¿No contestar una solicitud de traslado de centro penitenciario y carcelario de una persona privada de la libertad, fundamentada en la separación familiar, vulnera los derechos fundamentales de petición y unidad familiar? La unidad familiar es una garantía constitucional que se encuentra parcialmente restringida para las personas privadas de la libertad, la misma no puede limitarse de una forma desproporcionada o injustificada, dada la incidencia positiva que genera el contacto del interno con su familia durante su tratamiento penitenciario. De ahí, que las autoridades penitenciarias deben propender "en todo lo que sea posible, que el recluso mantenga contacto con su grupo familiar, máxime si dentro del mismo existen hijos menores de edad, lo cual impone adicional esfuerzo en torno a la preservación de la unidad familiar. La omisión del INPEC de emitir una respuesta oportuna a la solicitud de traslado y, de informarle a la peticionaria sobre el estado de la misma, desconoció el objeto de dicha petición, esto es, la protección del derecho a la unidad familiar, pues contrario a su deber de facilitar el contacto permanente de las personas privadas de la libertad con su familia y la participación de esta última en el proceso de resocialización - [Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados José Antonio Cepeda Amaris y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente || La omisión del INPEC de emitir una respuesta oportuna a la solicitud de traslado y, de informarle a la peticionaria sobre el estado de la misma, desconoció el objeto de dicha petición, esto es, la protección del derecho a la unidad familiar, pues contrario a su deber de facilitar el contacto permanente de las personas privadas de la libertad con su familia y la participación de esta última en el proceso de resocialización, guardó silencio, sin tener en cuenta que la señora Leidy Yomara Ruiz Marulanda, desde el 6 de enero de 2015, no veía a sus dos (2) hijas, menores de edad.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, petición, derechos, personas, fundamentales, corte, tutela, familiar, libertad, acción, inpec, constitucional, privadas, traslado]

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de petición y a la unidad familiar de la accionante y de su hija menor por la omisión del Consejo solicitada por la actora para visitar a su hija menor, que se encuentra interna en el Centro de Reclusión? Concede - Se vulnera el derecho fundamental de petición cuando la entidad no cumple con cualquiera de los componentes que hacen parte del núcleo esencial del mismo, a saber: "1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario". Por regla general el juez de tutela no puede interferir en las decisiones sobre traslados de presos, en razón a la facultad discrecional del INPEC en esa materia, sin embargo, la protección del interés superior del menor, es una de las excepciones contempladas por la jurisprudencia, para que la autoridad carcelaria estudie de fondo la solicitud de traslado con el fin de que adopte la decisión que mejor proteja los derechos fundamentales del menor, ya que, en caso contrario, será el juez de tutela quien analice la razonabilidad de la medida. De conformidad con los elementos fácticos y probatorios del caso concreto, la Sala considera que la entidad accionada vulneró el derecho fundamental de petición y el derecho a la unidad familiar de la accionante y de su hija menor, al no dar respuesta de fondo, clara y precisa a la solicitud de visitas - [Resumen automatizado: Indicó la accionante que, mientras ella se encuentra interna en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundi (C.P.C.), Valle del Cauca, su menor hija Geraldine Aguirre Cortes está detenida hace 20 meses en el Centro de Reclusión de menores Valle de Lili de Cali, razón por la cual solicitó ante el Juez Coordinador del Centro de Servicios de esa ciudad autorización para visitar a su hija, permiso que le fue concedido mediante oficio del 20 de noviembre de 2012[4], logrando efectuar la visita el día 30 del mismo mes y año. || La Corte determinará si ¿fueron vulnerados los derechos fundamentales de petición y a la unidad familiar de la señora Martha Aurelia Cortes Buendía y de su hija menor Geraldine Aguirre Cortes, por la omisión del Consejo Penitenciario y Carcelario de Jamundi, Valle, de responder y autorizar oportunamente la remisión solicitada por la actora para visitar a su hija menor, que se encuentra interna en el Centro de Reclusión Valle de Lili? || La señora Martha Aurelia Cortes Buendia le atribuye al Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundi, Valle del Cauca, la vulneración del derecho fundamental a la familia, como consecuencia de la falta de respuesta al derecho de petición presentado el 27 de marzo de 2013, por medio del cual solicitó la remisión para visitar a su hija menor, quien se encuentra interna en el Centro de Reclusión Valle de Lili.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, menor, tutela, petición, traslado, derechos, sala, respuesta, entidad, acción, penitenciario, carcelario, familia, solicitud, corte, fundamental, familiar]

