Derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad. Ahora bien, específicamente respecto de las personas que se hallan privadas de la libertad, el derecho a la comunicación puede ser limitado con el fin de: (i) conservar la disciplina, la seguridad y la convivencia dentro de los sitios de reclusión, y (ii) prevenir la comisión de delitos. En ningún caso estas limitaciones pueden impedir, como lo estableció la Corte, "la libre expresión de los sentimientos afectivos o manifestaciones del fuero íntimo de la persona", de lo contrario se estarían imponiendo restricciones arbitrarias y desproporcionadas al ejercicio del derecho de comunicación. Ahora bien, a diferencia del derecho de petición y de los otros derechos inherentes a la dignidad humana, la comunicación de las personas privadas de la libertad pertenece al grupo de derechos que sí pueden verse limitados como consecuencia de la relación especial de sujeción que se establece con el Estado en los establecimientos carcelarios. La Corte Constitucional ha reconocido la existencia de límites a éste y otros derechos fundamentales, sin embargo, también ha reconocido que cualquier medida que reduzca el goce de los derechos de los reclusos debe estar previamente consagrada en una norma de rango legal y obedecer a los principios de razonabilidad y proporcionalidad - [Resumen automatizado: El señor Luis Safir Mosquera de Ávila, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela el 01 de octubre de 2018 solicitando la protección de sus derechos fundamentales de petición, intimidad personal y familiar e igualdad, presuntamente vulnerados por las instituciones carcelarias de Cómbita y Barranquilla por no dar respuesta a la petición formulada el 16 de agosto de 2018 donde solicitaba le fuera permitido comunicarse regularmente con su compañera sentimental, la señora Arledis Esther Guzmán, sin que las llamadas fueran monitoreadas.[1] || En el presente caso, el accionante pretende la protección de su derecho fundamental de petición, así como el amparo de los derechos a la intimidad personal y familiar y a la igualdad, luego de que las entidades accionadas omitieran dar trámite y respuesta al escrito presentado el 16 de agosto de 2018 donde solicitaba se le garantizara la comunicación telefónica regular con su pareja sentimental sin que ésta fuera monitoreada o vigilada por las autoridades de los establecimientos carcelarios. || Las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación particular frente al Estado, situación que ha sido denominada como "relación especial de sujeción".[24] Este concepto viene siendo utilizado por Corte Constitucional para explicar las particularidades del vínculo entre internos y autoridades carcelarias, el cual se caracteriza por el sometimiento de una de las partes a un régimen donde el tratamiento de los derechos fundamentales es diferente respecto del de las demás personas.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, derechos, libertad, comunicación, petición, corte, privadas, tutela, sentencia, personas, barranquilla]

¿Las autoridades accionadas vulneran los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad en un establecimiento de reclusión porque estas no tienen baterías sanitarias en sus celdas, viven en hacinamiento, ausencia de espacios para mujeres enfermas y, más aún, en estado de embarazo, lactancia, o con niños pequeños a cargo, y acceso inconstante al suministro de agua potable? Derechos fundamentales de mujeres privadas de la libertad en establecimientos carcelarios. La Sala de Revisión analizó la responsabilidad que le cabe a cada entidad del Estado en la vulneración de derechos fundamentales sufrida por las internas del EPMSC de Buga, en el marco de sus respectivas competencias legales. Constató, además de que el marco fáctico denunciado implica la violación de aquellos derechos, que en este caso las instituciones penitenciarias y carcelarias han omitido el cumplimiento cabal de sus deberes y han actuado de manera desarticulada. A esto se suma un déficit diagnóstico y de información sobre la situación de dicho Pabellón de Mujeres, a pesar del esfuerzo probatorio realizado por la Sala. Se evidencia que la política pública en materia penitenciaria y carcelaria, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional, exige una incorporación razonable de la perspectiva de género, y ello es especialmente importante en materia de infraestructura y servicios públicos - [Resumen automatizado: i) Al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- "no recibir más personal femenino