¿Un Establecimiento Penitenciario vulneró los derechos fundamentales de los accionantes debido a que dicho centro carcelario: (i) no prestaba de forma oportuna el servicio de salud para tratar sus patologías; (ii) no garantizó su derecho a la libertad de expresión, en la medida en que fueron objeto de actos de discriminación y violencia por parte del personal de custodia, y de los demás internos por su condición sexual de mujeres transgénero; y (iii) afectó la unidad con sus núcleos familiares radicados en Bogotá al no trasladarlos? Aunque se determina una carencia actual de objeto por hecho superado la Corte señala que el Decreto 4151 de 2011, establece como un deber general a cargo del INPEC, el establecer directrices para la atención de la población privada de la libertad perteneciente a grupos minoritarios, por presentar condiciones de riesgo y exclusión social; y el referido Decreto, junto con la Resolución No. 006949 de 2016, establecen obligaciones a cargo de los centros de reclusión , tales como, propender por (i) la no discriminación de los internos por motivos de género u orientación sexual; (ii) la concertación de espacios especiales de protección para la población LGTBI; (iii) la prohibición de considerar como conductas sancionables los actos propios de la expresión de su identidad sexual; y (iv) poner en conocimiento del área de atención al ciudadano, o del director del establecimiento, así como de la Procuraduría o la Fiscalía, según corresponda, cualquier queja, reclamo o denuncia, que se haga por actos de discriminación motivo de la orientación o identidad sexual. De igual forma, esta Corte también ha entendido que aquellos casos en los que personas pertenecientes a la comunidad LGTBI acuden ante el juez constitucional para obtener el amparo de sus garantías fundamentales, cuando estas han sido transgredidas al interior de un centro penitenciario, gozan de una significativa importancia de constitucionalidad, por la doble connotación de vulnerabilidad en que se encuentran estos sujetos respecto de la mayoría de la sociedad, al encontrarse presos y hacer parte de un colectivo históricamente discriminado - [Resumen automatizado: El día veintinueve (29) de noviembre de 2017, los señores Maiker David Constante Orozco y Javier Enrique Pabón Pérez interpusieron acción de tutela contra el Establecimiento Penitenciario Colonia Agrícola de Acacías Meta y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC-, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la libre expresión y a la salud, así como la protección al principio de dignidad humana que consideran les fue vulnerado por las entidades accionadas. || Mediante oficios No. 130-CAMIS-A JUR-TUT-7422, de fecha veintiséis (26) de junio de 2018[41], suscrito por el Director (e) de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías, y oficio No. 2018EE0052734 del doce (12) de julio de 2018[42], suscrito por la Coordinadora del Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC, se informó a esta Sala que el señor Javier Enrique Pabón Pérez se encuentra en libertad por pena cumplida desde el veinticuatro (24) de mayo de 2018, y que el señor Maiker David Constante Orozco fue trasladado al Complejo Metropolitano de Bogotá Cárcel La Picota, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 900155 del veintitrés (23) de enero de 2018.] - [Palabras claves automatizadas: acción, penitenciario, ver, cuaderno, inpec, tutela, derechos, traslado, fecha, bogotá, accionantes, libertad, carcelario]

¿Las actividades que desarrollan las entidades accionadas para el cumplimiento de sus deberes de protección respecto de la población carcelaria LGBTI garantizan los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad del accionante? La Sala advirtió que estos comportamientos fueron cometidos por otros internos y no por las entidades accionadas, quienes han cumplido de manera adecuada con las funciones previstas por el ordenamiento jurídico en relación con la promoción y protección de los derechos fundamentales del accionante y demás internos LGBTI en el establecimiento carcelario demandado. Así las cosas, los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad del actor fueron protegidos suficientemente con los medios y el nivel adoptado por las autoridades públicas accionadas, por lo que no existe amenaza o vulneración de los mismos. en relación con la pretensión de capacitar a la población carcelaria, la Sala constató que en cumplimiento de los deberes de protección impuestos por el Legislador y la administración a las autoridades accionadas, estas han desarrollado continuas jornadas de integración, capacitación y sensibilización con la población carcelaria y la guardia penitenciaria a fin de combatir la discriminación en contra de la comunidad carcelaria perteneciente a la comunidad LGTBI, entre otras actividades, por lo que esta solicitud se encuentra satisfecha - [Resumen automatizado: Al establecimiento de reclusión para que informe: (i) Programas, campañas o actividades dictadas en los últimos tres años, con el propósito de sensibilizar o capacitar a la población carcelaria y a los funcionarios de la institución, acerca de los derechos fundamentales de las personas con identidad de género diversa o que pertenecen a la comunidad LGBTI; (ii) Actividades desarrolladas en cumplimiento a la orden impartida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Penal, dentro de la acción de tutela No 73001-22-04-000-2017-00495-00, promovida por el interno Yerson Smith Soto Arroyo; (iii) Si, en los últimos 3 años, se han presentado quejas o solicitudes, escritas o verbales, relacionadas con posibles actos de discriminación, respecto de internos que pertenecen a la comunidad LGBTI; (iv) Cuál es el estado actual de la investigación disciplinaria No 06-2017, seguida en contra de los internos Edwin Alexander Díaz Acevedo y William Gabriel Medina; (v) Si en el primer semestre del año 2017, se tuvo conocimiento o se presentó algún informe o queja relacionada con un incidente presentado con el interno Yerson Smith Soto Arroyo, durante el momento que tomaba su ducha.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, establecimiento, reclusión, libertad, personas, fundamentales, población, ministerio, internos, discriminación, tutela, protección]

