¿Resulta contrario a los derechos a la libertad, al debido proceso y a la igualdad el que el Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala el Tribunal Superior de Tunja negaran la solicitud del actor, de conformidad con el principio de favorabilidad penal, de darle aplicación integral ultractiva del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, luego de que fuera declarado inexequible mediante sentencia C-370 de 2006, el 18 de mayo de 2006, por considerar que el demandante no había acreditado el cumplimiento de todos los requisitos durante la vigencia de la norma?,. Negada. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Jurisprudencia sobre la procedencia del beneficio contenido en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 para delitos comunes y alcance de los requisitos exigidos para ello, a partir de su declaratoria de inexequibilidad mediante sentencia C-370 de 2006 - [Resumen automatizado: “Estudiados los fundamentos de la acción y las pruebas aportadas, advierte la Corte que, como lo sostuvo el juzgador constitucional de primer grado, el amparo solicitado resulta improcedente, habida cuenta, de un lado, que el actor no cuestionó, a través de los recursos ordinarios, la decisión del juzgado de disminuirle la condena tan solo en un 2.5%; y de otro, porque analizada la providencia mediante la cual el Tribunal accionado consideró que no era posible concederle la rebaja de la décima parte de la pena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, observa la Corte que dicha determinación no puede tildarse de abiertamente arbitraria o caprichosa, para que haga necesaria la intervención del juez constitucional, pues es palpable que el asunto fue resuelto con argumentos que no lucen absurdos y que obedecen al criterio hermenéutico de la aplicación de la norma que gobierna la materia. || ¿Resulta contrario a los derechos a la libertad, al debido proceso y a la igualdad el que el Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala el Tribunal Superior de Tunja negaran la solicitud del actor, de conformidad con el principio de favorabilidad penal, de darle aplicación integral ultractiva del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, luego de que fuera declarado inexequible mediante sentencia C-370 de 2006, el 18 de mayo de 2006, por considerar que el demandante no había acreditado el cumplimiento de todos los requisitos durante la vigencia de la norma?] - [Palabras claves automatizadas: corte, sentencia, tutela, constitucional, juez, penal, ley, sala, decisión, acción, norma, judicial, beneficio]

¿Se han vulnerad los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad personal de un recluso, al no suministrarle la asistencia medica que requiere para tratar los problemas de salud mental que padece, autorizando su traslado del centro carcelario a una clínica especializada en el tratamiento de padecimientos psiquiátricos?. Negada. La relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad frente al Estado implica que el interno queda a cargo de la organización penitenciario y por consiguiente, sometido a un régimen jurídico especial, en el que se pueden suspender y limitar algunos de sus derechos fundamentales, mientras que otros permanecen ilesos ante dicha condición - [Resumen automatizado: El 22 de octubre de 2009, el señor Luis Alfonso Salazar Botero, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC-, con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad personal de su hija, BEATRIZ EUGENIA SALAZAR JARAMILLO, presuntamente vulnerados, como consecuencia de la negativa de dichas entidades, de autorizar su traslado del Centro de Reclusión Nacional de Mujeres “El Buen Pastor” a un instituto especializado en salud mental. || Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y las decisiones de tutela adoptadas por los jueces de instancia, en esta oportunidad, le compete a la Sala de Revisión analizar, si las entidades accionadas han vulnerado los derechos fundamentales a vida, a la salud y a la integridad personal de la señora Beatriz Eugenia Salazar Jaramillo, quien se encuentra privada de la libertad, al no suministrarle la asistencia médica que requiere para tratar los problemas de salud mental que padece, autorizando su traslado del centro carcelario en el cual se encuentra recluida a una clínica especializada en el tratamiento de padecimientos psiquiátricos.] - [Palabras claves automatizadas: salud, nacional, derechos, encuentra, libertad, tutela, fundamentales, mental, médico, traslado, derecho, el, personal, sala, manera, penitenciario, carcelario, constitucional, general]

¿Las Corporaciones demandadas vulneraron los derechos al debido proceso y de defensa del actor, al no haberlo vinculado al proceso penal que se adelantaba en su contra y en el cual resultó condenado? Concedida. La posibilidad de vincular a una persona mediante la declaración de persona ausente, no exonera a las autoridades judiciales de buscar por todos los medios posibles la comparecencia del enjuiciado, para que de esta manera pueda hacer valer su derecho de defensa. Si se logra la captura, el Estado asume la responsabilidad de vincularlo a las causas adelantadas en su contra y de notificarlo sobre las distintas decisiones adoptadas. Es deber del Estado contar con archivos confiables y actualizados, a los cuales puedan acceder las personas privadas de la libertad. Vía de hecho por consecuencia. Nulidad por indebida notificación de quien por estar privado de la libertad debió ser notificado personalmente - [Resumen automatizado: El señor Rubén Darío Herrera Aguirre, el día 14 de mayo de 2009, interpuso acción de tutela por considerar que la Fiscalía 36 Seccional y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, habeas data y a la igualdad, toda vez que no se le informó, ni hizo parte del proceso penal adelantado en su contra por esos despachos, máxime cuando se encontraba privado de la libertad. || Mediante escrito del 22 de mayo de 2009, el actual titular de ese Despacho indicó que habiendo asumido dicha titularidad el 11 de agosto de 2008, para dar respuesta a la acción de tutela se debió remitir a la causa radicada con el Num. 130-000, donde constató que observando a cabalidad las ritualidades del debido proceso, se adelantó el juicio contra el señor Rubén Darío Herrera Aguirre, quien fuera vinculado por la fiscalía el 17 de mayo de 2000 y se le dictó sentencia condenatoria el 30 de enero de 2003, imponiéndosele una pena principal de 22 años y 6 meses de prisión como coautor en el delito de homicidio y se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como la sustitutiva de prisión domiciliaria.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, libertad, derecho, penal, juzgado, circuito, defensa, sentencia, persona, derechos, bogotá]

¿Es procedente solicitar vía tutela la anulación del aumento de la pena impuesta por un Tribunal, dentro de un proceso penal? Aumento de la pena impuesta por el juez de primera instancia. No se observa ninguna excusa para justificar la no interposición del recurso de casación. Negada - [Resumen automatizado: "La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3°, de la Constitución); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituída como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.[3] Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, sentencia, acción, judiciales, casación, judicial, corte, penal, derechos, sala, fundamentales, proceso]