¿Se desconocen los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal, cuando un establecimiento penitenciario obliga al accionante a desnudarse y lo somete a requisas en las que se presenta contacto con sus partes íntimas? Esté Tribunal advirtió que, si bien la realización de requisas utilizando ejemplares caninos no resulta en sí misma contraria a la Carta, sí puede llegar a serlo por el hecho de que los perros establezcan contacto directo con las partes íntimas de las personas, lo que puede considerarse como una invasión en el cuerpo, contraria a la dignidad y a la integridad personal. En ese sentido, advirtió que la decisión de dejar libres los perros sin que el guía ejerciera dominio sobre ellos para controlarlos efectivamente durante la requisa, permitía que los perros tuvieran contacto directo con los genitales de las personas, y pudieran eventualmente intimidarlas, atemorizarlas y avergonzarlas. En consecuencia, determinó que la requisa con perros representaba una amenaza al derecho fundamental a la integridad personal de los accionantes y podía ocasionar la vulneración efectiva de la integridad personal de quienes eran objeto de la misma - [Resumen automatizado: Mediante escrito notificado al accionante el 29 de marzo de 2019[2], el establecimiento accionado le indicó que: (i) el personal del cuerpo de custodia y vigilancia que presta sus servicios en ese establecimiento penitenciario está capacitado en los procedimientos vigentes de requisa a las personas privadas de la libertad, (ii) los caninos no pueden llevar bozal al momento del registro, porque la detección de narcóticos sería imposible, y (iii) la Ley 65 de 1993 dispone que los internos deben ser requisados rigurosamente después de cada visita. || En caso de superar los requisitos de procedencia general, se analizará el fondo del asunto, el cual plantea este interrogante: ¿se desconocen los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal, cuando un establecimiento penitenciario obliga al accionante a desnudarse y lo somete a requisas en las que se presenta contacto con sus partes íntimas? || COMPULSAR COPIAS de la tutela a la Procuraduría General de la Nación para que, dentro de sus competencias, investigue: (i) la presunta conducta transgresora de los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal de las personas privadas de la libertad y de las mujeres visitantes, por parte del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías, y (ii) la omisión de respuesta en el trámite de esta tutela.] - [Palabras claves automatizadas: personas, tutela, establecimiento, registro, derechos, seguridad, carcelario, en, dignidad, libertad, humana, penitenciario, integridad, personal]

La educación como factor de resocialización de personas condenadas a penas de prisión. Entonces, la obligación que adquieren los centros de reclusión es la de restituir los vínculos sociales de las personas privadas de la libertad con el mundo exterior, ya que de ello depende que se logre una verdadera readaptación social, lo cual debe hacer a través de medios que le permitan al detenido contar con herramientas que le faciliten su reinserción a la sociedad. El Estado debe implementar en los establecimientos penitenciarios programas de educación que le permitan al interno preparase con una formación que al momento de salir de prisión le sea útil para incorporarse en la sociedad y aportarle a la misma. En suma, el trabajo, la educación y las distintas actividades que se realicen en el curso de la detención, son parte del núcleo esencial del derecho a la libertad, pues se constituyen en un mecanismo indispensable para lograr la resocialización de la persona recluida en prisión, de lo que se deriva que para los centros carcelarios debe ser una prioridad que los internos puedan acceder a los programas que les permita redimir pena durante las diferentes fases del tratamiento penitenciario (observación, alta, mediana, mínima seguridad y confianza) - [Resumen automatizado: 1. La actuación da cuenta de que el señor Armando Macías Ardila ingresó el 17 de mayo de 2016 al patio 5 de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Bucaramanga (en adelante Cpmsbuc), en la que aparte de culminar su bachillerato académico en 2017 al interior del establecimiento y en ese mismo año realizar un curso de manejo básico de herramientas informáticas con el Sena, a comienzos de 2018, con ocasión del convenio entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante Inpec), la Institución de Educación Superior Tecnológica Fitec (en adelante Fitec) y la alcaldía de Bucaramanga, inició estudios en el programa denominado “técnica profesional en procesos empresariales para Mipymes”. || En este evento la Corte debe resolver si el Inpec vulneró el derecho a la educación del accionante al disponer su traslado de la cárcel de Bucaramanga a la de Bogotá, interrumpiendo de forma abrupta los estudios que cursaba en el programa de “técnica profesional en procesos empresariales para Mipymes” que ofrece Fitec, ya que como se indicó, sobre los derechos a la vida y a la integridad personal solo hubo una enunciación por parte del actor en el escrito inicial, sin que estos fueran objeto de desarrollo o debate al interior del trámite, menos de acreditación de alguna afectación.] - [Palabras claves automatizadas: inpec, derecho, bucaramanga, traslado, educación, tutela, libertad, derechos, actor, cuaderno, personas, acción, corte, seguridad, debe]

