INEXEQUIBLE inciso 2o. del numeral 4 del Art. 313 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal-, en cuanto a que la remisión a los artículos 308 y 310 implica concentrar la valoración de la medida de aseguramiento sólo en criterios subjetivos orientados por niveles de peligrosidad según las capturas decretadas o legalizadas en otros procesos. Estos elementos le permitirían al juez de control de garantías decretar la detención preventiva a partir solo del perfil de la persona, sin tener en cuenta otros elementos, tales como la conducta cometida y su gravedad, la necesidad de la imposición de la medida, entre otros. En otras palabras, se reconocería la posibilidad de detener y juzgar a una persona, solo en virtud de su pasado, o por la forma de ser o conducir su vida (derecho penal de autor), y no en virtud de sus actos, situación que es contraria al inciso 2 del artículo 29 de la Constitución y a las reglas fijadas por la sentencia C- 121 de 2012\ La detención preventiva a que se refiere el mismo numeral en el inciso 1. procede cuando la persona haya sido captura por conductas constitutivas de delito o contravención dentro de los tres (3) últimos años, EN EL ENTENDIDO de que por captura sólo pueden tenerse aquellas aprehensiones en que haya mediado orden de autoridad competente con el pleno de las formalidades legales o la que fuere fruto de legalización, por el juez de control de garantías en los demás casos (flagrancia, por ej.). Descartándose así que la mera aprehensión física, o la conducción y registro posterior en libros de minuta policial, etc., constituyan la "captura" a la que alude la norma examinada - [Resumen automatizado: Por otra parte, aclara que aunque en la sentencia C-425 de 2008 la Corte declaró exequible el artículo 26 de la Ley 1142 de 2007, conforme al cual se amplió como motivo de detención preventiva la captura por delito o contravención dentro del año anterior, debe tenerse en cuenta que (i) si bien la medida de detención preventiva es cautelar y provisional, en la práctica cotidiana opera como una pena anticipada que inclusive se abona a la pena en caso de condena, (ii) el legislador tiene libertad de configuración sobre las medidas preventivas, siempre y cuando tenga nítido soporte constitucional, (iii) no es lógico asumir que dos capturas en el mismo año hagan necesaria la privación de la libertad, lo que sí es lógico es constatar el fracaso de la cárcel y la resocialización para adoptar medidas que brinden otras oportunidades a estas personas, y (iv) en todo caso, aquella disposición entonces juzgada difiere de la aquí impugnada, pues allí se hablaba de una captura en el año anterior y ahora se trata de una captura dentro de los tres años anteriores.] - [Palabras claves automatizadas: constitucionalidad, penal, sentencia, derecho, juez, persona, ley, preventiva, corte, medida, libertad, aseguramiento, captura]

La aprehensión con fin judicial prevista en el artículo 168 del Código Nacional de Policía únicamente procede en casos de flagrancia y con respeto de las reglas de protección del domicilio, previstas en el artículo 32 de la constitución política.\ Condicionó la exequibilidad de las expresión "señalada de haber cometido infracción penal", en el entendido de que corresponde a una de las hipótesis de flagrancia, que consiste en haber sido señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. \ También condicionó la exequibilidad de las expresiones "cuando un particular haya pedido auxilio o la haya aprehendido", en el entendido de que igualmente corresponden a hipótesis de captura en flagrancia y, por lo tanto, para que proceda la aprehensión, es necesario que exista relación de inmediatez entre el hecho considerado punible y la aprehensión. \ Condicionó la expresión "privado", en el entendido de que la captura en flagrancia en el domicilio, procede por parte de la Policía Nacional, en los términos del artículo 32 de la Constitución, es decir que el ingreso es legítimo cuando la persona es aprehendida como resultado de una persecución y se refugia en su propio domicilio o, cuando tratándose del domicilio de otra persona, se cuenta con la autorización del morador para acceder al mismo.\ En lo relativo a la aprehensión en lugares abiertos al público, encontró este tribunal que, al no corresponder al domicilio de las personas, no vulnera el artículo 28 de la Constitución - [Resumen automatizado: Respecto de esta última, el oficio explica que, de acuerdo con la jurisprudencia, la captura preventiva administrativa debe cumplir 9 requisitos: (i) deben existir motivos fundados, objetivos que indiquen que la persona captura es probablemente autora de infracción o partícipe de ella; (ii) debe ser necesaria, es decir que debe operar en situaciones de apremio que impiden exigir la orden judicial, so pena de que la captura sea ineficaz; (iii) tiene como único objeto verificar, de manera breve, los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o para identificar a la persona y, si es del caso, poner a la persona a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se investigue la conducta; (iv) está sometida a limitaciones temporales, ya que no puede sobrepasar las 36 horas, luego de las cuales la persona debe ser liberada o puesta a orden de autoridad judicial competente; (v) la medida debe ser proporcionada en razón de la gravedad del hecho y no puede significar una limitación desproporcionada de la libertad de la persona; (vi) se aplica el habeas corpus con fundamento en el artículo 30 de la Constitución; (vii) no pueden ser detenciones discriminatorias respecto de ciertos grupos sociales por prejuicios “peligrosistas”; y (ix) la realización de la captura administrativa o gubernativa debe respetar la dignidad humana, lo que implica que se deben informar las razones de la detención, los derechos que le asisten, incluida la asistencia de un abogado y a no declarar contra sí mismo o sus próximos y el trato de ser humano.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, judicial, persona, aprehensión, flagrancia, norma, corte, sentencia, orden, constitución, policía]

