¿Las autoridades demandadas incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes debido a que la alimentación brindada es insalubre, generalizada, desbalanceada y preparadas por los propios reclusos, sin atender criterios de higiene? Según se desprende del artículo 67 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 48 de la Ley 1709 de 2014, el suministro de alimentos exige cumplir con condiciones de higiene necesarias para que los insumos sean adecuados. En contraste, según ha explicado la Corte Constitucional, el consumo de alimentos proporcionados bajo condiciones insalubres puede originar enfermedades, debilidad en el sistema inmunológico y suscitar infecciones o indigestiones, igualmente, la abstención de consumir los insumos proporcionados puede ocasionar desnutrición. Esta situación ha sido objeto de reproche por esta Corporación debido a que implica un sufrimiento intolerable para la población penitenciaria y carcelaria, en contradicción con sus derechos constitucionales. En razón de lo anterior, el control y la vigilancia que debe ejercer el Estado, mediante entidades como la USPEC o el INPEC, tienen que cumplirse de manera permanente. Teniendo en consideración que, primero, las personas que se encargan de la manipulación de alimentos son los reclusos en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB) y, por consiguiente, las actividades de vigilancia y control en el desarrollo de estas actividades se deben asumir con especial rigurosidad y, segundo, que las autoridades encargadas de su control no allegaron material probatorio suficiente que permita constatar que existe un estricto control y seguimiento, se pone de presente un delicado margen de desprotección que contradice los derechos fundamentales de los demandantes - [Resumen automatizado: El 19 de octubre de 2018, los accionantes, señores Camilo Enrique Castañeda Rovira, Fernando López Gutiérrez, José Ángel Parra Bernal, David Torres Gómez, Alfonso Veldandia Hernández, Flaminio Wilches Rodríguez, Jhon Jairo Porras Carvajal, José Arturo Atehortúa Ramírez, Nestor Evelio Forigua, Jorge Iván Aguirre, Francisco Javier Londoño Cardona y Luis Fernando Franco Reyes, presentaron acción de tutela contra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Unión Temporal Alimentando América 2018 y el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB), por considerar que estas entidades incurrieron en la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, integridad personal, salud y a no ser sometidos a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. || Teniendo en consideración que en el presente caso la carga de la prueba principal la tenían las entidades accionadas que, primero, los accionantes son personas de especial protección constitucional debido a que se encuentran recluidos en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB); segundo, para estas personas, el ejercicio de la acción constitucional, era el único mecanismo para la protección oportuna y eficiente de su derecho a la alimentación adecuada y suficiente y, por ende, de su vida digna, integridad personal y salud; tercero, su derecho fundamental a la libertad se encuentra restringido y, en esa medida, al presentar la acción de tutela la posibilidad de recaudar material probatorio, distinto a su declaración, era limitada; y, cuarto, se trata de una población que tiene una posición de debilidad frente a las autoridades y la empresa respecto a las cuales se alega la vulneración de sus garantías constitucionales.] - [Palabras claves automatizadas: alimentación, derechos, alimentos, condiciones, personas, salud, accionantes, derecho, libertad, tutela, privadas, según, en, fundamentales, puede, acción]

¿Se configura una violación de los derechos a la salud y a la vida digna del accionante y de su familia, con ocasión de la negativa del Centro Penitenciario y Carcelario de Ibagué, donde se encuentra recluido, de brindarle opciones de alimentación dietética a través del expendio previsto en dicho lugar?Considera la Sala que el amparo solicitado no es procedente, pues los expendios tan solo ofrecen productos adicionales de primera necesidad a los reclusos, cuya ingesta es opcional para quienes deseen y pueda adquirirlos, de los cuales no depende la salvaguarda del derecho a una alimentación adecuada y suficiente, pues no existe la obligación de ceñirse a las dietas específicas que cada recluso debe seguir. Respecto a la pretensión de brindar alimentos a la familia del actor cuando acudan a visita se precisa que la obligación se configura únicamente respecto de la persona privada de la libertad y no se extiende a sus familiares o visitantes, pues frente a ellos no existe la relación de especial sujeción que justifica el deber del Estado de asumir la garantía de los derechos de las personas condenadas - [Resumen automatizado: En Auto del 2 de marzo de 2017, el Magistrado Sustanciador dispuso librar oficio al Centro Penitenciario y Carcerlario de Ibagué, con el fin de que remitiera la siguiente información: (i) valoración nutricional y de medicina general que determinara las necesidades nutricionales del señor José Ángel Tibaduiza Adán; (ii) lista de alimentos que suministra el expendio del centro carcelario y penitenciario a los internos; (iii) identificación de los planes nutricionales para las personas que tienen padecimientos de salud, en donde se incluya una explicación sobre los criterios bajo los cuales un recluso puede acceder a ellos; y (iv) aclaración sobre si existe la obligación de proporcionar alimentos a quienes ingresen al centro penitenciario en calidad de visitantes. || A partir de las circunstancias que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas por los respectivos jueces de instancia, esta Corporación debe determinar si se configura una violación de los derechos a la salud y a la vida digna del señor José Ángel Tibaduiza Adán y de su familia, con ocasión de la negativa del Centro Penitenciario y Carcelario de Ibagué, donde se encuentra recluido, de brindarle opciones de alimentación dietética a través del expendio previsto en dicho lugar.] - [Palabras claves automatizadas: alimentación, salud, tutela, derechos, alimentos, adecuada, penitenciario, acción, internos, personas, obligación, necesidad, libertad, lugar]

