¿Los jueces penales en uso efectivo del principio de autonomía judicial, incurrieron en un defecto fáctico al negar la incorporación al proceso del informe pericial que tenía por objeto cotejar la muestra de ADN encontrada en el pantalón (que presuntamente pertenecía a la víctima) con el de uno de los sindicados en el proceso? de la jurisprudencia de la Corte resulta claro que el defecto fáctico está estrechamente vinculado a una valoración probatoria arbitraria o a la omisión en la valoración de una prueba determinante o en el decreto de pruebas de carácter esencial que resulte incompatible con la Constitución. En el caso concreto si bien el accionante menciona la configuración de este requisito no resulta certero a la hora de establecerlo. Simplemente hace referencia a que "es innegable que al excluirse caprichosamente la prueba de cotejos de ADN, nos causa a las víctimas un perjuicio irremediable". Por su parte, esta Sala no encuentra que de los hechos y de lo aportado al proceso se pueda deducir el perjuicio irremediable requerido. En efecto, los derechos a la verdad, justicia y reparación, no se consideran vulnerados irremediablemente porque se haya proferido una decisión judicial contraria a los intereses de la víctima, más aún cuando cuenta con el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal penal impone y fue objeto de debate en el trámite de apelación. Igualmente, no se evidencia perjuicio irremediable en la medida que el proceso continúa y no se trata de la única prueba, sino que hay un acervo probatorio que la Fiscalía descubrió oportunamente y que será objeto de discusión durante lo que resta del procedimiento hasta la Sentencia, ofreciéndose la posibilidad de que la verdad, la justicia y la reparación se hagan efectivas si a ello hay lugar - [Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente || 2.1- El Sr. Juan Carlos Páez Álvarez, instauró acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre) por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación. || 2.1- El Sr. Juan Carlos Páez Álvarez, instauró acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre) por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, proceso, penal, decisión, sala, derechos, juez, acción, pericial, corte, prueba, sentencia, derecho, informe, víctima, verdad, judicial]

Tutela contra providencia judicial: Se argumenta que las providencias de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia son constitutivas de vía de hecho por cuanto incurren en defecto fáctico al haber admitido, valorado y acreditado la existencia de una prueba videograbada que resulta ilícita y, además, violatoria de derecho a la intimidad del tutelante. La valoración de la prueba obtenida con violación al debido proceso. la simple transgresión de las normas procesales que regulan la inclusión de pruebas en las diligencias no implica afectación del debido proceso. Prueba ilegal - prueba inconstitucional.El juez de conocimiento sólo incurre en error fáctico susceptible de ser revocado por vía de tutela cuando la prueba que no puede valorarse, por ser ilegal o inconstitucional, es fundamental para el raciocinio de la decisión judicial, esto es, que haya servido como pieza fundamental para formar el convencimiento del juez. Negada - [Resumen automatizado: El demandante sostiene que las providencias de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia son constitutivas de vía de hecho por cuanto incurren en defecto fáctico al haber admitido en el proceso penal, como prueba de cargo, una grabación i) que es ilegal, porque resulta imposible establecer su autenticidad, el autor de la cinta, la fecha de emisión, si la grabación fue editada y la fecha y lugar de la misma; ii) que es inconstitucional por haber sido aportada con violación de derecho fundamental a la intimidad, dado que el señor Pérez Suárez ignoraba que estaba siendo grabado, no había dado su consentimiento, ignoraba que Sacristán era miembro de grupo paramilitar, y se le informó de la existencia del video únicamente al final de la reunión, una vez rehusado el dinero y como mecanismo de presión para el eventual favorecimiento de los paramilitares.] - [Palabras claves automatizadas: prueba, proceso, corte, sala, hecho, fiscalía, reunión, dinero, tutela, video, suprema, judicial, si, derecho, grabación]