Los criterios para justificar la detención preventiva cuando se estime que la libertad representa un peligro para la sociedad, no contrarían los artículo 28 de la Constitución, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el 93 de la C.P. La Corte reiteró su jurisprudencia (sentencias C-395-94, C-774-01, C-805-02, C-1154-05) en el sentido que para la completa determinación del concepto de detención preventiva y los eventos en que ella procede, la Constitución ha dejado un amplio margen a la potestad de configuración del legislador, la cual sin embargo, no está exenta de límites, puesto que debe ejercerse de manera que respete tanto la naturaleza cautelar de la figura, como los principios y derechos constitucionales. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código Penal de Procedimiento Penal"; Art. 310 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Sin embargo, por un lado, es obvio que la regulación legal sobre la restricción o privación preventiva de la libertad del imputado será susceptible de espacios interpretativos y, por el otro, es claro que las reglas que el legislador debe incorporar para la procedencia de la medida de aseguramiento comportan un conjunto de elementos, especialmente en términos de los fines perseguidos y las justificaciones admisibles de la medida, que suponen una necesaria actividad de subsunción y valoración de las circunstancias del caso concreto, todo lo cual, como indica la jurisprudencia constitucional, no va en detrimento del principio bajo análisis[28]. || (xiv) El Acto Legislativo prevé que el juez de control de garantías podrá decretar medidas que garanticen (xiv.i) la comparecencia de los imputados al proceso penal, es decir, evitar la fuga o contumacia del procesado y asegurar así el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria (xiv.ii) la conservación de la prueba y evitar la obstrucción del proceso en general, y (xiv.iii) la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas, objetivo fundado en la prevalencia del interés general y fines esenciales del Estado como el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes constitucional, el aseguramiento de la convivencia pacífica, entre otros.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, corte, medida, aseguramiento, medidas, preventiva, derechos, proceso, sentencia, detención, derecho]; Art. 310 (parcial) : Exequible

¿Para modificar la Ley 906 de 2004, debió el legislador solicitar previamente el concepto de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio creada por el artículo 4º del Acto Legislativo No. 3 de 2002? - Facultades de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio. (ii) ¿El hecho de que la investigación deba iniciarse de oficio en delitos que la ley define como querellables, cuando se presenta la captura en flagrancia, viola la autonomía individual o el debido proceso penal (Art. 4)? (iii) ¿la garantía de la defensa material y técnica en el proceso penal, exige que no se pueda iniciar la investigación penal sin la presencia física del imputado (Art. 18. Par. 1o.)? - Señala la declaratoria de ausencia y la contumacia como dos excepciones válidamente admitidas en el ordenamiento superior que admiten la investigación y juzgamiento en ausencia del imputado o acusado. (iv) ¿Al autorizar la norma demandada que el fiscal efectúe la legalización de la captura y fuera del término máximo señalado en la Constitución, desconoce los artículos 28 y 250 superiores (Art. 18, Par. 3o.)? - Carácter perentorio del plazo a que hace referencia el artículo 28 de la CP. (v) ¿vulnera la presunción de inocencia del imputado, la regulación legal que autoriza decretar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario cuando el aprehendido fue objeto de otra captura dentro del año anterior (Art. 26)? - Su finalidad es puramente procesal y asegurar el resultado exitoso del proceso penal. (vi) ¿puede la reincidencia ser tenida como criterio para excluir de subrogados y beneficios penales al sujeto activo del delito (Art. 32)?. La exclusión de beneficios y subrogados penales hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador. Reincidencia como un factor objetivo que exige el cumplimiento total de la pena. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; La totalidad de la Ley 1142 : Exequible; Art. 4 (parcial) (Mod. el Art. 74 de la Ley 906 de 2004) : Exequible; Art. 18 (Mod. el Art, 289 de la Ley 906 de 2004) Par. 1 (parcial) : INEXEQUIBLE, el resto del Par. CONDICIONALMENTE exequible; Par. 3 : INEXEQUIBLE; Arts. 26 (Adic. el Art. 313 de la Ley 906) y 32 (Adic. el Art. 68A de la Ley 599): Exequibles; Art. 27 Par. 1o. : Estarse a lo resuelto. SV - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || En cuanto a los reproches formulados contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 1142 de 2007, la Vista Fiscal refiere 4 argumentos con base en los cuales considera que la Corte debe declarar su exequibilidad, a saber: i) el carácter querellable del delito depende de la política criminal que determina el legislador dentro de su libertad de configuración normativa del debido proceso penal; ii) el hecho de que la acción se inicie de oficio no implica que sean inaplicables las figuras del desistimiento o los mecanismos de justicia restaurativa y, a pesar de que es cierto que no operaría la caducidad para la interposición de la querella, esta situación no afecta el debido proceso porque "ésta no es una prerrogativa constitucional ni mucho menos fundamental para el procesado"; iii) no existe derecho constitucional a iniciar la acción penal cuando se está frente a algunos delitos señalados por el legislador como querellables y, iv) es razonable que en situaciones de flagrancia se imponga el deber estatal de adelantar la acción penal para hacer respetar los derechos de la comunidad y la vigencia del orden justo.] - [Palabras claves automatizadas: penal, proceso, ley, juez, corte, defensa, libertad, derecho, derechos, captura, medida, norma, puede, debe]; Art. 27 Par. 1o. : Estarse a lo resuelto. SV

