no menciona ni hace referencia a tal representante, sino que busca garantizar, como no puede ser de otra manera, que los menores de edad cuya vida se encuentra en peligro inminente reciban la atención inmediata del personal médico y administrativo.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, niño, vida, derechos, corte, debe, niños, salud, consentimiento, niñas, edad, adolescentes]

Aumento del término de prescripción de la acción legal por ausencia del adolescente juzgado. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia"; Art. 158 (parcial) : Cosa juzgada en la C-055-10. Destaca el editor la inquietud planteada en Aclaración de Voto, no resuelta en la sentencia: ¿puede un ciudadano acusar de inconstitucionalidad una norma legal que fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, cuando el cargo planteado (1) se refiere al sentido normativo que adquirió la norma a partir del condicionamiento impuesto por la Corte en la sentencia y (2) no fue considerado por la Corte al momento de adoptar la decisión de condicionar la norma? - [Resumen automatizado: El ciudadano Víctor Javier Velásquez Gil presentó acción de inconstitucionalidad, parcial, contra el artículo 158 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1089 de 2006, por considerar que viola los principios de igualdad y de proporcionalidad, en los términos en los cuáles la norma fue declarada constitucional por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2010. || Para el Ministerio, la demanda no reúne la 'suficiencia' requerida para producir una decisión de fondo, ya que “[…] el demandante se limita a afirmar que la norma acusada, al disponer el aumento de la prescripción de la acción penal del procesado en ausencia, vulnera el principio de igualdad, pues establece un tratamiento discriminatorio e injustificado para los menores de edad frente al tratamiento que la legislación procesal penal establece para los adultos, lo cual, a juicio de este Ministerio resulta insuficiente para realizar un estudio de constitucionalidad, pues para llegar a tal conclusión es preciso hacer una análisis del contenido y alcance de la norma impugnada, su interpretación dentro del contexto al cual pertenece, revisar los antecedentes legislativos que le dieron origen, todo lo anterior orientado a determinar de qué manera se desconocen las disposiciones constitucionales aducidas como vulneradas y ello no se hizo por el actor en el presente proceso.] - [Palabras claves automatizadas: corte, sentencia, norma, constitucional, penal, demanda, proceso, respecto, si, jurídico]; Art. 158 (parcial) : Cosa juzgada en la C-055-10. Destaca el editor la inquietud planteada en Aclaración de Voto, no resuelta en la sentencia: ¿puede un ciudadano acusar de inconstitucionalidad una norma legal que fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, cuando el cargo planteado (1) se refiere al sentido normativo que adquirió la norma a partir del condicionamiento impuesto por la Corte en la sentencia y (2) no fue considerado por la Corte al momento de adoptar la decisión de condicionar la norma?

Inexequible la Ley 1288 de 2009, "Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con la misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones", por cuanto exigía el trámite de una ley estatutaria por regular aspectos esenciales de los derechos fundamentales de hábeas data y de intimidad. Esta ley modificó la Ley 599 de 2000, la Ley 1098 de 2008, el Decreto 517 de 2001 y derogó el Decreto 2233 de 1995 - [Resumen automatizado: De otra parte, desde la primera decisión admisoria se ordenó también: i) fijar en lista el presente asunto; ii) correr traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor; iii) comunicar la iniciación de este proceso a los señores Presidente de la República, Presidente del Congreso y Ministros del Interior y de Justicia y de Defensa; iv) informar de la admisión de esta demanda a los señores Fiscal General de la Nación, Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, Director General y Director General de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Director de Inteligencia de la Policía Nacional, Director de Inteligencia del Ejército Nacional y Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; v) invitar a las facultades de derecho de las Universidades Javeriana, de los Andes, Externado de Colombia, Industrial de Santander, de Antioquia, del Rosario, Santo Tomás y Nacional de Colombia, al igual que a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales y a los Colegios de Jueces y Fiscales de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Huila, Magdalena, Nariño y Putumayo, Quindío, San Gil y Tolima, para que, si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas respecto de las cuales se admitió demanda.] - [Palabras claves automatizadas: información, ley, derecho, derechos, reserva, actividades, organismos, corte, parte, estatutaria, artículos]

