¿La Fiscalía vulneró los derechos fundamentales del accionante porque no ha resuelto la situación jurídica del accionante en la causa en su contra por el delito de estafa a pesar de haber transcurrido 2 años desde el momento en que se recibió la denuncia penal? considera esta Sala que en el presente caso no se produce la vulneración de la garantía de resolución del proceso dentro de un plazo razonable. Por las siguientes razones: a)El incumplimiento del parágrafo único del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, que estableció un término de 2 años para que la Fiscalía emita un pronunciamiento de fondo (archivo o formulación de imputación), no constituye, per se, una conducta lesiva de derechos fundamentales. b)La Fiscalía Local 37 de Cartagena, dentro del término que fijó el legislador, adelantó diferentes actuaciones, tales como: entrevista del denunciante y de su hija, inspección al lugar, interrogatorio al indiciado, arraigo y antecedentes. Además el 1 de febrero de 2017 emitió nueva orden de policía judicial, para efectos de verificar el arraigo del indiciado. c)En el presente evento, formalmente no se ha dado inicio a un proceso penal, pues hasta ahora, solo se trata de una etapa previa o de indagación en la que el tutelante aún no tiene la calidad de investigado y, por ende, no se le ha restringido derecho alguno. d)Prima facie, no se observa que la dilación de la entidad accionada cause la vulneración de otras garantías del tutelante, por ejemplo, en el caso de las víctimas de una conducta punible la no formulación de acusación por parte del ente investigador afectaría sus derechos a la verdad, justicia y reparación - [Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente || De otra parte, en caso de que resulte procedente la acción, establecer si hubo afectación de los derechos de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia, como consecuencia de la actuación de la Fiscalía General de la Nación en la indagación penal que adelanta en contra del tutelante. || En el presente caso no existe una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del tutelante, con ocasión de la indagación preliminar que adelanta la Fiscalía Local 37 de Cartagena en su contra. || Esta conclusión se construye con base en las siguientes premisas: (i) contexto constitucional y legal de la función de adelantar las investigaciones penales en un término razonable, (ii) aplicación del precedente relevante para el caso, y (iii) actividad desplegada por la Fiscalía Local 37 de Cartagena en la indagación preliminar objeto de tutela.] - [Palabras claves automatizadas: fiscalía, derechos, tutela, cartagena, parte, local, acción, petición, sala, término, proceso]

¿Se vulneró el debido proceso del accionante al no haberse proferido cierre de la investigación dentro del término contemplado en la ley 600 de 2000 por la Fiscalía encargada? Es deber de las autoridades judiciales cumplir de manera diligente los plazos procesales, no sólo porque su inobservancia puede ser sancionada sino, además, por cuanto la dilación injustificada de tales términos configura una violación del debido proceso susceptible de ser atacada por medio de la acción de tutela. , para esta Corporación se encuentra demostrado que se configuró una dilación injustificada en el proceso penal, sin embargo, durante el curso del proceso de tutela se cerró la investigación y se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación el cinco por lo cual para la fecha en la cual el proceso fue repartido a este despacho (la solicitud del accionante ya había sido cumplida, en virtud de lo cual existe una carencia actual de objeto por hecho superado - [Resumen automatizado: En el proceso de revisión de la sentencia proferida el 25 de febrero de 2013 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín y de la sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013) proferida por la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, que declararon improcedente la acción de tutela incoada por el señor Guillermo Gaviria Echeverri en contra de la Fiscalía 51 Especializada de Medellín. || El once (11) de febrero de 2013, el señor Guillermo Gaviria Echeverri interpuso acción de tutela contra la doctora María Fabiola Mejía Muñetón, Fiscal 51 Especializada de Medellín, solicitando la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la dignidad, a la honra, al buen nombre y al derecho de petición, con fundamento en los siguientes hechos: || Considera el actor que su derecho al debido proceso se ve afectado toda vez que el término de la investigación está vencido y que los que se debe hacer conforme a lo establecido por el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) es cerrar la investigación, lo cual no ha realizado la Fiscal 51 Especializada de Medellín ya que es la funcionaria competente para ordenar el cierre de la instrucción.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, corte, constitucional, investigación, derecho, fiscal, tutela, términos, fiscalía, medellín, debido, derechos, especializada]

¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la actora, al dilatar injustificadamente un proceso penal promovido por ella? Negada. Mora judicial. La violación del derecho fundamental ocurre, en los explícitos términos de la Constitución, cuando la mora es injustificada. Cuando existen razones que la explican, tales como un significativo número de asuntos por resolver en el correspondiente despacho, que superan la capacidad logística y humana existente, y que por lo tanto hace imposible evacuarlos en tiempo, fenómeno conocido como el de la hiperinflación procesal, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que no se puede hablar de una violación del derecho al debido proceso, y por ende, el asunto no se puede tramitar o solucionar por la vía de la acción de tutela. Delito de estafa - [Resumen automatizado: La ciudadana Manuela de la Rosa González Vda. de Suarez instauró acción de tutela contra la Fiscalía 12 Local de Santa Marta, para que se ordenara a esta dependencia judicial adelantar un trámite penal, por las razones y con los fundamentos que se explican a continuación. || Considera la actora que la vulneración de los derechos invocados se origina en el hecho de que la Fiscalía 12 Local de Santa Marta no le ha dado impulso alguno a la investigación penal iniciada a raíz de su denuncia, dado que han transcurrido más de dos meses después de que se celebrara una fallida audiencia de conciliación, última actuación procesal dentro del trámite. || A la luz de los antecedentes descritos en el capítulo de Antecedentes, la Sala considera que el problema constitucional que ha de resolverse es si, atendidas las circunstancias específicas del caso, y el contexto laboral y de carga administrativa de la Fiscalía Doce Local de Santa Marta, hay o no violación al derecho que tienen todas las personas a un proceso sin dilaciones injustificadas, cuando en el trámite originado en una querella penal pasan más de tres meses después de la última actuación procesal, que en este caso fue una fracasada audiencia de conciliación, sin que se surtan trámites adicionales.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, santa, tutela, derecho, penal, conciliación, marta, procesal, acción, fiscalía, local, debido]

¿Al interno de una penitenciaría a quien el juez de conocimiento le omitió respuesta a la solicitud de libertad condicional, se le vulnera el derecho de petición y el debido proceso? El debido proceso implica ausencia de dilaciones injustificadas. Carencia de objeto - [Resumen automatizado: El señor Alvaro Tovar Arango instaura acción de tutela contra el Juzgado Tercero (3°) Penal del Circuito de Ibagué, con el propósito de que se protejan sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, y en tal medida se ordene al despacho judicial accionado, que de respuesta a las solicitudes elevadas a través de las cuales pretende, se decrete su libertad condicional por cumplir los requisitos establecidos por la Ley Penal vigente para el efecto. || El Juzgado Tercero (3°) Penal del Circuito de Ibagué mediante escrito del diecinueve (19) de agosto de 2005, informa a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que la petición de libertad condicional del señor Tovar Arango fue remitida por razones de competencia al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad -Reparto- de Tunja Boyacá, el siete (7) de junio de 2005 como consta en el oficio No. 1213, planilla de correo No. 20. || Recibido el expediente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, procedió a admitirse la demanda mediante auto del dos (2) de septiembre de 2005, ordenando oficiar al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Distrito Judicial de Tunja, para que informara sobre el trámite dado a la solicitud de libertad condicional presentada por el señor Tovar Arango dentro del sumario No. 1999-0161.] - [Palabras claves automatizadas: juzgado, libertad, condicional, tunja, penal, ejecución, medidas, seguridad, proceso, penas, mediante, judicial]