que se pretenda recluir en el Penal de Mediana Seguridad de Guadalajara de Buga", hasta tanto la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, el mismo INPEC y el Ministerio de Justicia "realice (sic) las gestiones pertinentes para adoptar medidas idóneas que garanticen que se cumplan (sic) con la protección de los derechos fundamentales y a la dignidad humana de las mujeres reclusas, en el sentido de (sic), adecuar el pabellón de mujeres del penal hasta el punto en que solo se alojen dos (2) mujeres por cada celda y que cuenten con un baño por celda". || El caso que le corresponde resolver a la Sala tiene una particularidad, que consiste en que la acción de tutela no ha sido interpuesta por las internas cuyos derechos fundamentales estarían siendo vulnerados, sino por representantes del Ministerio Público, esto es, dos Procuradores Judiciales Penales con sede en Buga, que han sido designados por el Procurador General de la Nación para que, en el marco de sus competencias legales, actúen ante el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de dicho municipio, por medio de una Agencia Especial.] - [Palabras claves automatizadas: mujeres, derechos, buga, corte, fundamentales, tutela, carcelario, materia, reclusión, necesidades, sala, infraestructura, penitenciario, acción]

¿La omisión de las entidades encargadas de prestar y vigilar por el buen funcionamiento de los instrumentos (los teléfonos del patio en que se encuentra el accionante) y servicios de comunicación (la pérdida de cartas enviadas a través del servicio Postal 472) destinados a las personas privadas de la libertad, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales a la comunicación? Derecho a la comunicación de personas privadas de la libertad. La Corte concluye que las empresas encargadas de la prestación de los servicios de comunicación para las personas privadas de la libertad y las autoridades que deben velar por la eficiencia de dichos servicios vulneran su derecho a la comunicación con el mundo exterior, cuando no brindan a los internos información sobre las modalidades del servicio postal a que tienen derecho y cuando el servicio de comunicación implementado resulta ineficiente, costoso o inadecuado frente a sus condiciones - [Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión profirió auto del 30 de marzo de 2017, por medio del cual vinculó en el proceso al Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones - MINTIC y le solicitó responder las siguientes preguntas: i) sus observaciones sobre los hechos del caso; ii) informe sobre el estado de la actuación; iii) informe si existe una política pública en materia de protección al derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad, y iv) informe si, dentro de los proyectos que actualmente se desarrollan en el Ministerio para alcanzar los objetivos de despliegue de redes de infraestructura y masificación del uso del internet, se ha tomado como beneficiaria a la población carcelaria del país. || Para el ejercicio del derecho a la comunicación, el código dispone entre otros: (i) la posibilidad de enviar y recibir correspondencia, para lo cual los presos recluidos en el país gozan de franquicia postal;[33] (ii) el derecho a recibir visitas familiares y profesionales,[34] judiciales y administrativas,[35] y de los medios de comunicación;[36] (iii) el derecho de beneficiarse de un sistema diario de informaciones y noticias que incluya los acontecimientos más importantes de la vida nacional e internacional;[37] y finalmente, (iv) “en casos especiales y en igualdad de condiciones se pueden autorizar llamadas telefónicas, debidamente vigiladas''.[38] A su vez este derecho reconocido legal y constitucionalmente, está limitado por las condiciones propias de la privación de la libertad, así el artículo 53 del Código reconoce al director del establecimiento carcelario, la posibilidad de fijar en el reglamento interno el horario y las modalidades de comunicación a favor de los reclusos, ya sean de forma oral o escrita.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, corte, libertad, personas, derechos, comunicación, constitucional, sentencia, condiciones, privadas, servicio]

