¿En el evento en que una persona alegue la violación del debido proceso porque las autoridades judiciales que conocieron de su proceso por lesiones personales causadas en accidente de tránsito, desconocieron la prohibición de la reformatio in pejus, por cuanto luego de apelar como recurrente único la sentencia de condena, el Juez que decidió el recurso adicionó la sentencia incluyendo como pena la interdicción de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, configura una vía de hecho? La vía de hecho por defecto sustantivo en la decisión judicial al desconocer el principio de favorabilidad. Tránsito de legislación y principio de la prohibición de la reformatio in pejus. Concedida - [Resumen automatizado: Es claro que la naturaleza de la no reforma en peor del apelante único constituye una garantía constitucional de primera generación, sujeta al amparo por vía de acción de tutela, y que su aplicación, goza de un valor adicional que la hace superar otros valores como la legalidad de la pena. || Por el mismo actor, se recurrió la decisión que desató la primera instancia, reiterando la jurisprudencia constitucional que existe en torno a las vías de hecho judiciales, en este concreto asunto frente al aspecto del desconocimiento del principio de la prohibición de la reformatio in pejus. || Habida cuenta de lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala expondrá la doctrina constitucional establecida por esta Corporación frente a la vía de hecho; hará un análisis sobre los fundamentos en que se inspira el principio de la favorabilidad y el tránsito de legislación; así como también el alcance que constitucionalmente tiene el postulado de la prohibición de la reformatio in pejus.] - [Palabras claves automatizadas: principio, tutela, pena, apelante, corte, penal, hecho, sentencia, decisión, si, único, prohibición, bogotá, ley]

Tutela contra providencia judicial. Proceso por inasistencia alimenticia. Delito cometido durante cambio de normatividad. Delito de ejecución permanente. Agravación de fallo en segunda instancia porque en primera instancia el juez omitió aplicar de la Ley 599 de 2000, Art. 233, que ya había derogado el Art. 270 del Código del Menor. Concedida. Procedimiento que debió seguirse para subsanar el error- principio de legalidad, al no seguirse se permitió que el condenado asumiera la calidad de apelante único y que en su favor se consolidara el derecho fundamental que le proscribe al superior agravar la pena - Reformatio in pejus - [Resumen automatizado: Respecto de la primera situación, la jurisprudencia de esta Corporación siempre ha sido clara: La tensión entre la no reformatio in pejus y el principio de legalidad se pondera de tal manera que se da prelación al primero sobre el segundo: Al condenado no se lo puede hacer víctima de los errores cometidos por los agentes estatales al momento de la imposición de la pena, mucho más si en el proceso existen mecanismos que permitían ajustar la pena a la ley sin menoscabar los derechos fundamentales del sentenciado.] - [Palabras claves automatizadas: pena, único, penal, derecho, principio, superior, condenado, apelante, fundamental, procesado, legalidad, reforma, delito, juez, perjuicio]

Tutela por debido proceso. Principio de la prohibición de reformatio in pejus o reforma en perjuicio del condenado en el proceso penal. No concedida por que el condenado no interpuso recurso de casación en la oportunidad debida, los argumentos para dicha omisión, como falta de recursos económicos para contratar abogado, no son recibidos - [Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO BELTRAN SIERRA, MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAUJO RENTERIA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente, || Interpuesto el recurso dentro del término establecido por la ley, se dio traslado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Penal, para que éste lo desatara, correspondiéndole por reparto al Magistrado Fernando Arrieta Charry, y aquel dictó sentencia condenatoria con fecha mayo 6 de 2002, reformando el fallo de primera instancia, pero haciéndole más gravosa la pena, es decir lo condenó a 88 meses de prisión y multa de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.] - [Palabras claves automatizadas: sentencia, apelante, condenado, tutela, corte, proceso, único, recurso, acción, instancia, sala, casación, prohibición, si, pena]