¿Vulneraron las autoridades demandadas los derechos fundamentales de una menor de edad al realizar y aprobar el preacuerdo en el cual se cambió el delito de acto sexual agravado en menor de 14 años por el de acoso sexual agravado? Si bien esta entidad gozaba de cierta discrecionalidad en el proceso penal bajo estudio para definir el tipo penal, lo cierto es que la menor de edad fue víctima de un delito de violencia sexual y, por ende, dicha entidad debió asegurar su protección integral y un trato digno y respetuoso de sus garantías Constitucionales y Legales. Afirmar, como lo hizo dicho ente investigador que la niña "expresó su consentimiento frente a los hechos que se enrostran judicialmente" y que en su contra se incurrió en la conducta delictiva en una sola ocasión, resulta lesivo contra los derechos fundamentales de la menor de edad establecidos en la Constitución Política artículo 44 Superior y los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, disposiciones que exigían un trato digno y respetuoso de la agenciada. Está proscrito en el ordenamiento jurídico colombiano considerar el consentimiento o la desaprobación de la víctima como prueba para descalificar o atenuar un delito de violencia sexual, debido a que la víctima se encuentra en condición de vulneración e indefensión y, en todo caso, los menores de edad tienen viciado su consentimiento. Situación que es palmaria en el presente caso por la edad de la víctima y por las diversas condiciones de vulnerabilidad a las que fue expuesta, que fueron agravadas por el desequilibrio y el temor que le fue causado por su agresor debido a que era un docente de la institución en la que ella estudiaba quien incurrió en la conducta - [Resumen automatizado: Solicita que se ordene la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como del principio de prevalencia del interés superior del menor de edad que le asiste a la niña ADGV y, en consecuencia, se declare la nulidad del preacuerdo celebrado el 28 de agosto de 2017 entre la Fiscalía 17 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Puerto Rico (Caquetá), el señor HMV, su defensa y el representante de la víctima, así como de la Sentencia mediante la cual este fue aprobado, dictada el 31 de agosto de 2017 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá).] - [Palabras claves automatizadas: sexual, derechos, edad, menor, ley, preacuerdo, víctima, violencia, proceso, fiscalía, tutela, protección, corte]

¿La providencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado vulneró los derechos fundamentales del actor en tanto al tasar la pena le impuso un agravante a uno de los delitos que cometió sin que las conductas que el procesado aceptó permitieran endilgarle ese calificativo? Preacuerdos en el sistema penal acusatorio colombiano. Aunque en este caso el obrar del juez puede tener justificación en la manera como fueron consignados los parámetros del preacuerdo y aunque puede decirse que su actuación estuvo viciada a causa de un error inducido por el fiscal, no es menos cierto que ello no exime al fallador del cumplimiento de su labor judicial, en cuyo desarrollo no debe apartarse del deber señalado en el artículo 228 Superior, según el cual prevalece el derecho sustancial. En el fallo cuestionado no se materializó ninguno de los incentivos que condujeron al actor a llegar a un preacuerdo y pese a que el señor XX cumplió con su parte del arreglo y, por el contrario, lo único que obtuvo fue la imposición de un agravante en unos términos que la ley penal no permite, por cuanto ninguna de los eventos delictivos aceptados superó la cantidad de cocaína que el legislador determinó para calificar de esa manera la conducta - [Resumen automatizado: José Antonio Sandoval Galvis, por intermedio de un defensor público, acudió a la acción de tutela en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y los demás que resulten vulnerados con la acción y omisión de dicho despacho judicial de corregir una sentencia en la que, a su parecer, se aplicó erróneamente el preacuerdo que celebró con la Fiscalía para la resolución de su caso. || Lo anterior es de gran importancia, pues al permitir otro tipo de ajustes que influyan en el contenido jurídico sustancial de la decisión, se pueden generar afectaciones al principio de cosa juzgada, luego, como no es tan palmaria la adecuación de lo ocurrido a la viabilidad de corregir la sentencia por yerro aritmético, esta Corte procederá a realizar el análisis de la tutela contra providencia judicial, pues la simple corrección podría producir una variación en la calificación de la conducta delictiva del señor Sandoval que, a juicio de la juez, se acompasa con lo señalado en el preacuerdo y tendría incidencias en su pena y multa, así como capacidad para alterar un asunto resuelto, con riesgo de la cosa juzgada en materia penal, ya que, se repite, la modificación de aspectos considerados tangenciales podría incidir directamente en la parte motiva.] - [Palabras claves automatizadas: juez, tutela, puede, sentencia, derecho, judicial, en, corte, preacuerdo, pena, proceso, defensa, pues, derechos, actor, cuenta, meses, error]

¿Se configura una vía de hecho la celebración del preacuerdo entre la Fiscal acusada y los sindicados de un delito de abuso sexual en menores? Concedida. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales. La violación al debido proceso por defecto sustantivo se presenta cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso; cuando se realiza una interpretación de la normatividad que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. Interés superior del menor es el principio orientativo para la resolución de los conflictos que involucren a un menor. Criterios para la protección de los derechos e intereses de los menores: prevalencia del interés del menor; garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere; previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable y en condiciones de libertad y dignidad. Los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un delito corresponden a la verdad, justicia y reparación del daño. El acuerdo o la negociación comporta: el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado o acusado; la existencia de un fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la renuncia libre, conciente, voluntaria y debidamente informada del imputado o acusado al juicio público, oral, concentrado y contradictorio y; los descuentos punitivos derivados del acuerdo. Frente a la violencia intrafamiliar y frente a delitos de alto impacto como son los sexuales que atentan contra los derechos humanos fundamentales de los niños, no deben permitirse este tipo de negociaciones entre el fiscal y los acusados. - [Resumen automatizado: La decisión de la Fiscal configuró un defecto sustancial, por dos razones: (a) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación del preacuerdo fue inaceptable por ser evidentemente contrario al ordenamiento jurídico; (b) la ausencia de consideración y aplicación del principio de primacía de la prevalencia del interés superior de las menores víctimas del delito contra su integridad sexual c) la evidencia de que la norma referida a los preacuerdos había perdido vigencia en los casos de menores abusados sexualmente, tal como se demostró. || Según lo ha expresado esta Corporación, la tutela contra decisiones judiciales, en las condiciones señaladas, encuentra un claro fundamento en la implementación por parte del Constituyente del 91 de un nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, derecho, proceso, tutela, menores, protección, penal, corte, sentencia, víctimas, menor, justicia, judiciales]