El artículo 44 de la Ley 1407 de 2010, "por la cual se expide el Código Penal Militar", al establecer la conversión de multa impuesta como pena principal en arresto, cuando el condenado no la pagare o amortizare, no desconoce la prohibición constitucional de detención, prisión o arresto por deudas.\ La Sala Plena concluyó que el artículo 44 de la Ley 1407, al disponer la conversión de la multa en arresto, no está mutando la naturaleza de la obligación penal en otra distinta, por lo que no puede considerarse comprendida dentro del concepto de "deuda" a que se refieren las normas superiores. En efecto, solo las obligaciones con naturaleza y origen diferente a la conducta delictiva pueden considerarse comprendidas por la prohibición constitucional de detención, prisión o arresto por deudas aludida por el demandante - [Resumen automatizado: El demandante argumentó que la disposición acusada desconocía la prohibición de detención, prisión o arresto por deudas, establecida en el inciso 3 del artículo 28 superior y el numeral 7 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en su concepto la multa constituye un crédito a favor del Estado que, materialmente, corresponde en su naturaleza y esencia al de “deuda”, referido en las disposiciones superiores. || Con base en estos elementos de la demanda, la Corte formuló el siguiente problema jurídico: ¿el Legislador, al establecer la conversión de multa impuesta como penal principal en arresto, cuando el condenado no la pagare o amortizare, desconoce la prohibición constitucional de detención, prisión o arresto por deudas? || Teniendo en cuenta estos dos elementos fundamentales, la Sala Plena concluyó que el artículo 44 de la Ley 1407, al disponer la conversión de la multa en arresto, no está mutando la naturaleza de la obligación penal en otra distinta, por lo que no puede considerarse comprendida dentro del concepto de “deuda” a que se refieren las normas superiores.] - [Palabras claves automatizadas: arresto, multa, deudas, corte, comisión, constitucional, consecuencia, conversión, penal, naturaleza, si, ley, prisión, obligación, prohibición]

Condiciona el alcance de la ley 1765 de 2015, toda vez que de acuerdo con el artículo 221 de la Carta Política, los miembros de la Fuerza Pública en retiro solo pueden someterse a la Justicia Penal Militar y Policial en relación con delitos cometidos durante el servicio y en relación con el mismo; a su vez, el personal civil no uniformado vinculado a la justicia penal militar, únicamente, en relación con las medidas de carácter laboral y administrativo en ella previstas, en cuanto las mismas les sean exigibles por razón de su vinculación a la planta de personal de los órganos de la Justicia Penal Militar y Policial. \ Condiciona los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, para garantizar los derechos a las víctimas, a través de permitirle su intervención en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía Penal Militar y Policial y el imputado o acusado. Inexequible el vocablo "directo" contenido en el artículo 294 de la Ley 1407 de 2010, acorde con el concepto de víctima, según lo que ha entendido la jurisprudencia constitucional, pues como tal debe entenderse, además de quien sufra el daño de forma directa, de manera general, de todas aquellas personas que hubieren sufrido daño como consecuencia de los hechos victimizantes. Ley 1765 de 2015, "por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se dictan otras disposiciones"; Arts. 2 (parcial), 109 y 110 : CONDICIONALMENTE exequibles. Inepta debanda sobre la totalidad de esta ley y sus Arts. 8, 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43. Ley 1407 de 2010, "por la cual se expide el Código Penal Militar"; Arts 491A y 493 : CONDICIONALMENTE exequibles. Art. 299 Num. 4 : INEXEQUIBLE. Art. 299, Num 5 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. Inepta demanda sobre el art. 298 - [Resumen automatizado: Las ciudadanas y ciudadanos Luz Marina Bernal Parra, María Ubilerna Sanabria López, María del Pilar Navarrete Urrea, Juan Francisco Lanao Anzola, Gustavo Arley Trejos, Luis Guillermo Pérez Casas, Jomary Ortegón Osorio, Fabián Eduardo Wilches García, Mauricio Ortiz Coronado, Claudia Liliana Erazo Maldonado, Daniel Ricardo Vargas Díaz, Alberto de Jesús Yepes Palacio, Shaira Alexandra Rivera Gallo, Iván Cepeda Castro, Alirio Uribe Muñoz, Germán Navas Talero[1], Ángela María Robledo Gómez, Agustín Alberto Jiménez Cuello, Daniel Ricardo Vargas Díaz y Angélica María Chaparro[2], presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 (parcial), 3 (parcial), 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 54 (parcial), 58, 65, 71, 72, 74, 75, 83, 90, 109 (parcial) y 110 de la Ley 1765 de 2015, "Por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se dictan otras disposiciones"; y contra los artículos 294 (parcial), 298 y 299 (parcial) de la Ley 1407 de 2010, "Por la cual se expide el Código Penal Militar".] - [Palabras claves automatizadas: militar, penal, policial, justicia, ley, corte, cargos, fiscalía, víctimas]; Arts. 2 (parcial), 109 y 110 : CONDICIONALMENTE exequibles. Inepta debanda sobre la totalidad de esta ley y sus Arts. 8, 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43. Ley 1407 de 2010, "por la cual se expide el Código Penal Militar"; Arts 491A y 493 : CONDICIONALMENTE exequibles. Art. 299 Num. 4 : INEXEQUIBLE. Art. 299, Num 5 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. Inepta demanda sobre el art. 298

El principio de oportunidad no puede ser aplicado en la justicia penal militar y policial. Lo anterior tiene sustento en el mismo texto constitucional, por cuanto, de manera expresa, el inciso primero del artículo 250, en concordancia con lo previsto en el artículo 221 superior, excluye de la competencia de la Fiscalía General para ejercer la acción penal e investigar las conductas punibles de las que tengan conocimiento, los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, que se confirió por el constituyente a la jurisdicción penal militar, como también, está excluida la posibilidad de que se aplique por esta justicia especializada, el principio de oportunidad concebido como uno de los elementos que caracterizan el sistema procesal penal ordinario en Colombia. Ley 1765 de 2015 , "por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se dictan otras disposiciones"; Arts. 30 (parcial), 111, 112 (parcial), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 : INEXEQUIBLES - [Resumen automatizado: Teniendo en cuenta que, tanto de la aplicación de los métodos histórico, sistemático y teleológico de interpretación en torno al contenido del vigente artículo 250 superior, como de las exigencias y graves implicaciones que rodearían la aplicación del principio de oportunidad en el ámbito de la justicia penal ordinaria y/o penal militar, se concluye que se requeriría de una expresa previsión constitucional que permita su incorporación en cada uno de estos ámbitos, y considerando que el referido artículo 250 solo contempla la aplicación de este mecanismo para los procesos a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la jurisdicción penal ordinaria, al paso que ni esta ni ninguna otra norma constitucional autoriza la posibilidad de aplicar esa misma figura dentro del ámbito de la justicia penal militar, sino que, por el contrario, su valoración en los términos consignados en este fallo, se traduce en su prohibición en esta última especialidad, la Corte determinó que el desarrollo legislativo contenido en los apartes acusados de los artículos 30 y 112, además de la totalidad de los artículos 111 y 113 a 120 de la Ley 1765 de 2015, resulta contrario al referido texto constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: principio, justicia, penal, oportunidad, aplicación, militar, constitucional, constitución, delitos, servicio]; Arts. 30 (parcial), 111, 112 (parcial), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 : INEXEQUIBLES