¿Vulneran las entidades accionadas los derechos fundamentales de todos los funcionarios públicos e internos de un Establecimiento Penitenciario y incluido el personal de guardia y administrativo debido a las precarias condiciones que se ven en la obligación de soportar en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario a pesar de que tal situación es un asunto estructural y generalizado en los centros penitenciarios y carcelarios del país? Las actuales condiciones laborales que están obligados a soportar los funcionarios del EPC La Paz, vulneran su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas dado que se hay escasez de funcionarios, tanto del personal de custodia y vigilancia como del personal administrativo, en relación con las actuales condiciones de hacinamiento del centro penitenciario se está excediendo la jornada máxima laboral del Cuerpo de Custodia y Vigilancia; existen pésimas condiciones de seguridad del penal y de mantenimiento de sus instalaciones no existe datación de bienes y elementos de intendencia necesarios para garantizar la seguridad de los internos, los funcionarios y los visitantes, y brindar capacitación y re-entrenamiento al personal de custodia y vigilancia, y existe un deficiente servicio de atención de la ARL en lo que tiene que ver con el incremento de las actividades de promoción de salud ocupacional y prevención de riesgos laborales - [Resumen automatizado: El veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014), Jhonnier Cifuentes Quintana, actuando en nombre y representación de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano UTP, Seccional Itagüí[2], interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., solicitando el amparo de los derechos fundamentales de "todos los funcionarios públicos e internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario LA PAZ, del municipio de Itagüí, incluido el personal de guardia y administrativo"[3], a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la salud, al trabajo digno y en condiciones de higiene y seguridad adecuadas, y a un ambiente sano, que considera han sido vulnerados por las instituciones accionadas debido a las precarias condiciones que se ven en la obligación de soportar en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz del municipio de Itagüí, Antioquia.] - [Palabras claves automatizadas: personal, derechos, inpec, paz, internos, penitenciario, condiciones, carcelario, vigilancia, custodia, funcionarios, dos, seguridad, nacional]