¿Vulnera el INPEC los derechos a la unidad familiar y de los niños, con el traslado de un recluso, a un lugar alejado del sitio donde viven sus cinco hijos, entre ellos, dos menores de edad, que por su situación de pobreza no podrían visitarlo? Concede - De conformidad con la jurisprudencia si bien el INPEC tiene la facultad de trasladar a los reclusos, ésta tiene como límite los derechos a la unidad familiar y a la protección especial de los niños. Es decir que cuando se toma la decisión del traslado se debe considerar si con ella se afecta el derecho de los de los niños a no ser separados de su familia, y en caso de ser así, el recluso debe permanecer en el lugar donde residen los niños. Con el traslado del actor se afectó el derecho a la reunificación familiar que tienen sus hijos menores de edad y la madre del actor que son sujetos de especial protección constitucional, por razón de su edad. Por esta razón, la Corte reiterará una vez más como lo ha hecho en otras oportunidades que el INPEC se encuentra en la obligación de realizar un análisis detallado del traslado cuando ésta decisión puede afectar los derechos de los niños - [Resumen automatizado: De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala resolver ¿si vulnera el INPEC los derechos a la unidad familiar y de los niños, con el traslado de un recluso, a un lugar alejado del sitio donde viven sus cinco hijos, entre ellos, dos menores de edad, que por su situación de pobreza no podrían visitarlo? || Con posterioridad, en la sentencia T-319 de 2011, este Tribunal Constitucional tuteló los derechos fundamentales de una reclusa que al igual que en los casos anteriores, fue trasladada a un centro de reclusión alejado del lugar donde se encontraban sus dos hijas menores de edad, que no podían visitarla por falta de recursos económicos.[17] Aunque el INPEC señaló que su traslado tenía como propósito descongestionar la penitenciaría donde la reclusa se encontraba detenida inicialmente, la Sala Sexta de Revisión advirtió: || Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Corte analizará en primer lugar la procedibilidad formal de la acción de tutela en este caso y en segundo lugar, analizará el fondo del asunto para determinar si con el traslado de Hermes Yesid Gutiérrez se vulneraron los derechos a la unidad familiar y a la protección especial de los niños.] - [Palabras claves automatizadas: familiar, traslado, inpec, derecho, derechos, lugar, tutela, familia, dos, corte, niños, unidad, hijos, sentencia, menores]

¿En qué circunstancias el derecho a la unidad familiar de los internos prevalece sobre las razones del INPEC para mantener a un recluso en determinado centro penitenciario? Las decisiones que conciernen a traslados de reclusos sean solicitadas por el mismo interno u ordenadas por el Director General del INPEC que interfieran con la unidad familiar, deben estar justificadas en los criterios determinados por la ley y la jurisprudencia, so pena de considerarse arbitrarias y desbordar la órbita de la discrecionalidad propia de las facultades de las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lo que eventualmente ameritaría la intervención del juez de tutela. Tal discrecionalidad, no se refiere estrictamente a la posibilidad de decidir sobre traslados sin justa causa, si no, a que en la evaluación de tal situación, cuenta con cierto nivel de apertura y flexibilidad que le permite ponderar criterios frente a la unidad familiar u otros derechos de los reclusos. al enfrentarse la unidad familiar a estas razones jurisprudenciales y legales con las que cuenta el INPEC para justificar la estadía de un recluso en un centro penitenciario, por regla general, las últimas se impondrán, como ocurrió en los casos planteados en las sentencias T-274 de 2005 y T-785 de 2002 en las cuales no se autoriza el traslado de padres recluidos en lugares lejanos a la residencia de sus hijos por razones de