La explícita referencia al derecho internacional humanitario como marco normativo aplicable en las investigaciones que se adelanten contra miembros de la fuerza pública por hechos relacionados con el conflicto armado, no puede excluir la aplicación convergente y complementaria del derecho internacional de los derechos humanos. Para la Corte esta es la única interpretación compatible con el deber del Estado de garantizar y proteger el núcleo común que comparten el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que como lo ha subrayado su jurisprudencia son "normatividades complementarias que, bajo la idea común de la protección de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el régimen internacional de protección de los derechos de la persona humana". Acto legislativo 1 de 2015, "por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia"; Art. 1 (Mod. 221 de la C.P) : Exequible - [Resumen automatizado: En relación con este cargo, consideran que el eje definitorio de la Constitución correspondiente a la autonomía e independencia judicial, como desarrollo del principio de separación de poderes, fue sustituida por el acto legislativo demandado, al establecer que en la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la fuerza pública, los jueces y fiscales no cuentan con autonomía e independencia al tener que aplicar obligatoriamente el DIH, excluyendo la aplicación de otros cuerpos normativos de igual relevancia constitucional como el DIDH. || Sostienen que el Acto Legislativo 01 de 2015 sustituyó parcialmente la Constitución al introducir un elemento normativo nuevo e incompatible con la autonomía e independencia judicial, el cual puede expresar de la siguiente manera: “[l]os fiscales y jueces de la República no cuentan con autonomía e independencia para elegir las normas jurídicas que consideren pertinente aplicar, cuando se trate de investigar y juzgar las conductas punibles cometidas por miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado, evento en el cual debe aplicar las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario excluyendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, constitución, corte, dih, constitucional, derecho, penal, normas, reforma, humanos, internacional, aplicación]; Art. 1 (Mod. 221 de la C.P) : Exequible

Cosa juzgada INEXEQUIBLE en relación con el Acto Legislativo 2 de 2012, por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia - [Resumen automatizado: Pretensiones: Los actores solicitan a esta Corporación que se declare la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2012, que modifica el artículo 221 de al Constitución Política, por considerar que “el legislador excedió su potestad de configuración legislativa como constituyente derivado, y consecuentemente su facultad de reforma constitucional, lo cual desembocó en una sustitución parcial de la Constitución”. || Cargos: El inciso 2º del artículo 3º del mencionado acto legislativo, atenta contra varios ejes definitorios y esenciales de la Constitución como "el derecho al debido proceso, el principio del juez natural, la independencia de la administración de justicia, el carácter restrictivo y excepcional del fuero penal militar y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación". || Por el contrario, la mera existencia de una jurisdicción especial, con competencias restringidas y excepcionales, y su regulación por un acto legislativo, se enmarcan dentro de la libre configuración de la Constitución por parte del Congreso de la República, pues no hay base constitucional alguna para considerar, de manera subjetiva, que la justicia penal militar no sea independiente.] - [Palabras claves automatizadas: constitución, penal, justicia, demanda, derecho, competencia, magistrado, acto, derechos, militar, delitos, corte, legislativo, norma, fuerza, miembros, pública, constitucional, política]

Cosa juzgada INEXEQUIBLE en relación con el Acto Legislativo 2 de 2012, por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Alirio Uribe Muñoz, María del Pilar Silva Garay, Yessika Johanna Hoyos Morales, Eduardo Carreño Wilches, Camilo Ernesto Fagua Castellanos, Luis Guillermo Pérez Casas, Soraya Gutiérrez Argüello, Jhon Jairo Gutiérrez Berrío, Franklin Castañeda Villacob, Iván Danilo Rueda Rodríguez, Alfonso Castillo Garzón, John Jairo Enríquez Clavijo, Gelasio Cardona Serna, Blanca Irene López Garzón, Tito Augusto Gaitán Crespo y Karen Julieth Quintero Pardo, junto con otros 387 ciudadanos cuyos nombres, números de identificación y firmas fueron adjuntadas (expediente D-9578), Gustavo Gallón Giraldo, Carlos Germán Navas Talero, Juan Camilo Rivera Rugeles, Ángela María Robledo Gómez, Laura Isabel Villamizar Pacheco, Iván Cepeda Castro y José Amelio Esquivel Villabona (expediente D-9596) presentaron ante esta Corte sendas demandas de inconstitucionalidad contra distintos apartes del Acto Legislativo 02 de 2012. || También consideran impactadas algunas de las funciones que la Constitución de 1991 encomienda a la Fiscalía General de la Nación, a propósito de la regla prevista en el inciso 4° del artículo 3° de este Acto Legislativo que prevé la intervención de una Comisión Técnica de Coordinación para determinados casos en los que hubiere duda sobre la competencia o no de la justicia penal militar, pues ello implicaría el desplazamiento de la Fiscalía, que es la que a no ser por la existencia de esta norma, debería intervenir y adelantar las correspondientes actuaciones mientras se despeja esta circunstancia.] - [Palabras claves automatizadas: legislativo, justicia, acto, militar, constitución, corte, penal, derechos, fuerza, miembros, pública, dih]