¿En qué circunstancias el derecho a la unidad familiar de los internos prevalece sobre las razones del INPEC para mantener a un recluso en determinado centro penitenciario? Las decisiones que conciernen a traslados de reclusos sean solicitadas por el mismo interno u ordenadas por el Director General del INPEC que interfieran con la unidad familiar, deben estar justificadas en los criterios determinados por la ley y la jurisprudencia, so pena de considerarse arbitrarias y desbordar la órbita de la discrecionalidad propia de las facultades de las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lo que eventualmente ameritaría la intervención del juez de tutela. Tal discrecionalidad, no se refiere estrictamente a la posibilidad de decidir sobre traslados sin justa causa, si no, a que en la evaluación de tal situación, cuenta con cierto nivel de apertura y flexibilidad que le permite ponderar criterios frente a la unidad familiar u otros derechos de los reclusos. al enfrentarse la unidad familiar a estas razones jurisprudenciales y legales con las que cuenta el INPEC para justificar la estadía de un recluso en un centro penitenciario, por regla general, las últimas se impondrán, como ocurrió en los casos planteados en las sentencias T-274 de 2005 y T-785 de 2002 en las cuales no se autoriza el traslado de padres recluidos en lugares lejanos a la residencia de sus hijos por razones de hacinamiento y de debido a la protección del buen desarrollo del proceso, respectivamente. Sin embargo, la unidad familiar cobra mayor fuerza de manera excepcional cuando las extremas condiciones de vulnerabilidad y abandono de los menores involucrados (hijos de reclusos) ameritan la protección del derecho en virtud de garantizarles su bienestar y crecimiento armonioso; es el caso, por ejemplo, de un menor que se encontraba al cuidado de personas ajenas a su familia que aseguraban que no seguirían velando por él, con madre recluida y padre ausente y que padecía trastornos emocionales, a quien se le concedió el derecho en la sentencia T- 319 de 2011; o el asunto analizado en la sentencia T-669 de 2012 en la cual se ordenó autorizar el traslado de un padre recluido a un establecimiento cerca a sus hijos de madre ausente y uno de los cuales padecía cáncer de paladar, al cuidado de una vecina y soportando una precaria situación económica que los mantenía en la indigencia - [Resumen automatizado: Jurisprudencialmente se considera que es arbitraria e injustificada la decisión en relación al traslado de los reclusos cuando, evidenciándose vulneraciones a derechos fundamentales no restringibles, la Dirección general del INPEC: (i) Emite órdenes de traslado o niega los mismos sin motivo expreso; (ii) Niega traslados de internos bajo el único argumento de no ser la unidad familiar una causal establecida en el artículo 75 del Código Penitenciario y Carcelario; (iii) Emite órdenes de traslado o niega los mismos con base en la discrecionalidad que le otorga la normatividad, sin más argumentos. || Por el contrario, se observa que se ha considerado fundada la amplia facultad de apreciación de las causales de traslado, de los mismos cuando la decisión se encuentra justificada en las siguientes razones: (i) Que el recluso requiera una cárcel de mayor seguridad; (ii) Por motivos de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios; (iii) Porque se considere necesario para conservar la seguridad y el orden público; (iv) Que la estadía del recluso en determinado penal sea indispensable para el buen desarrollo del proceso.] - [Palabras claves automatizadas: traslado, inpec, carcelario, menores, derecho, penitenciario, traslados, familiar, tutela, seguridad, derechos, encuentra, respuesta, artículo, internos, decisión, situación]

¿El INPEC vulneró el derecho de petición del actor, en el cual solicita que se le otorgue la posibilidad de redención de pena por trabajo dos por uno, que se encuentra previsto en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993? Carencia actual de objeto por hecho superado. Violación de otros derechos fundamentales por la falta de recibo del derecho de petición y la falta de notificación de las providencias al tutelante - [Resumen automatizado: Por otra parte, en la recolección de las pruebas se constató por parte del Magistrado Sustanciador que al tutelante se le estaba violando el derecho fundamental al debido proceso, ya que no se le había notificado del Auto Interlocutorio por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en donde se le informaba de esta providencia, el tiempo que descontaba y la posibilidad de pedir el beneficio de libertad condicional para el día 31 de diciembre de 2010. || 1.2 El juez de instancia después de hacer un resumen de los hechos, de las pruebas presentadas por la parte accionante, de la respuesta de la entidad demandada - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”-, y del Juzgado Cuarto Penal del Circuito especializado de Medellín, entra a la parte motiva de la sentencia, en donde considera que el problema jurídico a resolver es si el derecho fundamental de petición del ciudadano Mauricio Álvarez Martínez se vulnera “… con la no respuesta real, concreta y efectiva del derecho de petición elevado el Veintiuno (21) de Septiembre de la presente anualidad…”[28] por parte de la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo del INPEC.] - [Palabras claves automatizadas: petición, derecho, pena, sala, inpec, redención, libertad, parte, tutela, interno, desarrollo]

