Derecho a impugnar sentencia condenatoria dictada en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución de 1991 tiene plena fuerza normativa en virtud del principio de supremacía constitucional. Aunque de este principio se siguen tres consecuencias básicas, la esencial para resolver el problema jurídico que plantea el asunto de la referencia consiste en que algunos derechos, como a impugnar la primera sentencia condenatoria -el cual forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso-, tienen eficacia jurídica directa, es decir, pueden ser exigidos de manera inmediata, incluso cuando su regulación constitucional es escasa o solamente enunciativa -como ocurre en el presente caso- y no han sido desarrollados por el legislador. Como se indicó en la consideración correspondiente, la vulneración de esta cláusula constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De conformidad con lo expuesto, se puede concluir que (i) las normas que regulan los procedimientos tienen efecto general inmediato, por cuanto el proceso es una situación jurídica en curso y, en consecuencia, no consolidada, de la cual no se deriva la existencia de derechos adquiridos; (ii) tal efecto no desconoce, per se, el principio de legalidad en materia penal, por cuanto este se refiere primordialmente a las leyes sustanciales que definen los delitos y las penas; y (iii) el principio de favorabilidad es una excepción de naturaleza constitucional al efecto general inmediato de las disposiciones procesales y al principio de irretroactividad de ley penal, que no puede ser desconocido por el juez, en la aplicación de preceptos sustanciales o procesales, bajo ninguna circunstancia - [Resumen automatizado: «Si la enmienda, por su carácter constitucional, es de aplicación inmediata, no hay razón que justifique que al tutelante se le nieguen su derecho a ser juzgado por la autoridad judicial competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (artículo 29 de la C.P.), pues, para cuando se dictó la sentencia, ya estaba en vigor [el Acto Legislativo 01 de 2018], lo que obligaba que, contrario a “reafirmar” la competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se procediera a ordenar su remisión a la Sala Especial instituida para tal efecto, cuyos magistrados fueron designados tan solo 21 días después de la adopción de la decisión de mérito en este asunto, tal y como lo informó la accionada en la contestación». || Con el fin de dar solución al problema jurídico planteado, la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunciará sobre los siguientes temas: (i) las causales especiales o específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, puntualmente las causales de defecto orgánico y de violación directa de la Constitución; (ii) el derecho a impugnar la sentencia condenatoria dictada en única instancia por la Sala de Juzgamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; (iii) los alcances del Acto Legislativo 01 de 2018 y la fuerza normativa de la Constitución; y (iv) el principio de legalidad en materia penal y el efecto general e inmediato de las normas que regulan los procedimientos.] - [Palabras claves automatizadas: sala, sentencia, corte, derecho, instancia, proceso, suprema, penal, justicia, casación, constitución]

Tutela contra fallo judicial. Delito de falsedad ideológica en documento público. ¿Incurrió la autoridad judicial en un defecto sustancial toda vez que siendo juzgada como congresista por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, le fue aplicado el aumento de penas contemplado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004? La posición en que se soportó la decisión objeto de examen, constituyó la primera oportunidad en que la Sala de Casación Penal se vio en la necesidad de establecer si a un congresista cuyo juicio se adelanta conforme al procedimiento establecido en la Ley 600, le era aplicable el citado aumento punitivo consagrado en la Ley 890. La Corte Suprema varió su posición respecto de la aplicación del aumento punitivo consagrado en la Ley 890 de 2004, para aquellos procesos que se guíen por los presupuestos de la Ley 600 de 2000, como ocurre con los congresistas. Entiende la Sala Plena que la actual interpretación que impera en la Corporación accionada resulta más beneficiosa para la accionante, lo que necesariamente conllevaría para el caso que nos ocupa a una modificación respecto de la dosificación de la pena. Ello atendiendo a que en un primer momento se consideró que el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, resultaba aplicable con independencia del proceso penal bajo el cual se estuviera adelantando la actuación, siempre que la Ley 906 de 2004 hubiera empezado a regir, mientras que con la nueva determinación que se ha adoptado en curso del grado de revisión de la acción de tutela, se señala ahora que esta situación no tendría efectos respecto a los casos seguidos por la Ley 600 de 2000, contra funcionarios aforados. Se hace imperativo remitir inmediatamente el presente asunto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que adopte la decisión que corresponda en observancia de la aplicación de la posición más beneficiosa e igualdad en las decisiones judiciales. Atenuación de la pena por vía de la acción de revisión - si bien es una posibilidad contemplada exclusivamente a partir de la Ley 906 de 2004, mas no predicable respecto de la Ley 600 de 2000. Se analizan además: El derecho a la protección judicial efectiva frente a la no admisión a trámite de la acción de tutela. El juzgamiento de congresistas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en única instancia. La separación funcional entre la instrucción y el juzgamiento se dio con posterioridad a la comisión del delito (violación directa de la Constitución) - [Resumen automatizado: La señora Sandra Arabella Velásquez Salcedo, exrepresentante a la Cámara, actuando mediante apoderado judicial, interpone acción de tutela contra la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el día 17 de junio de 2009[1], por medio de la cual se le impuso la pena de setenta y cuatro (74) meses de prisión e inhabilitación de derechos y funciones públicas por noventa (90) meses, al encontrarla responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, previsto en el artículo 286 del Código Penal[2], en relación con unos oficios dirigidos a la Fuerza Aérea colombiana que perseguían contar con un vuelo de apoyo para transportar alimentos no perecederos, además del traslado de un grupo de personas que se efectuó de Bogotá a Inírida] - [Palabras claves automatizadas: corte, tutela, ley, sala, suprema, justicia, sentencia, acción, derechos, penal, juez, decisión]