El inciso 2º del artículo 175 y el inciso 3º (parcial) del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", que establecen términos mayores para que la Fiscalía formule la acusación o solicite la preclusión en tres circunstancias particulares, no desconocen el principio de la igualdad de armas, como tampoco vulneran el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas - [Resumen automatizado: Por otra parte, aclara que: (i) la fase de investigación se diferencia de la indagación, no sólo porque esta última es preprocesal, sino también por los grados de conocimiento exigidos en estas etapas, los cuales fluctúan entre la posibilidad de verdad (inferencia razonable de responsabilidad penal) y la probabilidad de verdad para formular acusación, y (ii) la fase de investigación no culmina con una acusación, debido a que, después del término previsto en la norma, la Fiscalía puede pedir la preclusión o la aplicación del principio de oportunidad. || El cargo también es específico, pues los ciudadanos precisaron la forma en que las normas demandadas desconocen el principio de igualdad de armas, al prever unos términos especiales para que el ente acusador recaude pruebas, a pesar de que la defensa no cuenta con términos extendidos en aquellas circunstancias específicas: El cargo es pertinente, porque de éste surge la oposición objetiva entre las disposiciones acusadas y el contenido del artículo 29 superior, que prevé el derecho de defensa y del cual se deriva el principio de igualdad de armas; es decir, propone un juicio abstracto de constitucionalidad; y son suficientes, porque generan una duda mínima sobre la constitucionalidad de las disposiciones censuradas, debido a que, a primera vista, la previsión de un plazo mayor a favor de la Fiscalía podría afectar la igualdad de armas entre las partes.] - [Palabras claves automatizadas: defensa, fiscalía, proceso, igualdad, principio, normas, derecho, penal, términos, armas, juicio, cargo, acusación]

Control oficioso de constitucionalidad del Decreto Ley 898 de 2017, por el que se crea la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres (artículos 1 a 24); se modifica parcialmente la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación (artículos 25 a 55); se cambia la denominación de algunos cargos (artículos 56 y 57) y se crean y suprimen empleos de la planta global de personal de la entidad (artículos 58 a 67). Exequible, con excepción del artículo 62, que se declara EXEQUIBLE, en el entendido que las personas a las que se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con ocasión del proceso de ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que se mantienen en la Fiscalía General de la Nación - [Resumen automatizado: Que el presente Decreto en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169 de la Constitución Política tiene por título: "Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, se modifica la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones", que corresponde precisamente a su contenido.] - [Palabras claves automatizadas: general, nación, fiscalía, decreto, unidad, ley, investigación, especial, acuerdo, final, dirección]

La Corte concluyó que las funciones conferidas por los artículos 4º, 15 y 26 del Decreto Ley 16 de 2014 en materia de policía judicial, al Fiscal General de la Nación, al Vicefiscal General y a la Subdirección de Articulación Externa de Policías Judiciales, se ajustan materialmente a las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República mediante la Ley 1654 de 2013, acorde con lo previsto en el artículo 150, numeral 10 de la Carta Política. De otra parte, la Corte no encontró que los preceptos demandados vulneren la autonomía e independencia de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, toda vez que las funciones de dirección y coordinación que se ejerzan desde la Fiscalía General de la Nación, se circunscriben al campo de la acción penal y de la investigación de los hechos que constituyan delito. Por tal motivo, el ejercicio de funciones de policía judicial relacionadas con el control disciplinario –en el caso de la Procuraduría General de la Nación- o el control fiscal -en el caso de la Contraloría General de la República- será desplegado dentro de los márgenes de la autonomía funcional y técnica que la Constitución y la ley reconocen a cada una de estas entidades. Decreto 16 de 2014, "por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación"; Arts. 4, Nums. 9 y 17; 15, Nums. 14 y 15; y 26 : Exequibles - [Resumen automatizado: Como fundamento de su decisión la Sala señaló, que la demanda recaía sobre el Decreto Ley 16 de 2014, el que fue expedido con base en las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 1654 de 2013 Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al Presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su régimen de carrera y situaciones administrativas, y que por lo mismo su control correspondía a la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido por el numeral 5 del artículo 241 de la Constitución Política. || De esta manera el primer problema jurídico es: ¿Las normas demandadas del Decreto 016 de 2014, que establecen la competencia del Fiscal y del Vicefiscal General de la Nación para dirigir y coordinar las funciones de policía judicial y adoptar protocolos sobre las mismas, así como las funciones de la Subdirección de Articulación Externa de Policías Judiciales de la Fiscalía General de la Nación, violaron el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, al exceder los límites de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 1654 de 2013?] - [Palabras claves automatizadas: policía, general, judicial, nación, funciones, fiscalía, constitución, decreto, control, ley]; Arts. 4, Nums. 9 y 17; 15, Nums. 14 y 15; y 26 : Exequibles