Inexequible Acto Legislativo 2 de 2012, "por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia", por vicios de trámite - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Iván Cepeda Castro, Carlos Germán Navas Talero, Ángela María Robledo Gómez, Guillermo Abel Rivera Flórez, Santiago Medina Villarreal, Gustavo Adolfo Gallón Giraldo, Ramiro Bejarano Guzmán, Franklin Javid Castañeda Villacob, Claudia Liliana Erazo Maldonado y Jaime Absalón Rincón Sepúlveda presentaron ante esta Corte demanda de inconstitucionalidad por vicios de forma contra todo el texto del Acto Legislativo 02 de 2012. || De otra parte, la Corte Constitucional encontró fundado el primer cargo de la demanda, relacionado con el hecho de que durante el quinto debate del proyecto antecedente de este Acto Legislativo cumplido ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 26 de septiembre de 2012, se infringió una regla coincidentemente contenida en dos distintos artículos del Reglamento del Congreso[51], la que prohíbe las sesiones simultáneas de comisiones y plenarias. || De otra parte, la Corte Constitucional encontró fundado el primer cargo de la demanda, relacionado con el hecho de que durante el quinto debate del proyecto antecedente de este Acto Legislativo cumplido ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 26 de septiembre de 2012, se infringió una regla coincidentemente contenida en dos distintos artículos del Reglamento del Congreso[51], la que prohíbe las sesiones simultáneas de comisiones y plenarias.] - [Palabras claves automatizadas: sesión, acto, trámite, proyecto, legislativo, sesiones, debate, cámara, constitución, plenaria, congreso, corte, constitucional, partir, parte, cargos, reforma]

Demanda por trámite de la Ley 1407 de 2010, "Por la cual se expide el Código Penal Militar".Exequible por el cargo de falta de debate en la aprobación en Plenaria del Senado de dicha ley. Inepta demanda por los cargos de falta de publicidad y de quórum - [Resumen automatizado: La Corte estableció que los artículos 145, 146, 157 y 160 de la Carta señalan los elementos fundamentales que deben reunir los debates y estableció que la Constitución dispone en primer lugar (i) que se exige un número mínimo de congresistas que deben estar presentes para iniciar la deliberación de cualquier asunto, así como para adoptar decisiones (Artículo 145, CP); en segundo término (ii) que se debe cumplir con la mayoría necesaria para adoptar decisiones en la respectiva corporación que, salvo que la Constitución exija una mayoría especial, debe ser la mayoría de los votos de los asistentes (Artículo 146, CP); en tercer lugar (iii), el carácter imperativo de los debates en las comisiones y en las plenarias, sin los cuales ningún proyecto puede llegar a ser ley (Artículo 157, CP); en cuarto lugar (iv) la necesaria publicidad de lo que va a ser sometido a debate como presupuesto mínimo para garantizar la participación efectiva de los congresistas (Artículo 157, CP); en quinto término (v), el período mínimo que debe mediar entre debates como garantía de que la decisión del Congreso sobre el proyecto de ley es producto de una reflexión ponderada (Artículo 160, CP), y por último (vi) la votación de lo discutido como finalización del debate (Artículo 157, CP).] - [Palabras claves automatizadas: debate, proyecto, ley, congreso, corte, aprobación, senado, parte, discusión, penal, demanda, si]

La irretroactividad de la ley penal impone la entrada en vigencia del Código Penal Militar a partir del momento de la promulgación, y no a partir del 1o. de enero de 2010 como lo estableció la norma. Ley 1407 de 2010, "por la cual se expide el Código Penal Militar; Art. 628 (parcial) : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: En términos de la demandante uno de los principios y reglas fundamentales del Derecho Penal Militar que consagra la Ley 522 de 1999 en su artículo 6º, es el principio de legalidad según el cual nadie puede ser imputado, investigado, juzgado o condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la ley penal militar u ordinaria vigente al tiempo que se cometió, ni sometido a una pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. || Posteriormente, el Presidente de la República objetó algunos de sus artículos antes de la sanción, de forma que los trámites de objeción se surtieron ante el Congreso de la República y la Corte Constitucional, la cual se pronunció mediante las sentencias C-533 de 2008 y C-469 de 2009, para finalmente promulgarse la Ley 1407 de 2010 el día 17 de agosto de 2010, esto es, tres (3) años después de lo previsto para su entrada en vigencia y para implementar el Sistema.] - [Palabras claves automatizadas: ley, efectos, vigencia, principio, norma, proyecto, corte, según, constitucional, no, legalidad, texto, penal, fecha, normas]; Art. 628 (parcial) : INEXEQUIBLE

¿ Incurrió el Congreso en una omisión legislativa relativa frente al artículo 221 de la Carta, por la circunstancia de no haber establecido para ser fiscal penal militar y juez de instrucción penal militar, la exigencia de ser oficial en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Militares? A juicio de la Corte, existen razones de fondo que autorizan un trato diferenciado entre algunos cargos de la Jurisdicción Penal Militar, por lo cual no se presenta la ausencia que se pretende derivar del mandato constitucional. Cuando el constituyente se refiere a la conformación obligatoria por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro de las "cortes marciales y tribunales militares", es claro que alude a los magistrados y jueces de conocimiento que los conforman y no a otros funcionarios de la jurisdicción penal militar que no ejercen funciones de juzgamiento, esto es, decisorias sobre la responsabilidad penal en el ámbito militar. Ley 940 de 2005, "por la cual se expiden normas sobre requisitos para el desempeño de cargos en la Jurisdicción Penal Militar"; Art. 4, 7, 10 y 12 (parciales) : Exequibles. Art. 13, fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Argumentó que dentro de los requisitos especiales para cada tipo de cargos en la jurisdicción penal militar como son los de Magistrado del Tribunal Superior Militar o Juez de Primera Instancia, expuestos en los artículos 6° y 9° respectivamente, se exige el requisito de ser miembro de la Fuerza Pública en servicio activo o en uso de buen retiro, con el grado correspondiente al ámbito de su competencia, conforme lo indican las normas, con lo cual se cumple a cabalidad el mandato constitucional, para el juzgamiento del personal militar o policial por delitos cometidos en servicio activo y en relación con el mismo servicio. || “… la ley 940 de 2005 establece los requisitos especiales para cada tipo de cargos en la Justicia Penal Militar y se observa que respecto de algunos, como son los de Magistrado del Tribunal Superior Militar o Juez de Primera Instancia, de acuerdo con los artículos 6° y 9° respectivamente, se exige el de ser miembro de la Fuerza Pública en servicio activo o en uso de buen retiro, con el grado correspondiente al ámbito de su competencia, conforme lo indican las normas, con lo cual se cumple a cabalidad el mandato constitucional, para el juzgamiento del personal militar o policial por delitos cometidos en servicio activo y en relación con el mismo servicio.] - [Palabras claves automatizadas: militar, corte, penal, activo, servicio, cargos, fuerza, miembros, pública, ley, justicia]; Art. 4, 7, 10 y 12 (parciales) : Exequibles. Art. 13, fallo inhibitorio