¿Se violó el derecho al debido proceso dentro del trámite de acción de reparación directa, por cuanto no se atendió la solicitud de ratificación de los testimonios que como prueba trasladada se rindieron por los mismos hechos en el proceso penal y disciplinario?¿Se desconoció el principio de la inmediatez, como fue la decisión del Tribunal Administrativo que ordenó, recogió y apreció las pruebas, a pesar de ser el Tribunal de Descongestión el que emitió la sentencia? Ausencia de poder conferido al litigante que dice actuar en representación, ¿ante la ausencia de poder para actuar se erige tal omisión en una circunstancia que le impide al juez constitucional pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado?. Negada - [Resumen automatizado: que pone fin al trámite de revisión de la sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado Sección Primera de Octubre 6 de 2.005 y el fallo dictado por la Sección Segunda de 9 de Febrero de 2.006, dentro de la ACCION DE TUTELA seguida por Candida Rosa Llano, Diego, Emiliano, Fabio, Wilmar, Julio Cesar, Beatriz Elena, Marta Cecilia, Hernando y Jesus Efraín Cardona Llano por intermedio de apoderado contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda y Chocó Sala de Descongestión. || En el caso sub examine, el señor Jorge Enrique Restrepo Gómez, quien dice representar los intereses de Cándida Rosa Llano, Diego, Emiliano, Fabio, Wilmar, Julio Cesar, Beatriz Elena, Marta Cecilia, Hernando y Jesús Efraín Cardona Llano presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Descongestión de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, aduciendo que incoaron demanda contra el Municipio de Chinchiná - Ministerio de Defensa Policía Nacional, para que se declarara la responsabilidad por la muerte del señor Jorge Delio Cardona Llano (Hijo y Hermano) ocurrido el 8 de Junio de 1.999 en Chinchiná Caldas y que obtuvieron un fallo desfavorable, y en dicha actuación se violó el debido proceso.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, acción, poder, proceso, corte, sentencia, administrativo, sala, tribunal, pruebas, derecho]

Defensoría técnica. ¿Qué elementos deben concurrir para que se entienda como violado el núcleo esencial del derecho a la defensa técnica? Vía de hecho en la valoración probatoria: ¿podía argumentarse como tal la ausencia de la declaración del testigo presencial? Vinculación a proceso como persona ausente. Negada. Indicios que permiten afirmar la intención del accionante de evadir el proceso penal - [Resumen automatizado: El señor Juan Antonio Macías Rondón, quien se encuentra recluido en la Penitenciaría Central de la Picota en Bogotá, D.C., interpuso acción de tutela en contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativá, por considerar que ha existido vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad procesal y defensa al haber sido condenado a la pena principal de dieciséis años de prisión como autor responsable del delito de homicidio del señor Benjamín Flórez. || A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la presente acción y de las decisiones judiciales adoptadas por los jueces de tutela, corresponde a esta Sala de Revisión establecer si el despacho acusado incurrió en una vía de hecho al proferir la sentencia condenatoria con fundamento en los siguientes aspectos: (i) declaraciones de testigos de oídas y sin la versión del testigo presencial, (ii) ausencia de defensa técnica del sindicado dada la inactividad del defensor de oficio y por último, (iii) imposibilidad para el sindicado de ejercer la defensa material de los derechos, por cuanto no se le notificó en debida forma la iniciación de un proceso penal en su contra.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, defensa, fecha, judicial, hecho, acción, derechos, vía, tutela, mediante, oficio, defensor]

Proceso penal. Acto sexual agravado en menor de edad. Exigencia de pruebas adicionales sobre la menor. Deberes de las autoridades judiciales en la investigación y juzgamiento de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Condiciones especiales dentro de las cuales deben llevarse a cabo las pruebas sobre la menor - [Resumen automatizado: El decreto de oficio de esta prueba pericial como es decretar un tercer reconocimiento médico legal a la menor, por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se ajusta a la Constitución por cuanto constituye una decisión razonable, apoyada en un hecho concreto, cual es la manifiesta contradicción existente entre los resultados que arrojaron dos pruebas periciales practicadas anteriormente. || Lo anterior no significa que en casos de delitos sexuales cometidos contra menores le esté vedado al funcionario judicial aplicar el principio del in dubio pro reo, sino que solamente se puede apelar al mismo en última instancia, luego de haber adelantado una investigación realmente exhaustiva, seria, en la cual se hayan decretado y efectivamente practicado todas las pruebas conducentes y pertinentes para llegar a la verdad, y a pesar de todo, subsista una duda razonable la cual debe ser resuelta a favor del sindicado. || Lo anterior no significa que en casos de delitos sexuales cometidos contra menores le esté vedado al funcionario judicial aplicar el principio del in dubio pro reo, sino que solamente se puede apelar al mismo en última instancia, luego de haber adelantado una investigación realmente exhaustiva, seria, en la cual se hayan decretado y efectivamente practicado todas las pruebas conducentes y pertinentes para llegar a la verdad, y a pesar de todo, subsista una duda razonable la cual debe ser resuelta a favor del sindicado.] - [Palabras claves automatizadas: menor, judicial, médico, prueba, sala, víctima, en, delitos, funcionario, práctica, pruebas, seccional, investigación, menores, sexual, sexuales]