La restricción de las visitas familiares o íntimas de adultos mayores en establecimientos penitenciarios y carcelarios con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19, derivó en una medida desproporcionada. "[L]a Sala Primera echa de menos una justificación suficiente del análisis que realizaron [las entidades vinculadas al proceso] para descartar otras alternativas menos gravosas en términos de derechos fundamentales. […] [N]o existe constancia de que el INPEC hubiese contemplado medidas para garantizar las visitas a través de canales digitales. […] También advierte esta Sala que para el momento en que ocurrieron los hechos de la tutela (septiembre y octubre de 2021), el país contaba con sendas pruebas para la identificación del Covid-19 e incluso la [tutelante] ya había completado su esquema de vacunación contra el coronavirus, por lo que podrían haberse considerado alternativas menos gravosas. A manera de ejemplo, las autoridades pudieron haber examinado la posibilidad de distribuir los turnos de visitas para que la población vulnerable (personas con comorbilidades, avanzada edad, etc.) estuviera aislada del resto de visitantes y de los periodos de mayor afluencia en la cárcel. Al parecer ninguna de estas alternativas se examinó. El INPEC y las entidades de salud optaron por la alternativa más simple pero más gravosa en términos de derechos fundamentales […]. Y aunque las restricciones a los derechos en el marco de una pandemia deben estar respaldados en sólidos argumentos técnicos y científicos relacionados con las acciones de prevención y mitigación, en este expediente no existe algún soporte que respalde la necesidad irremplazable de suspender las visitas familiares o íntimas por parte de personas de avanzada edad, luego de un año y medio de la aparición del virus en nuestro país y de los avances técnicos disponibles para identificar, contener y combatir el virus. […] [N]inguna de las autoridades demandadas o vinculadas sustentó, con respaldo en datos verificables, cómo la prohibición de ingreso a un grupo población específico (adultos mayores) al establecimiento carcelario había sido determinante, en términos epidemiológicos, para contener la propagación del virus o para evitar su impacto sobre las personas más vulnerables. […] Para ese entonces, el país había avanzado considerablemente en el conocimiento epidemiológico del virus, las estrategias para frenar su contagio y combatir sus efectos. Es más, para ese instante, el plan nacional de vacunación llevaba seis meses en ejecución […]." - [Resumen automatizado: Por lo tanto dichas recomendaciones por parte de la secretaria de salud que fue acatada por el INPEC, se ajusta a la realidad de la situación, y la misma no es discriminatoria ni degradante a los derechos del accionante, puesto que no solo está prohibiendo la entrada de su señora esposa, por ser persona mayor de 60 años, sino a todos los que se encuentren cobijados bajo esa misma condición, sin embargo, no se desconoce el derecho del accionante a recibir la correspondiente visita conyugal a la cual tienen derecho, en pro de garantizar la unión familiar en relación a su situación como privado de la libertad, no obstante a ello, la medida no es de carácter permanente, puesto que es con el objeto de mitigar el contagio en las personas de la tercera edad que son las que mayor riesgo tienen en la actualidad y con ello garantizar la salud pública evitando en lo posible la propagación del virus, tomando con ello las medidas necesarias para lograr el objetivo de proteger la salud de las personas más vulnerables, siendo esta una restricción razonable y proporcional.”] - [Palabras claves automatizadas: visitas, derechos, tutela, libertad, personas, familiares, restricción, familiar, salud, medidas, ministerio, derecho, población, sala]

