Se vulneran los derechos fundamentales a la vida y la salud de las personas privadas de la libertad, cuando no se presta, en debida forma, el servicio de salud en los centros carcelarios, para mitigar el contagio por COVID 19. Se formuló tutela contra el INPEC y otras entidades, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales en razón a que no cuenta con los medicamentos suficientes y el acompañamiento médico para afrontar los padecimientos crónicos que tiene, lo que podría ocasionarle un mayor riesgo de contagio de la COVID 19. Luego de revisar la situación de hacinamiento carcelario y las obligaciones que tienen las entidades demandadas para garantizar los servicios de salud a las personas recluidas en los centros carcelarios, se logró establecer que los derechos fundamentales fueron vulnerados por la USPEC y el Fondo de Atención en Salud PPL, al no garantizarle una adecuada prestación del servicio de salud al interior de su sitio de reclusión. Si bien es cierto que dichas entidades no prestan directamente el servicio de salud, también lo es que dentro de sus funciones y obligaciones están llamados a garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad a través de un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género

Se declara la nulidad de la expresión "de naturaleza pública del orden nacional", contenida en el inciso 1 artículo 2 del Decreto 1141 de 2009. La prestación de los servicios en salud de la población reclusa debe efectuarse por las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado tanto de naturaleza pública como privada. Para la Sala, la medida prevista por el Gobierno de limitar la prestación de los servicios de salud de los reclusos del país únicamente a una EPS del Régimen Subsidiado de carácter público no garantiza per se la prestación eficiente, máxime teniendo en cuenta las graves condiciones de vulnerabilidad de los reclusos del país, así como la imposibilidad que tienen de acceder autónomamente a los servicios médicos y la situación de especial sujeción frente al Estado. En ese sentido, excluir a las entidades privadas habilitadas para prestar el referido servicio en las instituciones carcelarias a cargo del INPEC sin una razón justificada, desconoce la libre competencia y los derechos de la población carcelaria para obtener una prestación eficiente del mismo, puesto que sus condiciones de reclusión le impiden de manera autónoma garantizar la escogencia. La Sala concluye que, al haberse establecido en el artículo 2 del Decreto 1141 de 2009 el deber de afiliación de la población reclusa en el SGSSS solamente a través de una EPS pública del orden nacional se trató de una medida restrictiva de la libertad de empresa y libertad económica de las demás instituciones prestadoras del servicio de salud, lo que a su vez ocasionó un trato desigual e injustificado