La Fiscalía General de la Nación como las víctimas podrán solicitar en cualquier momento la medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. \ El aparte demandado imponía un límite temporal para solicitar la medida, esto es, antes de la acusación, momento procesal en el cual son formalmente reconocidas las víctimas dentro del proceso, lo cual afecta el acceso a la administración de justicia y los derechos de reparación y restablecimiento del derecho de las víctimas\ Ley 906 de 2004- Código de Procedimiento Penal-; Art. 101, Inc. 1o. parcial : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: En primer lugar, señaló que en este caso existe cosa juzgada constitucional relativa, ya que si bien en la sentencia C-839 de 2013 “la Corte declaró la constitucionalidad del inciso 1 del artículo 101 del Código de Procedimiento Penal y afirmó que la víctima puede solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, cuando existen motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente, no especificó los límites temporales que rigen dicha petición.” || En ese contexto, solicitó que se declare exequible condicionalmente el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que “la víctima (y únicamente la víctima) puede solicitar ante el juez de control de garantías la suspensión del poder adquisitivo de los bienes sujetos a registro en cualquier momento y hasta antes de la audiencia de juicio oral, cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. || En segundo lugar, consideró que la expresión contenida en el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 “desconoce los derechos de las víctimas en el marco del proceso penal, puesto que establece una restricción temporal en virtud de la cual solamente pueden solicitar la suspensión del poder dispositivo hasta antes de presentar el escrito de acusación, lo que impide que puedan elevar esta solicitud en otras etapas del proceso penal ante el juez de garantías como una medida de restablecimiento del derecho”.] - [Palabras claves automatizadas: víctima, víctimas, derechos, penal, derecho, corte, proceso, constitucional, medida, solicitar, juez, bienes, ley, sentencia]; Art. 101, Inc. 1o. parcial : INEXEQUIBLE

Las víctimas, no solo la Fiscalía, pueden solicitar, bajo ciertas condiciones previstas en la ley, en cualquier momento y antes de la acusación, la suspensión de la personería jurídica o el cierre de locales o establecimientos abiertos al público, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 91 y Ley 1474 de 2011; Art. 34 (parcial) : CONDICIONALMENTE Exequible - [Resumen automatizado: En concepto del ciudadano, este caso reúne todas las condiciones precisadas por la jurisprudencia constitucional para declarar una omisión legislativa relativa, por las siguientes razones: (i) existe una norma de la cual se predica el cargo, que sería el artículo 91 de la Ley 906 de 2004; (ii) esta última excluye de sus consecuencias jurídicas un caso como el de la solicitud de las víctimas, que por ser asimilable al que está efectivamente prevista (la solicitud de la Fiscalía) debía estar regulado; (iii) esa exclusión carece de un principio de razón suficiente, pues incluir a las víctimas en el grupo de legitimados para solicitar la medida que contempla el artículo 91 de la Ley no supondría alterar o modificar la estructura del proceso penal ni la igualdad de armas, como puede inferirse del hecho de que se hace ante el juez y en una etapa anterior al juicio, como ocurre con otras medidas de protección que ahora puede solicitar la víctima, en virtud de la Constitución, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia constitucional; (iv) la ausencia de justificación objetiva y suficiente de la exclusión de las víctimas de la posibilidad de pedir esta medida les genera además una desigualdad negativa por cuanto pueden estar interesadas en requerir que se decreten la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, allí donde se desarrollan actividades que directamente afectan sus bienes jurídicos; (v) finalmente, la omisión es resultado del incumplimiento del deber del legislador de proteger los derechos de las víctimas.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, medidas, corte, penal, jurídica, proceso, establecimientos, ley, norma, solicitar, público, víctima, protección, personería, locales, puede, suspensión]; Art. 34 (parcial) : CONDICIONALMENTE Exequible

