INEXEQUIBLE el artículo 21 de la Ley 1908 de 2018, "por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones", mediante el cual se adicionó los parágrafos 2 y 3 al artículo 297 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal-\ El que la simple instalación de la audiencia interrumpa el término de 36 horas para poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías , así no se hubiere llegado a definir la legalidad de dicha captura, en "un plazo razonable", y por tanto indeterminado, dejó a discreción del juez la valoración del tiempo por el cual podría extenderse la decisión sobre la legalidad de la captura. Para la Sala Plena, la norma acusada vulnera el texto constitucional (Art. 28) y desconoce la reiterada jurisprudencia de esta Corporación sobre la necesidad de fijar restricciones claras cuando se trata de limitar el derecho fundamental a la libertad personal - [Resumen automatizado: Finalmente, indicó que el derecho al habeas corpus[17] implica el efectivo control de legalidad de la captura y, por tanto, la disposición acusada puede desconocer el condicionamiento efectuado en la sentencia C-163 de 2008, al declarar exequible el artículo 1 de la Ley 1142 de 2007, "en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente". || Como puede verse en este artículo, pese a su preciso ámbito de aplicación, la Ley 1908 de 2018 modifica los requisitos generales para la captura y, por ello, al menos prima facie podría entenderse que esta modificación afectaría a cualquier persona respecto de la cual se realice la captura, sea que se efectúe en cumplimiento de una orden escrita proferida por un juez (inciso primero), o en casos de flagrancia o por disposición de la Fiscalía General de la Nación (parágrafo).] - [Palabras claves automatizadas: libertad, captura, corte, horas, juez, ley, término, control, disposición, sentencia, persona, constitución, norma, derecho, debe]

Cambio de precedente constitucional en materia de extinción de dominio en materia de exclusión de la intervención del juez de control de garantías. ¿Por tratarse de una acción real y no penal, el legislador podía, a la luz de las garantías consagradas en los artículos 15, 28 y 250.2 de la Constitución Política y actuando con base en su margen de configuración normativa (art. 150.2 C.Po.), reemplazar en el proceso de extinción de dominio, la intervención del juez de control de garantías por la prevista en la Ley 1708 de 2015 a cargo del juez de conocimiento de esta acción, en la aplicación por parte de la Fiscalía General de técnicas de indagación e investigación, tales como, interceptación de comunicaciones, allanamientos y registros, búsqueda selectiva en bases de datos, entregas vigiladas, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, la recuperación de información dejadas al navegar por internet y las operaciones encubiertas? Para la Corte, una lectura sistemática de la Carta Política apunta a que todo acto de intervención severa en los derechos fundamentales, como los que llevan consigo la interceptaciones de comunicaciones, los allanamientos, registros y búsqueda selectiva en bases de datos, vigilancia y seguimiento de personas, recuperación de información al navegar por internet, acorde con las garantías consagradas en los artículos 15, 28 y 250.2 de la Constitución, debe ser decretado por una autoridad judicial y revisado posteriormente en su validez por un juez de control de garantías. Lo anterior, con independencia de que se trate de un proceso de autónomo de naturaleza real, como lo es, el proceso de extinción del dominio. Ley 1708 de 2014, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Arts. 26 y 163 (parciales) y 115 : INEXEQUIBLES. Fallo inhibitorio en relación con el artículo 170 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Myriam Ávila Roldán (e), Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos, y los conjueces José Miguel de la Calle Restrepo y Carlos Mauricio Uribe Blanco, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y con cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente || Procede entonces a examinar la Corte si los argumentos planteados por las demandantes contra la expresión "excepto en lo relativo a los controles judiciales por parte del juez de garantías o de la Dirección Nacional de Fiscalías", contenida en el artículo 26 de la Ley 1708 de 2014, y el artículo 170 de la misma normatividad, a cuyo tenor: "El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá ordenar que en desarrollo de la actividad investigativa, la policía judicial realice búsquedas o comparaciones de datos contenidos en bases mecánicas, magnéticas u otras similares", configuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad.] - [Palabras claves automatizadas: control, juez, dominio, extinción, garantías, derechos, fiscalía, judicial, proceso, corte, nación, acción, general, constitucional, fundamentales]; Arts. 26 y 163 (parciales) y 115 : INEXEQUIBLES. Fallo inhibitorio en relación con el artículo 170

