¿Es procedente la acción de tutela para dejar sin efectos la sentencia que lo declaró culpable del delito de tentativa de homicidio agravado, al considerar que con posterioridad a su sentencia otra persona confesó haber sido el responsable? El tutelante no agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance. No surge una vía de hecho, pues no se cuestiona la decisión del juez natural de la casusa, es decir, la nueva prueba no demuestra un defecto sobre la decisión adoptada, sino que se constituye como un elemento probatorio distinto que debe contrarrestarse con todas las pruebas existentes en el proceso penal; y ii) el juez analizó en su integridad las pruebas obrantes en el expediente , por lo que será la jurisdicción penal en sede de revisión, quien deberá contrastar el nuevo testimonio con las pruebas recaudadas. En cuanto a la existencia de un supuesto perjuicio irremediable, alegado por el actor, la Sala se ve en la necesidad de aclarar que si bien el hecho de encontrarse privado de la libertad configura en sí mismo un perjuicio irremediable, dicha circunstancia es propia del asunto de que en su contra existió un proceso penal en el que fue declarado culpable. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente || Con relación al requisito de procedibilidad de la acción de tutela relacionado con que el accionante "hubiere alegado dentro del proceso judicial tal vulneración si ello hubiere sido posible", manifestó que el Tribunal no se percató de que en el escrito de tutela se hizo hincapié de que "era completamente coherente, lógico y ajustado a derecho, que no se le pueda exigir al accionante el cumplimiento de este requisito adicional ya que, por razones más que obvias, pues a nadie se le puede exigir u obligar a lo imposible, aquel no pudo alegar este error inducido o vía de hecho por consecuencia durante la etapa de juzgamiento, por lo que reboza lo elemental y lo lógico; porque la nueva prueba que evidencia que el hoy condenado, el señor Castaño González, no cometió el delito por el cual paga una condena extensa y abiertamente injusta, apareció mucho tiempo después de que la sentencia recurrida hoy en sede de tutela, adquiera fuerza de ejecutoria y por tanto, de cosa juzgada".] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, derechos, proceso, juez, judiciales, defensa, corte, judicial, sentencia, decisión, sala, pruebas, hecho]

¿Fue vulnerado el derecho al debido proceso por parte del juzgado accionado, actuando dentro de un defecto procedimental, por declarar desierta la sustentación de la apelación presentada contra la sentencia que lo condeno por el delito de hurto calificado, por considerarla extemporánea a pesar de que la misma pue presentada a tiempo ante la Oficina Jurídica del INPEC, y fue ésta quien la radicó fuera de tiempo en el juzgado?. Concedida. Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en la jurisprudencial constitucional. Defecto procedimental, al decidir declarar desierto el recurso de apelación argumentando que la sustentación del mismo fue extemporánea, sin tener en cuenta que la misma fue presentada en tiempo. La fecha en la que se elaboró el documento necesariamente debía ser tenida en cuenta para efectos de sustentación del mismo y no imputarle al actor el traslado del escrito a su destino final pues este sólo contaba con la posibilidad de poner a disposición la sustentación del recurso al INPEC para que esté se encargará de radicarlo ante el Juzgado. Que el Juez haya decidido darle trámite a la segunda solicitud del condenando como recurso de queja en nada mitiga la violación al debido proceso que resultó vulnerado - [Resumen automatizado: El pasado mes de junio de dos mil once, el ciudadano Oscar Méndez Araque interpuso acción de tutela ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta con Funciones de Conocimiento y solicitó el amparo del derecho fundamental al debido proceso, el cual fue vulnerado por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Cúcuta con Funciones de Conocimiento, al declararle desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria por el delito de hurto calificado proferida el 26 de abril de 2011. || Con fundamento en los hechos narrados anteriormente el ciudadano Oscar Méndez Araque requirió el amparo para proteger su derecho fundamental al debido proceso que consideró vulnerado por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Cúcuta con Funciones de Conocimiento al declarar desierto la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 26 de abril de 2011 como autor responsable del delito de hurto calificado. || De acuerdo con los hechos descritos en la tutela, el señor Oscar Méndez Araque interpuso acción de tutela contra lo decidido por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Cúcuta con Funciones de Conocimiento por haber declarado desierto la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 26 de abril de 2011 que lo condenó a una pena principal de seis (6) años y una accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) años, como autor responsable del delito de hurto calificado.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, juzgado, recurso, derecho, apelación, mayo, cúcuta, acción, proceso, sustentación, penal, conocimiento, derechos, sentencia]