Las víctimas podrán solicitar, en la audiencia preparatoria, que se decrete la conexidad procesal. El legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, al no prever que la víctima pueda solicitar al juez la declaratoria de conexidad procesal, como sí es posible para la Fiscalía al formular la acusación y para la defensa en la audiencia preparatoria, lo cual implica una vulneración del derecho de igualdad de las víctimas en la garantía de sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Dado que la formulación de la acusación es una competencia exclusiva del Fiscal, procede la Corte a incluir en la audiencia reparatoria, además de la defensa, a las víctimas, de manera que también puedan solicitar la conexidad procesal. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 51 Inc. 1º. Exequible; Parágrafo : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: 5. Le corresponde a este Tribunal definir si la actuación del legislador, al adoptar el artículo 51 de la ley 906 de 2004 y no prever que la víctima pueda solicitar al juez la declaratoria de conexidad procesal -lo que sí resulta posible para la Fiscalía al formular la acusación y para la defensa en la audiencia preparatoria- configuró una omisión legislativa relativa que implique el desconocimiento del deber constitucional de asegurar la participación de las víctimas en el proceso penal según lo exigido por los artículos (a) 2, 13, 29, 229 y 250.7 de la Constitución, (b) 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y (c) 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. || Considerando (i) que los dos momentos en los que procede la solicitud de conexidad procesal ante el juez son la formulación de la acusación y la audiencia preparatoria y (ii) que la formulación de acusación es una competencia exclusiva del Fiscal, al paso que en la audiencia preparatoria se ha previsto la participación de diferentes sujetos -incluyendo a las víctimas según lo ha decidido la Corte en el pasado-, la forma de corregir el déficit regulatorio detectado consiste, de una parte, en declarar la constitucionalidad simple del inciso primero del artículo 51 y, de otra, en declarar la constitucionalidad del parágrafo de dicha disposición en el entendido que además de la defensa, las victimas podrán solicitar en la audiencia preparatoria que se decrete la conexidad procesal.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, víctima, derechos, derecho, penal, víctimas, corte, procesal, constitucional, audiencia, juez]; Art. 51 Inc. 1º. Exequible; Parágrafo : CONDICIONALMENTE exequible

¿El que sólo la Fiscalía pueda presentar réplicas respecto de los alegatos de conclusión de la defensa, constituye una omisión legislativa en relación con las víctimas que vulnera sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación? La norma no omite incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta, pues no existe un mandato constitucional que exija que las víctimas tengan una intervención directa en todas las etapas del juicio oral, pues por el contrario, la jurisprudencia ha señalado que su participación en esta fase puede ser menor, ya que en la misma se concentra el debate adversarial entre la Fiscalía y el imputado. Lo anterior, no quiere decir que las víctimas no puedan participar en los alegatos de conclusión, pues la norma demandada permite que tengan una intervención inicial, a lo cual cabe agregar que la propia Fiscalía tiene el deber constitucional y legal de proteger los derechos de las víctimas y por ello si presenta una réplica no deberá concentrarse en la tutela del interés de la sociedad, sino también de la protección de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 443. Inc 3o. : Exequible - [Resumen automatizado: "En Colombia, la adopción mediante reforma constitucional,  de este nuevo sistema procesal penal, perseguía en líneas generales las siguientes finalidades: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba; (ii) establecimiento de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, con el propósito de que el sistema procesal penal se ajustase a los estándares internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema acusatorio".] - [Palabras claves automatizadas: corte, derechos, sentencia, constitucional, víctima, víctimas, proceso, derecho, penal, defensa, reparación]; Art. 443. Inc 3o. : Exequible

¿Se incurrió en una omisión legislativa relativa al no prever que la víctima pueda solicitar como el fiscal, la suspensión del poder adquisitivo de los bienes sujetos a registro, cuando existan motivos fundados para pensar que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente? En efecto, se configura en este caso una omisión legislativa relativa. Por las razones expuestas, la Corte procedió a declarar la exequibilidad condicionada, para incluir a la víctima de manera que tenga la misma posibilidad del Fiscal para solicitar la medida allí prevista. Ley 906 de 2004, por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal; Art. 101 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: En virtud de lo anterior expresan que esta omisión legislativa vulnera los derechos constitucionales de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación en el marco del proceso penal, los cuales han sido reconocidos por la Corte Constitucional en numerosas sentencias como la C 228 de 2002[3], la C 454 de 2006[4], la C 209 de 2007[5], la C 516 de 2007[6], la C 936 de 2010[7] y la C 260 de 2011[8], en las que se ha señalado que los mismos constituyen un desarrollo de los artículos 1, 2, 15, 21, 229 y 250 de la Constitución Política, así como también de lo señalado en el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. || Desde un punto de vista sistemático, el otorgamiento de facultades a la víctima para solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente, no implica una modificación de la estructura o el funcionamiento del sistema acusatorio, pues el Código de Procedimiento Penal permite actualmente que otras medidas cautelares o patrimoniales como el embargo o el secuestro sean solicitadas por las víctimas.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, corte, víctimas, constitucional, sentencia, derecho, víctima, proceso, penal, reparación]; Art. 101 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