¿El establecimiento carcelario La Modelo vulneró los derechos fundamentales del accionante así como al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, y de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, al omitir adoptar medidas con el fin de evitar que fuera discriminado por la población LGBTI y las autoridades de ese centro de reclusión? La Corte reconoce que una persona con orientación sexual diversa pertenece a un grupo históricamente discriminado y vulnerable, de los documentos aportados por el accionante y de la práctica de pruebas en sede de revisión, la Sala no observa que por parte de las autoridades penitenciarias de La Modelo se hubiesen presentado actos de discriminación en contra del accionante por su orientación sexual. Ahora bien, en lo que respecta a la posible discriminación por motivos de su identidad indígena, el propio demandante aclaró durante el trámite de revisión que no se sentía discriminado en La Modelo por dicha condición.tampoco encuentra probado esta Sala que por parte de la comunidad LGTBI de la cárcel La Modelo se presentaran actos de discriminación en contra del accionante. Claramente, lo que se aprecia como sucedido son problemas de convivencia entre ellos, originados en un asunto de venta de drogas. con respecto a la adopción de medidas por parte del centro carcelario con el fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, ha de recordarse que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el Estado es quien tiene la obligación de impedir que otros reclusos (obligación de protección) así como el personal penitenciario (obligación de respeto) amenacen la vida del interno . Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos - [Resumen automatizado: Luego, mediante Auto del 15 de febrero de 2016 fue modificado el lugar de realización de la inspección judicial[25], debido a que la Organización Pares en Acción Reacción contra la Exclusión Social (PARCES ONG), informó a esta Corporación sobre el traslado del peticionario Raúl de la Cárcel La Modelo de Bogotá al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de esa misma ciudad (en adelante se hará referencia a este último establecimiento como 'La Picota'). || 8. Mediante Auto del 16 de marzo de 2016[33], la Sala Quinta vinculó al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (La Picota), para que se (i) pronunciara sobre los hechos que dieron lugar a la presentación del amparo por parte del señor Raúl, (ii) remitiera un informe en el que especificara: a) el pabellón o patio en el que se encuentra recluido y, si éste alberga a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI; ii) con cuántas personas comparte celda el accionante, y si éstas pertenecen a la comunidad LGBTI; y b) de manera general, para que indicara cuáles son las políticas de dicho establecimiento carcelario en materia de derechos de los reclusos pertenecientes a la comunidad LGBTI y a la población indígena.] - [Palabras claves automatizadas: personas, tutela, acción, derechos, carcelario, bogotá, mediante, población, establecimiento, parte, corte, comunidad, fundamentales, general]

¿Han sido desconocidos los derechos fundamentales del accionante como recluso de un establecimiento penitenciario por parte de los servidores públicos al someterlo a tratamientos discriminatorios y violentos?. Concedida. Prohibición de discriminación derivada de la identidad sexual diversa. El caso de las personas internas en establecimientos penitenciarios. El criterio que permite concluir la validez constitucional de la restricción y limitación de derechos fundamentales de las personas reclusas es la razonabilidad y proporcionalidad de la medida impuesta - [Resumen automatizado: Por ello, con el fin de prevenir que en el futuro se ejerzan acciones contrarias a los derechos fundamentales de los internos, la Corte ordenará a dicho establecimiento que, con el acompañamiento de sus superiores funcionales, adelante una campaña de sensibilización y capacitación a reclusos y funcionarios integrantes de la guardia penitenciaria, sobre el tratamiento constitucional de las personas reclusas con diversidad sexual diversa, según lo expuesto en esta sentencia.] - [Palabras claves automatizadas: sexual, derechos, identidad, personas, corte, libertad, establecimiento, protección, sentencia, fundamentales, constitucional, condiciones, derecho, manera]