¿El segundo inciso del artículo 76 de la Ley 1395, en tanto asigna la competencia para revisar en segunda instancia las decisiones de los fiscales que tramitan la acción de extinción de dominio, a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante Tribunal- Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, desconoce el artículo 29 superior, en particular la garantía de imparcialidad, teniendo en cuenta que todos estos funcionarios - los que deciden tanto en primera como en segunda instancia- pertenecen a la misma entidad y hacen parte de la misma estructura jerárquica? ¿Autorizar al fiscal, durante la fase inicial, para emplear las técnicas de investigación de registros y allanamientos, interceptaciones de comunicaciones telefónicas y similares, recuperación de información cibernética y similar, y vigilancia de cosas, vulnera los artículos 15, 28, 29 y 250 superiores, en cuanto, según el actor, (i) se requiere orden judicial para su práctica, y (ii) tal orden no puede ser dictada por la Fiscalía, pues no puede cumplir funciones jurisdiccionales de esa naturaleza? La acción de extinción de dominio es una acción constitucional autónoma distinta a la acción penal y a las demás acciones ordinarias. Por esta razón, las funciones que cumple la Fiscalía en el proceso de extinción de dominio, aunque son jurisdiccionales, no son de naturaleza penal. La estructura jerárquica de la Fiscalía no riñe con los principios de autonomía, independencia e imparcialidad, pues en tanto los fiscales delegados son servidores que cumplen funciones jurisdiccionales, sus decisiones - en primera y segunda instancia- deben regirse por estos últimos principios. En el proceso de extinción de dominio, los fiscales son competentes para ordenar el empleo de técnicas de investigación que afecten los derechos fundamentales de los afectados. En este caso al Constitución no exige la intervención del juez de control de garantías. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 76, Inc 2 y Art. 78 (Modifica los Art. 11 y 12A de la Ley 793 de 2002) : Exequibles - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, Juan Carlos Henao Pérez -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || En primer lugar, afirma que este artículo, en tanto faculta al fiscal que conoce de la acción de extinción de dominio para emplear otros medios de prueba, desconoce las disposiciones constitucionales citadas, pues éstas prohíben a la Fiscalía “(…) practicar pruebas en la investigación de los hechos, por ser una función propia y no delegable del juez de conocimiento” en el marco del nuevo sistema penal acusatorio.] - [Palabras claves automatizadas: extinción, fiscalía, dominio, judicial, proceso, acción, ley, penal, corte, sentencia, funciones, general, fiscal]; Art. 76, Inc 2 y Art. 78 (Modifica los Art. 11 y 12A de la Ley 793 de 2002) : Exequibles

¿Vulnera el derecho a la intimidad y a la divinidad humana, las facultades de registro personal, inspección corporal, registro de vehículos y otras "diligencias similares" autorizadas a la Policía Nacional? Principio de legalidad. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Arts. 39, inciso 1o.; 74, numeral 2o.; 102, inciso 2o.; y 350, inciso 1o. : Fallo inhibitorio. Art. 208 (parcial) Exequible e INEXEQUIBLES las expresiones "inspección corporal" e "y otras diligencias similares" del mismo - [Resumen automatizado: Para esta corporación, la facultad de registro personal que regula el artículo 208 bajo examen no es contraria a la Constitución pues tal norma no gravita en torno a lo que ha de realizarse en el curso de una investigación penal, sino que se circunscribe a la actividad preventiva que por mandato constitucional le compete ejercer a la Policía Nacional a fin de mantener el orden público, en facultad previsora que, para el caso, con métodos no invasivos, permite la revisión externa y superficial de la persona y lo que lleva consigo, con el fin de dar seguridad al entorno, por lo cual su práctica no necesita autorización judicial previa. || Si aún dentro de una investigación penal en desarrollo existen limitaciones para la inspección corporal, como lo explicó la Corte en la comentada sentencia C-822 de 2005, tales como orden judicial previa y procedimiento en caso de la negativa del imputado, tampoco puede darse esa delicada actuación en la órbita preventiva de la policía, que no puede afectar así como así el derecho a la intimidad, garantizado en el artículo 15 de la Carta y, por ello, demanda el control judicial.] - [Palabras claves automatizadas: policía, registro, corte, actividad, puede, penal, personal, inspección, juez, orden, judicial, derechos, ley, función, control, constitucional, inciso, si]

Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal. ¿Al delimitarse el control de legalidad que debe efectuar el juez de garantías, recorta el alcance del control establecido en el artículo 250 de la Constitución? Ley 906 de 2004 - Art. 327 (parcial) - Estarse a lo resuelto C-979-05 - [Resumen automatizado: En lo anterior, explica la demanda, es en donde radica la inconstitucionalidad de la expresión “siempre que con esta se extinga la acción penal”, contenida en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, pues el principio de oportunidad no sólo consiste en la facultad de la Fiscalía para abstenerse de ejercer la acción penal, sino también en la posibilidad de suspender o interrumpir el ejercicio de dicha acción, lo que conlleva su extinción y, por lo tanto, de acuerdo con la expresión demandada “no sería objeto de control de legalidad por parte del juez de control de garantías.” || Continua el intervinente explicando que la norma parcialmente acusada definió que en los casos en que “con la aplicación del principio de oportunidad se extinga la acción penal” (es decir los casos de renuncia), el control debe ser obligatorio y automático, y ejercerse por el juez de control de garantías, dentro de los cinco días siguientes a la decisión de la Fiscalía General de la Nación.] - [Palabras claves automatizadas: principio, oportunidad, penal, control, legalidad, acción, aplicación, suspensión, casos]