hacinamiento y de debido a la protección del buen desarrollo del proceso, respectivamente. Sin embargo, la unidad familiar cobra mayor fuerza de manera excepcional cuando las extremas condiciones de vulnerabilidad y abandono de los menores involucrados (hijos de reclusos) ameritan la protección del derecho en virtud de garantizarles su bienestar y crecimiento armonioso; es el caso, por ejemplo, de un menor que se encontraba al cuidado de personas ajenas a su familia que aseguraban que no seguirían velando por él, con madre recluida y padre ausente y que padecía trastornos emocionales, a quien se le concedió el derecho en la sentencia T- 319 de 2011; o el asunto analizado en la sentencia T-669 de 2012 en la cual se ordenó autorizar el traslado de un padre recluido a un establecimiento cerca a sus hijos de madre ausente y uno de los cuales padecía cáncer de paladar, al cuidado de una vecina y soportando una precaria situación económica que los mantenía en la indigencia - [Resumen automatizado: Jurisprudencialmente se considera que es arbitraria e injustificada la decisión en relación al traslado de los reclusos cuando, evidenciándose vulneraciones a derechos fundamentales no restringibles, la Dirección general del INPEC: (i) Emite órdenes de traslado o niega los mismos sin motivo expreso; (ii) Niega traslados de internos bajo el único argumento de no ser la unidad familiar una causal establecida en el artículo 75 del Código Penitenciario y Carcelario; (iii) Emite órdenes de traslado o niega los mismos con base en la discrecionalidad que le otorga la normatividad, sin más argumentos. || Por el contrario, se observa que se ha considerado fundada la amplia facultad de apreciación de las causales de traslado, de los mismos cuando la decisión se encuentra justificada en las siguientes razones: (i) Que el recluso requiera una cárcel de mayor seguridad; (ii) Por motivos de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios; (iii) Porque se considere necesario para conservar la seguridad y el orden público; (iv) Que la estadía del recluso en determinado penal sea indispensable para el buen desarrollo del proceso.] - [Palabras claves automatizadas: traslado, inpec, carcelario, menores, derecho, penitenciario, traslados, familiar, tutela, seguridad, derechos, encuentra, respuesta, artículo, internos, decisión, situación]

¿Han sido vulnerados los derechos fundamentales de una persona, privada de su libertad por encontrarse recluido en un establecimiento penitenciario, y de su familia al haber sido trasladado a otro establecimiento alejada del lugar donde reside su familia lo cual ha afectado la salud física y mental de sus hijas menores de edad por estar lejos de su padre?. El derecho fundamental y prevalente de los niños a tener una familia y no ser separados de ella. Garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad ante la presencia de hijos menores de edad. En cabeza del Estado surgen deberes positivos de garantizar condiciones cualificadas de seguridad y de reclusión que permitan la efectiva resocialización de los reclusos. La Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la encargada de decidir sobre el traslado de los internos condenados a los diferentes centros de reclusión del país, ya sea por decisión propia o por solicitud formulada ante ella. Sin embargo, esta Corte ha establecido que dicha facultad discrecional no puede ser ejercida de forma arbitraria ya que tiene que ser desarrollada de forma razonable y dentro de los límites del buen servicio de la administración. En este orden de ideas, se debe procurar el mantenimiento de los vínculos filiales del interno debido a la importancia que conllevan en la reincorporación a la comunidad después de cumplida la pena.Concedida - [Resumen automatizado: Por lo expuesto, solicita que se ordene a la entidad demandada su traslado al establecimiento carcelario de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia), para proteger los derechos a la unidad familiar y a la integridad física y moral de las niñas Yaritza y Salomé Lora Villada. || Por ende, decidió inaplicar el artículo 75 de la Ley 65 1993 que contempla las causales para el traslado de los internos y ordenó al Inpec trasladar al señor Lora Betancur a una penitenciaría cercana a Medellín toda vez que sus hijas y familiares residen en Betania (Antioquia) || Para abordar este problema jurídico, se recordará la jurisprudencia constitucional respecto de: (i) el derecho fundamental y prevalente de los niños a tener una familia y no ser separado de ella; (ii) la garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad; (iii) la facultad del Inpec para realizar el traslado de internos. || En el presente caso, la señora María Herlinda Betancur Grisales, actuando como agente oficiosa de sus nietas menores de edad Yaritza y Salomé Lora Villada, solicita la protección de los derechos fundamentales a la unidad familiar y a la integridad física y moral, los cuales considera vulnerados por el Inpec al mantener recluido al progenitor de las niñas en un centro penitenciario alejado de su lugar de residencia.