Regulación expedida por el INPEC en desarrollo de los decretos legislativos, no obstante ser posterior a la sentencia de tutela, obligaba a la entidad a resolver, a la luz de esa nueva normativa, las solicitudes de un recluso para recibir visitas familiares por medios virtuales, en la medida que resultaba más beneficiosa para el actor. "[L]a Sala acreditó la vulneración de los derechos fundamentales [a la unidad familiar, a la vida digna y a la intimidad del actor] en el nuevo escenario generado por la pandemia, que sucedió al fallo de instancia. La normativa que regulaba las visitas virtuales fue modificada un par de semanas después del momento en que fue proferida la decisión revisada en esta ocasión... Bajo ese entendido, las autoridades carcelarias tenían la obligación de aplicar la Circular 017 del 8 de abril de 2020, a partir de su expedición, a todas las solicitudes de encuentros familiares virtuales presentadas por el actor. Si bien existía una decisión judicial previa, aquella fue proferida con base en las regulaciones vigentes para ese momento y no podía ser instrumentalizada por las entidades demandadas para omitir la concesión de las visitas virtuales requeridas por el actor con base en la nueva reglamentación… Para la Sala, la Circular 017 de 2020 resulta más beneficiosa para las personas privadas de la libertad que buscan acceder a las visitas virtuales y resulta armónica con las circunstancias actuales, caracterizadas por medidas sanitarias que pretenden, entre otras, el distanciamiento social. En efecto, esta normativa establece mecanismos y requisitos más flexibles que los contemplados en la regulación anterior. Además, no fijó tiempos o periodicidad para realizar las entrevistas virtuales. Por tal razón, al actor le era aplicable el mencionado reglamento en términos de igualdad y favorabilidad. En tal sentido, no le era oponible el lapso previsto por la decisión judicial, que se sustentó en normas que ya no estaban vigentes y que eran más gravosas. Además, ella contiene un remedio constitucional que perdió eficacia, en términos de garantía de los derechos protegidos, ante las actuales circunstancias y la nueva reglamentación. De igual modo, el accionante no estaba obligado a soportar los efectos del desconocimiento de los centros penitenciarios en relación con la expedición, el contenido y el alcance de la nueva reglamentación sobre las visitas virtuales familiares" - [Resumen automatizado: ¿El INPEC y los establecimientos de reclusión accionados desconocieron los derechos fundamentales a la unidad familiar, a la vida digna, a la igualdad y a la intimidad del señor Alberto Moncada Durán al no garantizar mensualmente las visitas virtuales con su núcleo familiar, conformado por otras dos personas privadas de la libertad y recluidas en centros penitenciarios ubicados en distintos municipios? || Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala: (i) reiterará su jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la unidad familiar; (ii) abordará el estudio de las comunicaciones y visitas de los reclusos como instrumento para materializar esta garantía; (iii) analizará la regulación de visitas virtuales de las personas privadas de la libertad; y, finalmente, se referirá a (iv) la importancia para los internos de las herramientas telemáticas de comunicación en el contexto de la pandemia originada por el COVID-19. || Asimismo, la Sala ordenará al Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, implementen mecanismos adecuados y eficientes de coordinación entre los establecimientos penitenciarios y carcelarios accionados, para llevar a cabo las visitas virtuales entre personas privadas de la libertad que se encuentran en distintos centros de reclusión.] - [Palabras claves automatizadas: visitas, familiar, libertad, familiares, tutela, personas, privadas, derechos, sala, derecho, instancia, sentencia, establecimientos, fundamentales]

¿Vulneró la Notaría el derecho fundamental de los menores de edad accionantes a tener una familia y no ser separados de ella, al no tramitar la autenticación del permiso de visitas otorgada por su madre, en tanto que se identificaron mediante la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y su documento de identificación de Venezuela? Sí, (i) el Estado colombiano, en razón de las dificultades que afrontan los nacionales venezolanos, permite su identificación por medio de otros documentos distintos al pasaporte o la cédula de extranjería; (ii) el notario, en virtud de su autonomía, está en capacidad de valorar cada situación que se le presente y en caso de urgencia puede identificar a los usuarios por medio de otros documentos; (iii) la TMF permite el acceso y permanencia en el departamento de Norte de Santander, zona en la que está ubicada la cárcel modelo de Cúcuta, lugar de reclusión del padre de los accionantes; (iv) para el INPEC sucursal, en el marco del régimen de visitas, la TMF es un documento que permite la identificación de los ciudadanos venezolanos y; (v) el