¿Es procedente la acción de tutela en el evento en que las reclusas de una entidad carcelaria denuncien dilaciones en el trámite de las solicitudes de libertad condicional, permisos, cómputos de cumplimiento de la pena cumplida, torturas, traslados arbitrarios y un mal servicio de defensoría? La protección de los derechos de petición y al debido proceso de los reclusos en el trámite de sus solicitudes. Parámetros a los que deben ajustarse el régimen disciplinario de los centros de reclusión. Traslados de los reclusos. Concedida - [Resumen automatizado: Una vez recibidas y analizadas las pruebas decretadas en el auto antes citado, por medio de auto del 23 de febrero de 2006, esta Corporación resolvió adoptar las siguientes medidas: (i) Poner en conocimiento de la tutela a los Juzgados Primero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales para que manifestaran lo que estimaran conveniente; (ii) ordenar a la Procuraduría enviar un informe a la Corporación sobre las actividades adelantadas para el seguimiento de las denuncias formuladas por las reclusas de la entidad demandada, las medidas adoptadas para garantizar sus derechos fundamentales, y sobre la importancia de las actividades recreativas y deportivas para de la resocialización de los reclusos; (iii) ordenar al INPEC el envío de las hojas de vida de otras internas y la elaboración de un informe sobre la protección del derecho a la recreación y el deporte de las personas privadas de la libertad en la normativa vigente, la política pública al respecto, así como las obligaciones de los establecimientos penitenciarios en la materia.] - [Palabras claves automatizadas: internas, reclusión, libertad, derecho, manizales, dirección, procuraduría, pena, en, derechos, inpec, jurídica, sala, debe, parte, solicitudes, centro, trabajo]

Dilación justificada entendida por la jurisprudencia. ¿Se viola el debido proceso el aplazamiento reiterado de la fecha para proferir auto interlocutorio que defina el incidente de excepciones, dentro de un proceso ejecutivo laboral de reconocimiento de pensión de jubilación?. Concedida. Dilación injustificada - [Resumen automatizado: La Audiencia pública especial dentro del proceso ejecutivo laboral de Alberto Caamaño Martínez contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, radicación número 20-178-3105-001-2002-0067, no se llevó a cabo para la fecha 2 de marzo del presente año debido a que tuve la necesidad de solicitar permiso justificado para ausentarme de este despacho por motivos de carácter personal, por lo tanto, le estoy anexando al presente informe el auto expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, de fecha 1 de marzo de 2004, mediante el cual se me concedió el permiso. || Ocurridos así los hechos, es claro que a la fecha de presentación de la demanda tutela era palmaria la vulneración del derecho al debido proceso, en tanto que las dilaciones en las que incurrió el juzgado para citar la audiencia en la que se resolverían las excepciones dentro del proceso ejecutivo laboral de Alberto Caamaño contra el Fondo de Pasivo social de Ferrocarriles Nacionales, no fueron justificadas y corresponden a lo que ya la jurisprudencia tiene definido como una “dilación injustificada.”] - [Palabras claves automatizadas: proceso, sentencia, fecha, tutela, juez, audiencia, excepciones, derecho, debido, corte, dilación, decisión, justicia, términos]

Debido proceso. Proceso penal de estafa. Dilación injustificada (carga laboral) en respuesta a recurso de apelación. Negada: Considera la Corte justificada la dilación. Demostración de la fiscalía de medidas tomadas para subsanar congestión judicial - [Resumen automatizado: dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por William Beetar Ramos contra la Fiscalía Cuarta (4ª) Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. || El señor William Beetar Ramos presenta acción de tutela contra la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior Judicial de Cartagena, por considerar que ésta ha vulnerado su derecho al debido proceso, toda vez que ha transcurrido un "tiempo considerable", sin resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del 25 de octubre de 2001, por medio de la cual se dispuso la preclusión de la investigación proferida en el trámite del proceso penal radicado con el número 58.824. || CONFIRMAR la sentencia proferida el diez (10) de junio de 2003 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia proferida dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta por William Beetar Ramos contra la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante la cual se resolvió negar la protección del derecho al debido proceso.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, derecho, tribunal, fiscalía, superior, delegada, cartagena, debido, judicial, tutela, corte, acción, sala]