¿La exigencia de por lo menos dos (2) años de convivencia ininterrumpida, como requisito para que los compañeros permanentes puedan adoptar conjuntamente a un menor de edad, vulnera la igual protección que se debe a toda familia, independientemente de su origen, así como el principio del interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes que debe orientar la institución de la adopción? La propia Constitución legitima ciertos efectos a regulaciones diferentes para las uniones matrimoniales y las que se originan únicamente en la voluntad libre y responsable de conformarla, lo cual obedece a su naturaleza fáctica y jurídica diversa, no obstante una y otra convoquen indiscutiblemente el reconocimiento y la legitimidad constitucional, como fuentes de la institución familiar. Concepto de igualdad familiar previsto en la Constitución y desarrollado por la jurisprudencia. Matrimonio y la unión marital de hecho - Diferencias existentes. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia; Art. 68 Num. 3 : Exequible. Num. 5 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: En cuanto a la posible vulneración de los derechos del menor a ser acogido en una familia que le brinde su amor y vele por su cuidado integral, sostiene que dado el interés superior del menor que debe guiar el proceso de adopción, resulta razonable la exigencia de los dos años de convivencia contemplados en el numeral 5° de la norma, porque el comportamiento y actitudes que haya demostrado el cónyuge o compañero permanente adoptante brindará mayor seguridad sobre el hecho de reunir las calidades necesarias para brindarle al hijo de su pareja, el hogar que requiere, con lo cual se cumple con el principio constitucional de prevalencia de los derechos del menor. || El Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, profesor Francisco Acuña Vizcaya, sostiene en su intervención que los numerales 3 y 5 del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, son exequibles, comoquiera que el requisito de un mínimo de dos años de convivencia de los compañeros permanentes, como presupuesto para adoptar, constituye una garantía al principio del interés superior del niño, exigencia que armoniza con la normas del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: menor, familia, matrimonio, adopción, hecho, años, dos, adoptar, convivencia, unión, permanentes, compañeros, derechos]; Art. 68 Num. 3 : Exequible. Num. 5 : Fallo inhibitorio

Decreto 126 de 2010, "Por el cual se dictan disposiciones en materia de inspección y control de lucha contra la corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras disposiciones", declarado INEXEQUIBLE por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social - [Resumen automatizado: Que los hechos que sustentan la declaratoria de la emergencia social han desbordado, tanto la capacidad, como los mecanismos preventivos, sancionatorios v de naturaleza jurisdiccional de los que dispone el Sistema de Inspección, Vigilancia v Control -SIVC del sector salud, razón por la cual se requiere adoptar medidas extraordinarias y urgentes de carácter preventivo de recuperación de recursos y punitivas, con el fin de responsabilizar a quienes incurran en conductas fraudulentas, inseguras o ilegales; así como también, fortalecer la atención al usuario, el control al precio y adquisición de medicamentos y las actividades de inspección, vigilancia y control en la asignación, flujo, administración y gestión de los recursos del SGSSS;] - [Palabras claves automatizadas: salud, recursos, decreto, medidas, general, social, control, precios, sistema, nacional, superintendencia]

¿Exigir dentro de los requisitos para adoptar, que el adoptante garantice "idoneidad física", resulta contraria a los derechos a la igualdad y a conformar una familia de las personas con limitaciones físicas o discapacidad? La protección constitucional e internacional de los derechos de las personas con discapacidad. La protección del interés superior del menor y la adopción. Para la Corte, la evaluación de los factores que enuncia la norma acusada debe ser realizada de manera global y no aislada, de suerte que la exigencia de idoneidad física allí establecida no puede ser interpretada de manera discriminatoria, como requisito exclusivo para fundamentar la idoneidad o no de una persona con limitaciones físicas o discapacitada, para adoptar un hijo. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia", Art. 68 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Para la Corte es claro que la exigencia de que quien aspire a adoptar un hijo, cuente con idoneidad física, responde a un fin constitucionalmente legítimo, cual es, asegurar las mejores condiciones para el cuidado y atención de las necesidades del menor que se integra a una familia, acorde con sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, pero frente a personas que tienen una limitación física y cumplen con las demás condiciones establecidas en la ley para adoptar un hijo, la medida puede resultar discriminatoria, si se tiene como única razón para negar la adopción, por lo que encuentra la Corte Constitucional que el artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, exige una valoración integral de todas las condiciones de quien sea candidato a padre o madre adoptante, no pudiéndose descalificar a una persona como posible padre o madre adoptante, por el sólo hecho de que tenga una discapacidad, sino que dicha condición debe ser evaluada en cada caso concreto por las autoridades y expertos, junto con los demás factores de idoneidad exigidos por la ley, y siempre en función de interés superior del menor, a la luz de las necesidades de amor, cuidado y protección del niño, niña o adolescente que será adoptado.] - [Palabras claves automatizadas: personas, idoneidad, derechos, adopción, derecho, menor, física, familia, corte, niño, condiciones, puede]