documento privado que se pretende autenticar, esto es, el permiso de ingreso, no está sujeto a solemnidades o actos especiales, pues su única finalidad es permitir la visita de los cuatro menores a su padre privado de la libertad - [Resumen automatizado: Marlene Margarita Camacho Fernández[1], en representación de sus hijos Ana de los Ángeles Martínez Camacho de 10 años[2], Cristal Mariana Martínez Camacho de 12 años[3], Saimon Alejandro Martínez Camacho de 15 años[4] y Leonel David Fernández Fernández de 17 años[5], presentó acción de tutela en contra de la Notaría 7 del Círculo de Cúcuta, al considerar vulnerado el derecho fundamental a la familia, por cuanto dicha oficina se negó a autenticar la autorización de visitas[6] de los menores a su padre recluido en el complejo metropolitano de Cúcuta, toda vez que, ni la madre ni los menores se identificaron con pasaporte sino con tarjeta de movilidad fronteriza y su cédula de identidad venezolana. || En consecuencia, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Vulneró la Notaría 7 del Círculo de Cúcuta el derecho fundamental de los menores de edad accionantes a tener una familia y no ser separados de ella, al no tramitar la autenticación del permiso de visitas otorgada por su madre, en tanto que no se identificaron mediante pasaporte o cédula de extranjería sino con Tarjeta de Movilidad Fronteriza y su documento de identificación de Venezuela?] - [Palabras claves automatizadas: cúcuta, ingreso, menores, derecho, cuaderno, familia, documento, corte, visitas, madre, documentos, cédula, identificación, familiar, selección]

¿Vulneró un Complejo Carcelario y Penitenciario los derechos fundamentales de un interno al que, teniendo a su esposa o compañera permanente también recluida en la sección femenina de la misma penitenciaría, les permite una hora de visita conyugal al mes pero les niega la posibilidad de gozar de la visita familiar que sí les brinda, bajo condiciones de normalidad, a los internos que no tienen a sus parejas también privadas de la libertad? en cuanto a la normatividad que regula la situación de esposos o compañeros permanentes, que se encuentran los dos privados de la libertad, ni el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), ni el Reglamento General (Acuerdo 011 de 1995), ni el Reglamento de régimen interno de EPC-COJAM - JAMUNDÍ, establecen una regulación especial para el goce del derecho a las visitas familiares en el marco de esas condiciones particulares (los dos esposos o compañeros privados de la libertad). Encuentra la Sala que la interpretación realizada por las autoridades del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí - EPC-COJAM - JAMUNDÍ, considerando que en el escenario en que ambos esposos se encuentren privados de la libertad, sólo tienen derecho a la visita íntima y no a la visita familiar, vulnera el derecho a la igualdad de los internos que tienen a su esposa o compañera permanente en otro centro de reclusión, o incluso, como en el caso del accionante, en la sección femenina del mismo centro. No aprecia la Sala ninguna justificación que lleve al tratamiento desigual de internos en las mismas circunstancias del tutelante, lo que permite concluir que se trata de una medida desproporcional y en ese sentido contraria al principio de igualdad - [Resumen automatizado: El régimen de visitas de las personas privadas de la libertad se encuentra desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico en los siguientes instrumentos: i) La Ley 65 de 1993 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, la cual ha sido modificada recientemente por le Ley 1709 de 2014; ii) el Acuerdo 011 de 1995 Por el cual se expide el Reglamento General al cual se sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios y; iii) el Reglamento Interno desarrollado en cada uno de los Centros Penitenciarios y Carcelarias, que en el caso concreto del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí EPC-COJAM JAMUNDÍ, fue expedido el 1º de abril de 2011 y corresponde a la Resolución No. 391 del 1º de marzo de ese mismo año. || En el desarrollo sobre las visitas llevado a cabo por el Reglamento de régimen interno del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí EPC-COJAM JAMUNDÍ, la Sala identifica algunos elementos que resultan relevantes para la resolución del caso concreto: (i) en primer lugar, este reglamento hace una clara distinción entre la visita familiar y la visita íntima, si bien no denomina a ésta visita conyugal, incluso estableciendo los parámetros de coexistencia de las dos alternándose cada una de estas modalidades cada quince (15) días-.] - [Palabras claves automatizadas: visita, visitas, familiar, derecho, personas, libertad, interno, privadas, derechos, penitenciario, carcelario, familiares]