¿Un Complejo Penitenciario y Carcelario vulneró los derechos fundamentales del accionante al excluirlo, sin tener en cuenta las particulares circunstancias de salud que afronta, y sin que exista orden médica que lo dictamine, de la lista de personas que necesitan una alimentación especial? El Estado tiene la obligación de proporcionar a los detenidos intramuros "las condiciones mínimas de subsistencia requeridas, al punto de que éstos vean garantizados sus derechos fundamentales. Entre los diferentes factores que deben tenerse en cuenta para mantener la integridad personal de los reclusos, se incluye el de la debida alimentación. Los internos deberán recibir su alimentación diaria, la cual tendrá que responder a condiciones mínimas de higiene, valor nutricional y una calidad y cantidad que les permita su sana y completa nutrición". Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y las autoridades encargadas de los centros de reclusión, "tienen bajo su cargo velar porque la alimentación de los detenidos sea nutritiva, higiénica y balanceada. Sin embargo, tal obligación pueden delegarla a particulares, conservando la potestad de vigilar y controlar la correcta ejecución de los mismos, so pena de responder tanto disciplinaria como penalmente". En igual sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "aun cuando la alimentación de las personas privadas de la libertad sea concedida a un tercero, 'el Estado sigue siendo responsable de la supervisión y control de calidad de los productos entregados por las empresas de catering, y de que tales productos efectivamente lleguen íntegros hasta los presos. Por lo anterior, se tiene que al estar las personas privadas de la libertad, imposibilitadas para suministrarse por sí mismas la alimentación requerida para su sana nutrición, es el Estado quien debe brindarles los víveres que cuenten con condiciones esenciales con el fin de garantizarles su mínimo vital durante la detención - [Resumen automatizado: Problema jurídico: ¿el área de alimentos del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta, vulneró los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud del señor Rolando Carrascal López, al excluirlo, sin tener en cuenta las particulares circunstancias de salud que afronta, y sin que exista orden médica que lo dictamine, de la lista de personas que necesitan una alimentación especial por las condiciones de salud que afronta? || La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente || Corresponde a esta Sala establecer si el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta vulneró los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud del señor Rolando Carrascal López, al excluirlo, sin tener en cuenta las particulares circunstancias de salud que afronta, y sin que exista orden médica que lo dictamine, de la lista de personas que necesitan una alimentación especial.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, libertad, alimentación, tutela, especial, salud, derecho, privadas, cúcuta, personas, penitenciario, condiciones, fundamentales, corte, internos]

¿Es procedente la tutela para resolver sobre las exigencias elevadas por un grupo de internos de un Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad atinentes a las condiciones en que se les suministran los alimentos? ¿Carece de legitimidad pasiva la demanda de tutela presentada por los internos, puesto que las falencias señaladas en la demanda corresponden a obligaciones incumplidas por parte de un contratista? ¿Vulneró el INPEC los derechos fundamentales de los internos por no haber tomado las medidas requeridas para asegurar que ellos contaran con los utensilios necesarios para comer? Concedida. El INPEC sí puede ser demandado mediante la acción de tutela por causa del incumplimiento de las obligaciones en cabeza de los contratistas. La violación de los derechos fundamentales de los internos. - [Resumen automatizado: (...) 'Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a concluir que no es posible afirmar que los instrumentos jurídicos para el amparo del interés colectivo -como es el caso de las acciones populares o acciones de clase- resulten aplicables por el simple hecho de que se afecte a un número plural de personas, o porque se trate de derechos enumerados en el artículo 88 de la Carta Política o en alguna otra disposición constitucional o legal'.“En consecuencia, si bien la acción de tutela no procede para proteger derechos colectivos, ello no impide que el accionante o una multiplicidad de ellos soliciten la tutela de sus derechos fundamentales amenazados o violados en concreto, en situaciones que comprometan sus intereses personales o incluso derechos colectivos, siempre y cuando prueben la vulneración de sus derechos fundamentales. || 2. En el presente proceso de tutela se habrán de dilucidar los siguientes problemas jurídicos: ¿Es procedente la acción de tutela para resolver sobre las exigencias elevadas por un grupo de internos de la Torre Nº 3 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar atinentes a las condiciones en que se les suministran los alimentos, las cuales estiman violatorias de su dignidad y otros derechos fundamentales?] - [Palabras claves automatizadas: tutela, internos, alimentos, alimentación, valledupar, contrato, suministro, carcelario, inpec, penitenciario, derechos, acción]