Adopción por parte de parejas homosexuales. Fallo inhibitorio por inepta demanda en relación con los apartes demandados de los artículos 68 de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" y 1 de la Ley 54 de 1980, "por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes" - [Resumen automatizado: En efecto, al ser "partícipes de algo más que su comunidad de vida material, pues se hallan ligados en sus aspectos anímicos, síquicos, afectivos, amatorios, sociales y económicos, están en las mismas condiciones de la pareja de convivientes de distinto sexo para recibir hijos en adopción y para convivir con los suyos propios, fruto de sus relaciones anteriores, nacidos de ellos o asistidamente concebidos, los cuales no se les quitan en prevención de daños, pues el Estado frente a otros no les puede descalificar como pareja de convivientes sin razones de peso constitucional o respecto de los hombres y las mujeres casados o maritalmente unidos, sobre los que no existen reparos por sus inclinaciones sexuales y sin que olvidemos, en primer término, que se les desconocería el derecho del artículo 13 Superior". || Así, según la demanda, resulta claro que la exclusión de las parejas del mismo sexo de los beneficios contenidos en las normas acusadas es inconstitucional, como quiera que ex ante, realiza un juicio sobre la orientación sexual para determinar la idoneidad del adoptante, desconociendo, por contera, los derechos de los menores a crecer en una familia donde bien pueden desarrollar libremente su personalidad, recibir afecto y cuidado, con el debido acompañamiento que el Estado debe brindar igualmente a los niños entregados en adopción a las parejas heterosexuales.] - [Palabras claves automatizadas: familia, adopción, mismo, corte, padres, niños, derechos, sexo, sexual, demanda, parte, hijos, concepto, proceso, ley]

Responsabilidad penal de los menores de edad. Derecho al debido proceso. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia". Declara INEXEQUIBLE el aparte normativo del Art. 191 - Detención en flagrancia de adolescente - "... Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes." Para la Corte el problema de constitucionalidad se concreta en el alto grado de indeterminación normativa; no establece un término para que el fiscal formule la solicitud que contiene la acusación, ni tampoco prevé una ritualidad específica para adelantar esta actuación, es decir, no aclara si se trata de un escrito similar al previsto en los artículos 33 y 337 del Código de Procedimiento Penal; tampoco define si el juez de control de garantías debe pronunciarse sobre la solicitud del fiscal, ni tampoco prevé una ritualidad específica que deba surtirse ante la autoridad judicial y en la cuál esté prevista la participación de los sujetos procesales para tales efectos - [Resumen automatizado: El Código de la Infancia y la Adolescencia contiene diversas remisiones a la Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal-, normativa que resulta aplicable por lo tanto en la investigación y juzgamiento de los adolescentes a los que se les impute la infracción del ordenamiento penal, tanto para definir cuales son las ritualidades aplicables en estos casos, como para establecer una cota mínima de garantías judiciales de las cuales son titulares los adolescentes, y precisa que los adolescentes responsables de conductas ilícitas tienen derecho al debido proceso penal, y enuncia algunas de las garantías judiciales constitutivas de este derecho tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de apelación ante autoridad superior.] - [Palabras claves automatizadas: menores, derecho, garantías, derechos, penal, menor, proceso, audiencia, adolescentes, libertad, protección, niño]

