¿La negativa de incorporación del accionante y su núcleo familiar en el Programa de Protección a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación vulnera sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal, a pesar de que este no cumplió con los compromisos adquiridos en el momento de su reubicación social definitiva? Advierte esta Sala, que dado que se trata de nuevos actos y nuevas denuncias que no tratan sobre la petición de protección de 2012, sino un nuevo proceso, no puede el Comité Evaluar de facto rechazar la inclusión del solicitante, más aún cuando se cuenta con una Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo en la que se recomienda la inclusión del accionante en virtud del tipo de amenazas, del grupo armado que las realiza, y de la importancia de la contribución del testimonio al proceso penal, razones por las cuales no se comparte la decisión del Comité de no permitir la inclusión del accionante por haber incumplido uno de los compromisos al momento de la reubicación. Ya se ha dicho, en basta jurisprudencia, que el derecho a la vida y a la seguridad personal de una persona es una carga que tiene el Estado como garante de los derechos fundamentales de sus amparados. No pueden entonces suspenderse las acciones conducentes a la protección de la vida de sus residentes, pues eso desconocería los elementos más esenciales del Estado Social de Derecho, esto es, la vida y su requerida protección. Colombia se ha propugnado la salvaguarda de los derechos fundamentales, por lo que es apenas necesario que las autoridades dotadas de poder para ello, ejecuten todas las labores encaminadas no solo a luchar contra acciones ilegales, sino además, proteger todas aquellas personas que se encuentren en una situación de peligro con el fin de contribuir a la justicia, más cuando las condiciones de riesgo persisten y pueden derivar en afectaciones irremediables para la integridad de una persona y su familia - [Resumen automatizado: Por su parte, la Seccional de Investigación Criminal MESAN, informó, mediante oficio del 8 de diciembre de 2018, a través de su subjefe Subteniente Liliana Carolina Lombana Puentes que: (i) el señor JDYD colaboró en el desmantelamiento de la organización criminal XX; (ii) la Fiscalía 12 Especializada BACRIM, el 28 de julio, solicitó protección y asistencia al aquí peticionario en virtud de denuncia interpuesta por presuntas amenazas contra su vida, por lo cual la Policía Metropolitana ordenó a la Oficina de Derechos Humanos la realización del estudio de riesgo; (iii) varias solicitudes de protección fueron presentadas, la primera el 16 de marzo de 2017 resuelta negativamente por considerar que el sujeto no cumplió con los compromisos de reubicación al retornar a la zona de riesgo y dos posteriores, una el 6 de agosto de 2017 y otra el 21 de noviembre de 2017, las cuales fueron resueltas de forma negativa; (iv) las visitas y patrullajes se realizaron en la dirección de residencia manifestada por el accionante, en Barranquilla; (v) la denuncia instaurada se encuentra ante la Fiscalía, sin que se conozcan los avances generados por esta. || Corresponde a la Sala Quinta de Revisión determinar si la negativa de incorporación del accionante y su núcleo familiar en el Programa de Protección a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación vulnera sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal, a pesar de que este no cumplió con los compromisos adquiridos en el momento de su reubicación social definitiva.] - [Palabras claves automatizadas: protección, riesgo, vida, fiscalía, proceso, familiar, núcleo, derechos, general, acción, tutela, medidas, amenazas, nación, seguridad]