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de petición y a la unidad familiar de la accionante y de su hija menor por la omisión del Consejo solicitada por la actora para visitar a su hija menor, que se encuentra interna en el Centro de Reclusión? Concede - Se vulnera el derecho fundamental de petición cuando la entidad no cumple con cualquiera de los componentes que hacen parte del núcleo esencial del mismo, a saber: "1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario". Por regla general el juez de tutela no puede interferir en las decisiones sobre traslados de presos, en razón a la facultad discrecional del INPEC en esa materia, sin embargo, la protección del interés superior del menor, es una de las excepciones contempladas por la jurisprudencia, para que la autoridad carcelaria estudie de fondo la solicitud de traslado con el fin de que adopte la decisión que mejor proteja los derechos fundamentales del menor, ya que, en caso contrario, será el juez de tutela quien analice la razonabilidad de la medida. De conformidad con los elementos fácticos y probatorios del caso concreto, la Sala considera que la entidad accionada vulneró el derecho fundamental de petición y el derecho a la unidad familiar de la accionante y de su hija menor, al no dar respuesta de fondo, clara y precisa a la solicitud de visitas - [Resumen automatizado: Indicó la accionante que, mientras ella se encuentra interna en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundi (C.P.C.), Valle del Cauca, su menor hija Geraldine Aguirre Cortes está detenida hace 20 meses en el Centro de Reclusión de menores Valle de Lili de Cali, razón por la cual solicitó ante el Juez Coordinador del Centro de Servicios de esa ciudad autorización para visitar a su hija, permiso que le fue concedido mediante oficio del 20 de noviembre de 2012[4], logrando efectuar la visita el día 30 del mismo mes y año. || La Corte determinará si ¿fueron vulnerados los derechos fundamentales de petición y a la unidad familiar de la señora Martha Aurelia Cortes Buendía y de su hija menor Geraldine Aguirre Cortes, por la omisión del Consejo Penitenciario y Carcelario de Jamundi, Valle, de responder y autorizar oportunamente la remisión solicitada por la actora para visitar a su hija menor, que se encuentra interna en el Centro de Reclusión Valle de Lili? || La señora Martha Aurelia Cortes Buendia le atribuye al Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundi, Valle del Cauca, la vulneración del derecho fundamental a la familia, como consecuencia de la falta de respuesta al derecho de petición presentado el 27 de marzo de 2013, por medio del cual solicitó la remisión para visitar a su hija menor, quien se encuentra interna en el Centro de Reclusión Valle de Lili.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, menor, tutela, petición, traslado, derechos, sala, respuesta, entidad, acción, penitenciario, carcelario, familia, solicitud, corte, fundamental, familiar]

¿Las autoridades carcelarias violan a los internos evangelistas, el derecho a ejercer su religión en condiciones de igualdad frente a quienes practican el culto católico, por el hecho de restringir el ingreso de sus pastores y por las instalaciones destinadas para la realización del mismo? Concedida. Dado que el Estado colombiano es definido constitucionalmente como laico, los tratamientos diferentes y arbitrarios entre los ciudadanos practicantes de una u otra fe, resultan ser inadmisibles, por cuanto atentan contra la neutralidad que deben mantener la autoridades públicas en el tema; tanto más y en cuanto tales diferencias pretenden ampararse en simples términos cuantitativos - [Resumen automatizado: “Para la celebración del culto religioso se dispone de una capilla u otro sitio del establecimiento como es el área de visitas para eventos especiales y de un aula alterna a cada pabellón, los días de permiso ingresan los representantes de cada religiones (sic) y se dividen por los diferentes pabellones de cada establecimiento, realizando su culto, donde cada pastor cuenta con una hora para realizar cada actividad, respetando el culto siguiente, se aclara que el permiso y la hora es para todas las iglesias sin prioridad. || En este orden de ideas, la Corte analizará (i) las relaciones de especial sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad; (ii) el derecho fundamental a practicar un culto religioso en condiciones de igualdad en el contexto de un Estado laico; (iii) el papel que está llamado a cumplir el juez constitucional en relación con la regulación interna de las cárceles y penitenciarías, y (iv) resolverá el caso concreto.