Rol de las víctimas en los procesos penales y el alcance de la garantía de acceso a la información cuando se discute el acceso a copias. Esta Sala entiende que la discusión por el acceso a la información puede darse en dos escenarios distintos. Uno es el del particular que pretende obtener, de una entidad del Estado, determinados datos que en principio se presumen públicos. Otro es el de la víctima, en calidad de interviniente, que a fin de conocer el contexto en el que se cometió un delito en su contra, pide algunos elementos recabados por el ente investigador. En ambos escenarios, puede limitarse la entrega de algunos datos por las consideraciones legales ya expuestas. Adicional a lo anterior, en el segundo supuesto, puede que el ilícito que se investigue involucre graves violaciones a derechos humanos. Allí, será aún más vinculante argumentar por qué no es procedente la reproducción de los contenidos requeridos por las víctimas. Debe recordarse que tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la legislación interna, han dispuesto que cuando se investiguen este tipo de conductas punibles no puede invocarse reserva alguna para evitar el envío de información a las autoridades judiciales. Esa es una medida que garantiza la investigación y evita, en un mayor grado, la impunidad. Pero la información que reciben esas autoridades en tal virtud, puede no ser entregada a terceras personas si media una justificación suficiente. Esto es reconocido, incluso, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al decir -siguiendo el artículo 13 de la Convención Americana- que el acceso a la información en estos contextos también puede ser restringido siempre que una ley lo ordene, con ello se busque un fin legítimo, sea necesario y proporcionado - [Resumen automatizado: De conformidad con el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, los accionantes están legitimados para reclamar judicialmente la protección de sus derechos, pues la transgresión que se alega se habría originado en la decisión de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, de negarles la reproducción de algunos elementos materiales probatorios, pertenecientes a la actuación penal donde fueron reconocidos como intervinientes especiales. || Los solicitantes formularon acción de tutela contra la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pues consideran que esta determinación constituye una injustificada restricción a los derechos de acceso a la información, a un recurso judicial efectivo, al debido proceso, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. || Siguiendo este contexto, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional debe determinar si la Fiscalía, en el desarrollo de la etapa de indagación, vulneró los derechos de acceso a la información, a un recurso judicial efectivo, al debido proceso, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, cuando les negó a los accionantes, en su condición de intervinientes especiales, la reproducción de documentos que hacen parte de un expediente penal, con el argumento de que tienen carácter reservado y clasificado.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, información, derechos, fiscalía, acceso, documentos, penal, derecho, proceso, corte, ley, copias]

¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso del accionante porque no fue asistido por un abogado designado de oficio que lo representara como víctima en el proceso penal por el delito de lesiones personales culposas? La Sala concluyó que en el asunto de la referencia no se configuró ningún requisito específico de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Concretamente, descartó que se configurara un defecto sustantivo por la inaplicación de las normas relacionadas con el deber de informar a las víctimas sobre el ejercicio de sus derechos en el proceso penal. Lo anterior, por cuanto el accionante fue informado, desde la audiencia de imputación, de su derecho a ser asistido por un abogado representante de víctimas designado de oficio, en caso de que no contara con recursos para contratar uno por su cuenta. Además, porque a pesar de conocer ese derecho, no presentó ninguna solicitud ante la Fiscalía, para que se le garantizara esa representación judicial - [Resumen automatizado: En el trámite de revisión de la sentencia de 5 de diciembre de 2017 proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en el marco de la acción de tutela promovida por Luis Modesto Arango Sánchez, en contra de la la Fiscalía Décima Local de Barrancabermeja, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja y la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio. || Según el accionante, estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, porque no fue asistido por un abogado representante de las víctimas en el proceso penal que se adelantó en contra del señor Luis Alberto Durán Prados por el delito de lesiones personales culposas. || A su juicio, tanto el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja como la Fiscalía Décima Local de Barrancabermeja "desatendieron sus deberes constitucionales y legales de garantizar el debido proceso a quien actuaba como denunciante, señor Luis Modesto Arango, pues, ante la manifestación de este de requerir un abogado que lo representara; mínimamente, debían adelantar las actuaciones necesarias para tal fin".] - [Palabras claves automatizadas: derechos, tutela, proceso, audiencia, penal, derecho, corte, judicial, acción, víctimas, abogado, víctima, constitucional]

