Justicia y Paz. ¿Vulneró la norma acusada la reserva de ley estatutaria o incurrió el articulado en trasgresión material de artículos constitucionales? Ley 975 de 2005. Los artículos demandados se declaran exequibles y se determina un pronunciamiento inhibitorio, al estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006 - [Resumen automatizado: Mediante auto del diez (10) de noviembre de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda respecto de la acusación formulada en contra de los artículos 2°, 26, 29, 32 y 33 por la supuesta vulneración al artículo 152 constitucional, así como -por diversos cargos- en contra de los artículos, 5° (parcial), 25 (parcial), 29 y 46 (parcial) de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. || 5.3 En lo que se refiere a la acusación formulada contra el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, la vista fiscal precisa que el artículo 3° de la misma normatividad define con singular claridad la alternatividad como un beneficio jurídico que se otorga al condenado, el cual consiste en la suspensión condicional de la ejecución de la pena principal determinada en la sentencia, para dar paso al cumplimiento de una pena alternativa fijada por el juzgador, en un período entre los 5 a 8 años de prisión, y que se obtiene como lo indica la norma “por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”.] - [Palabras claves automatizadas: ley, pena, corte, derechos, alternativa, derecho, justicia, proceso, víctimas, relación]

Ley de Justicia y Paz. ¿Existe vicio de trámite legal, así como inconstitucionalidad parcial o total del articulado de la norma acusada? Arts. 1 a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71 de la Ley 975 de 2005 - [Resumen automatizado: 3º y 29 de la Ley ibídem- lo que se encuentra en concordancia y armonía con lo dispuesto en los artículos 30 transitorio de la Constitución Política, 50 de la Ley 418 de 1997, 11 de la Ley 733 de 2002, además de lo previsto en la jurisprudencia de las Cortes Colombianas y los pronunciamientos de órganos internacionales protectores de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ii) solamente se otorga amnistía o indulto por delitos políticos, situación que se encuentra previamente regulada en la Ley 782 de 2002, iii) la Ley 975 de 2005 sólo se aplica a quienes puedan ser imputados, acusados o condenados por delitos no indultables o amnistiables, pues en dicha Ley el Legislador expresamente establece la condición de sediciosos a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley pero únicamente por la pertenencia o conformación de dichos grupos, excluyendo que se puedan considerar como conductas conexas a este delito otras actividades delictivas, iv) de conformidad con los instrumentos internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional, los delitos más graves no son considerados delitos políticos ni conexos con éstos, v) precisamente para cumplir con las obligaciones contraídas de investigar, juzgar y sancionar, el Estado Colombiano expidió la Ley de Justicia y Paz que le entrega importantes herramientas de la política criminal a las autoridades para cumplir con la función punitiva que le ha sido encomendada con aplicación de los principios de oralidad, celeridad y esclarecimiento de la verdad y con total garantía de los derechos de las víctimas sin descuidar los de los procesados.] - [Palabras claves automatizadas: ley, víctimas, derechos, derecho, reparación, parte, grupos, corte, justicia, pena, proceso, verdad]

Justicia y Paz. ¿Existen vicios de procedimiento y materiales en la Ley demandada? Amnistía e indulto. Derechos de las víctimas. Reserva de ley estatutaria. Ley 975 de 2005. Los artículos demandados se declaran exequibles y se determina un pronunciamiento inhibitorio, al estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006 - [Resumen automatizado: La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales. || Recordando jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia y de esta Corporación[2], el Ministerio recuerda que el indulto es una decisión del Estado en ejercicio de su poder soberano, que perdona total o parcialmente la pena impuesta mediante sentencia judicial a ciertas personas previo cumplimiento de unos requisitos de orden constitucional, a saber: (i) que la ley correspondiente sea aprobada por la mayoría calificada en ambas cámaras contemplada en el inciso cuarto del artículo 212 superior; (ii) que sea sólo para delitos políticos; y, (ii) que existan, de acuerdo con el análisis que realicen al respecto los integrantes del Congreso de la República "graves motivos de conveniencia pública" para su otorgamiento, lo cual implica que la concesión de estas dos medidas.] - [Palabras claves automatizadas: ley, víctimas, derechos, artículos, corte, pena, reparación, derecho, delitos, justicia, grupos, cargo]

Restablecimiento y reparación del derecho. Demanda de inconstitucionalidad contra el del Artículo 21 de la Ley 600 de 2000 - [Resumen automatizado: Advierte el Procurador General de la Nación que la disposición impugnada reprodujo como norma rectora una de las obligaciones que expresamente le correspondían a la Fiscalía General de la Nación según el texto original del artículo 250 de la Constitución Política, y que ahora bajo el sistema penal adoptado mediante el acto legislativo No. 3 del 19 de diciembre de 2002 que modificó en el artículo 2° el texto anterior, está a cargo del juez de conocimiento, quien conforme con el texto constitucional en cita, tiene la competencia para adoptar "las medidas necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito"(numeral 6° artículo 2°), siendo por tanto indiscutible el respaldo constitucional de la norma acusada. || Para el demandante la norma acusada vulnera el artículo 29 de la Constitución por cuanto desconoce la presunción de inocencia y el debido proceso, en tanto autoriza o faculta al funcionario judicial para adoptar cualquier clase de medidas, incluso contra la Constitución y la ley, tendientes a lograr los fines allí señalados, es decir, la cesación de los efectos de la infracción penal, el restablecimiento de las cosas a sus estado anterior y la indemnización de los perjuicios ocasionados con la conducta punible.] - [Palabras claves automatizadas: medidas, derecho, penal, personas, si, corte, norma, reparación, presunción, normas, persona, judicial, acusada, constitución, proceso, necesarias]