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo contra las providencias judiciales proferidas por las autoridades judiciales demandadas ya que dentro de todo el proceso no se tuvo en cuenta el vencimiento de términos para presentar el escrito de acusación razón por la que se debió haber dictado la preclusión del proceso?. Improcedente. Existen unos requisitos generales de procedencia de la acción, los que constituyen unos presupuestos cuyo cumplimiento es condición para que el juez de tutela pueda examinar si en determinado caso se presenta una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. El defecto fáctico, ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquél que surge cuando se presenta omisión en el decreto y la práctica de pruebas o la no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica - [Resumen automatizado: El señor Eulices Balcázar Navarro el 7 de diciembre de 2010, interpuso acción de tutela en contra de las autoridades antes mencionadas al considerar que éstas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, dado que dentro del proceso penal seguido en su contra no aceptaron su petición de preclusión sanción, a pesar de que, en su concepto, se vencieron los términos establecidos en la Ley 906 de 2004 para que el ente fiscal presentara el escrito de acusación ante el juez de conocimiento. || Como fundamento de su decisión expuso que una vez estudiados los requisitos generales de procedencia de la acción establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ésta no cumplía uno de ellos, en la medida que la actuación procesal objeto de examen se encuentra actualmente en trámite, lo que necesariamente conlleva a concluir que al interior del proceso penal cuenta con medios idóneos de defensa judicial para reclamar el amparo invocado, lo que limita la intervención del juez constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: bogotá, penal, acusación, acción, proceso, juez, tutela, escrito, bucaramanga, circuito, juzgado, audiencia]

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para proteger el derecho fundamental al debido proceso de un indígena condenado por homicidio, derecho vulnerado por parte del juzgado penal de circuito y la fiscalía seccional respectiva, al adelantar un proceso penal ordinario y emitir un fallo condenatorio sin tener en cuenta la calidad de indígena que tiene el sindicado y que los hechos ocurrieron dentro del resguardo indígena por lo que el caso lo debía conocer la autoridad indígena correspondiente?. Concedida. De forma muy excepcional, se permite el uso de la acción de tutela para cuestionar aquellas "decisiones" que por contrariar de manera grave, flagrante y grosera el ordenamiento constitucional, no puedan en realidad reputarse como verdaderos pronunciamientos judiciales. Para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. La Corte ha precisado que la existencia del fuero, existente en la jurisdicción especial indígena, se encuentra sujeta a la voluntad de la autoridad indígena de asumir el caso, en aras de respetar la autonomía de dicha comunidad. la jurisprudencia constitucional ha reconocido cuatro elementos fundamentales de la jurisdicción especial indígena, los cuales son: i) la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas; ii) la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios; iii) el respeto a la Constitución y la ley dentro del principio de maximización de la autonomía; y iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. En lo específicamente relativo al fuero indígena, esta corporación ha identificado otros dos elementos: i) uno personal (el miembro de la comunidad indígena ha de ser juzgado de acuerdo a sus usos y costumbres); y ii) otro geográfico (cada comunidad puede juzgar los hechos que sucedan en su territorio, de acuerdo a sus propias normas). Los anteriores criterios son los que determinan la competencia de jurisdicción indígena. - [Resumen automatizado: La jurisprudencia constitucional ha reconocido cuatro elementos fundamentales de la jurisdicción especial indígena, los cuales son: i) la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas; ii) la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios; iii) el respeto a la Constitución y la ley dentro del principio de maximización de la autonomía; y iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. || Anotó que el proceso penal no se surtió con sujeción a la norma aplicable al caso y que la falta de diligencia en el trámite de notificación de las diferentes actuaciones procesales adelantadas con ocasión del homicidio del indígena Álvaro Males Anacona, generó que el actor no tuviera conocimiento del proceso que se adelantaba en su contra "y menos exponer los medios de defensa, para expresar que contaba con un fuero acudiendo a mi juez natural"; adicionalmente, expresó que ni la Fiscalía ni el Juzgado de Conocimiento realizaron "el agotamiento de las labores de ubicación razonables y necesarias", argumentando "no poderse desplazar por ser zona de orden público (sic)", por lo cual, manifestó el peticionario que las autoridades no se "apoyaron en cuerpos policivos o del ejercito acantonados en la zona y menos acudieron al apoyo del cabildo indígena que como autoridad del territorio está en la obligación de prestar la colaboración debida" para la correspondiente notificación del indígena Dumer Majin Papamija (f.] - [Palabras claves automatizadas: indígena, jurisdicción, proceso, tutela, derechos, juez, constitución, comunidad, dentro, autoridades, indígenas, acción, penal, derecho, fundamentales, actor, fiscalía, judicial]

