¿Vulnera la Fiscalía los derechos fundamentales de los agentes del Ministerio Público, que actúan en calidad de agentes especiales al negarles el acceso a la información recaudada, sabiendo que la actuación procesal a la cual se solicita tener acercamiento material se encuentra en la etapa de indagación? Niega. La Ley 906 de 2004 se refirió a las funciones del Ministerio Público en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento en el proceso penal, posicionándolo como "sujeto especial" y no como parte o interviniente, aun cuando reiteró sus facultades de intervención, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, en coherencia con el numeral 7° del artículo 277 constitucional. Ello implica que el acceso a la información, las evidencias o los elementos materiales recaudados por las partes, se restrinja a las oportunidades y condiciones procesalmente establecidas, a las cuales debe sujetarse, pues lo contrario, como bien lo señaló la Corte Suprema de Justicia, implicaría suponer que goza de privilegios frente a la fiscalía, la defensa o las víctimas, lo cual repugna con la idea de proceso equilibrado, con igualdad de armas entre acusación y defensa. la limitación que en el nuevo sistema de indagación e investigación penal se establece para que el Ministerio Público acceda a la información, evidencias o elementos materiales recaudados por la Fiscalía, no va en detrimento de sus funciones de defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, ni vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a que hay otras oportunidades y supuestos en los que la ley procesal penal autoriza la participación de dicho órgano - [Resumen automatizado: Karime Chávez Niño, Procuradora 240 Judicial Penal I y en su condición de agente especial dentro de la actuación No. 110016000017-201215360 adelantada por la Fiscalía, el quince (15) de abril de dos mil trece (2013) interpuso acción de tutela contra la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida de Bogotá, para solicitar el amparo de los derechos fundamentales del Ministerio Público al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados al haberle negado el acercamiento a la carpeta contentiva de la información acopiada por el ente fiscal en la fase de indagación.] - [Palabras claves automatizadas: ministerio, público, ley, proceso, penal, derechos, especial, defensa, fiscalía, general, funciones, dos, mil]

¿La aplicación, en el caso concreto, del principio de verdad sabida y buena fe guardada por el Contralor Departamental para solicitar la suspensión del alcalde demandante entraña violación al debido proceso, en particular al principio de necesidad de prueba en el proceso fiscal?¿El hecho de que no se haya resuelto la situación de fondo en la investigación fiscal que se adelanta en contra del demandante, en razón a su inasistencia a rendir versión, constituye vulneración al debido proceso?¿Se presenta vulneración al derecho de petición por no haber sido resuelta por el ente fiscal solicitud del demandante referida al archivo de la investigación? Debido proceso y derecho a ser oído dentro del proceso. Determinación de fondo en la investigación fiscal. Concedida - [Resumen automatizado: Los Contralores departamentales tienen la potestad de solicitar, con fuerza vinculante, a los Gobernadores, la suspensión de un alcalde, con efectos provisionales, mientras culminan las investigaciones y los respectivos procesos penales o disciplinarios, cuando verdad sabida y buena fe guardadas tenga razones poderosas para temer que la permanencia de aquél en el desempeño de sus funciones pueda afectar las investigaciones, dificultar la tarea de fiscalización o comprometer todavía más el interés colectivo, los bienes del Estado o la moralidad pública. || En razón a que uno de los argumentos nucleares de la demanda de tutela radica en señalar que la Contraloría violó el debido proceso por haber exigido a la Gobernación Departamental la suspensión del Alcalde investigado, sin que existieran procesos penales o disciplinarios en curso, considera la Sala necesario detenerse en la naturaleza autónoma del órgano y la función fiscal y en las implicaciones de esta circunstancia en el ejercicio de la potestad de exigir suspensión de un funcionario bajo el principio verdad sabida y buena fe guardada.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, fiscal, suspensión, derecho, responsabilidad, investigación, debido, control, contraloría, auto]

