Examen de la sentencia de casación en el marco de una acción de tutela que busca el amparo del derecho a la doble conformidad, implica una valoración material y no formal. [A] pesar de las limitaciones del diseño legal del recurso extraordinario de casación, en caso de que la sentencia que lo resuelva satisfaga estas condiciones materiales, no se desconocería el derecho a la doble conformidad. Esta valoración, se reitera, es material y no formal; por tanto, pudo haber tenido como causa una revisión oficiosa por parte de la Corte Suprema de Justicia, o, a pesar de tratarse de un recurso extraordinario sometido a causales, el recurrente pudo haber encausado sus discrepancias por medio de los cargos formulados, y estos pudieron haber sido efectivamente valorados por la Sala de Casación Penal… En suma, más allá del acuerdo o desacuerdo que pudiera existir frente a las consideraciones que llevaron a la accionada a no casar la sentencia (análisis ajeno al asunto sub examine) no cabe duda de que, materialmente, se garantizó el derecho del procesado a la doble conformidad… [E]l recurrente pudo atacar todas y cada una de las pruebas y razones que sirvieron de sustento para que [el Tribunal] condenara al procesado. Esto es, pudo cuestionar los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos de la sentencia, de tal forma que, a su vez, la Corte Suprema de Justicia pudo realizar un examen integral de la decisión recurrida y del expediente… Así las cosas, la labor de la autoridad jurisdiccional accionada fue consecuente con el precedente de unificación de la Corte Constitucional [contenido en la sentencia SU 397 de 2019, y reiterado en la sentencia SU-454 de 2019] - [Resumen automatizado: LA CORTE DETERMINÓ QUE EN EL CASO CONCRETO LA SENTENCIA DE CASACIÓN GARANTIZÓ EL DERECHO A LA DOBLE CONFORMIDAD DEL TUTELANTE, QUE PUDO ENCAUSAR SUS DISCREPANCIAS RESPECTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA POR MEDIO DE LOS CARGOS FORMULADOS, COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN || Por intermedio de apoderado judicial, Miguel Ángel Nule Amín interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para exigir la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, específicamente, a la doble conformidad, y al derecho a la igualdad. || En razón al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 30 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en contra de la precitada decisión, el 6 de abril de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, y condenó a Miguel Ángel Nule Amín a la pena principal de 345 meses de prisión.] - [Palabras claves automatizadas: sala, corte, conformidad, doble, casación, justicia, decisión, cartagena, sentencia, penal, suprema, distrito, tribunal, derecho]

Procedibilidad del recurso extraordinario de casación en materia penal. En la sentencia SU-635 de 2015, la Corte Constitucional se pronunció respecto de los límites del examen de admisión de las demandas de casación en materia penal. Esta Corte sostuvo que la Sala de Casación Penal debe motivar la decisión de inadmisión de demandas de casación solo en el incumplimiento de los requisitos formales previstos por la Ley y, por ende, no puede fundamentar dicha decisión en consideraciones sobre el fondo de los asuntos que dieron origen a los cargos de casación. En estos términos, la sentencia SU-635 de 2015 se fundó en lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, relativo a la "calificación" de las demandas de casación penal, el cual dispone que estas solo pueden ser inadmitidas "si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos" previstos por el artículo 212 ibidem. En consecuencia, en el examen de admisión de los recursos de casación, la Sala de Casación Penal no puede analizar el "fondo sobre los cargos planteados" - [Resumen automatizado: Sobre el particular, los accionantes señalaron que el auto cuestionado desconoció la sentencia SU-635 de 2015, por medio de la cual la Corte Constitucional resolvió “un caso de idénticas características”[96] a las de las tutelas sub examine y “unificó el criterio que debe obedecer la Sala de Casación Penal al momento de calificar una demanda de casación, en la cual solo deben verificarse los requisitos de forma y no decidir de fondo la demanda”. || En particular, la magistrada sostuvo que no se configuraron los defectos: (i) orgánico, debido a que “la Corte Suprema es competente para resolver todo lo concerniente al control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia”[130]; (ii) procedimental absoluto, “porque el estudio de admisibilidad de las demandas de casación (…) se adelantó conforme al trámite previsto”[131] por el Código de Procedimiento Penal; (iii) fáctico, por cuanto el auto controvertido se limitó “a verificar si los demandantes cumplieron con la carga de sustentar los errores de hecho o de derecho (…) [y, así mismo,] (…) el juicio de admisibilidad consistió en constatar si la premisa fáctica de la sentencia impugnada fue respetada por aquellos para, a partir de allí, constatar que desarrollaron los cargos [alegados]”[132] ni (iv) sustantivo, porque la decisión de inadmisión de las demandas de casación “se fund[ó] en las normas legales (…) [y en] fundamentos (…) pertinentes y suficientes para negar el estudio de fondo de las pretensiones casacionales”[133].] - [Palabras claves automatizadas: penal, casación, sala, auto, demanda, sentencia, accionantes, corte, decisión, demandas, requisitos]

Recurso de casación puede garantizar el derecho a la doble conformidad. [L]a jurisprudencia constitucional más reciente reconoce que los artículos 29 superior, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP prevén la existencia del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria que se dicte en el marco de un proceso penal, mediante el cuestionamiento de todos los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos de la sentencia, ante un juez diferente del que impuso la condena, al margen de si se trata de un proceso adelantado bajo la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004, o de si la primera sentencia inculpatoria se dictó en segunda instancia o, incluso, en sede de casación… [el cual] debe garantizar que la autoridad competente para resolver el recurso pueda realizar una revisión completa del fallo, que abarque no solo la sentencia recurrida, sino principalmente el problema jurídico central del caso, y que no esté sujeta a causales que impidan el examen abierto de la misma. Si bien, en principio… el recurso de casación no cumple estas características, corresponde al juez de tutela determinar si en el caso concreto el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación cumple materialmente los requerimientos básicos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014. Esto significa que el juez constitucional deberá examinar, esencialmente, si (i) más allá del examen de la sentencia impugnada y del estudio de las causales de casación alegadas, la Sala de Casación Penal analizó la controversia jurídica que subyace al fallo cuestionado, y (ii) si la revisión del fallo la adelantó una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena - [Resumen automatizado: En ambos eventos, explicó la Sala, se deben seguir las siguientes reglas: (i) el trámite previsto en el citado artículo 404 solo es imperativo cuando se pretende cambiar la calificación jurídica señalada en la resolución de acusación por una más gravosa; (ii) el juez puede degradar la responsabilidad en la sentencia, es decir, puede condenar por un delito de inferior gravedad o reconocer una circunstancia de atenuación punitiva; (iii) debe respetarse «la intangibilidad del núcleo esencial de la imputación fáctica», lo que significa que este no puede ser cambiado; y (iv) la modificación de la adecuación típica de la conducta «puede hacerse dentro de todo el Código Penal, sin estar limitada por el título o el capítulo, ni, por ende, por la naturaleza del bien jurídico tutelado». || Para dar solución al problema jurídico planteado, la Sala Plena de la Corte Constitucional desarrollará los siguientes temas: (i) las causales especiales o específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, puntualmente las causales de defecto sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución; (ii) el derecho a impugnar la sentencia condenatoria dictada por primera vez en segunda instancia; (iii) las medidas provisionales adoptadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para impugnar la primera sentencia condenatoria; y (iv) El principio de congruencia entre la sentencia y la resolución de acusación en el marco procesal de la Ley 600 de 2000.] - [Palabras claves automatizadas: corte, sentencia, sala, derecho, recurso, penal, suprema, instancia, decisión, justicia, juez, jurídica, primera, calificación]