Revisión oficiosa de las objeciones presidenciales presentadas al proyecto de ley 111-06 Senado, 144-05 Cámara, "Por la cual se expide el Código Penal Militar". Cumplidas las exigencias del Art. 167 de la C.P ordenadas por la Corte en la C-533-08 - [Resumen automatizado: Por medio del oficio No. 65258 del 1º de septiembre de 2008,[3] el Ministro de Defensa Nacional manifestó al Secretario General de la Cámara de Representantes que acogía los planteamientos de la Corte, expresados en la Sentencia C-533 de 2008, en el sentido que la justicia penal militar nunca puede juzgar los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, ni ningún otro de lesa humanidad, o que signifiquen atentado contra el Derecho Internacional Humanitario y las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio. || De acuerdo con la designación que se me hizo como integrante de la Comisión Accidental para rehacer e integrar el texto al Proyecto de ley número 144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual se expide el Código Penal Militar de acuerdo con la Sentencia C-533 de 2008 de la honorable Corte Constitucional, en la cual se resolvió acerca de la constitucionalidad de los artículos 3º, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173 de dicho proyecto, objetados por el Gobierno Nacional, y sobre los cuales hubo insistencia por parte del honorable Congreso de la República, me permito rendir el correspondiente informe.] - [Palabras claves automatizadas: artículo, penal, militar, juez, podrá, audiencia, pena, años, código]

Revisión oficiosa de las objeciones presidenciales presentadas al proyecto de ley 111-06 Senado, 144-05 Cámara, "Por la cual se expide el Código Penal Militar". ¿Dentro de los delitos "no relacionados con el servicio" enunciados en el artículo 3º del proyecto de ley objetado, deben estar incluidas no solamente los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, sino además todas las violaciones a derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario? Art. 3 : Fundadas. ¿Los artículos 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173, relacionados con los delitos contra la población civil resultan contrarios a la Constitución Política, por cuanto las conductas allí descritas deben estar tipificadas por el derecho penal común y ser juzgadas por la jurisdicción ordinaria, pues ninguna de ellas puede ser considerada como un delito "en relación con el servicio"? Arts. 171, 172 y 173 : Fundadas : Inexequibles. Arts. 155, 156, 157, 158, 159, 160 : Infundadas - [Resumen automatizado: En virtud de las sentencias de constitucionalidad que ha proferido esta Corte sobre la materia, se han ido estableciendo unos criterios de interpretación que deben orientar la labor del juez constitucional al examinar los presupuestos de existencia y validez de este requisito constitucional, a saber: a) No atiende a una determinada fórmula sacramental; b) Determinación de la sesión futura en que tendrá lugar la votación del proyecto, pues, de lo contrario hace de aquél un anuncio no determinado ni determinable contrario a la exigencia constitucional; c) Continuación de la cadena de anuncios por aplazamiento de la votación salvo que en sesión anterior a la aprobación hubiere sido anunciado, y d) Cumplimiento de la exigencia constitucional cuando a pesar de no cumplirse la votación por su no realización en la fecha prevista finalmente ocurre la misma en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la próxima sesión, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las actas.] - [Palabras claves automatizadas: militar, derecho, proyecto, normas, delitos, penal, ley, servicio, corte, no, conductas]

Se demandó la totalidad del Libro III, artículos 196 a 608, los cuales regulan el procedimiento penal militar. ¿Con respecto a los artículos que regulan el procedimiento penal militar ha operado el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviviente, por la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002, que reformó el modelo procesal penal ordinario?; en este mismo sentido, ¿la falta de garantías consagradas en el sistema acusatorio, en los artículos 469 a 490; 509, 519 a 558 de la Ley 522 de 1999, desconoce la Constitución?; ¿el que Comandante General de las Fuerzas Militares sea miembro y presida el tribunal Superior Militar, atenta contra la autonomía judicial?; ¿Se vulnera el derecho de defensa al condicionarse que el imputado pueda conocer las diligencias preliminares hasta cuando se le haya recibido versión al imputado? Líneas jurisprudenciales que ha sentado la Corte en materia de estructura y funcionamiento de la justicia penal militar. Ley 522 de 1999, "por la cual se expide el Código Penal Militar"; Libro III : Exequible, Arts. 469 a 490; 509, 519 a 558 : Exequibles. Art. 237 : Exequible. Art. 453 : CONDICIONALMENTE exequible

¿Al establecer la norma demandada transitoriamente como requisito un tiempo inferior mínimo de experiencia para acceder a las vacantes que se causen en el Tribunal Superior Militar, se vulnera el derecho a la igualdad respecto de los Fiscales Delegados ante ellos y de quienes aspiren al mencionado cargo después de que la norma transitoria pierda vigencia.? Ley 940 de 2005 - Art. 6 Parágrafo Transitorio - Exequible. Parágrafos artículo 6 y 8 - Fallo inhibitorio por vicios de forma - [Resumen automatizado: El fin y las razones por las cuales buscó el legislador determinar la excepción en el requisito del tiempo mínimo de experiencia - y con ello establecer un trato distinto para quienes accedan al cargo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 940, respecto de quienes pretendan hacerlo después de este tiempo-, correspondieron a la necesidad de ponderar dos intereses. || Respecto del parágrafo transitorio del artículo 6º, considera que permitir que durante el lapso de dos años desde la entrada en vigencia de la Ley, el tiempo de experiencia requerido para ser Magistrado de Tribunal Penal Militar sea de seis años y no ocho como lo estipula el mismo artículo 6º, significa favorecer injustificadamente a algunos funcionarios, en detrimento de otros aspirantes que después de los dos años en mención pretendan ser Magistrados y de los Fiscales Delegados ante ellos a quienes no se les aplica la excepción. || Por último, el Procurador se pronuncia sobre el tercer cargo, según el cual los parágrafos transitorios vulneran el principio constitucional de igualdad al no incluir dentro de la excepción a los requisitos generales para aspirar a Magistrado de la Justicia Penal Militar, a los Fiscales Delegados que ante ellos actúan.] - [Palabras claves automatizadas: experiencia, cargo, militar, ley, requisitos, años, magistrado, parágrafo, penal, excepción]