1. Protección de los menores y adolescentes contra actos de agresión, humillación, discriminación o burla en el ámbito escolar. ¿Se puede inferir de las normas demandadas una exclusión de las responsables de conductas de maltrato infantil a los agentes del Estado o a las directivas y docentes de los establecimientos educativos? 2. Ausencia del procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los medios de comunicación, en caso de transgresión de los deberes establecidos en el artículo 47 del Código de la Infancia y Adolescencia. Configuración de una omisión legislativa en la regulación de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la garantía eficaz de los derechos e intereses superiores de niños y niñas. Responsabilidades de los medios de comunicación frente a menores de dieciocho (18) años y ejercicio de la libertad de expresión. Se exhortó al legislador para que expida en el menor tiempo posible una regulación integral, con fundamento en las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, en materia de protección efectivo de los niños, niñas y adolescentes. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" Arts. 18, 41, 43, 44 y 47 (parciales) : Exequibles. - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional encuentra que existen razones constitucionales con entidad suficiente para exhortar al Congreso de la República para que expida en el menor tiempo posible una regulación integral que consagre la forma en que se determina la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento de los deberes de los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, y las sanciones que ello acarrea, con apoyo en las obligaciones en cabeza de las autoridades en general y del Congreso de la República en particular, a favor de la garantía y protección efectiva de los derechos e intereses de los(as) menores de dieciocho (18) años, además de la necesidad de que dicha protección sea eficaz, por lo que el legislador debe diseñar, y no lo ha hecho, un mecanismo cuyo fin específico sea determinar la responsabilidad de los medios de comunicación en relación con sus deberes para con los niños y las niñas.] - [Palabras claves automatizadas: medios, corte, código, menores, comunicación, derechos, protección, ello, años, dieciocho, omisión]

¿Exigir como una de las calidades requeridas para ser Defensor de Familia, estudios de postgrado en las áreas de derecho enunciadas en el numeral acusado, vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes a ese cargo, al excluir sin justificación alguna otros programas de postgrado que guardan relación con los señalados en la norma?. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Art. 80, Num. 3: CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Si bien la regla general es que las sentencias que la Corte Constitucional profiere hacen tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta, a menos que en ellas la Corporación haya limitado los alcances de la misma, caso en el cual se está en presencia de una cosa juzgada relativa, en la presente causa, en que se demanda el inciso 3° del artículo 80 de la Ley 1098 de 2006 fue objeto de decisión previa en la Sentencia C-740 de 2008, habiéndose declarado exequible respecto de una demanda en la que se planteaba también la presunta violación del principio de igualdad, pero en la que el efecto que la Corporación le fijó es el de una cosa juzgada relativa explicita, limitada al cargo analizado en esa oportunidad, que en ningún caso coincide con el formulado en esta causa, toda vez que la acusación estudiada cuestionaba la medida de exigir posgrado para ejercer el cargo de defensor de familia, lo que ahora se alega es que la disposición haya incluido sólo algunas modalidades de posgrado dejando por fuera otras, lo cual constituye una acusación sustancialmente diferente.] - [Palabras claves automatizadas: familia, corte, derecho, constitucional, legislador, sentencia, cargo, derechos, ejercicio, norma, igualdad, profesión]; Art. 80, Num. 3: CONDICIONALMENTE exequible