No contraviene la Constitución que el legislador extraordinario haya previsto la conformación y el funcionamiento dentro de la Fiscalía General de la Nación, de comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos bajo investigación, cuya decisión prevalecerá en el evento de haber discrepancia, frente a la posición del fiscal de cada caso, toda vez que se trata del ejercicio de la competencia atribuida constitucionalmente al legislador para desarrollar el principio constitucional de unidad de gestión y jerarquía de la Fiscalía General y determinar, en este ámbito, los términos y condiciones de la autonomía de los fiscales delegados, según lo ordena el numeral 3 del artículo 250 de la Constitución Política, en el ejercicio de sus funciones no jurisdiccionales. Esto significa que la organización, funcionamiento y prevalencia de decisión de los comités técnico-jurídicos no se predica del ejercicio de funciones jurisdiccionales de los fiscales delegados las que, hoy en día subsisten, de manera excepcional, cuyo ejercicio se rige por los principios de autonomía e independencia de quienes ejercen funciones jurisdiccionales. Decreto 16 de 2014, "por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación", las expresiones "Para el efecto podrá organizar los comités que se requieran para decidir las situaciones y los casos priorizados", contenida en el numeral 7 del artículo 4º y "Si el fiscal del caso se aparta de la decisión del Comité deberá motivar su posición, la cual será estudiada nuevamente por este. En todo caso, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, prevalecerá el criterio y la posición de la Fiscalía señalada por el Comité, en aplicación del numeral 3 del artículo 251 de la Constitución", contenida en el inciso segundo del numeral 8 del artículo 31; y los numerales 5 del artículo 5º, 8 del artículo 15, 5 del artículo 16, 2 del artículo 17, 2 del artículo 20, 8 del artículo 29 y del artículo 33 : Exequibles. S. V - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional concluyó que es constitucional que la Ley (Decreto Ley, en este caso) prevea la conformación y el funcionamiento, dentro de la Fiscalía General de la Nación, de comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos, cuya decisión prevalecerá, en caso de haber discrepancia, frente a la posición del fiscal de cada caso, ya que se trata del ejercicio de la competencia atribuida constitucionalmente al Legislador para desarrollar el principio constitucional de unidad de gestión y jerarquía de la Fiscalía General de la Nación y determinar, en este sentido, los términos y condiciones de la autonomía de los fiscales delegados, según lo ordena el numeral 3 del artículo 251 de la Constitución Política, en el ejercicio de sus funciones no jurisdiccionales.] - [Palabras claves automatizadas: fiscalía, general, nación, funciones, autonomía, fiscales, constitución, jerarquía, judicial, principios, jurisdiccionales, independencia, sentencia, corte]