¿Se desconoce la autonomía judicial al considerar en la evaluación del desempeño el porcentaje de fallos confirmados, revocados o anulados al funcionario calificado? ¿Desconoce el principio procesal del non bis in idem el que para la evaluación del desempeño se tenga en cuenta la no existencia de sanción disciplinaria en ejercicio del cargo? Ley 940 de 2005; Art. 5 Lit. c) - INEXEQUIBLE; Lit. d) - exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Manuel José Cepeda Espinosa - quien la preside -, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes || En lo relativo al literal c, indica el Procurador que el mero hecho de que se constaten las sentencias confirmadas o revocadas no implica que los fallos revocados envuelvan pérdida de puntos o las confirmadas traigan una evaluación favorable, asunto que sí sería contrario al principio de autonomía por lo que los funcionarios de la justicia penal militar administran justicia y en esa labor son autónomos y sólo están sometidos al imperio de la ley, como lo señalan los artículo 228 y 230 de la Constitución.] - [Palabras claves automatizadas: justicia, desempeño, evaluación, sanción, militar, penal, disciplinaria, funcionario, sentencia, cuenta, judicial, corte, superior, porcentaje]; Art. 5 Lit. c) - INEXEQUIBLE; Lit. d) - exequible

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 76, 77, 78, 79 y 80 (parciales) del Decreto 1790 de 2000. Naturaleza de la jurisdicción penal militar, sus diferencias con la jurisdicción ordinaria son relevantes. El legislador consagró un régimen especifico y diferente de la jurisdicción militar separandola de la rama judicial, por lo tanto los requisitos para el acceso a los cargos al interior de la justicia penal militar no violan el derecho a la igualdad, pues devienen de la naturaleza de los delitos allí juzgados y la calidad de los sujetos disciplinados en la justicia castrense - [Resumen automatizado: Si bien entre la jurisdicción penal ordinaria y la penal militar no se concibe un trato diferenciado en tratándose de asuntos como el sometimiento del juez a la voluntad legal, el respeto por el debido proceso y los principios de imparcialidad, independencia y autonomía judiciales - dado que éstos son los fundamentos esenciales de la función de administrar justicia que ambas jurisdicciones comparten -, sí puede el legislador establecer diferencias relevantes en relación con la organización y estructura de cada jurisdicción, con el procedimiento que debe respetarse en los juicios correspondientes y con el juzgamiento de los delitos puestos a su consideración. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Clara Inés Vargas Hernández - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes, || a) ¿Es inconstitucional, por vulnerar el principio de igualdad constitucional, que el literal a) del artículo 76 del Decreto 1790 de 2000 impida a funcionarios judiciales de la justicia ordinaria ocupar el cargo de Fiscal Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar, pese a cumplir con el requisito de 3 años de experiencia que exige la norma para los aspirantes a dicho cargo?] - [Palabras claves automatizadas: militar, penal, cargo, cargos, justicia, jurisdicción, corte, pública, requisitos]

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 77 del Decreto 1797 de 2000. Las faltas cometidas por los miembros de la Justicia Penal Militar son determinadas con base en el régimen legal previsto para los funcionarios de la rama judicial, lo cual no significa que por esta misma razón la jurisdicción que tenga competencia para conocer las investigaciones disciplinarias sea la jurisdicción disciplinaria de la rama judicial, ya que la aplicabilidad de los estatutos disciplinarios deviene por la adscripción del sujeto disciplinable a la rama judicial del poder público y no, en el cumplimiento de funciones judiciales, por lo cual el criterio seguido por el constituyente y como expresamente lo hizo, no le atribuyó a la jurisdicción disciplinaria el conocimiento de las faltas relacionadas con el desempeño de funciones jurisdiccionales en la justicia penal militar - [Resumen automatizado: 3. Cuando el parágrafo del artículo 77 del Decreto 1797 de 2000 dispone que al personal de la justicia penal militar que incurra en faltas relacionadas con el desempeño de sus funciones jurisdiccionales, le serán aplicadas las normas disciplinarias de la rama judicial por las autoridades allí señaladas -Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura-, vulnera la Carta Política, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el Código Único Disciplinario. || Con base en tales argumentos, el Procurador General de la Nación le solicita a la Corte declarar exequible la extensión a la jurisdicción penal militar del régimen disciplinario aplicable a la rama judicial, pero inexequible la atribución de competencia que, respecto de las faltas cometidas por quienes hacen parte de aquella, se hace a los Consejos Seccionales de la Judicatura. || De acuerdo con lo expuesto, si bien existen dos fallos de constitucionalidad que declararon la exequibilidad de los artículos que integran el Libro Primero del Decreto 1797 de 2000, y entre ellos del artículo 77, al que corresponde el parágrafo demandado, ninguno de ellos constituye cosa juzgada constitucional pues el cargo ahora planteado por el actor -extensión a las faltas relacionadas con el desempeño de funciones jurisdiccionales en la justicia penal militar del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de la rama judicial- no fue considerado por la Corte.] - [Palabras claves automatizadas: justicia, penal, rama, militar, judicial, jurisdicción, faltas, corte, parte, funciones, poder, función, público]

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 77 (parcial) del Decreto ley 1790 de 2000. Los Inspectores Generales de las Fuerzas Militares que actuan como jueces de primera instancia, no pueden ejercer funciones judiciales en la Justicia Penal Militar, cuando se trate de hechos directamente relacionados con órdenes que ellos mismos hayan impartido en ejercicio de sus funciones militares a los procesados, puesto que ello sería contrario de modo manifiesto a la independencia y autonomía de la administración de justicia - [Resumen automatizado: En efecto, a juicio de la Corte "la regla de derecho que prescinde de la exigencia de ser abogado para ejercer el cargo de juez de primera instancia de inspección general en la justicia penal militar contraría la Carta" (fundamento jurídico 9 de la sentencia en cita) y, por tanto, la excluyó del ordenamiento jurídico, precisando y reiterando que en tal caso "para acceder a los cargos de magistrados, jueces militares, fiscales militares, auditores de guerra y funcionario de instrucción, entre otros requisitos, se requiere ser oficial y ser abogado" . || Expresa que según el actor la citada disposición viola el derecho a la igualdad y al debido proceso al permitir que se pueda juzgar a los procesados por el solo hecho de ser nombrado Inspector en propiedad, sin ser abogado titulado, olvidando que mediante Sentencia C- 457 del 2002, la Corte Constitucional, ante una demanda suya declaró inexequible la expresión "en este caso no se requiere ser abogado titulado", contenida en el mismo Art. 77, lo que indica que el Inspector General que funge como juez de instancia debe ser abogado titulado, según el contenido de la parte inicial del artículo, que consagra dicha exigencia entre los requisitos generales para el cargo.] - [Palabras claves automatizadas: justicia, militar, penal, fuerza, nacional, funciones, general, abogado, servicio, instancia, militares, cargo, armada, corte, aérea, juez]