La Corte entra a resolver: (i) si las definiciones de niño y adolescente contenidas en el artículo 3º de la Ley 1098 de 2006 son contrarias a la Constitución por desconocimiento del artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual niño es todo menor de 18 años., (ii) si al exigir el numeral 3 del artículo 80 de la misma ley, el título de postgrado para desempeñar el cargo de Defensor de familia vulnera los derechos al trabajo y a la igualdad de los posibles aspirantes a su desempeño; (iii) si la función de hacer recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los menores atribuida en el artículo 9, numeral 4 al Ministerio Público, quebranta la Constitución, por no estar prevista en ésta; (iv) si la competencia asignada por el artículo 100, numeral 4 al Juez de Familia para homologar el fallo y la pérdida de competencia de la autoridad administrativa prevista en el inciso segundo de la misma disposición, configura una intromisión indebida de la rama judicial en el ejercicio de funciones administrativas de protección de los menores y quebrantan los artículos 113 y 209 de la Carta Política; (v) si la aplicación de las normas de la Ley 906 de 2004 a los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes infringe los artículos 2, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución, en la medida que el procedimiento penal debería ser específico y distinto al que se aplica a los adultos; (vi) si la posibilidad prevista en el artículo 147 de que el juez de control de garantías disponga que las audiencias de un proceso penal para adolescentes sean cerradas al público cuando su publicidad exponga al menor a un daño psicológico, contraviene los artículos 44, 45, 93 y 94 de la Constitución. Ley 1098 de 2007, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Arts. 3, 80, 95; 100, 147, 151 y 163 (parciales) y 144 : Exequibles. Arts. 15, 24, 28, 32, 51, 62, 71, 73, 74, 82, 89, 98, 99, 100, en el inciso primero y en los parágrafos 1º y 2º, 104, 109, 111, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 148, 150, 151, el inciso primero, 157, 158, 162, 163, en el numeral 8 y el parágrafo 2º, 165, 170, 179, 180, 187, 189, 190, 191, 193, 204, 216 y 217 : Fallo inhibitorio. Arts. 48, 96 y 100 : Cosa juzgada. - [Resumen automatizado: En concordancia con las normas del Derecho Internacional Público, la Constitución Política colombiana de 1991 consagró la protección especial de los niños, al disponer en su Art. 44 que son derechos fundamentales de los mismos la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, y estableció que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. || De conformidad con lo previsto en el Art. 26 de la Constitución, la ley puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones y el legislador goza de la potestad de configuración en la expedición de las leyes que regulan la función pública, con los límites impuestos por los valores, principios y derechos constitucionales, de donde resulta completamente válido que, con fundamento en la protección especial que aquella y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano dispensan al niño, el legislador exija una formación calificada para el desempeño del cargo de Defensor de Familia.] - [Palabras claves automatizadas: constitución, art, adolescentes, derechos, menores, penal, razones, cargo, ley, niños, inciso, años]; Arts. 3, 80, 95; 100, 147, 151 y 163 (parciales) y 144 : Exequibles. Arts. 15, 24, 28, 32, 51, 62, 71, 73, 74, 82, 89, 98, 99, 100, en el inciso primero y en los parágrafos 1º y 2º, 104, 109, 111, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 148, 150, 151, el inciso primero, 157, 158, 162, 163, en el numeral 8 y el parágrafo 2º, 165, 170, 179, 180, 187, 189, 190, 191, 193, 204, 216 y 217 : Fallo inhibitorio. Arts. 48, 96 y 100 : Cosa juzgada.

¿Al impedirse la aplicación del principio de oportunidad por reparación de los derechos de las víctimas, cuando se trate de los delitos que atentan contra la integridad personal, la libertad y la formación sexual del menor se impide que los menores afectados por los delitos se beneficien de la reparación integral e impide la fijación de términos para que las víctimas intervengan en el proceso y usen los mecanismos de justicia retributiva? La norma acusada prevé una situación en que el principio de oportunidad no procede, no aplica, y, en consecuencia, el Estado debe llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Una de ellas es la reparación de las víctimas, por lo que no es correcto afirmar que las víctimas ven truncada su esperanza de reparación cuando el Estado decide culminar hasta la sanción la investigación penal. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Art. 199, Num. 3 : Exequible. Nums 7 y 8 : Fallo inhibitorio. - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Humberto Antonio Sierra Porto -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere esta sentencia con fundamento en los siguientes, || La Vista Fiscal afirma que tampoco se vulnera el artículo 2º superior referido al deber de las autoridades de proteger los derechos de los residentes en el país, pues cuando la norma excluye la terminación del proceso por aplicación del principio de oportunidad "está reforzando la protección de los derechos de los niños y adolescentes, al establecer que no basta el pago de una indemnización para entender satisfechos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de este grupo de víctimas en particular, quienes por su edad y grado de madurez, sin duda se encuentran en una situación especial de indefensión, no sólo frente al agresor, sino además respecto del sistema judicial, en cuya operatividad debe prevalecer el interés superior del menor".] - [Palabras claves automatizadas: principio, oportunidad, derechos, penal, aplicación, corte, protección, legislador, ley, constitucional, niños, norma, delitos]; Art. 199, Num. 3 : Exequible. Nums 7 y 8 : Fallo inhibitorio.