¿La previsión de limitar la procedencia del beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la detención en el lugar de residencia del imputado, o en un centro asistencial, vulnera la dignidad humana, la presunción de inocencia, la libertad personal, el principio de necesidad de la medida restrictiva de la libertad y la excepcionalidad de la detención preventiva;? ¿El precepto acusado vulnera el principio de igualdad, por crear una discriminación injustificada y desproporcionada entre los imputados de diversos delitos, con base en la adecuación típica de las conductas punibles?. Límites a la potestad de configuración del legislador en materia de medidas restrictivas de la libertad personal. La naturaleza fines de la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; Art. 27, Par. (Modifica el Art. 314 de la Ley 906 de 2004) : CONDICIONALMENTE exequible. SV - [Resumen automatizado: La sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la que se ejecuta en el lugar de residencia del imputado o acusado se aplica en atención a diversos criterios: (i) teleológico y de necesidad, por el que se justifica la sustitución en el cumplimiento de los fines propios de la medida de aseguramiento, esto es, en el principio de necesidad inferido a partir de valoraciones relativas a la suficiencia de la medida para la satisfacción de los fines que la misma debe cumplir en el caso particular, juicio que debe fundarse en datos empíricos como la vida personal, laboral, familiar o social del imputado; (ii) de especiales exigencias de protección, o discriminación positiva basados en exigencias constitucionales de protección reforzada en relación con determinados sujetos merecedores de especial protección, como por razones de edad del imputado (a) o acusado (a) mayor de 65 años concurrente con su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito, de los que surge la conveniencia de su reclusión en el lugar de residencia, la proximidad del parto, que se aplica dos meses o menos antes del parto, y seis meses siguientes al nacimiento, el estado de grave enfermedad del imputado (a) o acusado (a), dictaminado por médicos oficiales, y la condición de madre o padre cabeza de familia que esté al cuidado de hijo menor, o que sufriere incapacidad permanente.] - [Palabras claves automatizadas: detención, medida, libertad, preventiva, sustitución, aseguramiento, meses, juez, fines, parágrafo, necesidad]; Art. 27, Par. (Modifica el Art. 314 de la Ley 906 de 2004) : CONDICIONALMENTE exequible. SV

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º (parcial) del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. ¿El límite de 12 años de edad, vulnera el derecho a la igualdad de trato de los menores de 12 a 18 años de edad, hijos de padre o madre cabeza de familia detenido preventivamente, al no tener la opción de que la autoridad judicial pueda sustituir la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la del lugar de residencia? Sustitución de la detención preventiva. Vulneración del principio de igualdad constitucional. Derechos fundamentales de los niños. Quiénes son menores de edad. Legitimidad del trato diferencial. Art. 314 Num. 5 : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: A juicio de la representante de la Procuraduría, la finalidad de la norma acusada es la de establecer una alternativa jurídica para la madre o padre cabeza de familia que tenga que soportar una detención preventiva, con el fin de proteger los intereses superiores de los niños, independientes de cualquier otra consideración, es decir, la medida busca hacer efectivos valores constitucionales como la dignidad de las personas y la protección a los menores de edad. || "las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos." (Sentencia T-397 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)] - [Palabras claves automatizadas: años, protección, familia, menores, corte, norma, menor, niños, derechos, edad, cabeza, detención]