¿La medida que atribuye al fiscal la facultad de entregar bienes y recursos incautados u ocupados, a quien tuviere derecho a recibirlos, cuando estos no sean necesarios para la investigación o respecto de los cuales no procede el comiso, sin que medie autorización judicial, vulnera el precepto constitucional que exige autorización del juez de control de garantías para la adopción de medidas que afecten derechos fundamentales, o alguno de los principios adscritos al sistema penal acusatorio? Se afecta el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia, por cuanto de la disposición parcialmente acusada se deriva una competencia que comporta el ejercicio de potestad jurisdiccional, comoquiera que lleva implícita la definición de quién tiene derecho a recibir los bienes incautados u ocupados. La decisión de devolución de los bienes incautados con fines de comiso a quien tenga derecho a recibirlos, debe adoptarse al igual que aquella que dispone sobre el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo sobre bienes susceptibles de comiso, en audiencia ante el juez de control de garantías, a solicitud del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 88 (parcial) : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Además de lo previsto en otras disposiciones de este código, antes de formularse la acusación y por orden del fiscal, y en un término que no puede exceder de seis meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover acción de extinción de dominio dispondrá lo pertinente para dicho fin. || 3. Conforme a lo señalado, el problema jurídico que la Corte debe resolver en esta oportunidad, consiste en determinar si la norma que atribuye al fiscal la facultad de entregar bienes y recursos incautados u ocupados cuando estos no sean necesarios para la investigación o respecto de los cuales no procede el comiso, sin que medie autorización judicial, vulnera el precepto constitucional que exige autorización del juez de control de garantías para la adopción de medidas que afecten derechos fundamentales, o alguno de los principios adscritos al sistema penal acusatorio.] - [Palabras claves automatizadas: bienes, control, derecho, derechos, juez, garantías, fiscal, corte, fundamentales, medidas]; Art. 88 (parcial) : INEXEQUIBLE

¿Otorgar a la Fiscalía General de la Nación la facultad de ordenar a la policía judicial la captura de un individuo durante una diligencia de allanamiento, conculca un principio, valor y derecho como es la libertad, y desborda las facultades que le son otorgadas en la Constitución? Los motivos existentes para que en aplicación del artículo 219 de la Ley 906 de 2004 la Fiscalía ordene una captura en los supuestos allí establecidos, previa orden del juez, remiten a normas donde los presupuestos y requisitos están claramente definidos por el legislador y por la jurisprudencia, salvaguardando así no solo la excepcionalidad en la restricción de los derechos fundamentales del individuo dentro del proceso penal, sino los inmanentes principios de reserva judicial y legal. \El principio de legalidad de la privación de la libertad y su materialización tratándose de medidas de aseguramiento privativas de ese derecho constitucional\ Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 219 : Exequible - [Resumen automatizado: Con todo, plantearon que la norma impugnada se ajusta a la Constitución, como quiera que si bien el artículo 219 de la Ley 906 de 2004 permite realizar u ordenar la captura durante una diligencia de registro o allanamiento, también establece que cuando su finalidad única sea la captura, solo podrá ordenarse por delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual debe analizarse sistemáticamente con las demás normas concordantes contenidas en el Código de Procedimiento Penal. || Acorde con lo hasta aquí consignado, más recientemente la Corte efectuó un análisis sobre los presupuestos y fines constitucionales y legales para la imposición de medidas de aseguramiento en el proceso penal contenidas en la Ley 906 de 2004[24], recordando que el artículo 250 superior[25] que consagra las funciones de la Fiscalía General de la Nación, señala en el numeral 1° que al ente investigador[26] le corresponde solicitar al juez de control de garantías la adopción de las medidas necesarias (privativas de la libertad o de otros derechos y libertades) que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso, la conservación de los elementos materiales y la evidencia física, al igual que la protección de la comunidad y especialmente de las víctimas.] - [Palabras claves automatizadas: ley, captura, juez, fiscalía, orden, libertad, general, garantías, derecho, nación, judicial, fallo, norma, penal, corte, medida]; Art. 219 : Exequible