¿Limitar la posibilidad de adición de la sentencia o decisión con efectos equivalentes, cuando se omite el pronunciamiento sobre los bienes afectados con fines de comiso, a la defensa, el fiscal o el Ministerio Público, vulnera los derechos a la igualdad y de acceso a la justicia de las víctimas? Dicha exclusión entraña una omisión legislativa relativa, como quiera que dicha exclusión se produce frente a un sujeto que se encuentra en una posición jurídica asimilable a aquellos que sí fueron considerados, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, derivando en un trato discriminatorio respecto de la víctima, lo cual se proyecta en un desmedro de la garantía de acceso pleno y efectivo a la justicia, en procura de una reparación integral del daño inferido por el delito. El derecho de participación de la víctima, como interviniente especial, en el proceso penal de tendencia acusatoria. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 90 : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: La norma que excluye a la víctima de los actores procesales autorizados para solicitar la adición de la sentencia o la decisión equivalente, con miras a que se produzca un pronunciamiento definitivo sobre los bienes incautados con fines de comiso, entraña una omisión legislativa relativa, comoquiera que dicha exclusión se produce frente a un sujeto que se encuentra en una posición jurídica asimilable a aquellos que si fueron considerados, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, derivando dicho trato en discriminatorio respecto de la víctima, lo cual se proyecta en un desmedro de la garantía de acceso pleno y efectivo a la justicia, en procura de una reparación integral del daño inferido con el delito.] - [Palabras claves automatizadas: bienes, víctima, derechos, corte, sentencia, víctimas, proceso, derecho, penal]; Art. 90 : CONDICIONALMENTE exequible

¿Configura una omisión legislativa relativa, contraria a los derechos de las víctimas, permitir al juez y al Ministerio Público hacer preguntas complementarias de los interrogatorios de las partes para el cabal entendimiento del caso, más no preveer esa facultad para la víctima? Existen motivos fundados que justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en la norma. En efecto, a diferencia del juez y del Ministerio Público, quienes en el cumplimiento de sus roles deben siempre mantener la imparcialidad y evitar desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, es razonable suponer que a la víctima asiste un interés por defender la acusación formulada por la Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 397 : exequible - [Resumen automatizado: Para la Corte la expresión del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, referente a la práctica de la prueba testimonial, que excluye a las víctimas de la posibilidad de formular directamente preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso, pero si se la atribuye a otros sujetos procesales como el Juez y el Ministerio Público, no constituye una omisión legislativa relativa contraria a los derechos de las víctimas, por cuanto resulta constitucionalmente legítimo que el Legislador haya limitado la participación directa de las víctimas en esta instancia del juicio al considerar que existen motivos fundados que justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en la norma, ya que tanto al juez como al Ministerio Público les compete, en cumplimiento de sus roles, el deber de mantener la imparcialidad y evitar desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, en tanto que a la víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio.] - [Palabras claves automatizadas: corte, penal, proceso, víctima, víctimas, derechos, sentencia, juicio, ministerio, derecho, juez, norma]; Art. 397 : exequible

¿La extinción de la acción penal por muerte del procesado, imputado o acusado, suprime la garantía de protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral? Si bien la causal de extinción penal por muerte establecida en las normas demandadas corresponde a un ejercicio legítimo de la potestad configurativa del legislador acorde con el ius puniendi en cabeza del Estado, la garantía de los derechos de las víctimas impone que las actuaciones adelantadas hasta el momento del fallecimiento del procesado sirvan de fundamento para emprender otras acciones encaminadas a lograr la reparación integral. Límites al margen de configuración del Congreso en materia de procesos judiciales y en materia penal. Los tratados internacionales sobre derechos humanos, no acogen un sistema procesal específico o un único modelo o paradigma del mismo; tan sólo establecen ciertas garantías mínimas que deben respetar los Estados al momento de diseñar legislativamente los diversos procesos penales. Aunque la extinción de la acción penal por muerte del procesado, en manera alguna se extiende a la acción civil, existen ciertas dificultades prácticas que al momento de iniciarla o de emprender otra acción administrativa o judicial para obtener una reparación, debido a que carece de una sentencia penal en firme, en la cual se haga responsable al causante del daño ocasionado a las víctimas. Más aún, al margen de la reparación pecuniaria del daño, la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, esto es a una reparación integral, puede dificultarse cuando el proceso penal termina con la muerte del procesado. Ley 599 de 2000; Art. 82; Ley 600 de 2000; Art. 38; Ley 906 de 2004; Art. 77 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: En efecto, la Corte estima que la mera existencia de disposiciones legales que les permitan a las víctimas de un delito adelantar un proceso civil, así se haya extinguido la acción penal por muerte del procesado, resultan ser, si bien idóneas y efectivas, insuficientes, y no se compadecen con la garantía del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, motivo por el cual es necesario condicionar la exequibilidad de las normas acusadas.] - [Palabras claves automatizadas: penal, derechos, proceso, acción, derecho, víctimas, extinción, verdad, muerte, justicia, si]; Art. 77 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles

¿Circunscribir la cancelación de títulos de propiedad fraudulentamente obtenidos, al momento en que se profiera sentencia "condenatoria", vulnera el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas del delito?¿Este requisito impide a la Fiscalía General de la Nación cumplir con algunas de las funciones que la Constitución le asigna, en relación con la protección de los intereses de las víctimas del delitos? La cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal. Doctrina constitucional sobre el derecho de las víctimas. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 101, "condenatoria" : INEXEQUIBLE, resto del inciso 2o. Condicionalmente exequible - [Resumen automatizado: A partir de los cargos formulados por el actor, deberá la Corte resolver los siguientes asuntos, para adoptar la decisión que corresponda: i) si la exigencia de que haya fallo condenatorio para que pueda ser cancelado el título, genera una situación de desigualdad o discriminación, que afecte a algunas de las víctimas de delitos que han involucrado la falsificación de títulos de propiedad; ii) si esta restricción vulnera el derecho al debido proceso o la posibilidad de que las víctimas de la conducta punible accedan a la administración de justicia; iii) si el requisito que se viene comentando impide a la Fiscalía General de la Nación cumplir con algunas de las funciones que la Constitución le asigna, en relación con la protección de los intereses de las víctimas del delito. || Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynnet)[8], la Corte ha sostenido que en virtud del principio de la dignidad humana, los derechos de las víctimas dentro del proceso penal tienen una importancia cardinal, y no se agotan, como antaño se consideró, en la mera reparación económica de los perjuicios irrogados con la conducta punible. || En efecto, dado que la cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un proceso penal, además dentro de los cánones de la justicia restaurativa, la Fiscalía debe, en ejercicio de las facultades antes indicadas, solicitar al juez la aplicación de esta medida, siempre que exista certeza suficiente sobre el carácter apócrifo de aquéllos.] - [Palabras claves automatizadas: penal, víctimas, proceso, sentencia, títulos, corte, derecho, condenatoria, cancelación, derechos]; Art. 101, "condenatoria" : INEXEQUIBLE, resto del inciso 2o. Condicionalmente exequible

¿Al no prever, las normas demandadas, la posibilidad de que la víctima controvierta la prueba, determine libremente los testimonios que quiere llevar al proceso y acceda al expediente, vulnera los derechos de las víctimas? ¿La facultad conferida al fiscal y al juez de limitar el número de representantes de las víctimas, y condicionar esa representación en determinadas etapas, a que ello redunde en interés de la justicia, vulnera los derechos constitucionales? ¿El que sólo hasta la audiencia de formulación de acusación se determine a calidad de víctima, vulnera los derechos de éstas, al impedirles participar en la indagación previa y en la fase de investigación que antecede esta audiencia? ¿Son inconstitucionales las normas demandadas, al no prever que las víctimas puedan pronunciarse negativa o positivamente frente a los preacuerdos y acuerdos que se lleven a cabo entre la Fiscalía y el imputado acusado? Reglas que la jurisprudencia constitucional ha establecido en relación con los derechos de las víctimas del delito, con fundamento en la normatividad constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos. El alcance del concepto de víctima conforme a la Constitución. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal": Arts. 11 y 136 (parciales) y 340 : exequibles. Arts. 348, 350, 351 y 352 : CONDICIONALMENTE exequibles. Art. 11, 92, 102, 132 y 137 (parciales) : INEXEQUIBLES - [Resumen automatizado: Fundamentan la omisión en que: (i) existe una norma de la cual se predica la inconstitucionalidad (el literal “d” del artículo 11 y el numeral 11 -parcial- del artículo 136 de la Ley 906 de 2004); (ii) la acusación se dirige contra el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión, teniendo en cuenta que las dos normas acusadas, aunque establecen modos en que las víctimas acceden a la administración de justicia, omiten de su texto otras formas que han sido reconocidas nacional e internacionalmente y que hacen parte explícita o implícita de la Carta Política; (iii) las normas excluyen de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro del presupuesto fáctico del texto normativo examinado, como son la posibilidad complementaria de solicitar directamente y sin restricciones testimonios, así como controvertir pruebas; (iv) la exclusión de la norma no obedece a una razón objetiva y suficiente dado que es un mandato superior la participación de las víctimas dentro del proceso penal y que su restricción es un claro desconocimiento del derecho internacional; (v) por carecer de una razón objetiva y suficiente la omisión produce una desigualdad entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas en la norma; (vi) la omisión implica el incumplimiento de un deber constitucional del legislador (Art. 13, 2º de la Constitución , Art. 2º de la C.A.D.H[3].] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, víctima, derecho, derechos, justicia, corte, proceso, ley, penal, reparación, juicio, puede]