Sustentación del recurso de apelación - Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 363 (parcial) de la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar) - [Resumen automatizado: Corresponde a la Corte determinar si al disponer el Art. 363 de la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar) que el recurso de apelación debe sustentarse al ser interpuesto, dentro del término de ejecutoria de la providencia, y que en caso contrario no se concederá, y al preceptuar que cuando dicho recurso se interponga como subsidiario del de reposición, se entenderá sustentado con los argumentos que se presentaron para la reposición, se vulnera el principio del debido proceso consagrado en el Art. 29 de la Constitución Política y, también, el contenido de los Arts. || La exigencia contenida en el Art. 363 del Código Penal Militar en el sentido de que el recurso de apelación debe sustentarse al ser interpuesto y que si el mismo se interpone como subsidiario del de reposición se entenderá sustentado con los argumentos que se presentaron para esta última, de tal manera que sin la sustentación, en una u otra forma, no se concede el recurso, está claramente comprendida en la facultad de configuración de los procedimientos judiciales asignada al legislador por el ordenamiento superior.] - [Palabras claves automatizadas: penal, recurso, art, código, apelación, constitución, disposición, derecho, militar, legislador]

Penas - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 17 (parcial), 33 (parcial), 34 (parcial), 53, 69 (parcial), 72 (parcial), 77 (parcial), 80 (parcial), 91 (parcial), 101 (parcial), 102 (parcial), 105 (parcial), 136 (parcial), 137 (parcial), 145 (parcial), 146 (parcial), 220 (parcial), y 310 (parcial) de la ley 522 de 1999 - [Resumen automatizado: Los artículos 80 y 145 del Código Penal Militar demandados son exequibles, pues debe resaltarse que lejos de ser odioso el tratamiento en perjuicio del miembro de la fuerza pública que es sujeto de querella penal, se constituye en una garantía de efectividad de los derechos para quien esta siendo sometido a la acción penal y por el hecho que no se consagre en su tramitación dentro de la justicia ordinaria, no puede aducirse que se quebrantan principios constitucionales. || Igualmente, sobre el inciso del artículo 146, dentro del cual la actora reprocha la existencia de privilegios a la fuerza pública, cuando se le atribuye la posibilidad de intervenir como querellante por los delitos de calumnia o injuria proferidos contra uno de sus miembros difuntos, se insiste que la demandante olvida la especialidad de la justicia penal militar derivada de la propia Carta Política, la que facultó al legislador para consagrar esta posibilidad.] - [Palabras claves automatizadas: pena, parcial, penal, derecho, código, militar, parte, constitución, delito, puede, si, hecho, ley]

Régimen de Administración del Personal Civil del Ministerio de Defensa Nacional; cargos de período fijo y empleados de la justicia penal militar - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 108 y 109 del Decreto-ley 1792 de 2000 - [Resumen automatizado: Los artículos 108 y 109 quebrantan el artículo 221 constitucional frente a su mandato superior de que las Cortes Marciales o Tribunales Militares deben integrarse exclusivamente por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro, "calidad que no acompaña al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional". || Frente al cargo por supuesta violación del artículo 221 de la Constitución debe entenderse que esta norma recae sobre quienes tienen la facultad de decidir dentro de la Jurisdicción Penal Militar en relación con los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública con ocasión del servicio, como serían los Magistrados del Tribunal Superior Militar, Fiscal Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar, y en general, todos los jueces penales militares o los miembros que integran las Cortes Marciales. || En sentir de la demandante los artículos 108 y 109 del decreto-ley 1792 de 2000 violan el artículo 221 superior por cuanto las Cortes Marciales o Tribunales Militares deben integrarse únicamente con miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro, calidad que no acompaña al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.] - [Palabras claves automatizadas: militar, cargos, penal, miembros, fuerza, artículos, personal, tribunal, civil, pública, superior, decreto, ley]

Suspensión de la ejecución - Caución - Detención preventiva - Causales de la libertad provisional - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 71, numeral 3°, 527 parcial, 529, numeral 2° y 539, numeral 1°, parcial, de la Ley 522 de 1999 - [Resumen automatizado: Corresponde a la Corte en esta oportunidad establecer si el legislador desconoció el artículo 13 de la Constitución Política, al haber excluido del beneficio de la condena de ejecución condicional y de la libertad provisional, y no permitir la aplicación de la caución juratoria o prendaria como medida de aseguramiento y, por el contrario, consagrar la detención preventiva para los delitos contra la disciplina, el servicio, el honor, en bienes destinados a la seguridad y defensa nacional, contra la seguridad de la fuerza pública y de inutilización voluntaria, dando un tratamiento diverso en relación con otros delitos tipificados en el Código Penal Militar en los cuales pueden incurrir los miembros de la Fuerza Pública con ocasión del servicio, como son el de devastación, saqueo y peculado, en los que sí sería viable el otorgamiento de los beneficios penales.] - [Palabras claves automatizadas: delitos, legislador, corte, medida, detención, libertad, sentencia, constitucional, igualdad, juicio, si, bienes, servicio]

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Decreto Ley 1791 de 2000. El legislador extraordinario al definir los requisitos de acceso a los cargos de la Justicia Penal Militar no incurre en un exceso de facultades, porque la conexidad de la composición jerárquica de la carrera de los miembros de la Policía Nacional, con la composición de la Justicia Penal Militar, se encuentran estrechamente vinculadas, ya que estos cargos hacen parte del escalafón a los que pueden acceder los miembros de la institución - [Resumen automatizado: Para ser Magistrado del Tribunal Superior Militar se requiere ser colombiano, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocimiento prestigio profesional y personal, y ser miembro activo o en retiro de la Policía Nacional y además, llenar por lo menos uno de los siguientes requisitos: || Además, el Legislador Extraordinario no hizo cosa diferente que adicionar las normas contenidas en los decretos 41 de 1994, 574 de 1995, 262 de 1994 y 132 de 1995, y reafirma la facultad del legislador para desarrollar por medio de leyes ordinarias el tema de la Justicia Penal Militar con una cita de la Sentencia C-656 de 2001 de la Corte Constitucional. || La Corte Constitucional debe establecer en primer lugar, si las normas demandadas fueron expedidas sin cumplir con lo establecido en la Ley 578 de 2000 y, en segundo lugar, si la definición de los requisitos para acceder a ciertos cargos propios de la Justicia Penal Militar, no se relaciona y excede las facultades conferidas para la expedición de un régimen de carrera de los miembros de la Policía Nacional.] - [Palabras claves automatizadas: militar, policía, facultades, penal, ley, cargos, juez, normas, inferior, nacional, años, justicia, tiempo]