¿El segundo inciso del artículo 76 de la Ley 1395, en tanto asigna la competencia para revisar en segunda instancia las decisiones de los fiscales que tramitan la acción de extinción de dominio, a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante Tribunal- Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, desconoce el artículo 29 superior, en particular la garantía de imparcialidad, teniendo en cuenta que todos estos funcionarios - los que deciden tanto en primera como en segunda instancia- pertenecen a la misma entidad y hacen parte de la misma estructura jerárquica? ¿Autorizar al fiscal, durante la fase inicial, para emplear las técnicas de investigación de registros y allanamientos, interceptaciones de comunicaciones telefónicas y similares, recuperación de información cibernética y similar, y vigilancia de cosas, vulnera los artículos 15, 28, 29 y 250 superiores, en cuanto, según el actor, (i) se requiere orden judicial para su práctica, y (ii) tal orden no puede ser dictada por la Fiscalía, pues no puede cumplir funciones jurisdiccionales de esa naturaleza? La acción de extinción de dominio es una acción constitucional autónoma distinta a la acción penal y a las demás acciones ordinarias. Por esta razón, las funciones que cumple la Fiscalía en el proceso de extinción de dominio, aunque son jurisdiccionales, no son de naturaleza penal. La estructura jerárquica de la Fiscalía no riñe con los principios de autonomía, independencia e imparcialidad, pues en tanto los fiscales delegados son servidores que cumplen funciones jurisdiccionales, sus decisiones - en primera y segunda instancia- deben regirse por estos últimos principios. En el proceso de extinción de dominio, los fiscales son competentes para ordenar el empleo de técnicas de investigación que afecten los derechos fundamentales de los afectados. En este caso al Constitución no exige la intervención del juez de control de garantías. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 76, Inc 2 y Art. 78 (Modifica los Art. 11 y 12A de la Ley 793 de 2002) : Exequibles - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, Juan Carlos Henao Pérez -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || En primer lugar, afirma que este artículo, en tanto faculta al fiscal que conoce de la acción de extinción de dominio para emplear otros medios de prueba, desconoce las disposiciones constitucionales citadas, pues éstas prohíben a la Fiscalía “(…) practicar pruebas en la investigación de los hechos, por ser una función propia y no delegable del juez de conocimiento” en el marco del nuevo sistema penal acusatorio.] - [Palabras claves automatizadas: extinción, fiscalía, dominio, judicial, proceso, acción, ley, penal, corte, sentencia, funciones, general, fiscal]; Art. 76, Inc 2 y Art. 78 (Modifica los Art. 11 y 12A de la Ley 793 de 2002) : Exequibles

¿Los acuerdos para el traslado de cargos entre la Fiscalía General, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo y organismos que cumplan funciones de policía judicial, que autoriza celebrar el artículo transitorio demandado establece o no un tratamiento discriminatorio que vulnera el artículo 13 de la Constitución, de las personas que no pertenecen a esas entidades para acceder a dichos cargos? ¿desconoce o no los artículos 40-7 y 125 superiores, por desconocimiento de las normas de carrera y el acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos? Condiciones que deben cumplirse en los acuerdos de traslados de cargos. Ley 938 de 2004; Art. 4 Transitorio - CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: La Corte constata que como se desprende del análisis efectuado por la Corte en la Sentencia C-777 de 2005 la posibilidad de establecer acuerdos para trasladar cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo y organismos que cumplan funciones de policía judicial, cuando se requiera para garantizar la presencia de los servidores públicos necesarios en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, debe examinarse no solo en el contexto del mandato señalado en el artículo 4° transitorio del Acto Legislativo 02 de 2003 sino también de manera sistemática con las normas que regulan en cada una de las instituciones el ingreso y permanencia de los servidores públicos. || Resulta pertinente recordar que dentro de las normas dictadas por el Congreso de la República para introducir mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 una reforma al sistema penal se incluyó en el último inciso del artículo 4° transitorio[1] de dicho Acto Legislativo la previsión según la cual con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio en él previsto, la ley tomaría las previsiones tendientes a garantizar la presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema, en particular, el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo, y los organismos que cumplen funciones de policía judicial.] - [Palabras claves automatizadas: sistema, cargos, nación, nuevo, carrera, traslado, fiscalía, entidades, general, legislativo, ley, judicial, rama, acto, servidores, transitorio]; Art. 4 Transitorio - CONDICIONALMENTE exequible

¿La modalidad de captura realizada por los fiscales, sobre la base de motivos fundados y en una situación tal que le impida solicitar previamente el mandamiento escrito de un juez, quebranta el artículo 28 de la Constitución que establece la reserva judicial para ordenar detenciones a los ciudadanos, o por el contrario, se enmarca dentro de la excepción constitucional contemplada en el inciso tercero del numeral 1) del artículo 250 de la Carta? ¿ Delimita de manera clara y precisa los casos y condiciones exigidas por el constituyente, para que la Fiscalía General de la Nación pueda excepcionalmente, proceder a realizar una captura? Ley 906 de 2004; Art. 2 (parcial) - INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Si el carácter de la Fiscalía General de la Nación como ente perteneciente a la Rama Judicial fue modificado mediante el Acto Legislativo 3 de 2002, luego si sus funciones son administrativas o judiciales en el nuevo sistema penal; y si la posibilidad que la Fiscalía realice capturas sin mandamiento escrito del juez está estipulada de acuerdo a las garantías que, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, deben ser atendidas por los Estados para respetar el derecho fundamental a la libertad personal. || Corresponde a la Corte establecer si las expresiones acusadas contenidas en el último inciso del artículo 2 vulneran o no el mandato establecido en el artículo 28 superior según el cual “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”, así como las normas internacionales de derechos humanos sobre la materia y en particular si en el presente caso se establece un sistema de “captura administrativa” contraria a la reserva judicial de la libertad.] - [Palabras claves automatizadas: judicial, juez, libertad, fiscalía, general, nación, penal, capturas, orden, control, ley, escrito, garantías, autoridad]; Art. 2 (parcial) - INEXEQUIBLE