¿Resulta violatorio de la igualdad, el debido proceso y el acceso a la justicia, no haber previsto en los artículos 390 y 395 la posibilidad de que las víctimas participen en la práctica del testimonio durante la audiencia del juicio oral? Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 390 y 395: Exequibles; Art. 391: Estarse a lo resuelto - [Resumen automatizado: Es claro que aún cuando en el artículo 390 de la Ley 906 de 2004 no existe previsión expresa que le permita a la víctima del delito interrogar a los testigos, también es cierto que, en armonía con el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007, la omisión advertida no es inconstitucional, pues no genera una desigualdad carente de justificación, evita la alteración de los rasgos estructurales del sistema penal, pues -se reitera- en la etapa del juicio oral la víctima no tiene participación directa y constitucionalmente no resulta factible convertirla en segundo acusador y afectar de esa manera la igualdad de armas. || Sostiene el actor que, de la misma manera como se decidió en la Sentencia C-454 de 2006, no existe una razón objetiva y suficiente que justifique excluir a las víctimas de participar en la práctica probatoria del juicio oral, con lo cual se les pone en una situación de desigualdad frente a los otros sujetos procesales y se atenta contra sus derechos a acceder a la administración de justicia, a la verdad, a la justicia y a la reparación.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, corte, víctima, penal, juicio, ministerio, proceso, audiencia, pruebas, derechos, derecho, ley, oral]; Art. 391: Estarse a lo resuelto

El sistema penal acusatorio colombiano introducido mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y el reconocimiento de la víctima como interviniente especial. Los derechos de las víctimas del delito en la jurisprudencia constitucional. Las facultades de la víctima en materia probatoria; para solicitar medidas de aseguramiento y de protección; en la aplicación del principio de oportunidad; frente a la solicitud de preclusión; en la definición de la teoría del caso y en la formulación de la acusación en la etapa del juicio y de impugnación de decisiones fundamentales. Ley 906 de 2004; Arts. 327 y 337 (parciales) : INEXEQUIBLES; Arts.11, 324, 371, 378, 391 y 395 378 : Exequibles por los cargos analizados; Arts. (parciales) 137, 284, 289, 306, 316, 333, 339, 342, 344, 356, 358, 359 : CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: (i) La norma excluye a la víctima de los actores procesales que pueden solicitar el descubrimiento de las pruebas; (ii) no se observa una razón objetiva que justifique la exclusión de la víctima de esta facultad, como quiera que su participación en esta etapa sólo tiene como finalidad el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de evidencia física específica que pretendan hacer valer en juicio, pero no su contradicción, por lo cual esta facultad no conlleva una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido; (iii) esta omisión genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas previas al juicio; y al igual que en el caso de las solicitudes probatorias reguladas por el artículo 357 de la Ley 906 de 2004; impide a la víctima asegurar el esclarecimiento de la verdad; (iv) esta omisión envuelve un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, víctima, penal, derecho, víctimas, proceso, corte, ley, justicia]; Arts. (parciales) 137, 284, 289, 306, 316, 333, 339, 342, 344, 356, 358, 359 : CONDICIONALMENTE exequibles