¿La asignación de competencias a los inspectores de policía en ausencia de los comisarios y defensores de familia, desconoce la garantía del juez natural (Art. 98)? ¿Se vulnera el derecho a la igualdad, al establecer que aquellos que asistan a la audiencia de conciliación deban interponer el recurso de reposición verbalmente en la misma y los que no asisten, tengan un plazo mayor (Art. 100)? Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Art. 98 (parcial) : Estarse a lo resuelto. Art. 100 : Exequible - [Resumen automatizado: La medida que consagra un procedimiento diferente para aquellos que acudiendo a la citación de las autoridades, asistieron a la audiencia y para quienes, por el contrario, no lo hicieron, en la medida en que a los primeros, se les considera allí mismo notificados de lo resuelto, mientras que quienes no concurrieron gozarán de una oportunidad de tres días, la Sala considera que esta situación no vulnera el derecho a la igualdad, mediando un objetivo constitucionalmente válido, como es proteger el interés superior del menor. || Estos impedimentos fueron aceptados por la Sala Plena de esta corporación, mediante Auto 302 de noviembre 21 de 2007 y el jefe del Ministerio Público designó a la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, para que rindiera concepto dentro del presente proceso, quien efectivamente lo presentó pidiendo a la Corte declarar exequible la expresión contenida en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, por los cargos analizados, o en caso de haberse proferido sentencia a propósito de los expedientes D-6834 y D-6852 (acumulados), la decisión pertinente es estarse a lo allí resuelto.] - [Palabras claves automatizadas: audiencia, ley, familia, proceso, recurso, policía, código, partes, oportunidad, parte, derecho, derechos, principio]; Art. 98 (parcial) : Estarse a lo resuelto. Art. 100 : Exequible

¿Resulta contrario a la garantía de la inviolabilidad del domicilio y a la competencia exclusiva de la Fiscalía General para realizar allanamientos, el que el legislador permita que los comisarios y defensores de familia practiquen allanamientos en las circunstancias previstas en el artículo 106 de la ley 1098 de 2006 para rescatar a un menor si las circunstancias lo aconsejan? Integración normativa con el Art. 86. Requisitos exigidos a las autoridades en el artículo 28 de la Constitución para ingresar a un domicilio. Excepciones a este régimen de orden judicial previa para el ingreso a domicilio ajeno. Circunstancias graves que darían lugar al ingreso de los defensores y comisarios de familia a un domicilio ajeno para rescatar a un menor de edad. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Arts. 86 y 106 : CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: Dentro del régimen general de protección al derecho de inviolabilidad del domicilio, se han reconocido como compatibles con la Carta Política las siguientes excepciones: i) Excepciones constitucionales expresas: a) Para capturar al delincuente que al ser sorprendido en flagrancia se refugia en domicilio propio; b) Para capturar al delincuente que al ser sorprendido en flagrancia huye y se refugia en domicilio ajeno, para lo cual se debe haber requerido previamente al morador; c) El allanamiento ordenado y practicado por los fiscales, de conformidad con lo que establece el artículo 250, numeral 3; ii) Excepciones de origen legal - allanamientos administrativos, practicados por la autoridad señalada en la ley y respetando los requisitos previstos en la misma: a) Para inspeccionar lugares abiertos al público; b) Para cumplir funciones de prevención y vigilancia en actividades sometidas a la inspección, vigilancia e intervención del Estado, por razones de interés general, cuando la ley haya habilitado a ciertas autoridades administrativas a ordenar esos registros y éstos se efectúen en protección de valores superiores, como la vida o la dignidad humana; c) Para capturar a quien se le haya impuesto (…)pena privativa de la libertad; d) Para aprehender a enfermo mental o peligroso o a enfermo contagioso en desarrollo del principio de solidaridad social y de la protección a la vida e integridad personal de los asociados; e) Para obtener pruebas sobre la existencia de casas de juego o establecimientos que funcionen contra la ley o reglamento; f) Para indagar sobre maniobras fraudulentas en las instalaciones de servicios públicos de acueducto, energía eléctrica, teléfonos; g) Para practicar inspección ocular ordenada en juicio de policía; h) Para examinar instalaciones de energía eléctrica y de gas, chimeneas, hornos, estufas, calderas, motores y máquinas en general y almacenamiento de sustancias inflamables o explosivas con el fin de prevenir accidentes o calamidad; i) Por razones del servicio - previa autorización del dueño o cuidador del predio rústico cercado; j) Para rescatar menores que se encuentren en situaciones de peligro extremo para su vida e integridad personal, siguiendo el procedimiento previsto en el Código del Menor; k) En establecimientos comerciales e industriales de empresas para impedir que las pruebas de infracciones tributarias fueran alteradas, ocultadas o destruidas como desarrollo legal contenido en el Estatuto Tributario; l) En situaciones de imperiosa necesidad reguladas en el Código Nacional de Policía.] - [Palabras claves automatizadas: menor, domicilio, derechos, corte, vida, familia, derecho, judicial, peligro, protección, integridad, niño, niños]; Arts. 86 y 106 : CONDICIONALMENTE exequibles