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo contra la providencia judicial que declaró la nulidad de lo actuado dentro del proceso penal por el delito de fraude procesal?. Negada. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales: reiteración de jurisprudencia. - [Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente las de los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente || En su escrito, la Coordinadora de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior solicita que la tutela sea declarada improcedente por cuanto "esta acción constitucional no puede constituirse en una sede de tercera instancia, tendiente a dirimir los aspectos procesales o sustanciales resueltos dentro del ámbito de la autonomía de los funcionarios judiciales a quo y ad quem respectivamente, como lo pretende la accionante" folio 118-. || Corresponde a esta Sala proferir sentencia de revisión de la tutela impetrada por la señora Regina Chimá de Cárdenas contra la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal y la Fiscalía Catorce Seccional de Cartagena, en donde se solicita que, en protección al derecho fundamental al debido proceso y otros, se anule la providencia de la Fiscalía por la cual se precluye la investigación por fraude procesal contra los señores Joao Stein y Danilo Carrillo.] - [Palabras claves automatizadas: fiscalía, acción, tutela, proceso, providencia, corte, judiciales, sala, providencias, investigación, recurso, judicial, penal, decisión, en, apelación]

¿Fue violado el derecho al debido proceso del accionante por parte de los juzgados que llevaron su proceso penal por secuestro, al no aplicar el principio de favorabilidad señalado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004? Improcedente. El principio de favorabilidad permite entender que la ley 906 de 2004 debe ser aplicada a sucesos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia y con independencia del distrito judicial donde se presentaron. La procedencia de la tutela contra una decisión judicial que niega la aplicación favorable del articulo 351 de la Ley 906 de 2004, tiene que cumplir el agotamiento de todos los mecanismos judiciales que esten a su alcance, y sean eficaces ademas de cumplir con los requisitos generales de procedencia, para impugnar la decisión atacada a través de la tutela - [Resumen automatizado: El señor Carlos Henry Guerrero Macías fue condenado mediante sentencia de 5 de octubre de 2004, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto[2], a la pena de prisión de 30 años como autor responsable del delito de secuestro extorsivo, fallo que fue confirmado en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de esa misma ciudad, a través de sentencia de 7 de marzo de 2005. || El señor Guerrero Macías acude en acción de tutela[5] aduciendo que los fallos de primera y de segunda instancia condenatorios le negaron la rebaja de pena por confesión y le aplicaron una norma (artículo 11 de la ley 733 de 2002) que ya estaba derogada. || Para lo anterior, la Sala procederá a analizar los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales- reiteración de jurisprudencia; ii.) El principio de favorabilidad de la ley penal en la Ley 906 de 2004 y los precedentes jurisprudenciales establecidos.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, pena, sala, juzgado, favorabilidad, corte, ley, penal, derechos, proceso, principio, instancia, acción, sentencia, popayán]

¿Es procedente la acción de tutela contra las decisiones acusadas de un Juez Penal, a pesar de que se encuentra pendiente dentro del proceso penal una solicitud de nulidad procesal y, además, existen otros mecanismos idóneos dentro del mismo proceso para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante? Designación de defensor de oficio. Niega el amparo por improcedente. - [Resumen automatizado: Con fundamento en lo previsto en los artículos 80 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional y 39 del Decreto 2591 de 1991, el Dr. Jaime Córdoba Triviño, mediante escrito presentado el 10 de abril de 2007 a los demás miembros de la Sala de Revisión, se declaró impedido para participar en la revisión de la presente acción de tutela, debido a que él, en su anterior condición de Vicefiscal General de la Nación, participó de manera directa en el proceso penal que ha dado origen a la acción de tutela de la referencia, por lo que invoca, igualmente, la causal 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. || Atendiendo a lo anterior, el juez Primero Penal del Circuito de Bogotá no nombró al señor Puentes Ramírez como defensor de oficio del señor Bray; sin embargo, decidió adelantar la audiencia sin la presencia de defensor para el referido procesado, lo que, según el actor de tutela, trajo como consecuencia una serie de irregularidades procesales que vulneraron sus derechos de defensa y debido proceso. || 2-De conformidad con los antecedentes expuestos con anterioridad, esta Corporación deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Es procedente la acción de tutela contra las decisiones acusadas de un Juez Penal, a pesar de que se encuentra pendiente dentro del proceso penal una solicitud de nulidad procesal y, además, existen otros mecanismos idóneos dentro del mismo proceso para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante?] - [Palabras claves automatizadas: acción, tutela, proceso, nulidad, penal, decisión, dentro, sala, circuito, bogotá, defensa, defensor, juez]