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 81 del Decreto-ley 1790, artículo 39 (parcial) del Decreto-ley 1791 de 2000, y artículo 4 del Decreto-ley 1792 de 2000. No es comparable el sistema de carrera propio de los funcionarios vinculados a la Rama Judicial del poder público a los magistrados del Tribunal Militar y los Fiscales, porque para la Fuerza Pública la Constitución previó un régimen especial de carrera, debido a los sujetos y asuntos de que conoce.- La procedencia y los requisitos especiales para el ascenso de los oficiales que ejercen las funciones de magistrados, jueces, auditores de guerra, funcionarios de instrucción, no viola la Constitución Política, pues el propio Constituyente autorizó la creación del sistema especial de carrera tanto para las fuerzas militares como para la Policía Nacional (arts. 217 y 218 C.P.) - [Resumen automatizado: Considera el ciudadano demandante que las normas acusadas vulneran el artículo 125 de la Constitución Política, por cuanto excluye de manera caprichosa los cargos de Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, de la regla general que contempla la norma superior citada, según la cual todos los empleos del Estado se encuentran sometidos al régimen de carrera administrativa. || Considera que contrario a lo afirmado por el actor, las disposiciones demandadas no vulneran el artículo 125 de la Constitución Nacional, porque si bien esa norma superior consagra el régimen de carrera administrativa para todos los empleos de los órganos del Estado, también consagra excepciones, entre las cuales están los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales, y los demás que señale la ley, como en el caso en estudio, en el cual el legislador consagró cargos de período fijo sin que con eso se conculque la norma constitucional citada. || Así las cosas, el legislador extraordinario expidió los Decretos 1790, 1791 y 1792 de 2000, entre los cuales contempla requisitos especiales para ascenso de oficiales del cuerpo de justicia penal militar, y dispone que los cargos de Magistrado de Tribunal Superior Militar y Fiscal Penal Militar son de período individual de cinco años, prorrogable por el mismo tiempo hasta por una sola vez, previa evaluación del desempeño.] - [Palabras claves automatizadas: cargos, carrera, militar, justicia, tribunal, normas, constitución, legislador, ley, parte, magistrado, penal, período, corte]

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° (parcial) de la Ley 62 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 180 de 1995 y los artículos 256 y 258 de la Ley 522 de 1999 "Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar" - [Resumen automatizado: A su juicio, los artículos demandados son contrarios a la Constitución pues desconocen de manera flagrante la reiterada jurisprudencia proferida por esta Corporación en cuanto hace referencia al carácter excepcional y restringido del Fuero Militar, mediante el cual se señalan de manera precisa los elementos indispensables para que el conocimiento de un delito se sustraiga de la Jurisdicción Ordinaria y, dadas sus particularidades, se atribuya la competencia a la Jurisdicción Penal Militar, siempre y cuando concurran para tal evento el elemento subjetivo (ser miembro de la Fuerza Pública en servicio activo) y otro de índole funcional (la relación directa, próxima y sustancial del delito con el servicio, esto es, con las funciones que la Constitución y la Ley asignan a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional). || Por tanto, estima que las normas acusadas extienden la excepcionalidad del Fuero Militar haciendo sujetos de la Justicia Penal Militar a los alumnos de la escuela de formación de la Policía Nacional, quienes no ostentan la calidad de miembros de la Fuerza Pública, ni cumplen funciones propias del servicio público de Policía, pues los mismos están sujetos a un régimen académico según lo establecido en la Ley 30 de 1992 "Ley de Educación Superior".] - [Palabras claves automatizadas: nacional, policía, militar, policial, miembros, formación, pública, servicio, constitucional, general, fuerza, institución]

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 61 de la Ley 599 de 2000. - [Resumen automatizado: El actor demanda la constitucionalidad de la norma penal que consagra los fundamentos para la individualización de la pena, por considerar que vulnera el derecho constitucional a la igualdad; cargo que sustenta en la comparación del texto demandado con el contenido en el artículo 70 de la ley 522 de 1999, actual Código Penal Militar: "Aplicación de mínimos y máximos. || Ello impone el contraste de las normas legales que establecen los sistemas de graduación de la pena, para establecer si de ellas si deriva una diferencia de trato que resulte contraria a la Constitución, en la medida en que mientras el Código Penal Militar simplemente señala las hipótesis que dan lugar a la aplicación del máximo o del mínimo de las penas previstas en la ley, dejando un amplio margen al juez para la individualización de las mismas, el Código Penal establece un sistema conforme al cual la actividad valorativa del juez debe desenvolverse dentro de uno parámetros más estrechamente predeterminados por el legislador.] - [Palabras claves automatizadas: código, penal, pena, constitución, militar, debe, manera, sistema, ley, juez, dentro, régimen]

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999 -Código Penal Militar. - [Resumen automatizado: Así pues, debe entenderse que cuando el Gobierno Nacional, mediante el correspondiente acto administrativo, convoca a las reservas indicándoles lugar, fecha y hora en que deben presentarse, las incorpora nuevamente al servicio activo y por lo tanto los reservistas pierden su calidad de civiles para readquirir la de militares; de modo que a partir de ese momento les son aplicables las normas del Código Penal Militar. || Con base en las anteriores consideraciones para la Corte, contrariamente a lo sostenido por el actor, cuando una persona tiene la calidad de reservista de primera clase y es llamado al servicio, en los términos antes descritos, readquiere la calidad de militar en servicio activo, desde el mismo momento en que se formaliza dicho llamamiento. || La cuestión reviste tanta importancia, que con razón, los magistrados Jaime Araujo Rentería y Eduardo Montealegre Lynnet salvaron su voto porque consideran que ni aún el Jefe de Estado, como comandante de las Fuerzas Armadas, puede, por vía de un acto administrativo, modificar el estatus de un colombiano para pasarlo de civil a militar, sin darle la oportunidad de invocar las causales de exención establecidas en la ley y sin abrir un procedimiento razonable para que pueda elevar una objeción de conciencia, todo esto sometiendo a quien "era un civil" a la jurisdicción penal militar.] - [Palabras claves automatizadas: servicio, militar, civil, constitución, nacional, corte, conciencia, ley, parte, voto, constitucional, especial, penal, proceso, primera]

