Nueva posición asumida por la Corte en relación con la legitimación de una persona condenada para formular una acción de inconstitucionalidad. Inepta demanda contra el numeral 5o. del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, "por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario" - [Resumen automatizado: 1. El señor Edgar Eduardo Acero Acosta, instauró acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 147 numeral 5º de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, modificado por el artículo 29  de la Ley 504 de 1999.[1] El actor sostiene que la norma acusada, pese a haber perdido vigencia, sigue siendo aplicada en algunos distritos judiciales para imponer a las personas condenadas por los Jueces Penales del Circuito Especializados mayores exigencias para acceder al permiso hasta de setenta y dos (72) horas, consagrado en el Código Penitenciario y Carcelario, en relación con las requeridas a otros condenados, lo que a su juicio constituye una vulneración de los derechos a la igualdad (art. || 6. El Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, interviene en representación de esta entidad para sustentar las siguientes tesis: (i) la legitimidad del actor para iniciar la acción pública de inconstitucionalidad; (ii) la necesidad de proferir un fallo inhibitorio, por cuanto la demanda no reúne los requisitos mínimos de admisibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional; (iii) en caso de encontrar mérito para pronunciarse de fondo, la Corte deberá estarse a lo resuelto en la sentencia C-394 de 1995, respecto del numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de 1993.] - [Palabras claves automatizadas: ley, norma, corte, vigencia, acusada, sentencia, derecho, fondo, demanda, normas, inconstitucionalidad, derechos, justicia, dos, acción]

Inepta demanda contra el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad", por encontrar que el actor se encuentra suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos y, en esa medida, carece de legitimación para ejercer la acción pública de inconstitucionalidad. S.V - [Resumen automatizado: Al respecto, por ejemplo, en la Sentencia C-536 de 1998 la Corte sostuvo: “El derecho que sustenta la posibilidad de instaurar acciones públicas de inconstitucionalidad es de naturaleza política, y tiene por objeto la preservación del orden institucional en sí mismo, con independencia de intereses individuales propios o ajenos, lo que significa que está reservada a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes hayan alcanzado la ciudadanía y estén en el ejercicio de ella. || Así fue explicado desde la Sentencia C-536 de 1998, donde la Corte se declaró inhibida para proferir decisión de mérito en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano, quien se encontraba suspendido del ejercicio de sus derechos políticos debido a una condena penal en su contra. || Así fue explicado desde la Sentencia C-536 de 1998, donde la Corte se declaró inhibida para proferir decisión de mérito en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano, quien se encontraba suspendido del ejercicio de sus derechos políticos debido a una condena penal en su contra.] - [Palabras claves automatizadas: corte, ejercicio, pena, ciudadano, derechos, inconstitucionalidad, acción, pública, derecho, demanda, constitución, políticos]