El que la norma demandada establezca que "Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia" ¿vulnera el principio de favorabilidad?¿Desconoce el artículo 250-7 de la Constitución que señala como competencia de la Fiscalía General de la Nación la protección de los testigos y demás intervinientes en el proceso penal; el que la norma demandada establezca que "la protección de los testigos y peritos que pretenda presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo? Los artículos 127 y 291 de la Ley 906 de 2004 en cuanto permiten la vinculación, acusación y juzgamiento de ausentes en el proceso penal ¿desconocen los artículos 13, 29 y 250-4, así como los artículos 93 y 94 superiores en cuanto con ellos se desconocen igualmente diversos instrumentos internacionales? Los principios de legalidad y de favorabilidad en materia penal y el significado que a los mismos se ha dado en la jurisprudencia constitucional. Las competencias que la Constitución asigna a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Los elementos esenciales del nuevo sistema penal y los parámetros para la interpretación de las normas del nuevo Código de Procedimiento Penal. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6º (parcial), 114 (parcial), 127, 291 y 287 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" - [Resumen automatizado: Afirma que las expresiones acusadas contenidas en el inciso final del artículo 6º de la Ley 906 de 2004, deben entenderse entonces armonizadas tanto con los derechos y garantías previstas en el artículo 29 constitucional, como con lo previsto en el artículo 5º del Acto Legislativo No. 03 de 2002, y en consecuencia ha de entenderse que en ellas se establece como regla general que las disposiciones de la Ley 906 de 2004 sólo se aplicarán para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique que se desconozca la aplicación excepcional del principio de favorabilidad en materia procesal penal, del que se ocupó expresamente el inciso 2º del artículo 6º referido al indicar que "la ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aún cuando sea posterior a la actuación se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable", dejando a salvo la posibilidad de aplicar algunas normas de la Ley 906 de 2004 retroactivamente, en virtud del principio de favorabilidad y en cuanto sean compatibles con la naturaleza del procedimiento regulado en la Ley 600 de 2000, asunto que dependerá de las circunstancias de cada caso concreto y corresponderá establecer al juez y al fiscal de conocimiento a petición de parte o de oficio.] - [Palabras claves automatizadas: penal, ley, principio, corte, proceso, sistema, relación, aplicación, fiscalía, derecho, juez, garantías, constitucional, nuevo]

