Condiciones que determinan la competencia de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz para actuar como juez de tutela. "[C]uando se trata de conflictos de competencia que involucran a la JEP, la Sala Plena, mediante Autos 021, 222 y 246 de 2018 determinó que la competencia del Tribunal Especial para la Paz se activa por la presentación de la acción de tutela contra (i) alguno de los órganos que integran la JEP o (ii) contra sus decisiones. Posteriormente, mediante los Autos 621 y 644 de 2018, la Sala Plena precisó que la competencia de la jurisdicción en mención también se activa cuando "se advierte de manera inequívoca", así no se demande expresamente a la JEP, que la acción se dirige contra uno de sus órganos o que controvierte una de sus decisiones. […] Si bien el escrito de tutela es confuso y su redacción puede llevar a equívocos, lo cierto es que la actora pretende que el juez constitucional ordene su reconocimiento como ex integrante de las FARC-EP, de suerte que por esa vía le sea posible acceder a todos los beneficios a los que, "como reinsertada dentro del proceso de paz", tiene derecho. [… E]n el expediente está claro que la JEP ya se pronunció sobre la situación jurídica de la actora, toda vez que en agosto de 2020 la Sala de Amnistía o Indulto [le concedió amnistía de iure… F]inalmente, a pesar de que en el escrito de tutela se requirió la vinculación al proceso de la Procuraduría General de la Nación y de la JEP, en rigor, […] las pretensiones de la solicitud de amparo están relacionadas única y exclusivamente "con [presuntas] acciones u omisiones de la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la ARN". En tal virtud, […], la Corte encuentra que la autoridad judicial competente para resolver de fondo la acción de tutela […] es la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pues […] la solicitud de amparo no se dirige contra la JEP ni subyace a una acción u omisión atribuible a alguno de sus órganos."

No resulta procedente resolver el recurso de apelación contra la sentencia dictada por la jurisdicción ordinaria sobre hechos de competencia de la JEP. "Uno de los componentes [del SIVJRNR] es la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que se le atribuyó la función de administrar justicia de manera transitoria, autónoma y preferente sobre todas las demás jurisdicciones, respecto de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos. Lo anterior supone "el traslado hacia esta nueva Jurisdicción de las causas judiciales enmarcadas en los ámbitos material, personal y temporal de la competencia abstracta de la JEP, y que hubiesen sido inicialmente puestas en conocimiento de las demás jurisdicciones, a fin de que se apliquen e implementen las fórmulas jurídicas propias de la justicia transicional" [Auto 508 de 2019]… [L]as causas penales que se encuentren en la etapa de juzgamiento son de competencia exclusiva y excluyente de la Jurisdicción Especial para la Paz. "[E]n estos casos son inaplicables los trámites propios de la Jurisdicción Penal Ordinaria" [Auto 129 de 2020]. Por consiguiente, cuando en un proceso penal que se adelanta ante la jurisdicción ordinaria sobre hechos de competencia de la JEP se encuentre pendiente de resolver la apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia, no resulta procedente que se resuelva el recurso. El conocimiento del proceso penal le corresponde a la jurisdicción especial conforme al procedimiento propio de dicha autoridad judicial" - [Resumen automatizado: En efecto, (i) el conflicto se presenta entre una autoridad que hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (Sala de Amnistía e Indulto) y otra de la Jurisdicción Ordinaria (Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Ibagué, Tolima); (ii) mientras la Sala de Amnistía e Indulto indicó que, antes de que la JEP asuma conocimiento del caso, el Tribunal debe resolver el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria[28], el Tribunal sostuvo que la razón que dio la Sala para no avocar conocimiento [del proceso penal] en el sentido de que se deba resolver antes el recurso de apelación (...) no es jurídicamente aceptable (...) se debe dar prelación a la Justicia Especial para la Paz; y (iii) los antecedentes previamente expuestos permiten constatar que las dos autoridades judiciales mencionadas resolvieron negar su competencia con fundamento en las razones constitucionales y legales expuestas. || INHIBIRSE de definir la jurisdicción competente para resolver sobre la amnistía frente al delito actos de terrorismo por el que son procesados los señores Campo Elías Alfonso Méndez y Carlos Julio Leal Villamil, asunto planteado por la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Ibagué, Tolima, debido a la inexistencia de conflicto de competencia entre jurisdicciones, acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.] - [Palabras claves automatizadas: competencia, sala, tribunal, jurisdicción, proceso, ley, paz, conocimiento, especial, conflicto, jep, penal, instancia]

