¿Se vulneran los derechos fundamentales de una mujer cabeza de familia que alega ser víctima del conflicto armado, cuando se niega su inscripción en el Registro Único de Víctimas con fundamento en que los hechos victimizantes de homicidio, amenazas y desplazamiento forzado que ha padecido supuestamente no sucedieron con ocasión del conflicto armado toda vez que, presuntamente, fueron cometidos por una banda criminal y por tanto, ejecutados por un actor armado sin móviles ideológicos o políticos? Desde su misma definición, la Ley 387 de 1997 no restringe ni circunscribe la condición de desplazamiento a la existencia de un conflicto armado interno; (ii) la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional del concepto de víctima contenido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y sus distintos componentes, según la cual se debe atender a una noción amplia de la expresión "con ocasión del conflicto armado interno"; (iii) las víctimas de desplazamiento forzado son titulares de un derecho fundamental a ser reconocidas como tales mediante el registro y, por consiguiente, a acceder al RUV cuando cumplan las condiciones previstas por la ley; (iv) las víctimas de desplazamiento forzado son sujetos de especial protección constitucional que tienen derecho a medidas particulares de salvaguarda, retorno, reasentamiento y reubicación así como a un trato urgente, preferente, distinto y excepcional; (v) el RUV tiene una gran importancia para el goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado; y (vi) la diferencia de trato entre víctimas por razón de la naturaleza del victimario constituye una discriminación prohibida en la Constitución - [Resumen automatizado: Además, la Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y procedente para que las personas en situación de desplazamiento soliciten su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), en aquellos casos en los cuales su petición fue denegada con fundamento en que los hechos victimizantes se originaban en actos de delincuencia común[31]. || De manera reiterada, la Corte Constitucional ha amparado los derechos fundamentales de personas víctimas de desplazamiento forzado a quienes la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas --UARIV- les ha negado su derecho a la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), con fundamento en que los hechos victimizantes: (i) fueron perpetrados por las denominadas Bandas Criminales Organizadas (BACRIM); (ii) se originaron en actos de delincuencia común; (iii) no ocurrieron con ocasión del conflicto armado interno; o (iv) el peticionario no logró probar su relación con dicho fenómeno.] - [Palabras claves automatizadas: armado, conflicto, víctimas, desplazamiento, ley, único, derechos, registro, hechos, relación, tutela, víctima, interno, ocasión, inscripción, forzado]

¿Vulneró la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas los derechos fundamentales de la accionante al no exponer en el acto administrativo por medio del cual se le comunicó la decisión de no reconocer su calidad de víctima de los grupos organizados al margen de la ley las razones por las cuales se llegó a tal decisión y negar la expedición de una copia del acta en donde se decidía su solicitud, a pesar del deber que tiene la Administración de motivar los actos administrativos y resolver de fondo las peticiones elevadas por los ciudadanos?Concede.La motivación de los actos administrativos es una garantía para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa como componente del derecho al debido proceso administrativo, por lo que si el acto no se encuentra motivado, el particular estará impedido de ejercer las facultades que emanan de los derechos fundamentales referidos, es decir, el derecho a ser oído, a aportar y controvertir pruebas y a una decisión fundada.Aún en los casos en donde no se requiera motivar un acto administrativo, ello no significa que no deban existir razones suficientes para la expedición del mismo, ya que la ausencia de éstas sería equiparable con el concepto de arbitrariedad en la actuación. En suma, dada la importancia que tiene en un Estado Social de Derecho el respeto por el debido proceso administrativo, las autoridades públicas están en la obligación de motivar debidamente sus decisiones, a menos que el legislador expresamente autorice la expedición de un acto administrativo sin motivación - [Resumen automatizado: El 13 de marzo de 2012 la peticionaria elevó una nueva petición a la Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que se le expidiera copia del acta No. 4 de abril de 2010 mediante la cual se negó su calidad de víctima, con el fin de "analizar los argumentos esbozados para negar mi solicitud y de esta manera ejercer mi derecho de contradicción", sin que hasta la fecha de presentación de la tutela se hubiera dado respuesta a la misma.[6] || Segundo.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir de la notificación de la presente sentencia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, expida un nuevo acto administrativo en el que resuelva la solicitud de reparación administrativa elevada por la señora Luz Stella Solarte Betancourt que contenga la motivación suficiente por la cual se decidió no reconocer su calidad de víctima.] - [Palabras claves automatizadas: petición, respuesta, decreto, administrativa, víctimas, víctima, calidad, derecho, solicitud, administrativo, decisión, acto, atención, unidad]

Procedencia de la acción de tutela para inaplicar actos administrativos de carácter general. Derechos fundamentales y colectivos en relación con la protección de las víctimas de los grupos que se benefician con la Ley 975 de 2004. Publicidad y reserva de las diligencias de versión libre en los procesos de justicia y paz. Limitación del derecho de las víctimas a participar en las diligencias de versión libre en los procesos de justicia y paz. Las víctimas deben acreditar el daño. Intervención de dos abogados en la diligencia de versión libre. Prohibición a las víctimas de interrogar y contrainterrogar en las diligencias de versión libre en los procesos de justicia y paz. Negada - [Resumen automatizado: i) El principio de publicidad de las actuaciones judiciales admite excepciones consagradas por la ley para proteger derechos fundamentales y desarrollar principios y valores constitucionales; ii) la etapa de la investigación penal es reservada respecto de la comunidad en general, pero no en relación con las víctimas, quienes pueden conocer las diligencias dirigidas a indagar sobre la verdad de lo sucedido para hacer eficaz la justicia del Estado y; iii) las decisiones judiciales y administrativas que impidan a las víctimas conocer las diligencias de versión libre en los procesos de justicia y paz, podrían resultar contrarias a los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las víctimas consagrados en la Constitución y en diferentes instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. || En cuanto a las medidas que limitan el derecho a la participación de las víctimas en la diligencia de versión libre (deben acreditar sumariamente la ocurrencia del daño, una persona por familia, 2 abogados por hecho investigado, reserva de las diligencias y la imposibilidad de interrogar y contrainterrogar directamente a los desmovilizados), la Fiscalía dijo que se ajustan a la Constitución porque, tal y como lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C-370 de 2006), de un lado, resultan razonables y proporcionales y, de otro, la naturaleza de estos procesos penales evidencia la separación entre las fases de la investigación y el juzgamiento, lo cual hace que las víctimas no tengan un papel activo en esta etapa del proceso.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, derechos, versión, libre, justicia, proceso, penal, acción, investigación, diligencias, derecho, general, víctima, ley]