¿La Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación vulneró los derechos fundamentales del accionante y su grupo familiar, al negar la reubicación social definitiva, bajo los argumentos de que no ha concluido el proceso penal y que se requiere de un concepto emitido por el Fiscal de conocimiento? La Sala considera que la entidad accionada negó la solicitud de reubicación social definitiva sobre la base de argumentos que, además de ser contrarios a la realidad, desconocieron los principios de celeridad y eficacia que rigen todas las actuaciones que la entidad accionada debe adelantar en materia protección y asistencia. Es claro que, de un lado, en septiembre de 2015, la accionada rechazó la posibilidad de iniciar el proceso de reubicación argumentando que no había culminado el proceso penal en el que participó "B" como testigo, cuando era evidente que dicha actuación ya había finalizado meses atrás, en junio del mismo año, y por el otro, adujo que tal determinación requiere del aval del Fiscal de conocimiento, lo cual, aunque es un requisito válido porque es el funcionario idóneo para calificar la participación del testigo, no es una carga que necesariamente corresponda asumir al protegido, si se tiene en cuenta que el personal del Programa está obligado a hacer continuo seguimiento y vigilancia al caso, además, que dicho personal es el que tiene la posibilidad de comunicarse y coordinar con el Fiscal competente a fin de obtener su concepto y, de este modo, garantizar la efectividad de los derechos de las personas vinculadas - [Resumen automatizado: Considerando que en el presente caso el actor y su familia estuvieron vinculados al Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal, atendiendo el principio de la estricta reserva de la información[1], contenido en el numeral 5º del artículo 3º de la Resolución 5101 de 2008, mediante la cual el Fiscal General reglamentó dicho programa, la Sala advierte que, como medida de protección de la vida, la seguridad e integridad personal y a la intimidad del accionante y de su familia, se dispondrá suprimir de esta providencia y de toda futura publicación de la misma, sus nombres, así como cualquier dato e información que permita identificarlos. || El señor "A" interpuso acción de tutela contra la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación (en adelante, la "Dirección"), solicitando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la familia, a la vida, a la protección de las personas en situación de debilidad manifiesta, a la paz, a la libertad de locomoción, al trabajo, a la vivienda digna y los derechos de los niños, los cuales considera le fueron vulnerados a él y a su familia, por cuanto la entidad accionada se negó a dar inicio al proceso de reubicación social definitiva y, por lo demás, profirió ciertos actos administrativos por medio de los cuales el accionante y su grupo familiar fueron excluidos del "Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación" (en adelante, el "Programa").] - [Palabras claves automatizadas: protección, entidad, consumo, proceso, derechos, seguridad, actor, personal, corte, medidas, vida, sustancias, familia, protegido, derecho, exclusión, tutela, reubicación, definitiva]

¿Vulnera la Policía Nacional los derechos fundamentales de una persona cuando no identifica oportunamente el riesgo que enfrenta por colaborar con información para capturar a miembros de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, cuando luego de identificar dicho riesgo se tarda un tiempo irrazonable en valorarlo, y una vez lo valora adopta medidas de protección que no se ajustan a las circunstancias del caso para que el riesgo disminuya o desaparezca? Concede - La entidad no identificó el riesgo extraordinario, las autoridades tienen el deber constitucional de advertirle a los ciudadanos que dan información para perseguir y capturar a una persona presuntamente responsable de cometer un delito, las amenazas a que se pueden ver expuestos por esa colaboración y que no están en el deber de asumir. Cuando esto ocurre, es decir, cuando la persona cuenta con información suficiente para evaluar su participación en una acción conjunta con las autoridades, se puede afirmar que decidió libremente prestar su ayuda; no valoró adecuadamente el riesgo extraordinario que actualmente afecta los derechos de la accionante. Esto, porque la valoración no tuvo en cuenta los detalles particulares del caso concreto, y la misma, se hizo de forma tardía; y (iii) no definió adecuadamente las medidas de protección conducentes a evitar que el riesgo identificado se materialice. Las medidas en el caso concreto se tomaron tarde, precisamente porque la valoración del riesgo fu inoportuna; pero sobre todo, parece ser que la medida adoptada no conlleva a la protección efectiva de los derechos constitucionales - [Resumen automatizado: Entre las situaciones de riesgo que enlista la accionante en su escrito de tutela se encuentran: llamadas y visitas de personas que se identifican como enviadas por Margarita, o integrantes del grupo "Y1" advirtiéndole sobre el peligro que corre su vida y la de su familia por haber participado en la captura de Margarita; persecuciones, por lo menos, en dos ciudades del país (Cali y Bogotá); retenes de tránsito en los que revisan sus documentos y los de sus acompañantes y en los cuales se ha sentido amenazada; advertencias de funcionarios de la Policía Nacional quienes le han dicho que hay miembros de esa misma entidad trabajando para el grupo "Y1" y que se debe cuidar; y finalmente, la llegada al país de un hijo de la mujer que ayudó a capturar con el suministro de información, quien a través de una familiar le hizo saber a la señora Ana que iba a "ajustar cuentas" con ella, por haber entregado a su madre ante las autoridades.] - [Palabras claves automatizadas: policía, riesgo, nacional, protección, seguridad, medidas, vida, debe, derecho, persona, personal]