Corte Suprema carece de competencia para resolver las solicitudes de sometimiento voluntario a la JEP. "[L]a Sala de Casación Penal expuso [que], "[c]omo a la Corte Suprema de Justicia se le atribuyó la competencia de revisar -con exclusividad- los fallos por ella proferidos…, fuerza concluir que esa primera revisión o examen sobre los componentes fácticos o jurídicos de la decisión sustancial, a fin de decidir sobre la admisión o ingreso del tercero solicitante al [SIVJRNR], es igualmente una atribución inherente a la competencia privativa de la Corte Suprema para revisar sus propias decisiones"... Para la Corte Suprema de Justicia, "dicha norma [L. 1922 de 2018, 47 (inc. 4)] no puede interpretarse en un mero sentido gramatical, pasando por alto que el mandato de solicitar el acogimiento ante el juez ordinario tiene la finalidad de que éste evalúe si se dan los presupuestos -material, personal y temporal- que activarían la competencia de la JEP, máxime en el caso de sentencias dictadas por la Corte Suprema"… En ese sentido, indicó que, si la Corte… encuentra satisfechos los criterios normativos de competencia, verificables en el marco fáctico y jurídico fijado en sus sentencias, habrá de declarar que el tercero puede ser admitido en la JEP. En consecuencia, remitirá la actuación a dicha jurisdicción… [Para la Corte Constitucional], la JEP es la única autoridad facultada para definir preliminarmente si concurren los factores competenciales que activan el carácter preferente de esta jurisdicción [L. 1922 de 2018, art. 47 (inc. 4 a 7); L. 1957 de 2019, art. 63 (par. 4)]… [De la] atribución para pronunciarse sobre la revisión de las sentencias que ha proferido respecto de no combatientes…, no se sigue [que] le corresponde a [la Corte Suprema de Justicia] determinar qué personas pueden comparecer ante la JEP… Con todo…, [l]a JEP debe preservar la cosa juzgada de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, lo cual implica que no puede obviar, alterar o mutar los fundamentos fácticos y jurídicos de las decisiones condenatorias que profirió dicha Corporación judicial…, en tanto el artículo 10 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y el literal c) del artículo 97 de la Ley 1957 de 2019 preservaron en la Corte Suprema de Justicia la competencia exclusiva para revisar los componentes fácticos y jurídicos de las decisiones condenatorias que profirió contra comparecientes" - [Resumen automatizado: En tercer lugar, la SDSJ explicó que, aun cuando la Corte Suprema de Justicia afirma reiteradamente que el señor Arana Sus tiene la condición de paramilitar, este se presentó ante la JEP como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, por lo cual no le es exigible el requisito de no haber pertenecido a una estructura armada, pues de conformidad con el tenor literal del parágrafo 4º del artículo 63 de la Ley 1957 de 2019[23], la condición de ser ajeno a las organizaciones o grupos armados sólo es requerida para los civiles. || En tal sentido, si bien es cierto que conforme a los artículos 10 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y 97 de la Ley 1957 de 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conserva una atribución para pronunciarse sobre la revisión de las sentencias que ha proferido respecto de no combatientes, de ello no se sigue la conclusión según la cual le corresponde a dicha Corporación determinar qué personas pueden comparecer ante la JEP, pues esta facultad se encuentra reservada de manera exclusiva para las correspondientes instancias judiciales de esa jurisdicción transicional.] - [Palabras claves automatizadas: corte, jep, sala, suprema, justicia, conflicto, competencia, sometimiento, armado, especial, jurisdicción, paz]

Conflicto de jurisdicción entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz. Para la Corte es claro que corresponde a la JEP conocer las conductas cometidas antes del 1º de diciembre de 2016, acaecidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Al respecto, es importante recordar que la JEP tiene competencia para conocer de las mencionadas conductas cometidas por combatientes y agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública de forma obligatoria y prevalente, y en el caso de civiles (agentes del Estado o terceros), de manera voluntaria. Asimismo, que con la entrada en funcionamiento de la JEP se ha activado el plazo de la SRV para recibir informes provenientes de las autoridades judiciales que pudieran ser competencia de la JEP. La Corte advierte que la suspensión de procesos ha sido analizada frente a la labor de la Fiscalía General de la Nación, pero no respecto de los que se encuentran