Tutela contra fallo judicial. Condena proferida por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos - violación de los principios de transparencia y selección objetiva en la adjudicación de una frecuencia modulada en radiodifusión sonora, para la ciudad de Cali. Tutela rechazada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Habiendo el imputado renunciado a su cargo de ministro, renunciando así al fuero ministerial, debió ser juzgado por el juez natural y por el mismo motivo haber tenido derecho a la doble instancia? ¿Puede argumentarse la convalidación de la irregularidad por parte de la defensa pese a haber formulado en casación cargos fundados en la violación de los derechos fundamentales de su representado al juez natural y a la doble instancia en la etapa preliminar? Vía de hecho por desconocimiento del derecho a ser juzgado ante juez o tribunal competente. Vía de hecho por desconocimiento del derecho a la doble instancia. El Fiscal General de la Nación no puede alterar las competencias señaladas en la Constitución y en la ley. Concedida - [Resumen automatizado: El defensor hizo consistir la nulidad parcial de la actuación, que formulara en su escrito de impugnación, i) en que “no podía el máximo rector de la Fiscalía manejar la instrucción e intervenir en la etapa de juzgamiento, así fuera mediante delegación a otra funcionaria, ya que el proceso ha debido ser adelantado por una persona ajena a los hechos y no comprometida en ellos (..) en la medida en que los dos realizaron una actuación similar, esto es, recomendar a otras personas interesadas en la licitación para la adjudicación de las frecuencias de radio”; ii) en que “por no haber realizado la conducta que se le imputa por razón del alto cargo gubernamental ejercido con ocasión de sus funciones (..) la Fiscalía debió adecuar el trámite de la investigación a fin de que prosiguiera con la misma y calificara el mérito sumarial el funcionario competente ya que no lo eran para esos fines el Fiscal General ni su delegada”; y iii) en que la Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia comprometió la imparcialidad de la institución ante el Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito en la etapa del juzgamiento, luego de haber tenido a su cargo la investigación[6].] - [Palabras claves automatizadas: corte, proceso, general, fiscal, derecho, instancia, penal, competencia, sala, justicia, nación, suprema, juez, hecho]

Vía de hecho ¿Procede la acción de tutela contra sentencia ejecutoriada que no casó condena proferida por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, a pesar de alegarse el derecho de la persona a ser procesado según la ley preexistente al acto que se le imputa y derecho a la presunción de inocencia? El derecho al debido proceso incorpora derechos como el debido trámite procesal, la debida valoración de la prueba, capacidad y competencia del juez. Uso de los medios procesales previstos dentro de un proceso. En el delito de enriquecimiento ilícito de particulares la conducta puede ser determinada por la importancia de la prueba y no sólo por sentencia condenatoria anterior. La práctica de la inspección judicial durante la etapa de la investigación previa sin providencia previa es posible, pues se debe tener en cuenta que el procesado pude controvertir su resultado dentro del proceso. La invalidez de una prueba no impide la condena del procesado, se deben observar las pautas de exclusión de prueba ilícita como lo son los elementos inapropiados por las autoridades para obtener la convicción, así como la falta de publicación y contradicción del elemento probatorio. La autonomía e independencia en la valoración de las pruebas, no impide que el juez utilice todos los elementos válidos y necesarios para llegar al convencimiento de su decisión. La competencia territorial se establece por el lugar de comisión del hecho punible. Concedida - [Resumen automatizado: Para concluir la Fiscalía aclaró i) que los hechos relacionados con el obsequio de un carro blindado de parte de los hermanos Rodríguez Orejuela al actor se investigaban en proceso separado[10]; ii) que no se formulaban cargos por haber recibido $24.100.000 en varios cheques y depósitos provenientes del señor Cesar Hernando Villegas Arciniegas, en razón de que "no se logró dilucidar si alguno de los contados que de él recibió el doctor David Turbay correspondían a aquellos dineros de origen ilícito por los cuales se está juzgando a Villegas Arciniegas"; y iii) que en los procesos por delitos de competencia de la justicia regional, cuando el funcionario es aforado, cambian el instructor y el juez para el caso Fiscal General de la Nación y Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia-, "pero por estar sindicado de un delito de conocimiento de los jueces regionales se procede a la luz de la legislación que éstos últimos funcionarios aplican".] - [Palabras claves automatizadas: prueba, cuenta, corte, derecho, proceso, sala, si, pruebas, actor, sentencia, penal, cheque, general, nombre, investigación, hecho]