Reserva legal de datos relacionados con el listado de visitas de un interno. El derecho a la intimidad comprende aquellos datos, comportamientos, situaciones o fenómenos que normalmente están sustraídos del conocimiento de terceros y exige un profundo respeto por parte del Estado y de la sociedad, en cuanto se vincula con la forma como una persona construye su identidad y le permite llevar una vida corriente frente a los demás. En circunstancias especiales se admite su limitación, siempre que las restricciones que se impongan se justifiquen en la realización de intereses superiores y no conduzcan a una afectación del núcleo esencial del derecho. La Corte encuentra que efectivamente por virtud de mandato legal la relación de visitas de un recluso se somete a un registro escrito. De acuerdo con el INPEC, dicho registro se incluye en los archivos u hoja de vida del interno, en el que además se consagran datos referentes a la residencia, familia, números telefónicos, etc. En el mismo sentido del CPACA, la Ley 1712 de 2014 definió que si bien por regla general todo dato que se genere, obtenga, adquiere o controle por una autoridad en el ejercicio de sus funciones es información pública, no por ello su acceso y circulación es ilimitado, pues existe la denominada información pública clasificada, en la que se incluyen los datos que pertenecen al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, cuyo conocimiento por parte de terceros puede ser rechazado o denegado mediante decisión motivada, entre otras hipótesis, cuando de por medio se encuentra la protección a la intimidad, circunstancia que, como ya se expuso, sucedería en el caso bajo de examen - [Resumen automatizado: De igual manera, considera que los citados derechos fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien mediante sentencia del 25 de julio de 2013, no sólo avaló la negativa del INPEC, sino que también desconoció el precedente judicial que, a su juicio, establece lo siguiente: En primer lugar, que si bien existe información de naturaleza privada cuyo acceso es restringido, en ciertos casos es posible habilitar su conocimiento público y disponer su entrega sin autorización del titular. || Como se deriva de los antecedentes expuestos, aun cuando el actor promueve el amparo constitucional contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cierto es que la discusión se centra en el examen de la validez constitucional de la decisión adoptada por esta última autoridad, en sentencia del 25 de julio de 2013, en lo que respecta a considerar que fue resuelta de forma correcta por la aludida autoridad administrativa, la solicitud de información realizada en su condición de periodista por el señor Emmanuel Vargas Penagos, en la que se negó la entrega de la relación de las visitas recibidas por el señor Óscar Suárez Mira, quien se encontraba recluido en la Cárcel La Picota, por estimar que se trata de datos sometidos a reserva.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, información, derechos, acceso, intimidad, protección, ley, datos, documentos, reserva, persona, personas, si, carácter, petición, libertad, acción, constitucional]

¿El establecimiento carcelario que limita el uso del servicio de telefonía a los reclusos que no reporten dineros consignados en el formato o bono para realizar llamadas telefónicas, desconoce los derechos a la comunicación y a la igualdad de los internos? Relación de especial sujeción entre las personas privadas de la libertad y el Estado. Suspensión y restricción de ciertos derechos fundamentales de los internos. Derecho a la comunicación. Negada - [Resumen automatizado: Como bien lo señala la autoridad penitenciaria demandada, la Corte considera que el hecho de limitar el uso del teléfono a la previa consignación de dinero en una cuenta, fondo o bono para tal fin, permite impedir que los pasillos del centro de reclusión se congestionen y se aproveche dicho desorden para realizar comportamientos contrarios a la integridad personal y física de los internos, así como racionalizar las llamadas a quienes realmente necesitan efectuar una comunicación urgente e impostergable con el mundo exterior. || Inicialmente, el accionado precisa la normatividad relevante que aplica al caso del actor, para lo cual cita los artículos 15, 22, 52 y 53 de la Ley 65 de 1993, de acuerdo con los cuales es competencia del INPEC expedir el Reglamento General del Sistema Penitenciario y las normas atinentes a visitas, contacto con el mundo exterior, entre otras materias, a las cuales deben sujetarse los reglamentos internos que dicte cada centro de reclusión, como en efecto ocurre con el Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada, expedido por medio de la Resolución No. 122 de 2005.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, internos, derecho, comunicación, penitenciario, uso, sentencia, servicio, seguridad, relación, fundamentales, reclusión, dinero, debe]