¿Es violatoria de los preceptos constitucionales y de los compromisos internacionales la restricción de la procedencia de la acción de revisión a los fallos "absolutorios" en los casos en que la instancia internacional haya establecido el incumplimiento del Estado colombiano? L. 906 de 2004; Art. 192, Num 4 "absolutorio" - INEXEQUIBLE. ¿Al delimitarse el control de legalidad que debe efectuar el juez de garantías, recorta el alcance del control establecido en el artículo 250 de la Constitución? L. 906 de 2004; Art. 327 "siempre que con esta se extinga la acción penal" - INEXEQUIBLE ¿Es violatoria de los principios constitucionales la atribución asignada al Fiscal General para dictar un manual de funcionamiento de la mediación? L. 906 de 2004 Arts. 330, 527 - Exequibles por el cargo formulado. Art. 78 (parcial - Estarse a lo resuelto C - 591 - 05 - [Resumen automatizado: (i) Los poderes de reglamentación que los artículos demandados radican en el Fiscal General de la Nación en materia de reglamentación de la aplicación del principio de oportunidad y fijación de criterios para el funcionamiento de los mecanismos de justicia restaurativa, se derivan de la autonomía limitada que la Constitución establece a favor del ente investigador; (ii) más que una potestad, lo que las normas demandadas establecen es un deber de reglamentación de estas importantes materias; (iii) el deber de reglamentación adscrito al Fiscal General debe ser de alcance general y con un espectro de aplicación restringido al ámbito interno de la entidad; (iv) en tanto que operativo e interno el reglamento o el manual no puede limitar a actores externos, particularmente al juez de control de garantía; (v) el deber de reglamentación del fiscal está limitado por las finalidades que la Constitución y la ley asignan a las instituciones cuya aplicación regula; (vi) el reglamento y el manual que expida el Fiscal General de la Nación debe desarrollar los criterios de política criminal trazados por la Constitución y la ley penal; (vii) el reglamento y manual así expedidos, cumplen un papel de autolimitación del Fiscal General de la Nación, quien queda vinculado a su propio reglamento; (viii) a través de los deberes de reglamentación de carácter general e interno se promueven valores constitucionales como los principios de competencia preferente del Fiscal General de la Nación y unidad de gestión y jerarquía (Art.251.3), el principio de igualdad (Art.13 CP) y la protección de las víctimas (Art.251.6/7).] - [Palabras claves automatizadas: principio, justicia, control, oportunidad, aplicación, penal, acción, derechos, corte, internacional, restaurativa, general]; Art. 327 "siempre que con esta se extinga la acción penal" - INEXEQUIBLE ¿Es violatoria de los principios constitucionales la atribución asignada al Fiscal General para dictar un manual de funcionamiento de la mediación? L. 906 de 2004 Arts. 330, 527 - Exequibles por el cargo formulado. Art. 78 (parcial - Estarse a lo resuelto C - 591 - 05

Acto Legislativo 03 de 2002 y las modificaciones que introdujo en el sistema procesal penal. Características esenciales y propias del nuevo sistema procesal penal colombiano. Parangón entre los modelos acusatorios americano y continental europeo. La práctica de pruebas anticipadas, en circunstancias excepcionales no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio. Líneas jurisprudenciales sentadas por la Corte en materia de límites a la competencia del superior jerárquico - reformatio in pejus. Funciones constitucionales que ejerce el juez de control de garantías - La función de juez de control de garantías, en los procesos que adelante la Corte Suprema de Justicia, puede ser desempeñada por un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La solicitud de preclusión deberá ser siempre presentarla por el fiscal ante el juez de conocimiento en cualquier momento. Líneas jurisprudenciales en materia de juicios en ausencia. Cláusula de exclusión. Captura en flagrancia - Condiciones objetivas para la imposición de la medida de aseguramiento. Medidas de seguridad para indígenas. Delitos querellables - Conciliación preprocesal - Funciones de la Fiscalía. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 20, 30, 39, 58, 78, 80, 154, 242, 291, 302, 522 ( parciales ) y 127, 232, 267, 284, 455 y 470 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" - [Resumen automatizado: En efecto, por regla general, no se puede adelantar proceso penal alguno contra una persona ausente; tan sólo en los casos excepcionales de ( i ) declaratoria de persona ausente, siempre y cuando el Estado, por medio de la Fiscalía General de la Nación, haya agotado todos los recursos efectivos disponibles a su alcance y no haya sido posible dar con el paradero del sindicado, el juez de control de garantías procederá a realizar tal declaración, procediéndose a nombrar un abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, lo cual no obsta para que durante la etapa de juicio oral el juez de conocimiento verifique si el órgano de investigación ha continuado empleando mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado, so pena de decretar la nulidad de lo actuado; ( ii ) cuando la persona se declara en rebeldía o contumacia; y ( iii ) cuando el imputado renuncia a su derecho a encontrarse presente durante la audiencia de formulación de la imputación.] - [Palabras claves automatizadas: corte, penal, juez, garantías, prueba, control, proceso, si, fiscalía, derecho, principio, constitucional, fiscal, juicio]