Acto Legislativo 03 de 2002 y las modificaciones que introdujo en el sistema procesal penal. Características esenciales y propias del nuevo sistema procesal penal colombiano. Parangón entre los modelos acusatorios americano y continental europeo. La práctica de pruebas anticipadas, en circunstancias excepcionales no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio. Líneas jurisprudenciales sentadas por la Corte en materia de límites a la competencia del superior jerárquico - reformatio in pejus. Funciones constitucionales que ejerce el juez de control de garantías - La función de juez de control de garantías, en los procesos que adelante la Corte Suprema de Justicia, puede ser desempeñada por un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La solicitud de preclusión deberá ser siempre presentarla por el fiscal ante el juez de conocimiento en cualquier momento. Líneas jurisprudenciales en materia de juicios en ausencia. Cláusula de exclusión. Captura en flagrancia - Condiciones objetivas para la imposición de la medida de aseguramiento. Medidas de seguridad para indígenas. Delitos querellables - Conciliación preprocesal - Funciones de la Fiscalía. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 20, 30, 39, 58, 78, 80, 154, 242, 291, 302, 522 ( parciales ) y 127, 232, 267, 284, 455 y 470 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" - [Resumen automatizado: En efecto, por regla general, no se puede adelantar proceso penal alguno contra una persona ausente; tan sólo en los casos excepcionales de ( i ) declaratoria de persona ausente, siempre y cuando el Estado, por medio de la Fiscalía General de la Nación, haya agotado todos los recursos efectivos disponibles a su alcance y no haya sido posible dar con el paradero del sindicado, el juez de control de garantías procederá a realizar tal declaración, procediéndose a nombrar un abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, lo cual no obsta para que durante la etapa de juicio oral el juez de conocimiento verifique si el órgano de investigación ha continuado empleando mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado, so pena de decretar la nulidad de lo actuado; ( ii ) cuando la persona se declara en rebeldía o contumacia; y ( iii ) cuando el imputado renuncia a su derecho a encontrarse presente durante la audiencia de formulación de la imputación.] - [Palabras claves automatizadas: corte, penal, juez, garantías, prueba, control, proceso, si, fiscalía, derecho, principio, constitucional, fiscal, juicio]

Ausencia de modificaciones esenciales entre debates - Funciones especiales de la Fiscalía. Demanda de inconstitucionalidad contra el Numeral Segundo y el Parágrafo del Artículo 2, el Numeral Tercero del Artículo 3 y el Inciso Primero del Artículo 5 del Acto Legislativo No. 3 de 2002 - [Resumen automatizado: Concluye en este punto que: “…lo que hizo el legislador en la segunda vuelta fue dar una nueva redacción al inciso 3 del artículo 3 a efectos de precisar su alcance, pero sin variar la finalidad de la propuesta inicial y de la exposición de motivos, cual era el de dotar de facultades especiales al Fiscal General de la Nación, sin perjuicio de su función como supremo director de las investigaciones penales, para los efectos establecidos en la Constitución Política a cargo del ente que él representa y con la expresa sujeción a la Ley, por lo que la disposición acusada, en criterio de este Despacho, se ajusta en un todo al ordenamiento superior…”. || Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.” En relación con esta norma, si bien el accionante la señala en su integridad como demandada, puntualiza sus cargos solo respecto de las expresiones subrayadas, en tanto asegura que fueron incluidas en la segunda vuelta o periodo del trámite legislativo.] - [Palabras claves automatizadas: general, control, texto, primera, sistema, penal, nación, corte, vuelta, fiscalía, juez, acto, ley, autonomía, nuevo, legislativo, aprobado, constitucional, trámite, norma, proceso, constitución, reforma]

Alcance e implicaciones del cambio introducido por el constituyente en el sistema de investigación y juzgamiento en materia penal. Acto Legislativo No. 3 de 2002 - efectos diferidos en el tiempo. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial), 2º (parcial), 3º (parcial), 5º (parcial), 6º (parcial), 10, 11 (parcial), 12 (parcial), 17 (parcial), 18 (parcial), 22, 30 (parcial), 31 (parcial), 32 (parcial), 39 (parcial) y 42 (parcial) del Decreto Ley 261 de 2000, "por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones", y 75 (parcial), 112 (parcial), 115 (parcial) y 116 de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" - [Resumen automatizado: Considera que el inciso 1º de artículo 18 del Decreto, que contempla la delegación de funciones por parte del Fiscal General, es contrario al artículo 251 de la Constitución, que establece las funciones especiales del Fiscal General de la Nación, pues las atribuciones señaladas en éste deben ser ejercidas directamente por aquél y son indelegables, y quebranta también el artículo 243 ibídem porque la Corte Constitucional mediante sentencia C-472 de 1994, declaró inexequible un aparte del artículo 17 de la Ley 81 de 1993, que modificó el artículo 121 del anterior Código de Procedimiento Penal, el cual atribuía al Fiscal General la función de investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, directamente o por conducto de sus delegados de la Unidad de Fiscalía ante la Corte suprema de Justicia, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional con las excepciones previstas en la Constitución.] - [Palabras claves automatizadas: general, nación, ley, fiscalía, fiscal, corte, normas, fiscalías, constitución, funciones, decreto, fiscales, norma]