¿Es responsable el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional de haber vulnerado los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de la accionante, al no adoptar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar su seguridad personal, con ocasión de una denuncia sobre expendio de estupefacientes y corrupción dentro de las entidades demandadas? Deber de colaboración con la administración de justicia. El derecho constitucional a la seguridad personal. Autoridades del Estado encargadas de velar por la seguridad de los denunciantes e intervinientes en el proceso penal. Concedida - [Resumen automatizado: La ciudadana Myriam Serna Correa interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional, pues considera que esta entidad ha puesto en riesgo su derecho a la vida por no haber implementado las medidas tendentes a proteger su seguridad personal. || En este caso, el juez constitucional de primera instancia observó que las entidades demandadas no han incurrido en omisiones que vulneren los derechos fundamentales de la ciudadana Serna Correa, pues sus denuncias fueron atendidas por funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, quienes, por competencia, remitieron dichas denuncias a la Policía Metropolitana de Bogotá. || 2.- Durante el trámite de revisión, esta Sala advirtió que, de conformidad con los hechos narrados por la ciudadana Serna Correa en su escrito de tutela, era necesario poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el asunto de la referencia, a fin de que ésta se pronunciara sobre: (i) la situación jurídica actual de las personas capturadas en la última requisa efectuada por la Policía Nacional; (ii) los trámites y requisitos necesarios para la vinculación de una persona al Programa de Protección a Testigos de la Fiscalía, así como los beneficios otorgados por dicho programa; y, (iii) las posibilidades de vinculación de la demandante en la presente acción de tutela al programa referido.] - [Palabras claves automatizadas: protección, seguridad, policía, riesgo, sala, nación, lugar, fiscalía, personal, personas, derechos, vida, autoridades, deber, general, pues, integridad]

Programa de protección de testigos. Solicitud de incorporación. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente || Lo anterior en razón a que lo que precisamente se discute en el presente proceso es el nivel de riesgo de los derechos fundamentales a la vida e integridad del actor, quien solicita su inclusión en el programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes de la Fiscalía General de la Nación. || Para el cumplimiento del deber de garante que vincula al Estado respecto de los individuos cuyos derechos fundamentales son puestos en cuestión con ocasión de la intervención en un proceso penal, el artículo 250 constitucional autoriza a la Fiscalía General de la Nación para que implemente un programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes en procesos de tal naturaleza.] - [Palabras claves automatizadas: deberes, protección, deber, proceso, fiscalía, derechos, fundamentales, riesgo, programa, familia, ciudadanos]

Protección a la vida por amenazas de terceros. Improcedencia de la acción de tutela para ordenar que se incluya a una persona en el programa de protección de testigos y personas amenazadas que no se encuentren dentro de las categorías establecidas en la ley o no sea requerido el Gobierno nacional de practicar medidas cautelares a un ciudadano, a instancias de un organismo internacional. El derecho de cualquier ciudadano de exigir a las autoridades de la República la protección del derecho a la vida y el deber de las autoridades de suministrar oportunamente la protección, de acuerdo con las competencias y las circunstancias que el caso amerite. - [Resumen automatizado: El actor considera que se ha presentado contra él y su grupo familiar una flagrante violación al derecho a la vida, derecho fundamental consagrado en el artículo 11 de la Constitución, ya que fue declarado “objetivo militar” por parte de las autodefensas unidas de Colombia, Auc, y el Ministerio del Interior y de Justicia, conocedor de esta situación, no lo ha incluido en el Programa de Protección que funciona en el Ministerio para estos casos. || 2.1 Se analizará si, como lo afirma el demandante, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Presidencia de la República han vulnerado su derecho fundamental a la vida y la de su familia al no incluirlos en el Programa de protección de testigos y personas amenazadas que funciona en el Ministerio, no obstante que desde el mes de octubre de 2001 ha recibido amenazas de muerte, al ser declarado “objetivo militar” por las autodefensas unidas de Colombia Auc, en razón de que en lugar de acceder a las exigencias económicas de este grupo armado, acudió ante las autoridades de la República para poner en conocimiento la extorsión de que había sido objeto.] - [Palabras claves automatizadas: protección, ministerio, actor, derecho, personas, vida, interior, tutela, situación, autoridades, programa]