¿En las sentencias proferidas por las autoridades accionadas, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de las entidades accionantes, en razón a que en el curso del trámite de acción de cumplimiento, promovido por ASEINPEC contra el INPEC, incurrieron en un defecto sustantivo y en un defecto procedimental? Concedida. Sobresueldo a los empleados de los establecimientos de reclusión. Improcedencia de la acción de cumplimiento. Defecto sustantivo y procedimental - [Resumen automatizado: 1.4 El INPEC señaló que la Sala Décima del Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto en la decisión adoptada no consideró que al ser declarado inexequible el artículo 85 de la Ley 32 de 1986 por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, "existe inexequibilidad sobreviniente de la norma, en lo que respecta al artículo 19 de la Ley 65 de 1993, toda vez que se reproduce en cierta forma en el literal a) el contenido del artículo 85 de la Ley 32 de 1986, por cuanto ambas permiten establecer un sobresueldo para los empleados del establecimiento de reclusión en el que se reciban presos departamentales o municipales, contenido que fue declarado inexequible, porque rebasó la disposición del Decreto 259/38 de lo que se desprende que hay cosa juzgada constitucional material y por tanto debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 19 (...).] - [Palabras claves automatizadas: cumplimiento, ley, proceso, medellín, acción, sala, inpec, convenio, orden, derecho, tutela, si, normas, administrativo]

¿Las autoridades carcelarias violan a los internos evangelistas, el derecho a ejercer su religión en condiciones de igualdad frente a quienes practican el culto católico, por el hecho de restringir el ingreso de sus pastores y por las instalaciones destinadas para la realización del mismo? Concedida. Dado que el Estado colombiano es definido constitucionalmente como laico, los tratamientos diferentes y arbitrarios entre los ciudadanos practicantes de una u otra fe, resultan ser inadmisibles, por cuanto atentan contra la neutralidad que deben mantener la autoridades públicas en el tema; tanto más y en cuanto tales diferencias pretenden ampararse en simples términos cuantitativos - [Resumen automatizado: “Para la celebración del culto religioso se dispone de una capilla u otro sitio del establecimiento como es el área de visitas para eventos especiales y de un aula alterna a cada pabellón, los días de permiso ingresan los representantes de cada religiones (sic) y se dividen por los diferentes pabellones de cada establecimiento, realizando su culto, donde cada pastor cuenta con una hora para realizar cada actividad, respetando el culto siguiente, se aclara que el permiso y la hora es para todas las iglesias sin prioridad. || En este orden de ideas, la Corte analizará (i) las relaciones de especial sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad; (ii) el derecho fundamental a practicar un culto religioso en condiciones de igualdad en el contexto de un Estado laico; (iii) el papel que está llamado a cumplir el juez constitucional en relación con la regulación interna de las cárceles y penitenciarías, y (iv) resolverá el caso concreto.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, culto, internos, religión, personas, derechos, cada, realizar, en, siguiente, relaciones, cultos, derecho, visitas]

¿El INPEC vulneró el derecho fundamental a la salud del agenciado, al no prestar la atención médica que requiere para el tratamiento de las enfermedades mentales que padece? Concedida. A la organización estatal le corresponde garantizar que los internos tengan acceso a los servicios de salud, como quiera que, por cuenta de su reclusión, son sujetos de especial protección, en la medida en que no pueden satisfacer por sí mismos sus necesidades en la materia, como quiera que no es posible que se afilien a los regímenes del Sistema de Salud, o que acudan a una institución pública o privada en búsqueda de atención médica. En este orden de ideas, el Estado se obliga a asegurar de forma absoluta su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, garantizando el acceso de los internos a los servicios de salud que requieran para tratar las enfermedades que los aquejen - [Resumen automatizado: El 9 de marzo de 2009, Blanca Patricia Villegas de la Puente, Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, presentó acción de tutela en nombre y representación del recluso Edward Orlando Barrios Arias, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad y a la igualdad que, según afirma, le vienen siendo vulnerados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, debido a que esa entidad, conociendo las enfermedades mentales que padece el interno, no ha ordenado su reubicación en un centro de rehabilitación de salud mental, cerca de su núcleo familiar, para que se le brinde un tratamiento adecuado. || 2.3 La Defensoría del Pueblo conoció de la condición médica del accionante, y desde el mes de noviembre de 2007 solicitó, en diversas oportunidades, al Instituto Nacional Penitenciario, en adelante INPEC, que, con carácter urgente, adoptará "las medidas necesarias para proteger la vida e integridad" del interno Edward Orlando Barrios Arias, y, específicamente, que lo remitiera a una Unidad de Salud Mental, conforme con lo previsto para el efecto por el artículo 107 de la Ley 65 de 1993.] - [Palabras claves automatizadas: salud, derechos, penitenciario, mental, interno, libertad, derecho, inpec, médico, tutela, sala, traslado, atención]