La jurisprudencia de la Corte acerca de la improcedencia de la acción de tutela por falta de inmediatez de la misma. Tutela contra providencia judicial - Vía de hecho por defecto fáctico - Interpretación equivocada de las pruebas aportadas al proceso - [Resumen automatizado: A través de apoderado, la ciudadana Susana del Carmen Pupo de Rosanía instauró una acción de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, bajo la consideración de que estas autoridades judiciales violaron su derecho al debido proceso y, por lo tanto, incurrieron en una vía de hecho al dictar sus sentencias del 20 de marzo de 1996 y el 12 de agosto de 2002, respectivamente, dentro del proceso civil ordinario instaurado por la sociedad Salcedo Ltda. || La ciudadana Susana del Carmen Pupo de Rosanía, quien, en octubre de 2001, antes de dictarse la sentencia de casación, había adquirido los derechos litigiosos de la Sociedad Salcedo Ltda., instauró, mediante apoderado, una acción de tutela contra las sentencias de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, bajo la consideración de que constituían vías de hecho judiciales, vulneratorias del debido proceso.] - [Palabras claves automatizadas: acción, tutela, corte, sala, sentencia, proceso, judiciales, derechos, suprema, hecho, justicia, derecho]

Causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales (vía de hecho). Evolución jurisprudencial. - [Resumen automatizado: Con respecto al problema jurídico que plantea la acción de tutela que se analiza, la Juez indicó que el fallo de primera instancia, proferido el 21 de enero de 2004 dentro del proceso hipotecario del Banco Granahorrar contra el señor Pérez Martínez, fue emitido antes de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre los alcances del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, en el sentido precisado en la sentencia T-701 de 2004 y, en consecuencia, no era posible tener en cuenta esta última jurisprudencia. || 6.- De acuerdo con los hechos reseñados, es posible concluir que en el caso de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Pérez Ramírez se presenta una carencia de objeto o hecho superado, por cuanto en el transcurso del trámite de revisión de los fallos de tutela, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por sentencia del 10 de octubre de 2005, decretó la nulidad y, en consecuencia, ordenó la terminación del proceso ejecutivo con título hipotecario iniciado por la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, hoy Granahorrar, contra el actor, por lo cual la eventual vulneración de sus derechos al debido proceso y a la vivienda digna cesaron.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, sala, corte, bogotá, crédito, civil, derechos, sentencia, tutela, procesos, acción, ejecutivo]

Tutela contra providencia judicial. Vía de hecho en la notificación. ¿Procede la acción de tulela como mecanismo transitorio por considerar violado el derecho de defensa al declararse desierto el recurso de apelación en demanda de Tentativa de Estafa y Fraude Procesal aduciendo que la recurrente sustentó la alzada por fuera de término; en cuanto le dio pleno valor a la notificación personal de una de las partes posterior al término establecido en la ley e hizo depender de ésta el término para sustentar el recurso, y no tuvo en cuenta el término de la notificación por edicto, a partir del cual debería correr el término para interponer el recurso? Concedida: así la notificación personal haya ocurrido, lo cierto es que no aconteció dentro de los tres días siguientes al de la sentencia, de modo que la providencia tenía que notificarse por edicto, para efectos del recurso -como efectivamente ocurrió-, porque así lo disponen los artículos 180 y 186 del Código de Procedimiento Penal - [Resumen automatizado: El fallador que desconoce la notificación de una sentencia realizada con sujeción al ordenamiento y resuelve de contera abstenerse de resolver el recurso instaurado y sustentado en tiempo, dándole a la comparecencia por fuera de término plenos efectos, incurre en vía de hecho; porque este proceder a la vez que vulnera el derecho a la defensa otorga a uno de los sujetos procesales la potestad de hacer precluir las oportunidades de los otros, a su arbitrio, quebrantando el equilibrio procesal al interior del proceso, que los jueces están en el deber de mantener. || b) La notificación de la providencia que se reseña, al señor Agente del Ministerio Público, al Procesado, al Defensor y al Representante de la Parte Civil se realizó en forma personal, entre los tres días siguientes al de la fecha de la providencia, y por Edicto según lo indica la actuación del despacho, surtida a partir de la anotación impuesta por la Secretaría del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali, sobre el nombre que determina a la Dra. Virginia López Sanabria, como Fiscal 50 Seccional, en el folio 820 del cuaderno original del expediente.] - [Palabras claves automatizadas: sala, penal, recurso, notificación, cali, procesales, juzgado, superior, proceso, expediente, circuito, edicto, personal, sujetos, sociedad]