Solicitud libertad provisional. Demora en proceso penal. Hecho superado - [Resumen automatizado: Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela iniciada por Flor de María Morales Barrera contra el Juzgado Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Buga. || Por otra parte, señaló que ante la demora del Juzgado Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Buga en proferir el fallo dentro de la causa que a ella se le sigue, solicitó que le fuera concedida la libertad provisional, invocando como sustento la Sentencia C-774/2001 de la Corte Constitucional. || Relación de los procesos pendientes para dictar sentencia en el Juzgado Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Buga (Folios 109-111). || Segundo.- DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela instaurada por Flor de María Morales Barrera contra el Juzgado Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Buga y, únicamente por este motivo, CONFIRMAR las sentencias proferidas el 6 de mayo de 2003 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, y el 17 de junio de 2003 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.] - [Palabras claves automatizadas: sentencia, penal, buga, sala, circuito, juzgado, especializado, superior, corte, tutela, tribunal]

Tutela como mecanismo de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, en cuanto no se ha señalado fecha para la continuación de la audiencia pública. Concedida: Dilación injustificada. Petición de libertad provisional. Negada - [Resumen automatizado: “El señor Reginaldo Bray Bohórquez instauró acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, contra el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por estimar que estos despachos judiciales le habían vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso, violación que, a juicio del actor, se había concretado en las providencias del 18 de diciembre de 2001 y 28 de febrero de 2002, mediante las cuales se le negó el derecho a la libertad provisional, de que trata el artículo 365-5 de la Ley 600 de 2000. || “Así las cosas, se aprecia, que no es posible evacuarlas en su totalidad en el término previsto en la citada disposición y al cual hace relación la Corte Constitucional en la sentencia C-846 de 1999, dada la complejidad del proceso y las circunstancias que lo han rodeado para la evacuación de la totalidad de las mismas, como se puede observar de las diferentes respuestas emitidas por los organismos y entidades a las cuales se les ha solicitado la colaboración para practicar las pruebas periciales, razón por la cual considera el despacho que la suspensión de la audiencia pública, lo fue por una causa razonable y justificada, por lo que se denegará la solicitud de libertad impetrada”.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, sentencia, libertad, penal, audiencia, proceso, sala, corte, bogotá, juez, auto, pública, tribunal]

Vencimiento de términos de audiencia. Derecho a la decisión en plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable?. La dilación en la tramitación afecta el debido proceso. Concedida - [Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra quien la preside, Eduardo Montealegre Lynett y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente || “Mayermo Cruz Betancour, en ejercicio del derecho a mi defensa consagrado en el artículo 29 de la Carta y en desarrollo de los artículos 6, 8, 9, 10 y 15 del C.P.P. y en ejercicio del derecho de petición consagrado por el artículo 23 de la Carta, me dirijo a Su Señoría para instaurar una acción de tutela contra el Juez Penal del Circuito de Yopal, doctor Felix Gilberto López Rodríguez por estar vencidos los términos de audiencia (realizada en diciembre 1 de 2000 a las 9 y 30 a.m.), artículo 410 C.P.P. y de la misma manera ordene mi libertad provisional, artículo 64 C.P., 480, 481 del C.P.P.” || 5.Como no existía en el expediente de tutela prueba alguna sobre la decisión que se hubiere tomado respecto a la libertad provisional, ni sobre la realización de la nueva audiencia pública, esta Sala de Revisión profirió auto para mejor proveer y por tal razón llegó, proveniente del Juzgado Penal del Circuito de Yopal la siguiente información:] - [Palabras claves automatizadas: tutela, justicia, audiencia, libertad, diciembre, penal, pública, juzgado, circuito, proceso, sentencia, cruz, acta]