¿Los derechos fundamentales a la familia, de los niños y al debido proceso de la actora y de su hija, fueron vulnerados por el INPEC, al trasladar a su esposo y padre del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la ciudad donde ellas residen, al establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de otra ciudad? Negada. Si bien la menor y la peticionaria resultan afectadas por la decisión adoptada por el INPEC, ésta no fue arbitraria sino inevitable, púes este Instituto lo que busca es ofrecer adecuadas medidas de seguridad, para proteger a los internos y a la sociedad, debiendo resolver las ubicaciones en prisiones acordes con la naturaleza del delito cometido y la pena impuesta. Es la situación particular del esposo de la accionante, responsable de delitos de elevada lesividad y grave impacto social, la que conlleva la mayor restricción, en deplorable pero no evitable repercusión contra el derecho a la unidad familiar - [Resumen automatizado: La señora María Eugenia Donado Torres instauró acción de tutela, actuando también como representante legal de una hija menor de edad, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, aduciendo vulneración de los derechos “a la familia, a los niños y al debido proceso”, por los hechos que a continuación son resumidos. || En tercer lugar, la acción constitucional de tutela, no es un mecanismo idóneo para incoar la protección de los derechos fundamentales de un recluso que, por consecuencia de su misma conducta asocial, le han sido suspendidos algunos de sus derechos; en virtud del llamado Contrato Social suscrito con el Estado; el cual es fundado en el aforismo 'el bien general, prevalece sobre el interés particular'” (f. || Corresponde a esta Sala de Revisión establecer si los derechos fundamentales de la señora María Eugenia Donado Torres y de su representada hija menor Alejandra Rojas Donado a la familia, de los niños y al debido proceso, le fueron conculcados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, al trasladar a su esposo y padre Orlando Rojas Valero, del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Montería, ciudad donde ellas residen, al establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, inpec, fundamentales, montería, traslado, seguridad, establecimiento, sentencia, derecho, corte, familia, penitenciario]

¿Se vulneraron los derechos a la vida, a la igualdad, a la intimidad personal y familiar, a la dignidad humana y a no ser sometidos a tratos crueles inhumanos o degradantes de los demandantes por el manejo indebido de los perros encargados de hacer las requisas en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios? Concedida. La realización de requisas utilizando ejemplares caninos, si bien no resulta en si misma contraria a la Carta, si puede llegar a serlo por el hecho de que los perros establezcan contacto directo con las partes íntimas de las personas, lo que puede considerarse como una intrusión invasiva en el cuerpo humano contraria a la dignidad que le es inherente a la persona y que constituye además una amenaza contra la integridad personal. Deben respetarse los derechos fundamentales tanto de internos como de visitantes. Está prohibida toda actuación que constituya un maltrato, al conllevar un trato vejatorio o descalificador, que atente contra la integridad no solo física sino psíquica de las personas y con ello la dignidad humana - [Resumen automatizado: Considera entonces la Sala que es importante reiterar a las autoridades que los visitantes y los internos tienen derecho a que se respeten su intimidad, dignidad e integridad personal y esos derechos solo pueden afectarse mediante prácticas intrusivas en el cuerpo humano, en circunstancias muy específicas y, en ese caso, se requerirá la orden de una autoridad judicial como lo ha reiterado esta Corte[80], para garantizar así que el procedimiento esté conforme con el respeto por los derechos fundamentales de los reclusos y de quienes los visitan.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, corte, internos, dignidad, derecho, personal, sentencia, interno, fundamentales, personas, integridad, cuaderno, puede, requisa, humana]