Magistrados suplentes de la JEP no pueden ser nombrados por razones de carga de trabajo ni para realizar tareas específicas. "[S]iguiendo para el efecto a la Corte Constitucional, [… e]l Acuerdo Final para la Paz no puede ser objeto de confrontación con las disposiciones acusadas, en tanto que su carácter vinculante para los poderes y para las autoridades públicas, diferentes al presidente de la República, así como para la sociedad en su conjunto, depende de su implementación normativa [Sentencia C-332 de 2017] […] Si bien en el Acuerdo Final para la Paz se indicó que los magistrados suplentes están instituidos para sustituir a los magistrados titulares y para reforzar el funcionamiento de las secciones y salas de la JEP […] se debe precisar que la Corte Constitucional, en la misma sentencia C-080 de 2018, indicó que el Acto Legislativo 01 de 2017 había establecido una única finalidad para los magistrados suplentes o sustitutos, consistente en sustituir o suplir la vacancia de un magistrado titular, y agregó que la posibilidad de que aquellos refuercen el funcionamiento de las salas y secciones no está prevista en dicha norma constitucional. [… E]l entendimiento de la finalidad asociada al rol de los magistrados suplentes o sustitutos esgrimido en dicha decisión judicial y que la Sala Plena acoge, se acompasa con el sentido natural y obvio del término sustituir. […] En esa medida resulta claro que la frase "[…] o tarea específica […]", [del artículo 8 (Lit. a) del Reglamento General de la JEP (Acuerdo 01 de 2018)], relega a los magistrados suplentes a una actividad de reforzamiento de la JEP y que no corresponde al rol asignado a los magistrados suplentes, el cual se encuentra asociado a la función de sustituir a los magistrados titulares, motivo por el cual el aparte mencionado resulta contrario a la Constitución Política. [… Por la misma razón], es claro que el aparte "[…] carga de trabajo […]" [del artículo 29 del Reglamento General de la JEP (Modificado por Acuerdo 0003ASP de 2018)] no se aviene al texto del artículo 7 transitorio de la Carta Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, puesto que […] conduce a validar la asignación a los magistrados suplentes de labores de reforzamiento que no se encuentran previstas en dicha norma constitucional y que fueron proscritas por la propia Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia C-080 de 2018." - [Resumen automatizado: 22 del libelo de demanda-, consideró que el Reglamento General de la JEP desconoció normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial, los artículos 1º (Obligación de respetar los derechos); 2º (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno); 8º (Garantías Judiciales); 23 (Derechos políticos, numeral c); 24 (Derecho a la igualdad-igualdad de género) y 25 (Protección Judicial), todo ello, en criterio del actor: «[…] por la no posesión de los magistrados suplentes de manera permanente, en el cargo de Magistrada Suplente de la Justicia Especial para la Paz (sic), que hace parte del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición SIVJRNR[…]». || Mencionó que la Corte Constitucional cuando profirió la sentencia C-080 de 2018, se pronunció sobre la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP, decisión judicial en la que consideró, en relación con los magistrados suplentes, que las personas seleccionadas como tales tienen la vocación de suplir o sustituir las vacancias de un magistrado titular y, en esa medida, no se les puede convocar para adelantar labores derivadas de la carga de trabajo de las secciones o de las salas de justicia, sin perjuicio de que, si se requieren más sustitutos, se sigan las reglas contenidas en el artículo 7° del acto legislativo para efectos de su provisión.] - [Palabras claves automatizadas: magistrados, jep, suplentes, paz, acuerdo, sala, titulares, jurisdicción, acto, norma, constitucional, especial, final, normas, legislativo]

La competencia del Concejo de Estado para conocer procesos de pérdida de investidura no ha sido alterada por la expedición de Acto Legislativo 1 de 2017. Revisado el Acto Legislativo se verifica que dentro del objeto de la JEP no se halla el resolver demandas de pérdida de investidura de los congresistas de la República, puesto que se trata de una atribución reservada por la C. Política y la ley de manera exclusiva al Consejo de Estado. Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado conocerán en primera instancia de la pérdida de investidura de los Congresistas a solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución. La Sala Plena será competente para decidir el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido, competencia que no ha sido alterada por ninguna circunstancia. Ni siquiera en el caso de los antiguos miembros de las FARC, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), protagonistas directos del conflicto armado interno, que en la actualidad fungen como congresistas por ese partido resultado del acuerdo de paz que dio lugar a la JEP, esta Corporación ha perdido competencia para resolver las demandas de pérdida de investidura

Jurisdicción Especial para la Paz no tiene competencia en procesos de pérdida de investidura. La Sala recuerda que la atribución de resolver las demandas de pérdida de investidura de los Congresistas se encuentra reservada por mandato constitucional y legal al Consejo de Estado, de forma que incluso no fue previsto por medio del Acto Legislativo 01 de 2017, creador de la JEP, la posibilidad que esta Jurisdicción Especial conociera de estos procesos en el marco de la normativa para la "terminación del conflicto armando y la construcción de una paz estable y duradera". La introducción de la JEP no alteró las competencias del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de manera que se mantiene incólume la previsión contenida en el numeral 5 del artículo 237 de la C. Política de acuerdo con el cual el Consejo de Estado conoce de los casos de pérdida de investidura de los Congresistas de conformidad con esta Constitución y la ley