en etapa de juicio. De manera tal que es la JEP, la que ha dado alcance a la remisión automática que podrían hacer los jueces de la República en virtud del mandato del ya citado artículo 22 del Decreto 277 de 2017 y de los artículos 38 y 66 de la Ley 1922 de 2018. En efecto, según la Resolución 002 de 2018, es la Sección de Apelación de la JEP la que ha determinado que la remisión de los demás procesos judiciales debe hacerse de forma gradual y solo cuando una de las Salas de la JEP decida avocar conocimiento de aquellos. Este Tribunal entiende que, en virtud de la delimitación de la competencia de la JEP, debe asumirse de forma gradual el estudio individual de casos, una vez termine la etapa de competencia global - [Resumen automatizado: 1. El 19 de diciembre de 2018, el Magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Álvaro Fernando Moncayo Guzmán, solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que dirima el conflicto negativo de jurisdicciones entre la Jurisdicción Ordinaria -Justicia y Paz- y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), respecto del trámite y conocimiento del proceso penal 2014 00110 adelantado contra el señor Luis Alexander Varón García. || Por medio de Auto de 2 de abril de 2018, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá remitió a la Jurisdicción Especial para la Paz el proceso penal de Luis Alexander Varón García y señaló: “El artículo 22 del Decreto 277 de 2017, señala que una vez entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, las personas sometidas a libertad condicionada quedarán a disposición de dicha jurisdicción, presupuesto que se cumplió el 15 de enero de 2018, día en que los Magistrados y Magistradas que la componen asumieron sus funciones, ello, en consonancia con lo señalado por la Corte Constitucional en Auto 021/18, que incluso lo extiende desde la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2017, de conformidad con lo previsto en su artículo 15 transitorio.] - [Palabras claves automatizadas: paz, sala, jep, corte, competencia, tribunal, justicia, selección, especial, jurisdicción, proceso, conocimiento, ley, judicial]

Competencia para decretar medidas cautelares sobre los bienes inmersos en procesos de extinción de dominio por su relación con las FARC-EP. Para la Corte es contario al artículo 121 de la Constitución sostener que cualquier asunto litigioso que surja dentro del SIVJRNR resulta de incumbencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues como todo órgano constituido del Estado, su competencia está supeditada a las normas constitucionales y legales que establecen sus facultades, por lo que ante la inexistencia de una disposición expresa que le atribuya el conocimiento de un asunto, debe entenderse que las autoridades competentes para conocer del mismo son las que conforman la Rama Judicial. Por lo expuesto, esta Corporación considera que los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz no tienen competencia alguna para decretar condenas económicas en favor de las víctimas y, con ello, tampoco para adoptar medidas cautelares sobre los bienes de las FARC-EP con el fin de asegurar con ellos la reparación patrimonial de las mismas, pues tal atribución se encuentra en cabeza de entidades administrativas y en el evento de que sean requeridas acciones jurisdiccionales de conservación de los recursos destinados para el efecto, se podrán activar los mecanismos correspondientes ante las autoridades de la Rama Judicial. Así las cosas, la Corte estima que la Fiscalía General de la Nación, en los términos contemplados en los referidos artículos del Código de Extinción de Dominio, estaría facultada para adoptar las medidas cautelares que estime pertinentes sobre los bienes que estén inmersos en procesos de extinción de dominio por su relación con las FARC-EP - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente || Corresponde a la Corte Constitucional resolver el conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz, y Fiscal Quinto de la Unidad de Investigación y Acusación)[56], y, para el efecto, deberá solucionar la siguiente cuestión: ¿Cuál de las autoridades judiciales en colisión tiene asignada la competencia para decretar medidas cautelares sobre los bienes inmersos en procesos de extinción de dominio por su relación con las FARC-EP? || Primero.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de DECLARAR que esta última autoridad es la competente para adoptar medidas cautelares sobre los bienes objeto de extinción de dominio por su relación con las FARC-EP en los términos establecidos en el artículo 87 del Código de Extinción de Dominio y demás normas aplicables.] - [Palabras claves automatizadas: medidas, bienes, cautelares, especial, paz, víctimas, ley, reparación, extinción, jurisdicción, general, nación, competencia, fiscalía, dominio]