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, traslado, interno, cuaderno, fundamentales, inpec, derecho, edad, familiar, medellín, principal, reclusión, niñas, ejercicio, debe, facultad, familia]

¿El INPEC vulneró los derechos fundamentales del niño a tener una familia y no ser separado de ella, al no permitir el traslado de su madre a la ciudad en la que se encuentra viviendo su hijo, con el fin de poderla visitar con más frecuencia? Concedida. El traslado de reclusos es una facultad discrecional del INPEC como responsable de la administración carcelaria. Sin embargo, en el Estado Social de Derecho no existen facultades absolutamente discrecionales y se da una clara diferenciación con la arbitrariedad. Interés superior del niño. Los establecimientos carcelarios deben posibilitar que el interno mantenga contacto permanente con su grupo familiar, más aún, si dentro del mismo existen hijos menores de edad, todo ello para preservar, no solo la unidad familiar, sino adicionalmente alcanzar el desarrollo armónico e integral de los niños. Las autoridades carcelarias tienen el deber de evitar a los detenidos y a sus familias sufrimientos innecesarios y daños irreparables, más aún cuando las medidas afectan a los niños - [Resumen automatizado: El señor Wilson Cuellar, en representación del niño Ken Nakashima Solarte presenta demanda ante el juez de tutela, para que se protejan los derechos fundamentales del niño a tener una familia y a no separarse de ella, presuntamente vulnerados por el Centro de Reclusión de Mujeres Villa Cristina de Armenia, al no permitir el traslado de su madre a la ciudad de Cali, lugar donde el niño se encuentra viviendo con unos familiares. || Para la toma de una decisión, se deberá precisar: (i) Si la tutela procede a través de apoderado en representación del niño, teniendo en cuenta que el padre se encuentra en el exterior y la madre está recluida en un establecimiento carcelario, lejos de la residencia del niño; (ii) la protección de los derechos fundamentales de los niños, en especial la garantía a tener una familia y a no ser separados de ella; (iii) el alcance de la restricción de la unidad familiar en los casos de reclusos; (iv) la naturaleza y los límites de la facultad de trasladar presos, en cabeza de las autoridades carcelarias desarrollada por la jurisprudencia constitucional y (v) el caso concreto.] - [Palabras claves automatizadas: niño, derechos, familia, traslado, familiar, encuentra, fundamentales, corte, derecho, inpec, niños, en, tutela, acción, lugar]

¿Los derechos fundamentales a la familia, de los niños y al debido proceso de la actora y de su hija, fueron vulnerados por el INPEC, al trasladar a su esposo y padre del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la ciudad donde ellas residen, al establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de otra ciudad? Negada. Si bien la menor y la peticionaria resultan afectadas por la decisión adoptada por el INPEC, ésta no fue arbitraria sino inevitable, púes este Instituto lo que busca es ofrecer adecuadas medidas de seguridad, para proteger a los internos y a la sociedad, debiendo resolver las ubicaciones en prisiones acordes con la naturaleza del delito cometido y la pena impuesta. Es la situación particular del esposo de la accionante, responsable de delitos de elevada lesividad y grave impacto social, la que conlleva la mayor restricción, en deplorable pero no evitable repercusión contra el derecho a la unidad familiar - [Resumen automatizado: La señora María Eugenia Donado Torres instauró acción de tutela, actuando también como representante legal de una hija menor de edad, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, aduciendo vulneración de los derechos “a la familia, a los niños y al debido proceso”, por los hechos que a continuación son resumidos. || En tercer lugar, la acción constitucional de tutela, no es un mecanismo idóneo para incoar la protección de los derechos fundamentales de un