Fallo inhibitorio sobre el artículo 141 - Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz- de la Ley 1955 de 2019, por carencia actual de objeto, al haber sido derogada orgánicamente por la Ley 1957 de 2019\ La Corporación encontró que aunque no existe incompatibilidad entre el artículo acusado y las disposiciones de la Ley 1957 de 2019 en punto de la autonomía administrativa de la UIA, la ley nueva reguló los elementos de esa autonomía y, por tanto, que los preceptos del artículo 141 de la Ley 1955 de 2019 que aluden a la misma han sido objeto de derogatoria orgánica en virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 86 a 89 de la Ley 1957 de 2019, que regulan de manera integral esta materia. Adicionalmente, la Corte verificó que, en la actualidad, el artículo 141 de la Ley 1955 de 2019 no produce efectos jurídicos comprobados, ni tiene la potencialidad ni la vocación de producirlos - [Resumen automatizado: 3. Añade que para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final), en el parágrafo 2 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 se dispuso que «el Secretario Ejecutivo y el Presidente o la instancia de gobierno de la JEP que los magistrados de la misma definan, ejercerán de manera exclusiva, y solo durante el tiempo de vigencia de la misma, todas las funciones asignadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establecidas en el Acto Legislativo número 02 de 2015 y en la Ley 270 de 1996 respecto al gobierno y administración de esta Jurisdicción» (negrilla de la demanda). || En este orden, la accionante estima conveniente destacar que al tenor de lo preceptuado en el inciso 5 del artículo transitorio 7 del Acto Legislativo 01 de 2017, la UIA tiene por función principal realizar las investigaciones correspondientes y adelantar el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la Paz. En este sentido, la misma norma prevé que «los fiscales serán nombrados y posesionados por el Director de la Unidad, quien tendrá plena autonomía para seleccionarlos y nombrarlos, así como a los demás profesionales que requiera para hacer parte de la Unidad».] - [Palabras claves automatizadas: autonomía, jep, ley, funciones, corte, norma, acto, legislativo, paz, sala, presupuestal, jurisdicción]

INEXEQUIBLE la expresión "y tendrá una vigencia de diez (10) años" contenida en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, así como la expresión "tendrán una vigencia de 10 años" contenida en los artículos 194 del Decreto 4633 de 2011, 123 del Decreto 4634 de 2011 y 156 del Decreto 4635 de 2011. EXHORTA al Gobierno y al Congreso de la República, para que, antes de la expiración de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, adopte las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o con la adopción de un régimen de protección de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que la Ley 1448 de 2011 así como los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011 tendrán vigencia hasta el día 7 de agosto de 2030, sin perjuicio de lo dispuesto en el fundamento jurídico 70 de esta providencia - [Resumen automatizado: Esta Corporación debe tener en cuenta que dicho término, previsto para el año 2021, "obstaculiza la implementación del punto 5° del Acuerdo Final de paz[20], cuyo contenido está reflejado en la Constitución (Actos Legislativos 01 y 02 de 2017), por cuanto los mecanismos creados por dicha ley tienen la finalidad y han sido notables para materializar el derecho a la reparación integral de las víctimas, y son imprescindibles para la sostenibilidad de la paz, por ser marcos jurídicos complementarios que permiten la realización de los derechos de las víctimas en el proceso de transición de un conflicto armado interno a una situación de paz"[21]. || En este sentido, aseguran que si bien de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se desprende que el control de constitucionalidad abstracto sobre disposiciones que establecen la vigencia de leyes o actos con fuerza material de ley debe tener en consideración la libertad de configuración del legislador, dicha autorización tiene varios límites, a saber: (i) "es inconstitucional cualquier decisión que implique la entrada en vigencia de una ley con anterioridad a su promulgación, pues esto contrariaría el principio de publicidad"; (ii) la cláusula general de competencia legislativa excluye toda actividad de producción normativa asignada por la Constitución Política a otra rama del poder público u órgano estatal; y (iii) el ejercicio de la función legislativa debe respetar las normas, los derechos y los principios derivados de la Carta[37].] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, ley, reparación, derechos, vigencia, corte, integral, derecho, conflicto, acuerdo, protección, medidas]

Inepta demanda contra la expresión "La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de confesión" contenida en el artículo 27A de la Ley 1922 de 2018, "por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz" \ S.V: Contrario a lo planteado por el demandante: (i) La norma demandada no restringe la obligación del compareciente de reconocer verdad y responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que contribuye a ella; (ii) La confesión por sí misma no habilita el otorgamiento del tratamiento penal especial en la JEP, pues debe ser sometida a los procedimientos de contrastación probatoria definidos en el marco jurídico de dicha jurisdicción; (iii) la confesión tampoco constituye prueba suficiente para condenar en el procedimiento adversarial de la jurisdicción ordinaria; (iv) la obligación de contribuir a la verdad de parte de los comparecientes no se agota ante la JEP, sino que debe surtirse igualmente ante otras instituciones del SIVJRNR y, particularmente, ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas (UBPD), y ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR) - [Resumen automatizado: El 7 de noviembre de 2018, los accionantes Wilson Castañeda, en calidad de representante legal y director de la Corporación Caribe Afirmativo, David Fernando Cruz Gutiérrez, abogado asesor de dicha Corporación, y Alfredo Bula Beleño, subdirector de Caribe Afirmativo, presentaron demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de confesión”, contenida en el artículo 27A de la Ley 1922 de 2018, “(p)or medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”. || En la demanda[1] se plantea como problema jurídico de inconstitucionalidad la pregunta de si el aparte normativo demandado ¿“vulnera el paradigma restaurativo de la JEP, el derecho de las víctimas a la verdad plena y desconoce los criterios de validez sustancial que deben seguir las normas que desarrollan el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?”.] - [Palabras claves automatizadas: verdad, jep, ley, víctimas, norma, proceso, derecho, debe, versión, demanda, corte, derechos, responsabilidad, principio]