¿El que el art. 96 otorgue unas funciones al "coordinador del centro zonal del ICBF" viola los artículos 121 y 122 de la Constitución, por no existir dicho cargo en la planta de personal del instituto? ¿El no establecer el recurso de apelación contra la decisión del Defensor de Familia, del Juez de familia y del Juez Municipal, quebranta los derechos de defensa y de impugnación? ¿Disponer la pérdida de competencia del Defensor de Familia y el envío del expediente al Juez de Familia para que de oficio adelante la actuación, en caso de que no se resuelva la solicitud o el recurso de reposición en los términos señalados en el artículo 100, vulnera el derecho de defensa? ¿La citación de los interesados en la actuación mediante publicación en una página de Internet del ICBF, en caso de desconocerse su identidad "o" su dirección (Art. 102), vulnera los derechos de defensa? Cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban ser citados, la citación deberá realizarse mediante publicación en una página de Internet del ICBF por tiempo no inferior a cinco días, "y" por transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia " Arts. 100 (parcial), 111, 129, 130 y 131 : Fallo inhibitorio. Art. 48 : Estarse a lo resuelto. Arts. 96, 98, 100 y 120 : exequibles. Art. 102 : "o" INEXEQUIBLE, resto condicionalmente exequible - [Resumen automatizado: El interés superior de lo niños, niñas y adolescentes y la protección especial que debe dispensarles el Estado, además de la familia y la sociedad, exige celeridad, oportunidad y eficacia en el desarrollo de las actuaciones estatales y la adopción de las decisiones correspondientes, por ello es razonable que la expresión demandada señale los términos para resolver tanto la actuación administrativa como el recursos de reposición que procede contra dicha resolución, como también es razonable que si el funcionario administrativo incumple esos términos el legislador disponga un mecanismo sustitutivo que permita resolver la solicitud, la investigación o el recurso de reposición en las citadas condiciones de celeridad, oportunidad y eficacia, y para tal efecto su asignación a la jurisdicción especializada es claramente adecuada. || vi) Afirman que el Art. 102 de la Ley 1098 de 2006 dispone que la citación ordenada en el auto de apertura de investigación se practicará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil para la notificación personal y que cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban ser citados la citación se hará mediante publicación en una página de Internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo cual vulnera los derechos a la defensa y de igualdad, pues muchas personas no tienen servicio de Internet, de suerte que las personas involucradas en el proceso de protección de derechos de un menor, que son generalmente de muy escasos recursos económicos, no tendrían la posibilidad de enterarse de la existencia del mismo.] - [Palabras claves automatizadas: art, ley, proceso, cargo, protección, mediante, administrativa, derechos, familia, inciso, forma, recurso, constitución]

¿La presentación en televisión de los nombres completos y fotografías recientes de las personas condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, cuando la víctima haya sido un menor de edad, constituye una medida legítima, proporcionada e idónea para proteger los derechos fundamentales y el interés superior de los menores de edad, de conformidad con la garantía consagrada en la Constitución Política y la Convención de los Derechos del Niño? Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia; Art. 48, Inc. 2o. : INEXEQUIBLE. - [Resumen automatizado: Descendiendo a lo que significa la aplicación de la norma, señala que la pública exposición de los condenados por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores implica la cosificación de quienes son sometidos al escarnio público y utilizados para amedrentar a otros, los posibles infractores futuros de la ley penal, lo cual no puede en realidad entenderse como una medida de restablecimiento y garantía para las víctimas de esos delitos, como lo pretende el legislador. || Plantea que la Corte debe adoptar su decisión a partir del análisis de tres problemas constitucionales propuestos por la demandante, a saber: i) si en efecto se utiliza a las personas condenadas como objeto de intimidación de terceros y si ello puede considerarse como trato denigrante que afecta la dignidad de los condenados; ii) si el artículo 44 superior sólo está llamado a resolver conflictos individuales en los que es necesario escoger entre los derechos de un niño y los de otra persona, o si por el contrario, puede considerarse como fundamento de la norma aquí demandada; iii) si con la publicación ordenada por esta norma se vulnera el derecho a la igualdad, en cuanto esta medida sólo se aplica para las personas condenadas por un único tipo de delito y en cuanto la víctima haya sido un menor de edad, y no a los autores de toda clase de delitos.] - [Palabras claves automatizadas: corte, norma, medida, si, manera, debe, constitución, protección, sentencia, delitos, personas, derechos, publicación, constitucional, voto]; Art. 48, Inc. 2o. : INEXEQUIBLE.

Principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños. Principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Arts. 174 y 175 (parciales) : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Así, el planteamiento de las demandantes sobre una presunta vulneración del principio de igualdad, parte de una lectura que desconoce el artículo 174 de la Ley 1098 de 2006, norma que confiere a la Fiscalía la facultad de aplicar el principio de oportunidad en los casos que involucran la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes, por vía general, es decir, a favor de aquellos que no hacen parte de los mencionados grupos armados ilegales, así como medidas especiales de protección cuando de la aplicación del principio “se pudieren derivar riesgos para la vida e integridad física del adolescente”. || Por las razones expuestas, la Corte se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda formulada contra las expresiones “estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes”, y cuando de “la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente” contenidas en el artículo 174 de la Ley 1098 de 2006; así como respecto de la expresión “renunciar” del inciso 1°, y los numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 175 de la misma ley.] - [Palabras claves automatizadas: principio, ley, demanda, grupos, oportunidad, aplicación, corte, armados, margen, inconstitucionalidad, cargo, razones]; Arts. 174 y 175 (parciales) : Fallo inhibitorio

Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Reglas de interpretación y aplicación. Art. 6 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Considera el ciudadano demandante que la disposición parcialmente acusada desconoce los artículos 4° y 93 de la Constitución, en cuanto dispone que las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, hacen “parte integral” de dicho Código, lo que a su juicio significa que “a partir de dicho precepto las normas de rango constitucional ya por estar contenidas en el texto de la Carta, ora por integrar el bloque de constitucionalidad (art. || Para concluir esta breve síntesis, cabe anotar que, al serle inadmitida la demanda y hacer el actor uso de la facultad de corregirla, extiende el segmento normativo acusado y considera reprochable tener las normas contenidas en la Constitución y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, como meras guías y “no como mandatos imperativos para la interpretación y aplicación de la Ley 1098” (f. || Para el ciudadano demandante, el artículo 6° de la Ley 1098 de 2006, en el aparte acusado, señala que disposiciones de rango constitucional, como la Carta Política y ciertos instrumentos de derecho internacional, hacen parte del Código de la Infancia y la Adolescencia, lo que a su juicio, desconoce la jerarquía de la Constitución, rebajándola al nivel de una norma ordinaria.] - [Palabras claves automatizadas: norma, constitución, código, normas, interpretación, demanda, parte, política, constitucional, aplicación, internacionales, corte, derechos]

¿La atribución que en criterio del demandante otorga la norma demandada al Defensor de familia, en cuanto a la conversión de la multa en arresto como sanción por el incumpliendo de las obligaciones que corresponden a los padres o a la persona responsable del cuidado de un menor desconoce las garantías consagradas por la normatividad constitucional, en particular, las relacionadas con la libertad personal y la protección del menor? Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Art. 54 y 55 (parcial) : Fallo inhibitorio por inepta demanda. Salvamento de voto - [Resumen automatizado: Como fundamentos de la violación invoca las mismas razones que tuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-626 de 1998, mediante la cual se declaró inexequible la expresión "En estos casos procederá la conversión de multa en arresto de conformidad con el artículo 49 del Código Penal, a razón de un día de salario mínimo legal diario por cada día de arresto", contenida en el artículo 15 de la Ley 228 de 1995. || En su concepto solicita a la Corte la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones demandadas, bajo el entendido que el defensor de familia tiene competencia para imponer la sanción de multa, pero que la conversión y orden de arresto le corresponde decretarlas al juez de familia, en desarrollo del numeral 4º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006. || Con base en las anteriores consideraciones, la representante del Ministerio Público solicita la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones demandadas, bajo el entendido de que el defensor de familia tiene competencia para imponer la sanción de multa, pero que la conversión y orden de arresto le corresponde decretarlas al juez de familia, en desarrollo del numeral 4º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006.] - [Palabras claves automatizadas: arresto, sanción, multa, corte, ley, familia, juez, libertad, demanda, constitución, autoridad, constitucional, imponer]; Art. 54 y 55 (parcial) : Fallo inhibitorio por inepta demanda. Salvamento de voto