Fuerzas armadas - Requisito juez primera instancia - Justicia Penal Militar - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 77 (parcial) del Decreto 1790 de 2000 y 35 (parcial) del Decreto 1791 de 2000 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte constitucional, conformada por los magistrados Doctores Alfredo Beltrán Sierra -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido la presente sentencia de acuerdo con los siguientes || Además, como a la luz del artículo 221 de la Constitución, no se requiere ostentar el grado de oficial para ocupar una magistratura en el Tribunal Superior Militar, sino simplemente ser miembro de la Fuerza Pública, mal puede el legislador crear dicha exigencia para ocupar el cargo de Juez de instancia. || Se refiere a que el artículo 221 de la Constitución Política no establece más condición que la de ser miembro activo o en retiro de la Fuerza Pública para integrar las Cortes Marciales y los Tribunales Militares, por lo que mal puede el legislador exigir requisitos adicionales, como el de ser oficial, más aún cuando a aquellos cargos se accede por concurso de méritos.] - [Palabras claves automatizadas: militar, penal, oficiales, oficial, cargos, justicia, policía, nacional, corte, decreto, puede, cargo, ocupar, fuerza]

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 1; 2; 3 y 195 de la ley 522 de 1999 "por medio de la cual se expide el Código Penal Militar" - [Resumen automatizado: Le corresponde a esta Corporación, en cumplimiento de su función de salvaguarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y con el objeto de mantener la especialidad de la jurisdicción militar, a efectos de no desnaturalizar el carácter excepcional que el Constituyente quiso para ésta, señalar que el artículo 2 de la ley 522 de 1999 es exequible, si él se interpreta con un carácter restrictivo, en el sentido de entender que los delitos relacionados con el servicio, son aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando los mismos se deriven directamente del ejercicio de la función militar o policial que la Constitución les ha asignado. || Si bien el legislador en su facultad de configuración, creyó conveniente sólo hacer expresa mención de los delitos de tortura, genocidio y la desaparición forzada, como conductas que en nada se relacionan con el servicio y, que como tales, impiden a la jurisdicción penal militar conocer de ellas cuando se presenten, es claro que éstas no son la únicas que han debido quedar excluidas expresamente del conocimiento de justicia castrense, dado que existen otra serie de comportamientos que, en los términos de la doctrina de esta Corporación, "son tan abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública que su sola comisión rompe todo nexo funcional del agente con el servicio", conductas éstas que, en consecuencia, escapan de la competencia de esta jurisdicción especial.] - [Palabras claves automatizadas: militar, servicio, pública, fuerza, penal, delito, jurisdicción, competencia, justicia, constitución, delitos, relación, fuero]

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25 (parcial), 26 (parcial), 39 (parcial), 45, 66 (parcial), 74 (parcial), 78, 87 (parcial), 88 (parcial), 89 (parcial), 123, 125 (parcial), 212, 259, 260 (parcial), 319 (parcial), 328 (parcial), 363 (parcial), 366 (parcial), 368 (parcial), 384, 402 (parcial), 430, 458, 473 (parcial), 485 (parcial), 500 (parcial), 577, 645, 702 y 703 del Decreto 2550 de 1988, por el cual se expidió el Código Penal Militar. - [Resumen automatizado: Por ende, su ámbito debe ser interpretado de manera restrictiva, tal como lo precisa la Carta Política al establecer en su artículo 221 que la justicia penal militar conocerá "de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio". || En efecto, en todos estos casos el Legislador extendió el ámbito de competencia de la justicia castrense más allá de lo constitucionalmente admisible, por lo cual la Corte retirará del ordenamiento esas expresiones, en el entendido de que la justicia penal militar sólo se aplica a los delitos cometidos en relación con el servicio, de acuerdo con los términos señalados en el numeral precedente de esta sentencia.] - [Palabras claves automatizadas: penal, militar, servicio, código, justicia, derecho, relación, corte, debe, constitución, pública]

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 114 del Decreto-ley 041 de 1994 y los artículos 14 parcial, 352, 353, 354 y 355 del Decreto-ley 2550 de 1988. - [Resumen automatizado: Aquí se trata del juzgamiento de miembros de la Policía Nacional, quienes al tenor de lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución Política no están sujetos a la obedicencia debida, como sí acontece con los militares y, por tanto, su responsabilidad no recae sobre el superior que dio la orden, sino que cada uno responde por sus propios actos; segundo, porque esta misma razón impide que la imparcialidad en el desempeño de la función de administrar justicia se vea alterada, de manera que bien puede asignarse el juzgamiento, en primera instancia, de los delitos cometidos por ciertos miembros de la institución policial en ejercicio del servicio o por razón del mismo, a algunos de sus superiores jerárquicos como los que se señalan en las normas acusadas; y tercero, porque contra la providencia dictada por el fallador de primera instancia en procesos penales militares, procede el recurso de apelación o la consulta ante el Tribunal Superior Militar y en los casos señalados taxativamente por el legislador el recurso de casación y revisión ante la Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal. || El demandante fundamenta la acusación contra las normas transcritas, en dos argumentos centrales: por una parte, considera que la extensión del fuero penal militar a los miembros de la Policía Nacional por los delitos cometidos en servicio activo y por razón del mismo, contraría la naturaleza civil que expresamente le otorgó el Constituyente a esta institución en el artículo 218 de la Constitución Política; y por otra parte, sostiene que las disposiciones atacadas en la demanda desconocen el derecho al debido proceso, particularmente en lo que se refiere al principio del juez natural.] - [Palabras claves automatizadas: policía, nacional, constitución, militar, civil, servicio, penal, militares, corte, miembros, normas, fuero]

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 656 del Decreto Ley 2550 de 1988 "por el cual se expide el Nuevo Código Penal Militar" - [Resumen automatizado: El día 27 de septiembre de 1994 el ciudadano que ejerce las funciones de Ministro de Defensa presentó escrito justificando la constitucionalidad de la norma acusada, en el cual recordó que el artículo 221 de la Constitución Política prevé las cortes marciales o tribunales militares; por tanto, aduce, si el fiscal como representante del Ministerio Público es uno de sus integrantes, desde luego también tiene que ser militar. || Tras hacer un largo recuento de los argumentos expuestos por la Corte Constitucional con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 374 del Decreto 2550 de 1988 (Código Penal Militar), en especial lo relacionado con el derecho a una defensa técnica, el debido proceso y la defensa penal, señala que en el presente caso se trata de determinar "lo que pudiéramos llamar los atributos de un poder jurisdiccional de sustantividad judicial en cabeza de los vocales y del fiscal que integran un consejo verbal de guerra, sujetos de reparos a los cuales se contrae la acción incoada, toda vez que el veredicto que profieren tiene la virtualidad de constituirse en la decisión definitiva sobre la responsabilidad del inculpado, si así lo adopta el juez militar que lo convocó.] - [Palabras claves automatizadas: servicio, militares, constitución, justicia, activo, penal, militar, corte, función, política]