recluso que, por consecuencia de su misma conducta asocial, le han sido suspendidos algunos de sus derechos; en virtud del llamado Contrato Social suscrito con el Estado; el cual es fundado en el aforismo 'el bien general, prevalece sobre el interés particular'” (f. || Corresponde a esta Sala de Revisión establecer si los derechos fundamentales de la señora María Eugenia Donado Torres y de su representada hija menor Alejandra Rojas Donado a la familia, de los niños y al debido proceso, le fueron conculcados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, al trasladar a su esposo y padre Orlando Rojas Valero, del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Montería, ciudad donde ellas residen, al establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, inpec, fundamentales, montería, traslado, seguridad, establecimiento, sentencia, derecho, corte, familia, penitenciario]

¿Un establecimiento carcelario debe abstenerse de mantener aislada una persona privada de la libertad, cuando dicho confinamiento tiene por objeto proteger su propia vida (amenazas de otras reclusas, en este caso), pero ha sido prolongado (3 meses) y está afectando gravemente su salud (la madre resalta el negativo impacto de la situación en su estado emocional)? ¿Las autoridades carcelarias nacionales deben trasladar a una persona de establecimiento de reclusión, en función de la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad y a la salud y del lugar donde se encuentra el único familiar que le brinda apoyo, a pesar de que la solicitud de traslado sólo fue presentada informalmente por una tercera persona y no por la misma persona recluida, que es, de acuerdo al trámite que legalmente establece para tales efectos la ley (Código Penitenciario y Carcelario) la persona con el derecho de presentar tal solicitud? Concedida. Legitimación activa en acción de tutela. Especial protección del goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. Las medidas que adopten los establecimientos penitenciarios y carcelarios en ejercicio de sus facultades, deben ser razonables y proporcionadas. Las medidas que impliquen aislamiento de la persona privada de la libertad, como el calabozo, deben ser estrictamente evaluadas para establecer su razonabilidad y proporcionalidad constitucional. La medida de aislamiento a la que ha sido sometida es constitucionalmente irrazonable y desproporcionada. Las solicitudes de traslado de las personas privadas de la libertad entre establecimientos penitenciarios y carcelarios no pueden conllevar un impacto irrazonable y desproporcionado sobre los derechos fundamentales, como por ejemplo, la unidad familiar, la salud o el debido proceso. El establecimiento violó los derechos de la reclusa a la dignidad, a la salud y a la unidad familiar, al haber dilatado arbitrariamente las repetidas solicitudes de traslado, obstaculizando así el goce efectivo de esos derechos; con esos actos, también desconoció el derecho a la unidad familiar. - [Resumen automatizado: Las autoridades carcelarias han violado los derechos fundamentales de la hija de la accionante, al no haber suspendido la innecesaria medida de aislamiento que afectaba gravemente su dignidad, su libertad, su salud y su vida, y al no haber ejercido sus competencias para resolver de fondo la solicitud de traslado a un establecimiento penitenciario y carcelario en Bogotá o cercano a esta localidad, para poder garantizar su seguridad y su unidad familiar. || La señora María de las Mercedes Barrios Torres, en representación de su hija, Ana Maribel Barrios Torres, presentó acción de tutela contra el Defensor del Pueblo, Seccional Valledupar, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por considerar que estas dos entidades han desconocido sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y al debido proceso. || En ambos casos se considera que las autoridades carcelarias han violado los derechos fundamentales de la hija de la accionante, al no haber suspendido la innecesaria medida de aislamiento que afectaba gravemente su dignidad, su libertad, su salud y su vida, y al no haber ejercido sus competencias para resolver de fondo la solicitud de traslado a un establecimiento penitenciario y carcelario en Bogotá o cercano a esta localidad, para poder garantizar su seguridad y su unidad familiar.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, traslado, persona, sentencia, libertad, corte, autoridades, inpec, aislamiento, personas, condiciones, debe, seguridad, medida, dignidad, fundamentales, salud]