Tutela contra providencia judicial. Condena como cómplice en delito de peculado por uso, Art. 134 de C. Penal de 1980. ¿Incurre el juez en vía de hecho al no aplicar la normatividad vigente de reducción de pena para cómplice del delito, Art. 24 C. Penal de 1980? Concedida: Violación al debido proceso por desconocimiento evidente del principio de legalidad de la pena - [Resumen automatizado: 1. El ciudadano Juan Carlos Claros Pinzón mediante memorial dirigido a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal- interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia Sala Penal- por cuanto según su afirmación se incurrió en una presunta vía de hecho en la sentencia proferida el 13 de marzo de 2002, en la cual se le condenó a la pena de diez meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, como cómplice del delito de peculado por uso, razón por la cual considera que le ha sido violado su derecho al debido proceso que garantiza el artículo 29 de la Carta Política. || Señala que el Tribunal en la parte motiva del fallo para fundar esa decisión expresó que a la tasación punitiva en este caso se llega "atendiendo los parámetros del artículo 24 del anterior Código Penal, tras advertir igualmente que (al no concurrir) circunstancias de agravación del hecho, la ausencia de antecedentes y la personalidad" de los sindicados, se encuentra que "es viable imponer la pena principal disminuida en una sexta parte", es decir la de "diez (10) meses de prisión y la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período, como cómplices del delito de peculado por uso", tanto con respecto a Juan Carlos Claros Pinzón, como a Humberto López Bravo; y, por ello se partió del mínimo de un año de prisión previsto en el artículo 134 del Código Penal de 1980, "que se afirmó también se aplicaría por favorabilidad, siendo ese quantun el que se impuso en la parte resolutiva de la sentencia".] - [Palabras claves automatizadas: pena, penal, tribunal, sentencia, tutela, proceso, judicial, sala, florencia, distrito, delito, acción, corte, código, actor, superior]

Tutela contra providencia judicial. Vía de hecho. Proceso penal. Defensa técnica - Defensa material. Tribunal declara inadmisible el recurso de apelación presentado por el actor aduciendo la falta de legitimidad e interés jurídico del defensor público para sustentarlo. Falta de poder. A pesar de haber advertido en segunda instancia que el defensor público no tenía legitimidad procesal para presentar la solicitud, la notificación personal de la providencia al condenado y su decisión expresa e inmediata de apelarla, tuvieron la virtualidad de ratificar las actuaciones que hasta el momento venía adelantando el defensor público sin poder para ello y también, por consiguiente, de reconocerle legitimidad al mismo para sustentar el recurso de apelación - [Resumen automatizado: Lo que significa que cualquier defensa de sus intereses sólo puede provenir de su apoderado o de sí mismo, y no necesariamente de su abogado defensor: Por ello, a pesar de haber advertido en segunda instancia que el defensor público no tenía legitimidad procesal para presentar la solicitud, la notificación personal de la providencia al condenado y su decisión expresa e inmediata de apelarla, tuvieron la virtualidad de ratificar las actuaciones que hasta el momento venía adelantando el defensor público sin poder para ello y también, por consiguiente, de reconocerle legitimidad al mismo para sustentar el recurso de apelación. || El accionante interpuso la presente acción de tutela solicitando le sea protegido su derecho fundamental al debido proceso (defensa y doble instancia) vulnerado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, al declarar inadmisible el recurso de apelación que instauró contra el auto proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. || De acuerdo al artículo 194 del Código de Procedimiento Penal, sólo el juez de primera instancia tiene competencia para conceder o declarar desierto el recurso por falta de sustentación, por ello, una vez concedido el recurso por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, la Sala Penal del Tribunal demandado no podía declararlo inadmisible sin desconocer su derecho al debido proceso.] - [Palabras claves automatizadas: defensor, público, recurso, defensa, apelación, condenado, sala, manizales, proceso, penal, derecho, seguridad, juzgado, instancia]