¿Las autoridades judiciales vulneraron los derechos fundamentales del accionante por la medida de restablecimiento del derecho proferida en el marco de una investigación penal, que consistió en ordenar el cese de la ejecución en etapa de remate del proceso promovido por el Banco de Bogotá contra el ciudadano X con el consecuente levantamiento de las medidas cautelares decretadas, la entrega de los bienes embargados y la apertura del incidente de costas, en beneficio de uno de los deudores que alegaba la falsedad del título de recaudo y en detrimento de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del acreedor ? Aunque el ordenamiento dota de amplias facultades a los funcionarios judiciales y prevé varios dispositivos jurídicos enderezados al restablecimiento de los derechos de las víctimas, lo cierto es que esta función debe cumplirse dentro de un justo marco de respeto por el debido proceso y con arreglo al principio de proporcionalidad, para que las decisiones así proferidas gocen de validez constitucional.Con el panorama ofrecido por las anteriores consideraciones, la Sala de Revisión constató que las providencias dictadas por los funcionarios acusados incurrieron en un defecto sustantivo constitutivo de causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionado con el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y juez natural respecto de la validez del título ejecutivo, razón por la cual resultaba imperiosa la intervención de la justicia constitucional en aras de garantizar los derechos fundamentales del accionante - [Resumen automatizado: De acuerdo con los hechos narrados, a través de apoderado judicial especialmente constituido, el Banco de Bogotá reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados a causa de las decisiones adoptadas por el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla y la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla, en el marco del trámite del restablecimiento del derecho solicitado por el señor Iván Tarud María, con fundamento en los siguientes argumentos: || Arguyó la Fiscal 50 Delegada que con su actuación se limitó a cumplir lo ordenado por el señor Juez 4º Penal del Circuito de Barranquilla con Funciones de Conocimiento en su providencia del 13 de junio de 2016, y que no se adoptaron decisiones caprichosas pues los hechos en que se basa la investigación radicada con número 080016001257201404015 (la demanda ejecutiva promovida por el banco contra las sociedades representadas por Iván Tarud) "tienen que ver con presuntas irregularidades que se dice, se presentaron en el desarrollo del proceso civil que tuvo como origen un documento (pagaré) que resultó ser falso de acuerdo al dictamen pericial de fecha 3 de noviembre de 2000 y que motivó la decisión de restablecer el derecho del afectado por parte de la entonces Fiscal 50 Delegada de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, en fecha 25 de enero de 2001 y que en el transcurrir del tiempo en las distintas instancias judiciales al parecer no fue tenido en cuenta esta circunstancia"[28].] - [Palabras claves automatizadas: proceso, barranquilla, derecho, restablecimiento, penal, juez, sala, derechos, juzgado, tutela, decisión, acción, banco, sentencia]

¿Existe vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y la vida en condiciones dignas de la actora y su representada, la cual es su nieta de 6 años, al publicar los periódicos de la ciudad de Neiva, lo referente al abuso sexual del que fue víctima la niña por parte de su abuelo? Concedida. El amplio ámbito de protección que se concede a la libertad de informar, no implica que ésta pueda ejercerse de manera absoluta. Deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de información que involucre elementos propios de la vida íntima de las personas o de su familia, que aún siendo verdadera, al ser presentada lesiona derechos fundamentales de los seres humanos allí involucrados, implicando un daño a la honra, la fama o el buen nombre, ocasionando un quebranto directo a la intimidad. Lo anterior exige un mayor grado de responsabilidad cuando la noticia involucra a menores. Condena en abstracto - [Resumen automatizado: En el asunto sub judice está demostrada la conducta arbitraria del Diario del Huila y La Nación, al quebrantar los mandatos constitucionales y el artículo 47.8 del Código de la Infancia y la Adolescencia, referente a la responsabilidad especial de los medios de comunicación de “abstenerse de entrevistar dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido victimas, autores o testigos de hechos delictivos” (negrilla fuera del texto original), y serán responsables por la violación de la disposición citada.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, menor, comunicación, tutela, años, información, derecho, niña, intimidad, neiva, nombre, a, nación, medios]

¿Vulneraron derechos fundamentales las autoridades judiciales que decidieron rechazar de plano la intervención del accionante a título de actor civil popular en el sumario que se adelanta por la conducta punible de concierto para delinquir en concurso con otros hechos delictivos, por obra de las Autodefensas Unidas de Colombia? Los derechos de la parte civil en el proceso penal no se limitan a lo económico. Las víctimas y los perjudicados y el interés en la verdad y la justicia. Imposibilidad de rechazar de plano la demanda por falta de señalamiento del domicilio. Vía de hecho por defecto sustantivo. Concedida - [Resumen automatizado: 3. A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de la decisión adoptada en la respectiva instancia judicial, esta Sala de Revisión debe determinar, si el Fiscal Delegado de la Unidad de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y el Fiscal 42 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, incurrieron en una vía de hecho en las Resoluciones de 19 de noviembre de 2002 y 10 de marzo de 2003, conforme a las cuales decidieron rechazar la constitución de parte civil que interpuso la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, con el fin de obtener el reconocimiento de su condición de actor civil popular dentro de la investigación penal número 536D que se adelanta por la conducta punible de concierto para delinquir en concurso con otras modalidades punitivas, todas vez que, en opinión de las citadas autoridades judiciales, no se demostró por la ONG de la referencia, la condición de perjudicada directa de la infracción penal, entendiéndose por tal a las victimas o familiares de éstas que puedan invocar como única y precisa pretensión, el resarcimiento de los perjuicios causados.] - [Palabras claves automatizadas: civil, parte, penal, verdad, proceso, demanda, derechos, derecho, justicia, daño, popular]