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, culto, internos, religión, personas, derechos, cada, realizar, en, siguiente, relaciones, cultos, derecho, visitas]

¿La decisión de la Dirección de un Establecimiento Penitenciario y Carcelario, consistente en prohibir el ingreso de la compañera permanente del actor, por el término de cuatro años, vulnera sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad? ¿La presunta omisión de la Dirección del Establecimiento Penitenciario, respecto de la solicitud presentada por el actor, vulnera su derecho fundamental de petición? Concedida. Régimen de visitas íntimas o conyugales a las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios. Restricciones al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de las personas privadas de su libertad. El derecho fundamental de petición de las personas privadas legalmente de su libertad no puede ser suspendido o restringido por las autoridades penitenciarias y carcelarias. - [Resumen automatizado: 1.3 Sin embargo, a su juicio, la sanción impuesta a la Sra. Pabón García por la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cúcuta, no vulneró sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad, ya que "[E]s innegable que la compañera permanente del accionante infringió el artículo 112 de la Ley 65 de 1993, así como el reglamento interno del centro carcelario, pues utilizó engaños al pretender ingresar a dicho establecimiento con un documento de identidad que no era el suyo, motivo por el cual fue sancionada mediante acto administrativo ante el cual la misma no interpuso recurso alguno. || 2.1 De acuerdo con los hechos expuestos, en el presente caso corresponde a esta Corte resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿La decisión de la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cúcuta, consistente en prohibir el ingreso de la compañera permanente del actor, Sra. Cindy Yarleny Pabón García, por el término de cuatro años contados a partir del 11 de febrero de 2007, vulnera sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad?.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, penitenciario, carcelario, fundamentales, cúcuta, derecho, visitas, permanente, corte, seguridad, dirección, sentencia, intimidad, libertad]

¿Vulnera establecimiento carcelario los derechos fundamantales de un recluso en el evento de suspenderle las visitas de su esposa? Derecho a visitas a recibir visitas de manera digna. El debido proceso en los procedimientos internos de los penales. Las sanciones a los internos y su prolongación el tiempo. Concedida - [Resumen automatizado: La Sala Segunda (2a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Por otra parte, señala que la razón por la cual le fue suspendida definitivamente la visita a la señora Lina María Quintero, fue por haber sido encontrada en uno de los baños de la Penitenciaria, “al parecer” realizando actos sexuales con su esposo Hugo Rozo Zapata, teniendo en cuenta que hay que preservar la moral del establecimiento y evitar que en determinados casos los menores observen esta clase de actuaciones. || La suspensión de las visitas por parte de la señora Lina María Quintero, obedece a la resolución expedida por la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la ciudad, no correspondiéndole al Juzgado en esta oportunidad decidir acerca de la legalidad o no de la decisión por no ser competente para ello. || El a-quo, denegó la acción de tutela de la referencia al considerar la suspensión de las visitas de la señora Lina María Quintero, obedece a la resolución expedida por la Dirección del Establecimiento Penitenciario, y es a ella a quien le corresponde una vez sea notificada de la resolución impugnarla mediante recurso de reposición ante el mismo funcionario o atacarla ante la vía Contencioso Administrativo.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, fundamentales, decisión, visitas, proceso, dentro, el, establecimiento, en, administración, parte, internos, deben, interno, penitenciario, especial, derecho]