Vía de hecho ¿Procede la acción de tutela contra sentencia ejecutoriada que no casó condena proferida por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, a pesar de alegarse el derecho de la persona a ser procesado según la ley preexistente al acto que se le imputa y derecho a la presunción de inocencia? El derecho al debido proceso incorpora derechos como el debido trámite procesal, la debida valoración de la prueba, capacidad y competencia del juez. Uso de los medios procesales previstos dentro de un proceso. En el delito de enriquecimiento ilícito de particulares la conducta puede ser determinada por la importancia de la prueba y no sólo por sentencia condenatoria anterior. La práctica de la inspección judicial durante la etapa de la investigación previa sin providencia previa es posible, pues se debe tener en cuenta que el procesado pude controvertir su resultado dentro del proceso. La invalidez de una prueba no impide la condena del procesado, se deben observar las pautas de exclusión de prueba ilícita como lo son los elementos inapropiados por las autoridades para obtener la convicción, así como la falta de publicación y contradicción del elemento probatorio. La autonomía e independencia en la valoración de las pruebas, no impide que el juez utilice todos los elementos válidos y necesarios para llegar al convencimiento de su decisión. La competencia territorial se establece por el lugar de comisión del hecho punible. Concedida - [Resumen automatizado: Para concluir la Fiscalía aclaró i) que los hechos relacionados con el obsequio de un carro blindado de parte de los hermanos Rodríguez Orejuela al actor se investigaban en proceso separado[10]; ii) que no se formulaban cargos por haber recibido $24.100.000 en varios cheques y depósitos provenientes del señor Cesar Hernando Villegas Arciniegas, en razón de que "no se logró dilucidar si alguno de los contados que de él recibió el doctor David Turbay correspondían a aquellos dineros de origen ilícito por los cuales se está juzgando a Villegas Arciniegas"; y iii) que en los procesos por delitos de competencia de la justicia regional, cuando el funcionario es aforado, cambian el instructor y el juez para el caso Fiscal General de la Nación y Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia-, "pero por estar sindicado de un delito de conocimiento de los jueces regionales se procede a la luz de la legislación que éstos últimos funcionarios aplican".] - [Palabras claves automatizadas: prueba, cuenta, corte, derecho, proceso, sala, si, pruebas, actor, sentencia, penal, cheque, general, nombre, investigación, hecho]

Derecho a notificación en fase preliminar del proceso. ¿Viola los derechos del demandante la Fiscalía General de la Nación, al no haberle notificado ni comunicado la apertura de la investigación preliminar que se adelantaba en su contra, a pesar de estar plenamente identificado y conocerse su residencia? ¿Es válida la posición del Fiscal de conocimiento, al negar la solicitud de nulidad de lo actuado, indicando que no procedía la notificación de la resolución de apertura de investigación preliminar, pues, en su opinión, para ese momento no existían imputados conocidos? La vía de hecho por omisión en la notificación - Mecanismos de defensa judicial procedentes. Derecho al debido proceso y a la defensa durante la etapa de indagación preliminar y etapas posteriores. Existencia de otros mecanismos de defensa: Artículo 400 del Código de Procedimiento Penal. Improcedencia de la acción de tutela - [Resumen automatizado: El señor Héctor Federico Gallardo Lozano solicita al juez de tutela que proteja sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción probatoria y libertad individual, presuntamente vulnerados por la Fiscalía General de la Nación (concretamente en contra del doctor Ariel Martínez Pineda, Fiscal Delegado ante el DAS, la doctora Deicy Jaramillo Rivera, Fiscal 20 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados -Unidad de Terrorismo- y el doctor Carlos Gordillo Lombana, Fiscal 15 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá), al no haberle notificado ni comunicado la apertura de la investigación preliminar que se adelantaba en su contra, a pesar de estar completamente identificado y conocerse su residencia. || Agrega que tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la de la Corte Suprema de Justicia han afirmado que si bien el artículo 23 de Código de Procedimiento Penal señala que durante la investigación previa las diligencias son reservadas y sólo pueden ser conocidas por el defensor del imputado que rindió versión libre, tal disposición debe ser entendida en el sentido según el cual, antes de que se rinda la versión, al imputado conocido debe informársele sobre la iniciación de la indagación preliminar, a fin de pueda presentar su versión libre, y hacer uso del derecho de defensa y contradicción probatoria.[8]] - [Palabras claves automatizadas: investigación, acción, defensa, preliminar, proceso, tutela, demandante, corte, derecho, sala, previa, etapa, imputado, apertura]