¿Procede la tutela para solicitar a las entidades carcelarias que suspendan requisas, registros, comprobaciones y tactos sobre sus cuerpos, dado que, según la actora se hacen de forma morbosa y con la vulneración de los derechos a la intimidad y a la dignidad? No se debe impedir la entrada a la cárcel si la persona se encuentra en su período menstrual. Necesidad de dotación tecnológica. Concedida - [Resumen automatizado: De acuerdo con esa prueba que fue tenida en cuenta por todos los jueces de instancia al momento de denegar las tutelas invocadas, es claro que en la Cárcel de Villahermosa de Cali sí se realizan prácticas de requisas que están prohibidas, como se ha explicado a lo largo de esta providencia, así como que se está impidiendo la entrada a sus instalaciones, para efectos de las visitas a las que tienen derecho los internos, de las mujeres que tengan el período menstrual; prácticas que vulneran los derechos fundamentales de toda persona sobre la cual recaigan. || Así, todas las sentencias de instancia serán revocadas y se concederá el amparo solicitado, dada la certeza que ofrece lo dicho por las guardianas, según consta en el acta de la inspección judicial realizada a la Cárcel, sobre la prohibición de ingresar a ella a las mujeres que tengan el período menstrual, pues la Sala concluye que con esa acción, derivada de la aplicación del Reglamento Interno de la Cárcel, se están vulnerando los derechos a la intimidad y a la integridad personal, así como a la dignidad y a la igualdad de todas las mujeres que han sido sometidas a esa discriminación y, en consecuencia, se ordenará al Director de la Cárcel de Villahermosa, que adopte las medidas necesarias para impedir que esa práctica se siga realizando, por ser contraria a los postulados que rigen el respeto por la dignidad y la libertad personales.] - [Palabras claves automatizadas: cali, director, derechos, personal, internos, mujeres, período, parte, penal, dignidad, seguridad, derecho, judicial, demandantes, personas, tutela, requisa, pues]

¿Se violan los derechos de los internos y de las personas que los visitan, al ser despojados de sus ropas y ser objeto de tactos corporales para sus requisas? Concedida. Ordena al Inpec a dotar a las cárceles con los equipos tecnológicos que permitan determinar la presencia de elementos prohibidos sin someter a los reclusos a tratos crueles, inhumanos y degradantes - [Resumen automatizado: El señor Jhon Richard Barrios González interpuso acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la Cárcel del Circuito de Cartagena San Sebastián de Ternera invocando sus derechos fundamentales a la dignidad, a la familia y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque las directivas del penal demandado, con la aquiescencia del INPEC, someten a los internos y a las personas que los visitan a requisas ofensivas. || No así las injerencias visuales o por contacto sobre los cuerpos desnudos de internos y visitantes, como tampoco las intervenciones, comprobaciones y registros corporales, en cuanto, como medidas restrictivas de la intimidad corporal, de la libertad personal, de la integridad física, moral y jurídica del afectado, su realización impone la directa y razonable intervención judicial, atendiendo las pautas y lineamientos constitucionales y legales sobre el punto, en aras de garantizar el respeto de los derechos fundamentales que tales procedimientos comprometen. || No así las injerencias visuales o por contacto sobre los cuerpos desnudos de internos y visitantes, como tampoco las intervenciones, comprobaciones y registros corporales, en cuanto, como medidas restrictivas de la intimidad corporal, de la libertad personal, de la integridad física, moral y jurídica del afectado, su realización impone la directa y razonable intervención judicial, atendiendo las pautas y lineamientos constitucionales y legales sobre el punto, en aras de garantizar el respeto de los derechos fundamentales que tales procedimientos comprometen.] - [Palabras claves automatizadas: internos, personas, derechos, personal, libertad, requisa, seguridad, derecho, fundamentales, orden, dignidad, penal, corte, así, inpec, cartagena]